Sheyla Mendez Flores
Expediente 1116/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sheyla Mendez Flores
Actuaciones
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, y conforme a la certificación de cuenta se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales; asimismo, con fundamento en el artículo 21 inciso d) del multicitado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1116/2022. PARTE QUEJOSA Sheyla Méndez Flores, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE - Fiscal Investigador de la mesa nueve del Sector Metropolitano, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículo 1, 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ACTOS RECLAMADOS La falta de contestación a los escritos de veintiuno de junio y treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. De dichos escritos se advierte que la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable lo siguiente: - Del escrito de veintiuno de junio de esta anualidad., se deduce que la promovente Sheyla Méndez Flores solicita al Fiscal Investigador de la mesa nueve del Sector Metropolitano, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realice las determinaciones respectivas dentro de la carpeta de investigación 36619/VCE/OAX/2019, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo la expedición de copia simple de todo lo actuado en dicha carpeta. - Del escrito de Treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en donde la asesora jurídica de la promovente Sheyla Méndez Flores solicita al Fiscal Investigador de la mesa nueve del Sector Metropolitano, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realice diversos actos procesales dentro de la carpeta 36619/VCE/OAX/20, como son girar oficio al Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, desahogar la pericial contable solicitada y girar oficio al Director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, para remitir el dictamen de extracción de datos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial de la demanda, escrito aclaratorio e informe que rinde la autoridad señalada como responsable, así como las demás constancias, a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia". Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. En consecuencia, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ... Ahora, del examen de la demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la quejosa no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la omisión reclamada. En efecto el artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción invocada dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior: [.]" Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca. La parte quejosa reclama de la responsable esencialmente: La omisión de la responsable de no dar contestación a los escritos de veintiuno de junio y treinta y uno de agosto siguiente ambos de esta anualidad, en donde solicita en esencia se realicen actos procesales en la carpeta de investigación 36619/VCE/OAX/2019, como son girar oficio al Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, desahogar la pericial contable solicitada y girar oficio al Director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, para remitir el dictamen de extracción de datos. Sin embargo, en contra de las omisiones que atribuye a la autoridad responsable, antes de acudir a la sede constitucional, debió promover el medio de defensa innominado previsto por el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del código invocado, el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: "Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento." Por otro lado, el normativo 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución General de la República, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél cuando realice esa función y que el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales es una facultad conferida al mencionado representante social. En otro punto, de los ordinales 212, 213, 214, 216 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten los siguientes aspectos: -La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. - Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se entere a la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito. - Tratándose de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto. De confirmarse la información se iniciará la investigación correspondiente. - Cuando la fiscalía tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de una querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará a ésta por escrito y de inmediato a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. - La investigación tiene por objeto que el fiscal reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. - Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados por la ley. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e Imparcial, libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. - Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. - Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al representante social todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. - La autoridad investigadora podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar indagación alguna cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé la codificación señalada. El legislador secundario dispuso en los normativos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el procedimiento penal la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese ordenamiento y en las demás disposiciones legales aplicables; asimismo, estableció que las determinaciones del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes podrán impugnarlas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución correspondiente y que en estos casos el órgano jurisdiccional convocará a una audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su defensor; por otro lado, dispuso que en el supuesto de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de que sean debidamente convocados, la autoridad judicial declarará sin materia la impugnación y la resolución que el órgano jurisdiccional dicte en las hipótesis señaladas no admitirá recurso alguno. En otro aspecto, es necesario señalar que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 233/2017, en cuya ejecutoria estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, señaló que los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del código invocado otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del representante social en sus funciones de investigación, en los términos previstos en la propia codificación; asimismo, puntualizó que el arábigo 16, décimo cuarto párrafo, del Pacto Supremo, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el Alto Tribunal del País indicó que el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; así, precisó que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del representante social en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del fiscal que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación sea ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. .... En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizados con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Flor Helena Pérez Montaño y Alejandro de Jesús Mendez Díaz, dado que su cédula si está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente para imponerse de los autos a las restantes personas que menciona. CORREO ELECTRÓNICO Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la parte quejosa el correo electrónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-...a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 16/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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