Sheida Barajas Birrueta
Expediente 152/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sheida Barajas Birrueta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que por un lado se sobreseyó el presente juicio y por el otro, la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase esa circunstancia del conocimiento de las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, un cuaderno de pruebas, de su índice, mismo que se ordenó su resguardo en la caja de valores de este Juzgado Federal bajo sigilo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de julio de dos mil veintidós. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio firmado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica en representación de las autoridades responsables Gobernador y Secretario de Gobierno ambos con sede en Morelia, Michoacán, a través del cual, acusa recibo del comunicado con el que se les notificó la sentencia dictada en el presente juicio; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito, en esa fecha, Sheida Barajas Birrueta, por su propio compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Congreso de Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y otras autoridades, de quienes reclamó la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintitrés de marzo dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, radicándose bajo el número de expediente 152/2022; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo a las diez horas con doce minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107 fracción VII, Constitucionales, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; por tratarse de un amparo donde se reclama una norma de naturaleza administrativa (fiscal), cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia (Uruapan). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para precisar con claridad los actos reclamados, en el caso, se hace necesario el análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos; lo anterior con el propósito de hacer una interpretación completa de la voluntad de quien solicita la protección de la Justicia Federal, como lo establece la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 32, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". De acuerdo con lo anterior, en el caso deben tenerse como actos reclamados: 1). Del Congreso; Gobernador; Secretario de Gobierno, todos del Estado de Michoacán, así como del Director del Periódico Oficial del Estado, con sede en Morelia, de acuerdo a sus facultades competenciales, la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A) [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación] así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley. 2). Del Director de Recaudación del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, la aplicación de las mencionadas disposiciones legales. Cabe precisar que si bien, la parte quejosa no señaló como acto reclamado de manera destacada el transitorio "TERCERO" inciso i) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, sin embargo, se tuvo como tal, al advertirse del contexto de la demanda de amparo que hizo valer un concepto de violación relacionado con el programa de descuento contenido en el mencionado transitorio. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; a la Directora del Periódico Oficial de Estado de Michoacán de Ocampo, así como al Director de Recaudación del Estado de Michoacán de Ocampo, todos con sede en Morelia, al así haberlo aceptado en sus informes justificados. Certeza que se corrobora con la publicación del decreto 120 el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós. Decreto del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para esta juzgadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 2ª./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 191452, que textualmente indica: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, de conformidad con el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables Secretario de Gobierno y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en razón de que, aún cuando no rindieron sus informes justificados, sin embargo, quedaron enterados de su requerimiento, el primero mediante el oficio 5351/2022, y el segundo a través del diverso 5350/2022, ambos derivados del proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, los que fueron recibidos el veintinueve de ese mes y año, como se advierte a fojas 65 y 66 de autos, actualizándose la hipótesis contenida en el referido numeral. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados cuya certeza se acreditó, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente, o que haga valer alguna de las partes, toda vez que son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Publicación de la ley reclamada. Se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III (éste último aplicado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, respecto de la publicación del Decreto 120 que reformó la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico el artículo 20, fracción I inciso A) y fracción II, inciso A), [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte vehicular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación], así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) La fracción XXIII del artículo 61 trascrito no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. La fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo prevé que en las demandas de amparo debe señalarse la autoridad o autoridades responsables, pero al reclamarse normas generales únicamente tendrán esa calidad las que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, cuando dichos actos se impugnen por vicios propios. De una interpretación a contrario sensu del referido artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman leyes y se designan como autoridades responsables las encargadas del refrendo y publicación de las normas, si las mencionadas etapas del proceso legislativo no se reclamaron por vicios propios. En el caso concreto, la quejosa señaló como autoridades responsables al Secretario de Gobierno y a la Directora del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a quien atribuyó la publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en específico, el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A) [Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación], así como el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley; ello, a pesar de que en sus conceptos de violación no señaló ningún vicio en concreto o irregularidad en el proceso, pues es evidente que la sola publicación de la Ley reclamada no constituye por sí misma un vicio que deba reclamarse a través del presente sumario. En esas condiciones, es evidente que dichos funcionarios carecen de calidad de autoridades responsables para efectos del presente sumario; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III del numeral 108, éste a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado al Secretario de Gobierno y a la Directora del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A.J/50ª (10ª.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el dos de octubre de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, tomo III, Décima Época, página 2249, registro 2010098, que establece: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación." Ausencia de conceptos de violación. Por otra parte, El Congreso del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo; en virtud de que la parte quejosa no hace valer conceptos de violación contra los actos reclamados. Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita del precepto referido por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario del ordenamiento legal invocado. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, son los siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la ley lo autorice en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los artículos transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia invocada tiene sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte del promovente. Este criterio encuentra soporte en la jurisprudencia 3ª./J.28/93, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, Diciembre de 1993, Materia Común, página 38, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. En el caso, esta juzgadora considera que no se actualiza la causa de improcedencia aludida por la responsable, debido a que la parte quejosa expresó conceptos de violación tendentes a combatir los actos reclamados, entre otros y a grandes rasgos, que los mismos violan en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución. Por tanto, toda vez que la promovente del juicio de amparo hizo valer conceptos de violación en contra de los actos reclamados, no asiste razón a la responsable en su planteamiento. Así, toda vez que las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia, ni esta juzgadora advierte de oficio la actualización de una diversa, lo conducente es analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues esta juzgadora no se encuentra obligada a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, y son: a). Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b). Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c). Sólo se pueden crear mediante ley. d). Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e). Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De tales características se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público normalmente pecuniario -destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza Federación, Distrito Federal, Estado o Municipios- titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribuciones o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en: a). Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b). Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c). Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d). Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efectos de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y; e). Época de pago. Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructura, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tiene libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Fijadas las bases anteriores, cabe señalar que en el derecho positivo mexicano se establece la clasificación de las Contribuciones, comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber, los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1). Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma distintas de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y de los derechos. 2). Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3). Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4). Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamientos de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Ahora bien, en el caso particular de los derechos, de la definición que brinda el código tributario se desprende que existen dos tipos de derechos, en primer lugar, aquellos consistentes en el pago por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y, en segundo lugar, aquellos cuyo presupuesto consiste en recibir servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público. Los derechos por servicios tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial de rubro "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA" Es así que, tratándose de derechos por servicios, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio, que es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso y siempre que puedan ser asignados a los sujetos pasivos, en virtud de ciertos parámetros de asignación, esto es, que puede ser cuantificado el costo, al menos en un individuo. Es necesario que se tome en consideración que para poder prestar el servicio de que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos, que son los que se deben individualizar atendiendo al uso o consumo de cada sujeto, porque ello es lo que hace que sea un servicio divisible. Ello si se toma en cuenta que, para poder prestar el servicio de que se trata, el aparato estatal genera ciertos costos de tipo directo (son los destinados de forma inmediata al aparato administrativo que va a llevar a cabo el servicio público) e indirecto (no están destinados de forma inmediata al centro final de la prestación del servicio de supervisión, pero son costos que deben medirse como indirectos, porque influyen de tal forma a éste). Así, tenemos que, tratándose de servicios públicos, éstos tienen un costo para el Estado, el cual tiene que ser individualizado al usuario del servicio de que se trate, atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Esta característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía atendiendo al uso del servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la contribución a pagar. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.1/98, publicada en la página 40 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, Materias Administrativa-Constitucional, Novena Época, registro 196395, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". Vinculado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio que el análisis del principio de proporcionalidad y equidad tratándose del cobro de derechos por servicios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se deben tomar en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos, pero no así para el cobro de derechos, dado que la cuota relativa, como se ha mencionado, se deberá fijar atendiendo al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas relativas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia número P./J. 2/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, la cual es del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." Una vez establecido lo anterior, esta juzgadora determina que los conceptos de violación son inoperantes. La parte quejosa hace valer esencialmente dos conceptos de violación. En el primero de ellos señala -en esencia- que el artículo 20, fracción I, inciso A) y fracción II inciso A), es violatorio del principio de proporcionalidad; y, en el segundo, que el transitorio "TERCERO" inciso i) de la mencionada ley es violatorio del principio de equidad; los cuales se estudiarán en ese orden en los apartados siguientes: Asimismo, entre otras la parte quejosa citó las tesis de rubros "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD". y "SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, INSCRIPCIÓN Y REFRENDO ANUAL. EL ARTÍCULO 276, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ESTABLECER DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Criterios que hacen referencia a razonamientos distintos a los alegados en sus conceptos de violación. 1). Principio de proporcionalidad. La parte quejosa señala que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, específicamente en su artículo 20 fracción I, inciso A) y fracción II inciso A), lesiona el derecho de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al establecer el pago de una cuota excesiva y eminentemente recaudatoria, notoriamente superior al costo que al gobierno estatal significó la adquisición de la dotación de placas, así como holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Señala que la razón de lo anterior es porque, como se advierte de la Licitación Pública Estatal Electrónica CADPE- EM-LPE-124/2021 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el costo que pagará el Estado por cada juego de placas es el monto de ciento cincuenta y siete pesos y por unidad y de calcomanía, cuatro pesos con cincuenta centavos; por lo que resulta a todas luces un cobro excesivo y desproporcional, que rebasa más del mil por ciento en ambos casos el costo que eroga el Estado para la ejecución del servicio. Esto es -manifestó la parte quejosa- si los derechos fiscales se crean para que el Estado recupere el costo del servicio prestado, en este caso el reemplacamiento vehicular, adquiere cada juego de placas en ciento cincuenta y siete pesos y las incluye en su Ley de Ingresos en su artículo 20 fracción I inciso A) en la cantidad de mil setecientos ochenta y nueve pesos; asimismo, invierte la cantidad de cuatro pesos con cincuenta centavos por el refrendo anual de calcomanía y la incluye en la ley de ingresos en su artículo 20, fracción II, inciso A), en la cantidad de novecientos noventa y dos pesos, lo que resulta a todas luces una violación a las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como a los principios de equidad y proporcionalidad tributarios, ya que no está cobrando un derecho fiscal para recuperar la cantidad que erogó para prestar el servicio sino una cantidad excesiva con fines de recaudación que afecta su economía y patrimonio. Máxime -también señala la parte quejosa- el propio titular del ejecutivo ha declarado en todos los medios de comunicación así como en su página oficial de redes sociales que con el reemplacamiento vehicular recaudará más de mil cuatrocientos millones de pesos; que en el artículo segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán se menciona una recaudación superior a los mil millones de pesos; el referido titular creó uno programa denominado "En nuestro gobierno tu dinero va de vuelta"; sin embargo, en los hechos resulta que el Congreso no aprobó el cobro de un derecho fiscal, sino un impuesto disfrazado de derecho fiscal con fines recaudativos, sin que justifique porqué se deben de pagar cantidades excesivas y desproporcionales que autorizó el Congreso, ya que el Estado debe cobrar por lo que le implica el costo de las placas y engomado. Argumentos que son inoperantes. Para evidenciar dicha calificativa conviene recordar que el artículo reclamado por la parte quejosa regula un derecho por servicio, que lo constituye el registro y control vehicular de transporte particular. Asimismo, -como se acaba de resumir- como la parte quejosa señala que el artículo 20, fracción I inciso A) y fracción II, inciso A), es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria debe traerse a glosa el criterio emitido al respecto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2ª. CX/2013 (10ª.), publicada en la página 1589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2005254, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". En ese contexto, es evidente que, tratándose de servicios para analizar su proporcionalidad, contrario a lo que sostiene la quejosa, necesariamente se involucran cargas probatorias, porque para poder determinar si la porción normativa reclamada es violatoria o no de dicho principio, de inicio la parte quejosa debe aportar elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, en el caso, que el costo de las placas y holograma es mucho menor al establecido en el artículo 20 fracciones I, inciso A) y II inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; y por su parte, las autoridades responsables deben de desvirtuar la afirmación de la parte quejosa. Así, de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de los hechos que comprueban la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; y, será la autoridad responsable quien tenga la carga de acreditar, a través de las razones y fundamentos legales que estime pertinente, con apoyo en la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, la legalidad del acto que defiende. Es decir, si bien dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, tratándose del amparo contra leyes, incumbe a la autoridad responsable demostrar la legalidad de la norma cuestionada, estando en libertad para ello de hacer uso de los medios probatorios que se encuentran previstos en la ley de la materia. La quejosa quien -de inicio- debe aportar los elementos a partir de los cuales considera que determinada norma resulta transgresora del principio de proporcionalidad tributaria, así como los parámetros a partir de los que pretende se lleve a cabo el estudio correspondiente y, en su caso, aportar o anunciar las pruebas a través de las cuales quedará demostrada esa violación a la norma fundamental. Toda vez que a partir del planteamiento que realice el gobernado en su demanda de amparo y los argumentos aportados por la autoridad a fin de demostrar la legalidad del artículo de que se trate, así como del cúmulo probatorio existente en el sumario, será que el juez que conozca del amparo, tendrá los elementos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de valoración a partir del cual pueda determinar si existe o no un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra y la prestación del servicio. En el caso, la parte quejosa para acreditar que el cobro del servicio recibido es superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, únicamente ofreció y exhibió el original de la carta factura expedida el quince de marzo de dos mil veintidós por Autos Vial, S.A. de C.V., que ampara la propiedad del vehículo y el original del comprobante de pago de los derechos fiscales, cuyo pago se reclama. Asimismo, señaló que con la exhibición del comprobante de pago que anexó a su demanda, se acredita el primer acto de aplicación de dicha Ley, y el perjuicio patrimonial que le fue ocasionado con dicho pago, pues al contener su nombre acredita y justifica que realizó el pago de los derechos fiscales que tilda de inconstitucionales. Por su parte, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al rendir el informe justificado requerido al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, manifestó que contrario a lo señalado por la parte quejosa, el cobro contenido en el artículo reclamado se encuentra justificado, ya que existe un razonable equilibrio entre la cuota cobrada al usuario y el costo para el Estado en la prestación de servicio, atendiendo a la estructura administrativa, operativa, funcional desplegada y la durabilidad del servicio, además del material y servicios empleados, directos e indirectos para satisfacer la necesidad colectiva e individual de los ciudadanos, para el servicio de control vehicular. Para acreditar su afirmación, dicho funcionario anexó a su informe justificado las documentales siguientes: a). Oficio CADPE-SJ-00174/2022, de veintidós de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe de Departamento de Normatividad del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, por medio del cual le remitió copia certificada del contrato de compraventa por licitación pública estatal CADPE-EM-LPE124/2021-1, así como el convenio de ampliación al contrato abierto de compraventa por licitación pública estatal CADPE-EM-LPE174/2020-AMP-1, de lo que se advierte tanto el objeto -placas, tarjetas y calcomanías-; el monto pactado -doscientos noventa y dos millones seiscientos diecinueve mil doscientos ochenta y seis pesos-; el monto de la ampliación [tres millones setecientos siete mil quinientos cuarenta y dos pesos 50/100 moneda nacional] y el monto máximo susceptible de ser ejercido hasta por dieciséis millones quinientos mil pesos. b). Oficio SFA/da/0317/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por la Delegada Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, al que adjuntó copias certificadas con los costos directos e indirectos que tiene el Estado por concepto de derechos de registro y control vehicular, entre ellos la cantidad de ciento doce millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y ocho pesos 39/100 moneda nacional, solamente por lo que respecta al periodo comprendido del tres de enero al siete de febrero de dos mil veintidós por conceptos como papelería, renta, servicios de desinfección y fumigación, servicios de vigilancia, de recaudación, traslado y custodia de valores; sesenta y un millones noventa y cuatro mil setecientos sesenta pesos 68/100 moneda nacional por el costo de nómina por un mes de servicio. c). Oficio SFA/DGJ/DC/810/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Recaudación, en el que informa que el padrón activo de vehículos en el Estado de Michoacán es de 2,671,969 vehículos. Documentales que tienen pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, del último ordenamiento legal invocado. Con tal informe y sus anexos se dio vista a la parte quejosa por el término de ocho días; sin embargo, no ofreció medio probatorio para desvirtuarlo, lo que se traduce en que la responsable Director de Recaudación del Estado de Michoacán cumplió con la carga probatoria a que estaba obligada, al haber acreditado que los montos tanto de las placas como del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación están justificados, ya que para el servicio de registro y control vehicular de transporte particular, no solo se tenía que tomar en cuenta los costos de las placas y calcomanías, sino también los costos que para el Estado tiene la ejecución de dicho servicios, como lo son el pago de por conceptos como papelería, renta, servicios de desinfección y fumigación, servicios de vigilancia, de recaudación, traslado y custodia de valores así como la nómina del personal involucrado. De ahí la inoperancia del concepto de violación en estudio, toda vez que la parte quejosa no acreditó que los costos contenidos en la porción normativa reclamada por los conceptos de dotación de placas y del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación fueran excesivos con relación a lo erogado por el Estado. 2.). Principio de equidad. Sobre tal principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la equidad en materia tributaria consiste en dar un trato igual ante la ley a todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, esto es, todo aquel que actualice una determinada hipótesis de causación, debe recibir el mismo tratamiento. Sin embargo, ello no consiste en consagrar un sistema determinado en materia tributaria, ni una regla por la cual todos los habitantes de la República Mexicana deban contribuir con una cuota igual al erario público, sino que tiende a que, sólo en condiciones análogas, se impongan gravámenes idénticos a los contribuyentes, así como las obligaciones accesorias. En conclusión, el derecho de igualdad establece que las leyes deben tratar igualmente a los iguales. Y esta igualdad significa que los sujetos estén en igual situación, atendiendo a las características relevantes de la definición del hecho generados de la contribución. Por tanto, no basta que existan diferencias o similitudes para considerar iguales o diversas a determinadas categorías de contribuyentes, sino que es menester que tales divergencias o convergencias deben estar relacionadas con las características de la contribución, lo que es acorde con la tesis de jurisprudencia P./J. 1/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 40, Registro digital 196935, de rubro y texto: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos"." Ahora bien, en el presente caso la parte quejosa también argumenta que es inconstitucional el transitorio "TERCERO" inciso i) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, porque establece un cobro de mil setecientos ochenta y nueve pesos; sin embargo, se establece un programa que a todas luces violenta los principios de equidad y proporcionalidad tributario denominado "que paguen menos los que menos tienen", en el cual se estipula que gozarán de un 50% de descuento para automóviles con valor menor a $50,000.00; 30% de descuento para automóviles con un valor menor a $60,000.00; 20% de descuento para automóviles con un valor menor a $80,000.00; 10% de descuento para automóviles con un valor menor a $100,000.00. De lo anterior se advierte -considera la quejosa- un trato indistinto o desigual respecto del mismo derecho fiscal, el cual debe ser igual para todos, ya que la naturaleza de los derechos fiscales, no sigue los lineamientos de los impuestos, y en este caso, se cobra el costo del juego de placas de manera distinta, y se señala que es para que paguen menos, quienes tienen menos, en consecuencia que paguen más, quienes más tienen, lo anterior en base al valor de las unidades como si fuera un impuesto, y sin tomar en cuenta la capacidad económica de quien lo posee. Concepto de violación que es inoperante. Para evidenciar lo inoperante del motivo de inconformidad en estudio, se estima necesario traer a glosa la porción normativa, así como el transitorio reclamado, los cuales en su orden establecen: "CAPÍTULO IV DERECHOS POR SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR DE TRANSPORTE DE PARTICULAR "ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: I. Por dotación de placas CONCEPTO CUOTA 2022 A). Por cada juego de placas para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, incluyendo tarjeta de circulación. En el caso de transporte de carga, en la tarjeta de circulación correspondiente, se entenderá comprendido el permiso de carga, según los bienes que se transporte en cada caso $ 1,789.00 II. Por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación. CONCEPTO CUOTA 2022 A). Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 992.00 [.]". "TERCERO. Respecto a la Ley de Ingresos contenida en el Apartado Tercero del presente Decreto: [.] Durante el mes de enero de 2022, adicional al descuento establecido en el inciso g) en materia de reemplacamiento y tarjeta de circulación, se hará un descuento en la misma materia: del 10% a los autos cuyo valor sea menor a los 100 mil pesos y mayor a 80 mil pesos; del 20% a los autos cuyo valor sea menor a 80 mil pesos y mayor a 60 mil pesos; del 30% a los autos cuyo valor sea menor a 60 mil pesos y mayor a 50 mil pesos; y del 50% a los autos con valor menor a 50 mil pesos; todos tomando como referencia el precio correspondiente a cada auto contenido en el libro azul del mes de diciembre de 2021. En caso de que el automóvil de que se trate no se encuentre en dicho libro, se tomará como referencia el auto de la misma marca más similar en tipo y más cercano al año modelo". El precepto citado contiene los montos que se deben pagar por los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular; y, la fracción I, inciso A) y la fracción II, inciso A), hace referencia en específico a la suma que se debe pagar por dotación de placas y por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Por su parte, el transitorio transcrito contempla un descuento a los montos contenidos en el artículo 20 fracción I, inciso A) y fracción II, inciso A), al establecer que se hará un descuento del 10% a los autos cuyo valor sea menor a los 100 mil pesos y mayor a 80 mil pesos; del 20% a los autos cuyo valor sea menor a 80 mil pesos y mayor a 60 mil pesos; del 30% a los autos cuyo valor sea menor a 60 mil pesos y mayor a 50 mil pesos; y del 50% a los autos con valor menor a 50 mil pesos; todos tomando como referencia el precio correspondiente a cada auto contenido en el libro azul del mes de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, que en caso de que el automóvil de que se trate no se encuentre en dicho libro, se tomará como referencia el auto de la misma marca más similar en tipo y más cercano al año y modelo. En el caso en estudio, el estímulo fiscal contenido en el transitorio "TERCERO" inciso i) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, carece de relevancia impositiva, ya que atiende a un factor que no guarda relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, al condicionar el porcentaje del descuento al valor del auto, tomando como referencia el precio correspondiente contenido en el libro azul del mes de diciembre de dos mil veintiuno; esto es, el importe del vehículo no tiene que ver con elementos del tributo, lo que hace inoperante el motivo de inconformidad analizado. Lo anterior es así, porque cuando un estímulo no tiene relevancia impositiva, el parámetro constitucional al que debe ser sometido es el previsto en el 1° constitucional y no al de equidad tributaria previsto en el artículo 31 constitucional, pues de hacerlo así sus argumentos se tornan inoperantes. Se insiste, el valor del auto como factor de descuento nada tiene que ver con los elementos del tributo o servicio, de ahí que, no pueda ser sometido al parámetro constitucional de seguridad tributaria, por ello, su inoperancia; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 185/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 497 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Novena Época, Materias Constitucional Administrativa, registro digital 163343, la cual es del tenor siguiente: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diesel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales." 3). Cita de tesis. Finalmente, respecto al criterio invocado por la parte quejosa "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD", no es aplicable. Lo anterior es así, toda vez que los preceptos a los que hace referencia el criterio invocado por la parte quejosa, establecen que el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, será cuantificado mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos; lo que no ocurre en el caso a estudio, toda vez que, el artículo 20, fracción I, inciso A) y fracción I, inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, establece que el monto del pago del servicio de registro y control vehicular de transporte particular, por concepto de dotación de placas o por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, será de acuerdo a si se trata de autobuses, camiones, camionetas, automóviles o pipas; si se pide un número específico de placa; si se trata de vehículos de servicio particular adaptados, o de uso para personas con discapacidad; remolque; motocicletas, cuatrimotos; placas para demostración; por la reposición de placas, por extravío, robo, deterioro o destrucción, entre otros. Además, respecto de los diversos criterios que cita la parte quejosa, debe decirse, que si bien su cita es causa de pedir, lo cierto es que en amparo contra leyes dicha causa de pedir no es suficiente tomando en cuenta la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas, motivo por el cual le correspondía a la parte quejosa, exponer las razones por las cuales estima inconstitucionales los actos reclamados y no sólo citar tesis. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, Materia Común, registro digital 177264, de rubro y texto: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, al haber sido inoperantes los conceptos de violación lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En el entendido que los diversos criterios contenidos en la presente resolución, resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." SEXTO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Se apercibe a dichas autoridades que, de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SEPTIMO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Sheida Barajas Birrueta, por los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por las razones contenidas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sheida Barajas Birrueta, por propio derecho, por los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Director de Recaudación del Estado de Michoacán de Ocampo, todos con sede en Morelia, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En términos del sexto considerando de la presente resolución, requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas de esta sentencia. CUARTO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS), QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Sheida Barajas Birrueta, por los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por las razones contenidas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sheida Barajas Birrueta, por propio derecho, por los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Director de Recaudación del Estado de Michoacán de Ocampo, todos con sede en Morelia, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En términos del sexto considerando de la presente resolución, requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas de esta sentencia. CUARTO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes; mediante oficio a las autoridades responsables...CITATORIO.
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