SERGIO SALMERON MADRIGAL y Otros.
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ayuntamiento Constitucional de Chilchota
- SERGIO SALMERON MADRIGAL y Otros.
- ALFREDO CARLOS BALTAZAR y Otros.
- GUADALUPE SALMERÓN ERAPE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de diciembre de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por lo tanto, se hace constar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, por medio del cual, en atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda; lo anterior toda vez, que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio por el que se devuelve el despacho 873/2022 orden 1671/2022, derivado del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.
- Principal
A lo que la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados y sobre la suspensión de plano de la responsable. Asimismo, téngase a la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán de Ocampo, en cumplimiento a lo requerido en auto de veintiocho de octubre del año en curso, remitiendo copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós, donde se aprobó la cancelación de la obra pública denominada "Rehabilitación de la plaza principal en la comunidad de Carapan", así como copia del acuse de recibo de veinticuatro de octubre del año en curso, relativo al oficio presentado ante la Directora del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, donde se solicitó la publicación del acuerdo Primero del acta de cabildo extraordinaria número dieciocho de once de junio del año que transcurre, antes citado. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por recibidas dichas documentales, las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. En el periodo de pruebas: La Secretaria hace constar que la parte quejosa anexó diversas documentales a su escrito de demanda; asimismo, la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán de Ocampo, ofertó diversas documentales al rendir su respectivo informe justificado y sobre la suspensión de plano; asimismo, en el oficio que se acuerda en esta fecha. A lo que la Jueza provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado presentó pedimento que los contenga. Se cierra el periodo de alegatos. Por último, al no obrar en autos más que relacionar, e da por terminada la presente audiencia; y se procede el dictado de la resolución correspondiente. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 335/2022-III. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, en en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado el seis de ese mes y año a este Juzgado de Distrito, ********************y ********************, en cuanto integrantes del ********************máxima autoridad de la ********************, así como ********************, ******************** y por propio derecho en cuanto ciudadanos y habitantes de la citada Comunidad, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se precisan. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 2°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 335/2022-III, la cual se desechó por los motivos ahí señalados; inconforme con tal acuerdo, la parte quejosa interpuso recurso de queja, en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, al resolver el recurso de queja ********************/2021, quien resolvió fundado tal medio de defensa, en sesión de dieciocho de agosto del año en curso, en proveído de dos de septiembre del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda y se decretó la suspensión de plano del acto reclamado. Asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y sobre la suspensión de plano; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, seguido el trámite por sus cauces legales, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito', lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: Del Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán de Ocampo: La "DECLARATORIA COMO ESPACIOS PÚBLICOS LA PLAZA PRINCIPAL DE CARAPAN, JEFATURA DE TENENCIA DE TACURO, PLAZA PRINCIPAL DE ZOPOCO, OJO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TANAQUILLO, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA" aprobada en acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número dieciséis, celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintidós y publicada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Tercero. Existencia de acto reclamado. El Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán de Ocampo, por conducto de la Síndico Municipal, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, realiza diversas manifestaciones que presumen la existencia de dicho acto, por lo que se tiene por cierto el mismo. Circunstancia que se corrobora con las documentales ofertadas en su correspondiente informe de ley, así como de las diversas que adjuntó a su oficio acordado en esta fecha, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Precisado lo anterior, previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la lectura del supuesto normativo transcrito, es posible advertir que si los efectos del acto reclamado cesan, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, del análisis de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, de ahí que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. En el caso, el acto reclamado consiste en la "DECLARATORIA COMO ESPACIOS PÚBLICOS LA PLAZA PRINCIPAL DE CARAPAN, JEFATURA DE TENENCIA DE TACURO, PLAZA PRINCIPAL DE ZOPOCO, OJO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TANAQUILLO, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA" aprobada en acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número dieciséis, celebrada por el Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán, el veintiocho de abril de dos mil veintidós y publicada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, al rendir su informe justificado así como el escrito que se acuerda en esta fecha, el Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán, por conducto de la Síndico Municipal, informó que la obra pública aprobada en sesión Ordinaria de Cabildo número dieciséis, por el Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán, el veintiocho de abril de dos mil veintidós y publicada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, había sido cancelada mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós; asimismo, adjuntó el acuse de recibo de veinticuatro de octubre del año en curso, relativo al oficio presentado ante la Directora del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, donde se solicitó la publicación de la referida determinación relativa a la cancelación de la mencionada obra pública. Documentales que, como se precisó, gozan de eficacia probatoria plena en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual manera, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, la publicación realizada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en el tomo CLXXXI, número sesenta y cinco, décima sección, del Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós, por el Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, donde consta lo siguiente: "PRIMERO.- Se aprueba la unanimidad la cancelación de la obra <> del Programa Anual de Obra del Miunicipio de Chilchota. [.]." En esas condiciones, es dable concluir que se subsanaron las violaciones en que había incurrido la autoridad responsable, precisamente porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -tres de junio de dos mil veintidós- se desprende que el mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la cancelación de la obra pública denominada "Rehabilitación de la plaza principal en la comunidad de Carapan", del Programa Anual de Obra del municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, que constituye el acto reclamado; determinación que fue publicada el dieciséis de noviembre del año en curso, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. De ahí que, es inconcuso que al margen de la legalidad o ilegalidad de dicho acto, ha cesado en sus efectos, toda vez que ya no tiene eficacia legal alguna sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues los efectos del acto reclamado en esta vía se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. De lo anterior se desprende que es indudable que las cosas se han restablecido al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda; virtud de lo anterior, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo hasta aquí considerado, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P.CL/97, de la literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este Tribunal en diversas Épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de Amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados, solo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Sexto. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta resolución. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Séptimo. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************, en cuanto integrantes del ********************máxima autoridad de la ********************, así como ********************, ******************** y por propio derecho en cuanto ciudadanos y habitantes de la citada Comunidad, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones esgrimidas en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En términos del considerando quinto de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA SERGIO SALMERÓN MADRIGAL, MARIO MADRIGAL RIVERA, MARÍA CRISANTA BALTAZAR ALEJO, AFREDO CARLOS BALTAZAR, HUMBERTO SANTOS MADRIGAL, ROSAS PINZUR SALMERÓN, GUADALUPE SALMERÓN ERAPE Y TANIA CRUZ ARIAS, EN CUANTO A INTEGRANTES DEL CONCEJO COMUNAL P´URHEPECHA DE CARAPAN, MICHOACÁN, MAXIMA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CARAPAN, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN DE OCAMPO, ASI COMO ARMANDO SANTOS SANTOS, REPRESENTATE DE BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CARAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO, MEDIANTE AVISO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. A lo que la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados y sobre la suspensión de plano de la responsable. Asimismo, téngase a la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán de Ocampo, en cumplimiento a lo requerido en auto de veintiocho de octubre del año en curso, remitiendo copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós, donde se aprobó la cancelación de la obra pública denominada "Rehabilitación de la plaza principal en la comunidad de Carapan", así como copia del acuse de recibo de veinticuatro de octubre del año en curso, relativo al oficio presentado ante la Directora del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, donde se solicitó la publicación del acuerdo Primero del acta de cabildo extraordinaria número dieciocho de once de junio del año que transcurre, antes citado. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por recibidas dichas documentales, las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. En el periodo de pruebas: La Secretaria hace constar que la parte quejosa anexó diversas documentales a su escrito de demanda; asimismo, la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán de Ocampo, ofertó diversas documentales al rendir su respectivo informe justificado y sobre la suspensión de plano; asimismo, en el oficio que se acuerda en esta fecha. A lo que la Jueza provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado presentó pedimento que los contenga. Se cierra el periodo de alegatos. Por último, al no obrar en autos más que relacionar, e da por terminada la presente audiencia; y se procede el dictado de la resolución correspondiente. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 335/2022-III. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, en en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado el seis de ese mes y año a este Juzgado de Distrito, ********************y ********************, en cuanto integrantes del ********************máxima autoridad de la ********************, así como ********************, ******************** y por propio derecho en cuanto ciudadanos y habitantes de la citada Comunidad, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se precisan. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 2°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 335/2022-III, la cual se desechó por los motivos ahí señalados; inconforme con tal acuerdo, la parte quejosa interpuso recurso de queja, en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, al resolver el recurso de queja ********************/2021, quien resolvió fundado tal medio de defensa, en sesión de dieciocho de agosto del año en curso, en proveído de dos de septiembre del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda y se decretó la suspensión de plano del acto reclamado. Asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y sobre la suspensión de plano; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, seguido el trámite por sus cauces legales, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito', lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: Del Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán de Ocampo: La "DECLARATORIA COMO ESPACIOS PÚBLICOS LA PLAZA PRINCIPAL DE CARAPAN, JEFATURA DE TENENCIA DE TACURO, PLAZA PRINCIPAL DE ZOPOCO, OJO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TANAQUILLO, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA" aprobada en acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número dieciséis, celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintidós y publicada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Tercero. Existencia de acto reclamado. El Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán de Ocampo, por conducto de la Síndico Municipal, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, realiza diversas manifestaciones que presumen la existencia de dicho acto, por lo que se tiene por cierto el mismo. Circunstancia que se corrobora con las documentales ofertadas en su correspondiente informe de ley, así como de las diversas que adjuntó a su oficio acordado en esta fecha, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Precisado lo anterior, previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la lectura del supuesto normativo transcrito, es posible advertir que si los efectos del acto reclamado cesan, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, del análisis de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, de ahí que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. En el caso, el acto reclamado consiste en la "DECLARATORIA COMO ESPACIOS PÚBLICOS LA PLAZA PRINCIPAL DE CARAPAN, JEFATURA DE TENENCIA DE TACURO, PLAZA PRINCIPAL DE ZOPOCO, OJO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TANAQUILLO, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA" aprobada en acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número dieciséis, celebrada por el Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán, el veintiocho de abril de dos mil veintidós y publicada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, al rendir su informe justificado así como el escrito que se acuerda en esta fecha, el Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán, por conducto de la Síndico Municipal, informó que la obra pública aprobada en sesión Ordinaria de Cabildo número dieciséis, por el Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán, el veintiocho de abril de dos mil veintidós y publicada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, había sido cancelada mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós; asimismo, adjuntó el acuse de recibo de veinticuatro de octubre del año en curso, relativo al oficio presentado ante la Directora del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, donde se solicitó la publicación de la referida determinación relativa a la cancelación de la mencionada obra pública. Documentales que, como se precisó, gozan de eficacia probatoria plena en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual manera, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, la publicación realizada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en el tomo CLXXXI, número sesenta y cinco, décima sección, del Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós, por el Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, donde consta lo siguiente: "PRIMERO.- Se aprueba la unanimidad la cancelación de la obra <> del Programa Anual de Obra del Miunicipio de Chilchota. [.]." En esas condiciones, es dable concluir que se subsanaron las violaciones en que había incurrido la autoridad responsable, precisamente porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -tres de junio de dos mil veintidós- se desprende que el mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo número dieciocho, celebrada el once de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la cancelación de la obra pública denominada "Rehabilitación de la plaza principal en la comunidad de Carapan", del Programa Anual de Obra del municipio de Chilchota, Michoacán de Ocampo, que constituye el acto reclamado; determinación que fue publicada el dieciséis de noviembre del año en curso, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. De ahí que, es inconcuso que al margen de la legalidad o ilegalidad de dicho acto, ha cesado en sus efectos, toda vez que ya no tiene eficacia legal alguna sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues los efectos del acto reclamado en esta vía se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. De lo anterior se desprende que es indudable que las cosas se han restablecido al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda; virtud de lo anterior, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo hasta aquí considerado, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P.CL/97, de la literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este Tribunal en diversas Épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de Amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados, solo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Sexto. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta resolución. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Séptimo. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************, en cuanto integrantes del ********************máxima autoridad de la ********************, así como ********************, ******************** y por propio derecho en cuanto ciudadanos y habitantes de la citada Comunidad, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones esgrimidas en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En términos del considerando quinto de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable.
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