Shaw Raymond Wood

Expediente 2768/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2768/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Shaw Raymond Wood

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el catorce de marzo del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio con el que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el incidental impreso coinciden en su totalidad con los electrónicos generados con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 2768/2022-VII-B (antes IX-A), promovido por********************, contra los actos que reclama del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, así como de otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado en la misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de lo actos que reclama a las siguientes autoridades: 1. Instituto Nacional de Migración. Ciudad de México. 2. Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración. Ciudad. 3. Representación Local de Valladolid del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán. Valladolid, Yucatán. SEGUNDO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 2768/2022-IX-A y se admitió a trámite en esa misma data, decretándose de oficio la suspensión de plano respecto del acto que se hizo consistir en la deportación y/o expulsión decretada en su contra; se ordenó dar a la representación social federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: 1. La falta de notificación, emplazamiento o citación a algún procedimiento administrativo migratorio. 2. La orden de detención, deportación y/o expulsión decretada en su contra, con motivo de la existencia de una alerta migratoria. TERCERA. No son ciertos los actos atribuidos al Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó expresamente el Sub Comisionado Jurídico de dicho Instituto en representación de su Titular, al rendir su correspondiente informe justificado (promoción 27341, foja 27). Por su parte, la Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, por sí y a nombre de la Representación Local de Valladolid de dicha Institución (en su correcta denominación), también señaló que no son ciertos los actos que se les reclaman (promoción 2617). Manifestación que debe acogerse en sus términos, pues, se encuentra acreditado en autos, que si bien se siguieron los procedimientos ********************, y ******************** al quejoso, éste fue notificado en tiempo y forma, teniendo conocimiento de sus etapas procesales, e incluso se le dio orden de salida para limpiar su historial migratorio, lo cual se negó a cumplir, lo que acreditó la nombrada responsable con la copia certificada de la resolución negativa de regularización de situación migratoria de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el expediente administrativo con número único de trámite ********************citado. De lo que deriva la inexistencia de los actos de queja, consistentes en la falta de notificación, emplazamiento o citación a algún procedimiento administrativo migratorio integrado en su contra; así como alguna orden de detención o deportación o expulsión. A pesar de que en la referida resolución se le concedió un plazo de veinte días naturales e improrrogables para abandonar el territorio nacional, so pena de actualizarse la hipótesis que señala el artículo 144 fracción IV de la ley de Migración. Circunstancia que, no obstante el tiempo transcurrido, la autoridad migratoria negó categóricamente se haya actualizado en su perjuicio. Por lo que, en virtud de que el promovente no desvirtuó con prueba alguna lo descrito con anterioridad, es evidente la inexistencia de dichos actos, atribuidos a las responsables descritas en el presente considerando. En tales condiciones, se sobresee en el juicio por lo que hace a los mismos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables; por los motivos señalados en la tercera consideración de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, por sí y a nombre de la Representación Local de Valladolid de dicha Institución, así como el anexo que al mismo se acompaña; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Téngase por señalado como su domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto el inmueble que citan, y como delegados en este asunto, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa con tal carácter en su informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que los actos reclamados en el presente asunto, los hizo consistir el quejoso ********************, en la falta de notificación, emplazamiento o citación a algún procedimiento administrativo migratorio, así como la orden de detención, deportación y/o expulsión decretada en su contra. Y que de acuerdo a las constancias de autos, se tiene que las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, como el representativo en Valladolid, Yucatán, no han rendido su informe justificado al que deben anexar las constancias certificadas que sustenten su acto. Aunado a que las remitidas por dichas responsables al rendir su informe sobre la suspensión de plano decretada por este Juzgado a favor del nombrado quejoso, resultan insuficientes para llevar a cabo el estudio del presente asunto y emitir la resolución correspondiente, pues solamente son parte conducente del expediente administrativo con número único de trámite 0000005331401, iniciado a ********************; por tanto, se acuerda: Requiéraseles que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, remitan copia certificada legible de la totalidad de dicho expediente. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se impondrá a cada uno, multa de cien unidades de Medida y Actualización, que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Mientras tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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