Sharon Sugely Manrique Aguilar
Expediente 1612/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sharon Sugely Manrique Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho plazo corrió del tres al diecisiete de noviembre del año en curso, sin que alguna de las partes lo hubiese hecho; descontando de dicho cómputo los días treinta y treinta y uno de octubre, seis, siete, trece y catorce de noviembre, todos del año en curso, por ser sábados y domingos; así como los días uno, dos y quince de los corrientes, por haber sido inhábiles. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1612/2021-VI-A, promovido por YARA ELIZABETH ARCEO MAY, en su carácter de apoderada de SHARON SUGELY MANRIQUE AGUILAR en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por SHARON SUGELY MANRIQUE AGUILAR, por conducto de su apoderada YARA ELIZABETH ARCEO MAY, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese el alegato ministerial 790/2021, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se aprecia que a la presente fecha el Ayuntamiento de Tekax, Yucatán no ha realizado el pago del laudo emitido en el juicio laboral 14/2009, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por lo cual no ha quedado cumplida la sentencia amparadora dictada en este sumario constitucional. Ello, no obstante de los múltiples requerimientos a las citadas autoridades municipales y demás relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria, como enseguida de destacará: 1. Mediante sentencia firmada el dieciséis de julio de dos mil quince, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Wilberto Cauich Iuit, Rigoberto Tuz Canché, Adelfo García Sánchez y Feliciano González Cituk, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, agote las medidas necesarias para la eficaz e inmediata ejecución del laudo dentro del juicio laboral 14/2009; sentencia que al no haber sido impugnada por alguna de las partes, quedó firme y se requirió su cumplimiento. 2. Realizadas las gestiones correspondientes, por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, este órgano federal determinó declarar cumplida la sentencia de amparo, bajo los razonamientos ahí indicados. 3. Al no estar conforme la parte quejosa con lo anterior, interpuso recurso de inconformidad, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad en el toca 32/2017, en el que determinó declarar fundado dicho recurso, y en cumplimiento a lo resuelto este Juzgado vinculó al cumplimiento del fallo al Presidente Municipal, al Síndico de Hacienda, y al Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, al contar con facultades íntimamente relacionadas con los ingresos y egresos del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Lo cual subsiste a la fecha con independencia de quien ocupe el cargo actualmente. 4. Al no haber quedado cumplida la sentencia por parte de las autoridades vinculadas antes señaladas, el siete de enero de dos mil diecinueve, este órgano federal determinó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito para que resolviera lo correspondiente; (toca de inconformidad 32/2017); el cual declaró fundado dicho incidente y que debía continuarse con el procedimiento de ejecución. 5. Posteriormente, por auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve y con motivo de lo determinado en el toca 14/2018, relativo al juicio de amparo indirecto número 742/2016-V-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para que vinculara al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas, todos de esta propia entidad, al cumplimiento del fallo protector, esto es, para que auxiliaran tanto al mencionado tribunal como al Ayuntamiento del Municipio de Tekax, Yucatán, a fin de que éste último obtuviera, mediante los mecanismos eficaces que estimaran pertinentes, los recursos necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural. 6. Seguido el trámite de la etapa ejecutiva y ante el incumplimiento de la sentencia de amparo, por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se hizo valer como un hecho notorio la resolución dictada en el incidente de inejecución 92/2020, relativo al juicio de amparo 635/2015-III-B, en el cual, siguiendo los lineamientos plasmados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, vinculó al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada al Congreso del Estado, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda del Gobierno), todos del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico, para que asesoren y/o en su caso auxilien al Ayuntamiento Municipal de Tekax, Yucatán dentro del ámbito de sus facultades, brindándole la asesoría necesaria para la obtención de recursos, ya sea mediante una ampliación presupuestal, o bien la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos para cumplir con la sentencia de amparo, para lo cual se les envía copia de la referida resolución para su conocimiento. Esto, porque el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; numerales 166, 167, 168, y 169, de la Ley de Hacienda del Estado de Yucatán, y ordinal 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, entre otros relativos y aplicables, se obtiene que el Municipio como ente público, constituye un orden de gobierno investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la ley; además, goza de diversas facultades para allegarse de recursos, tales como: contratar obligaciones a corto plazo; contratar empréstitos; solicitar una ampliación presupuestal; o bien, la implementación o ampliación de una partida presupuestal para hacer frente al endeudamiento por virtud de los laudos emitidos por el Tribunal burocrático; lo cual cabe aclarar, no concluye con la administración saliente sino subsiste la obligación de hacer frente a dicha condena laboral y cumplimiento de la sentencia de amparo con la nueva administración. Sin embargo, para realizar cualquiera de las posibles alternativas, se requiere no sólo de la autorización del Cabildo del Ayuntamiento correspondiente, con la consiguiente obligación que tiene de incluir en el presupuesto de egresos y bajo un rubro específico, el pago de las obligaciones derivadas de los asuntos laborales en los que fue condenado. En la inteligencia de que en su propuesta, en forma alguna podrá determinar imposibilidad de cumplimiento, sino presentar un proyecto viable y asequible a fin de cubrir las obligaciones derivadas del juicio laboral de origen. De manera que deberá realizar las acciones y gestiones necesarias ante las demás autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, para obtener tanto la asesoría para allegarse de los recursos que requiere para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como solicitar ya sea una ampliación presupuestal, o la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos, todo ello para cumplir con la sentencia de amparo. Por lo cual, deberá solicitar la asesoría del Congreso del Estado, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda del Gobierno), todos del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de estas últimas, o de cualquier otra que de acuerdo a sus funciones pueda auxiliarlo en el trámite para la obtención de los recursos necesarios para que dé debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Pues incluso, se instruyó al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para que con cuenta del Municipio, realice el pago adeudado a la quejosa con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda; o bien, en el caso de que surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruyera para que busque alguna otra opción para satisfacerlo. Aunado a que también se instruyó al Gobernador del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico, para que conminara y supervisara el cumplimiento a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta que, en caso de inobservancia a este deber, tanto a él como al Secretario de Administración y Finanzas, se procederá en aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Y, se requirió al Congreso del Estado de Yucatán, para que en auxilio del referido Municipio de Tekax, Yucatán, facilite, estudie y analice el presupuesto de dicha municipalidad, así como la implementación de los medios para la obtención de recursos con cargo a la cuenta del Municipio, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo que implica para dicha autoridad, que para efectos de la aprobación del presupuesto de egresos, deberá vigilar que en el mismo se contemple un rubro específico para el pago de laudos, en el que se destine una parte del presupuesto para tales efectos, dentro de los términos legales que correspondan. Así también se requirió al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para que sin excusa alguna, previa solicitud del Ayuntamiento demandado, implemente las acciones efectivas para cumplir la ejecutoria de amparo en los términos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin que a la fecha haya realizado pronunciamiento alguno al respecto. Ahora bien, en términos del artículo 77, base primera, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, constituye un hecho notorio para este juzgador que con fecha uno de septiembre de este año, entró en funciones la nueva administración del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán. Por tanto, atendiendo a lo prescrito por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé el principio de impartición de justicia pronta y expedita, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, por lo que no puede quedar paralizado, ya que sus fines, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, suponen el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, es necesario hacer del conocimiento lo anterior a la nueva integración del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, para que lleve a cabo las acciones ya precisadas con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia firme dictada en el presente juicio. Por tanto, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, entreguen los oficios correspondientes tanto al Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, como a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero de dicho Ayuntamiento, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto; debiendo anexarles copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 594/2015-V-A, de donde deriva este expedientillo, del auto que declaró ejecutoriada dicha sentencia, y copia de las directrices trazadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 92/2020 para el cumplimiento de la sentencia, a fin de que se encuentren en aptitud de cumplir con la ejecutoria de mérito. Por ende, se le requiere para que, dentro del término de diez días, computado a partir de su notificación, en coordinación con el Congreso del Estado, el Secretario de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector, esto es, satisfacer a los quejosos Wilberto Cauich Iuit, Rigoberto Tuz Canché, Adelfo García Sánchez y Feliciano González Cituk, el pago del laudo dictado en del juicio laboral 14/2009 y lo informe a este órgano de control constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, a fin de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, deberán velar e instruir las medidas adecuadas para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo. Además, se requiere de nueva cuenta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale los actos que ha desplegado con el fin de atender a lo ordenado por el Máximo Tribunal del país. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, sin centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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