Shantall Krumholz Tenorio

Expediente 370/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
370/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Shantall Krumholz Tenorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa el documento que exhibió en este asunto.

  2. Principal

    : En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 370/2022-II del índice de este juzgado, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente y 2] Actuario de su adscripción, ofrecieron pruebas documentales; por su parte, la parte quejosa ofreció la presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por otra parte, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló manifestación en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: téngase por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 370/2022-II, promovido por Shantall Krumholz Tenorio, por conducto de su apoderado Ramón Flores López, contra actos de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido el diecinueve siguiente, por razón de turno a este juzgado de distrito, Shantall Krumholz Tenorio, por conducto de su apoderado Ramón Flores López, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y del 2] Actuario de su adscripción, que considera violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS. - - - La inobservancia de las responsables de los plazos a los que se refieren los artículos 17, 640, 685, 686, 741, 742, 743, 750, 873, 874 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo: - - - PRIMERO.- De las autoridades señaladas como responsables reclamo: - - - La violación de manera directa, continua y hasta la fecha permanente del derecho humano de mi representada al acceso efectivo de la justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita, tal y como establece el artículo 17 Constitucional, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, debido a que dentro del juicio ordinario laboral expediente 239/2021, las señaladas como responsables en la esfera de sus actuaciones, durante la tramitación de este juicio puesto a su jurisdicción, han sido omisas en el cumplimiento de sus obligaciones en los plazos marcados. - - - A).- De la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, se demandan las dilaciones procesales consistentes en señalar fechas para desahogar pruebas que exceden los plazos marcados en la Ley Federal de Trabajo, lo que ocurrió, primero, en el acuerdo admisorio de pruebas de fecha 29 de noviembre del 2021, cuando se señalaron para la celebración de las audiencias las siguientes horas y fechas: 1).- NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA VIERNES DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de los CC. OMAR ALEJANDRO DE LA CRUZ y MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BARRERA, 2).- NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VIERNES DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada MAPONTI S.A. DE C.V. y MABRUGS S.A. DE C.V. a cargo de los CC. ANA CRISTINA MÉNDEZ CORDOBA, PEDRO DE PINHO Y NORBERTO RUIZ; luego, en acuerdo de fecha 24 de marzo de 2022, se señalaron las 3).- TRECE HORAS DEL DIA JUEVES DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo el desahogo de la prueba confesionales ofrecida por ambas partes no obstante y por disposición legal debió señalar todos los desahogos dentro los 10 días siguientes a la fecha de su señalamiento como lo manda el citado artículo 884 fracción II de la Ley obrera (sic), y NO ASÍ con una diferencia de entre casi tres meses y hasta más de ocho meses naturales. - - - B). Del C. Actuario adscrito a la junta responsable se relama la inobservancia de la ley en el cumplimiento de sus obligaciones, ya que sin causa justificada legal se ha abstenido de levantar las cédulas de notificación a los demandados MAPONTI S.A. DE C.V. y MABRUGS S.A. DE CV. y de citar a los terceros que deben participar de los desahogos, a pesar de que desde el 10 de marzo de 2022 uno de mis apoderados se asoció con el C. Actuario adscrito para trasladarlo al domicilio porcesal (sic) de los demandados comparecientes a juicio para notificarle el acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2021; basta con mencionar que fue omiso en levantar las constancias de notificación que debió integrar en el expediente laboral, y hasta la fecha no hay testimonio de que hayan sido notificados los demandados y citados los terceros, lo cual ocasionó que se difiriera la audiencia de fecha 24 de marzo del presente año. ES FUNDAMENTAL QUE SE CONSIDERE QUE NO BASTA CON QUE LA H. JUNTA RESPONSABLE SEÑALE FECHAS CERCANAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DE DESAHOGO DE PRUEBAS, SINO QUE ADEMÁS SE PRECISA SE NOTIFIQUE A TODOS LOS DEMANDADOS, ASI COMO LOS ABSOLVENTES PARA HECHOS PROPIOS Y A LOS TESTIGOS OFRECIDOS POR AMBAS PARTES." SEGUNDO. Radicación, desechamiento parcial, admisión de demanda y audiencia constitucional. Recibida la demanda de amparo el diecinueve de abril de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de veinte siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 370/2022-II; se desechó parcialmente por el acto reclamado de la 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, consistente en el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 239/2021 de su índice, por los motivos y fundamentos ahí apuntados (impugnación extemporánea); se admitió a trámite respecto de los demás actos reclamados; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de conceder el amparo solicitado; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia del trabajo con ejecución material en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: De la 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. a) El acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 239/2021 de su índice, en el cual, en lo conducente, se difirió la audiencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por las partes, para tener verificativo a las trece horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Del 2] Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. b) La omisión de notificar a la parte demandada los acuerdos de i) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se admitieron diversas pruebas, y de ii) veinticuatro de marzo de dos mil veintidós (citado en el inciso a) que antecede), dictados en el juicio laboral de origen. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, y 2] Actuario de su adscripción, al rendir informe justificado, convinieron en la existencia de los actos que se les reclaman, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Además, tales afirmaciones se corroboran con la fotocopia certificada de las constancias derivadas del juicio laboral 239/2021 de su índice, que remitieron como soporte a su informe justificado, a las que se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de las que se advierte, respectivamente, que i) por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la junta responsable señaló como nueva fecha y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por ambas partes, las trece horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, y que ii) a la fecha de presentación de la demanda de amparo en estudio (dieciocho de abril de dos mil veintidós), no se había practicado la notificación a la parte demandada de los acuerdos de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictados en autos del juicio laboral de origen, pues dicha actuación se llevó a cabo hasta el veintisiete de abril de dos mil veintidós. Por tanto, son ciertos los actos que se reclaman a las mencionadas autoridades responsables. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." ? Improcedencia consistente en que han cesado los efectos del acto reclamado. En el caso, respecto del acto atribuido al 2] Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el inciso b), del considerando tercero de este fallo, consistente en la omisión de notificar a la parte demandada los acuerdos de i) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y de ii) veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictados en el juicio laboral de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, como se vio, la parte quejosa reclama del actuario responsable la omisión de notificar a la parte demandada los acuerdos de i) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y de ii) veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictados en el juicio laboral de origen. Ahora, de la documental que el actuario responsable aportó a este juicio de amparo, consistente en fotocopia certificada de las constancias de notificación derivadas del juicio laboral en comento, a la que se otorgó valor probatorio pleno en el considerando cuarto que precede, en suma, se obtiene que el veintisiete de abril de dos mil veintidós, dicho actuario notificó a la parte demandada los proveídos de i) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y de ii) veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; ergo, ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa atribuida a la citada autoridad. En efecto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de abril de dos mil veintidós), no se había notificado a la parte demandada los acuerdos de mérito, situación que aconteció hasta el veintisiete de abril de dos mil veintidós. Por ello, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional de la omisión en consulta; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado del 2] Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso b), de esta sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ? Improcedencia consistente en que subsiste el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Por otra parte, en relación con el acto reclamado a la autoridad responsable 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, consistente en el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, en el cual -en lo conducente- se difirió la audiencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por las partes, para tener verificativo a las trece horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual prescribe que el juicio es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, como se advierte de su literalidad: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Para fijar el alcance de la causa de improcedencia en consulta, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Luego, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la ley de la materia (previamente transcrito), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad o convencionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia amparadora, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. De tal forma, la causa de improcedencia en consulta, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado que formalmente subsiste pero cuyo objeto o materia dejó de existir, no han afectado la esfera jurídica del quejoso y se modifica el entorno en el cual fue emitido, de modo que la protección que en su caso se concediera, carecería de efectos. Sirve de fundamento para lo antes apuntado, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como se destacó en líneas anteriores, el quejoso impugna en esta instancia constitucional el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, en el cual -en lo conducente- se difirió la audiencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por las partes, para tener verificativo a las trece horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, es decir, el día de la fecha en que se emite esta sentencia. En efecto, como se puede apreciar de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, a las que se confirió pleno valor probatorio en el considerando cuarto que antecede, mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral génesis del acto en estudio, en lo que interesa, se fijó como nueva fecha y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por las partes, las trece horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós. En ese contexto, si al día de la fecha en que se dicta la presente sentencia, se llevará a cabo la audiencia de desahogo de la prueba confesional de mérito, este órgano jurisdiccional considera que no pueden ser susceptibles de reparación las violaciones que el quejoso alega en relación con el acto en consulta, pues una eventual concesión de amparo no podría cumplir con su finalidad debido a que sería jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estima transgredido (artículo 17 constitucional), en virtud que ningún efecto positivo tendría la sentencia amparadora. Por el contrario, una eventual sentencia que concediera el amparo solicitado en relación con el acto en estudio, acarrearía un perjuicio a la parte quejosa en detrimento del derecho fundamental de una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, pues es evidente que si en la fecha en que se dicta esta sentencia, tendrá verificativo la audiencia señalada mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, a fin de desahogar la prueba confesional ofrecida por las partes, en nada le beneficiaría dejar sin efecto dicho acuerdo para que la junta responsable señalara nueva fecha y hora para verificar dicha audiencia dentro del término que prescribe la Ley Federal del Trabajo. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado a la 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta resolución. ? Conclusión de este juzgado de distrito. Por las consideraciones apuntadas, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados de la 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y del 2] Actuario de su adscripción, precisados el considerando tercero de esta sentencia. Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por el fiscal federal de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Shantall Krumholz Tenorio, por conducto de su apoderado Ramón Flores López, contra los actos reclamados de la 1] Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y del 2] Actuario de su adscripción, precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    :I. Informes justificados. Agréguense a los autos las promociones de cuenta con registros 8318 y 8319, mediante las cuales las autoridades responsables 1) Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente y 2) Actuario de su adscripción, rinden informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Luego, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental exhibida por la junta responsable y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. II. Pedimento ministerial. Por otra parte, glósese el pedimento de cuenta con número de control interno 8308, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.

  4. Principal

    :Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido en acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, a las autoridades responsables 1) Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y 2) Actuario de su adscripción, para rendir informe justificado, tal y como se advierte de la constancia de notificación relativa a los oficios 1397/2022-II y 1398/2022-II (fecha de recepción: veinticinco de abril de dos mil veintidós). Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós.

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