Severo Montejo Gómez
Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Severo Montejo Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintidós para que la quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que ejerciera ese derecho procesal. Por tanto, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, se destaca que en el presente expediente por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo; por tanto, es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b), del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
:. Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente. Ahora, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1] Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, en el ámbito de sus funciones, realice lo siguiente: Se pronuncie sobre la admisión de los medios probatorios anunciados en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 917/2019 de su consecutivo. En el entendido que la autoridad responsable deberá remitir fotocopias certificadas de las constancias con las cuales acredite haber realizado lo anterior. Con el apercibimiento para la referida autoridad que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa a la autoridad requerida que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.
- Principal
3 En Cancún, Quintana Roo, siendo las doce horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 360/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, aportaron pruebas documentales; y las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez acuerda: se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 360/2022-III, promovido por Severo Montejo Gómez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y su actuario adscrito, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno en esa fecha a este juzgado de distrito, Severo Montejo Gómez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y su actuario adscrito, por considerarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.-ACTO RECLAMADO: El acto que se reclama en el presente Juicio de Garantías es la negativa por parte de la autoridad responsable de administrar justicia en forma expedita, pronta e imparcial, en virtud de que la junta responsable, dentro del Juicio Laboral número 917/2019, dictó un acuerdo en la audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el trece de octubre del año dos mil veintiuno en el que se reservó el derecho para admitir las pruebas para un mejor estudio y análisis, sin embargo hasta la presente fecha la responsable ha sido omisa en dictar el auto de admisión de pruebas a pesar de mi apoderada legal lo solicito mediante escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, excediendo el término que establece el artículo 880 Párrafo IV de Ia Ley Federal del Trabajo para dictarlo; conculcando de esta forma en perjuicio del suscrito la garantía de audiencia prevista en el artículo 17 Constitucional." SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el doce de abril de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de dieciocho de abril siguiente, se ordenó fosrmar expediente que fue registrado bajo el número 360/2022-III; del índice de este juzgado; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una omisión de un tribunal en materia de trabajo y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en: De la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo: a) La omisión de proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 917/2019 de su consecutivo, de las cuales se reservó emitir el acuerdo correspondiente el trece de octubre de dos mil veintiuno. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo: b) La omisión de notificar a las partes el acuerdo por el cual se admitan las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de referencia. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, acepta el acto que se le reclama; sin embargo, dicho acto se tiene por inexistente de conformidad a las consideraciones siguientes. En efecto, el acto atribuido al actuario responsable es inexistente pues con la documental que aportó la junta responsable como apoyo a su informe justificado, consistente en la audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio de origen, a la cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser una documental pública, se advierte que desde esa fecha la Junta responsable se reservó proveer respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 917/2019 de su consecutivo. Por tanto, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo -once de abril de dos mil veintidós-, la junta responsable no se ha pronunciado sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 917/2019 de su consecutivo, lo cual hasta la fecha no ha acontecido; la omisión reclamada al actuario responsable resulta inexistente, pues se encontraba imposibilitado para notificar a las partes de dicho acuerdo, al no haberse emitido al momento de la presentación de la demanda de amparo. Ahora bien, dicha inexistencia no se desvirtúa con el material de convicción ofrecido por la parte quejosa que obra en el presente sumario, consistente en el escrito suscrito por la apoderada legal de la parte quejosa con sello original de recepción de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Uno, Cancún, Quintana Roo, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por el cual solicita se realice el pronunciamiento respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 917/2019, documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, al contar con sello oficial de recepción. Así las cosas, con la prueba enunciada no se demuestra la existencia de la omisión reclamada al Actuario adscrito a la Junta responsable. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al acreditarse su inexistencia. En ese orden de ideas, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto precisado en el inciso b) del considerando tercero de este fallo, por ser inexistente, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." QUINTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su presidente, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 917/2019 del índice la junta responsable. En efecto, la existencia del acto reclamado se corrobora con la fotocopia certificada de la constancia que remitió la responsable, relativa al juicio laboral 917/20219 de su índice, previamente valorada en el considerando anterior; pues se advierte por audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno, la junta responsable se reservó proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. En ese tenor, se corrobora la existencia del acto reclamado pues hasta antes de la fecha de presentación de demanda de amparo -once de abril de dos mil veintidós- la junta responsable no se había pronunciado sobre la admisión de pruebas en el juicio laboral 917/2019 de su índice; pues no ofreció alguna prueba de su emisión. Por tanto, es cierto el acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que debiera estudiarse de oficio. Por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito juez no tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 205800 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SÉPTIMO. Concepto de violación. El solicitante del amparo expresa como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio del concepto de violación. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En efecto, en el considerando tercero de esta sentencia, se precisó que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional la omisión de pronunciarse sobre la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes en audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 917/2019 de su índice. Así las cosas, la parte quejosa aduce que la omisión de la junta responsable contraviene lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y, por ende, también conculca lo establecido en el artículo 17 constitucional, en cuanto a la prontitud y expedites en la impartición de justicia. Lo así hecho valer resulta fundado, pues en términos del artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, pues el pronunciamiento sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas debe hacerse dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sobre el tema, los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se arriba a la conclusión que una vez fenecido el ofrecimiento de pruebas, la junta debe inmediatamente proveer sobre éstas, pudiendo reservarse para hacerlo dentro de los cinco días siguientes; hecho lo anterior, en el mismo acuerdo en que provee al respecto, debe señalar día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que habrá de efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, dictando las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hubieran admitido. Ahora, de las propias manifestaciones vertidas por la junta responsable en su informe justificado, se advierte que hasta la presente fecha no se ha pronunciado sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 917/2019 de su consecutivo. Lo anterior se confirma con la documental que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en la copia certificada de la audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio laboral 917/2019 del índice de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la cual fue previamente valorada y que demuestra que desde esa fecha la junta responsable reservó proveer sobre la admisión de las pruebas ahí ofrecidas por las partes, sin que la responsable exhibiera documental alguna que corrobore que el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el sumario natural, ya aconteció. De lo anteriormente expuesto, se colige que la junta responsable inobservó lo establecido en los preceptos legales citados, ya que resulta evidente que la falta de pronunciamiento sobre la admisión de los medios probatorios ofrecidos en el procedimiento laboral excede el tiempo establecido en la ley para su realización, es decir los cinco días que establece la fracción IV, del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo (en el momento o dentro de los cinco días posteriores al ofrecimiento), así como los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 33/2019 (10a.) expuesta con antelación en esta sentencia, sin que haya motivado la razón que justifique la tardanza acusada por la parte quejosa; por ende, esas inactividad contraviene lo previsto en el artículo 880, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo y constituye una paralización del procedimiento laboral que afecta el derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional. Dicha violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con la forma de actuar de la junta -al no pronunciarse sobre la admisión de los medios probatorios dentro del término establecido- se impide la debida continuación de dicho juicio, y aun cuando se siguiera con la secuela procesal, la transgresión al derecho fundamental no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Severo Montejo Gómez, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, consistente en la omisión de pronunciarse sobre la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes en la audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente laboral 917/2019 de su índice. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se confiere la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, una vez que cause ejecutoria esta resolución, de inmediato, se pronuncie sobre la admisión de los medios probatorios anunciados en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 917/2019 de su consecutivo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Severo Montejo Gómez, por propio derecho, respecto del acto precisado en el inciso b) del considerando tercero, atribuido al actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Severo Montejo Gómez, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, que se encuentra precisado en inciso a) del considerando tercero por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta resolución. TERCERO. El amparo concedido a Severo Montejo Gómez, es para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, una vez que cause ejecutoria esta resolución, de inmediato, se pronuncie sobre la admisión de los medios probatorios anunciados en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 917/2019 de su consecutivo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones con números de registros 7209 y 7208 a través de las cuales las autoridades responsables i] Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y ii] Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, ambos por conducto del Presidente de dicha Junta, rinden informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la primera autoridad responsable y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.
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