Shamir Ruiz Quintero

Expediente 1177/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1177/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Shamir Ruiz Quintero
  • Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidente. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretaría certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; quien remite un oficio correspondiente al índice de este órgano jurisdiccional. Oficio sin mayor proveído. Al respecto agréguese sin mayor proveído el oficio y anexo signado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, lo anterior, toda vez que en proveído de tres de octubre del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, del diecinueve al veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal comunicado mediante oficio 5362/2022, de diecisiete de octubre del año en curso, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual el en cuaderno de varios se ordenó enviar el oficio dirigido a este órgano jurisdiccional, por tanto, acuérdese lo que en derecho corresponda. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitido por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Sobresee fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los quejosos (1) Shamir Ruiz Quintero, (2) Taimi Martín Ramos, (3) Yasmani Fernández León (4) Yeneisy Ramírez González, (5) Julio César Martínez German y (6) Erisbel Armas Estévez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS: I. Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, residente en Mexicali, Baja California, con domicilio bien conocido en Palacio Federal, Centro Cívico, C.P. 21100, Mexicali, Baja California. II. Encargado de la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, con domicilio bien conocido en Av. Melgar N.1, Garita Internacional, Zona Centro, C.P. 21100, Mexicali, Baja California, B.C. I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA DETENCION, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD QUE LOS QUEJOSOS HAN SIDO OBJETO, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, (sic). 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 3. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS AMPARISTAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 4. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLE A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 5. RECLAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LOS QUEJOSOS PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD CUBANA. 6. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRIACIÓN ASISTIDA O "POR RAZONES HUMANITARIAS" AL PAIS DE ORIGEN DE LOS QUEJOSOS SIN SU CONSENTIMIENTO. 7. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE LOS QUEJOSOS SEAN TRASLADADOS, A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRAN, (MEXICALI, B.C., DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO. PRACTICA QUE ACTUALMENTE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 8. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ QUEJOSOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADOS, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA. FECHA EN LA QUE FUERON PRIVADOS DE SU LIBERTAD. Los aquí quejosos, fueron privados de su libertad el día 2 de agosto del presente año, a las 12:30 pm, y hasta el día de hoy, siguen detenidos e incomunicados, en condiciones precarias en la Estación Migratoria de Mexicali, B.C. y aunque los extranjeros aún no han excedido las treinta y seis horas que marca la ley, es evidente que no hay interés de las responsables de que sean puestos en libertad." De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa, en primer término, mediante diligencia de dos de agosto de dos mil veintidós, ratificaron su demanda; y, esencialmente, se dolieron de la detención, presentación y privación de la libertad en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual podía concluir con su deportación, expulsión, repatriación asistida o ''por razones humanitarias''. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el once de agosto del año en curso, se otorgó a los gestores del amparo la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que los dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada a los quejosos, ya que se les otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelven al estado en el que se encontraban antes de la violación combatida; de ahí que se les restituyó en el goce del derecho fundamental que pudieran haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se dejan sin efectos la suspensión de plano decretada. Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obran en autos las constancias necesarias a efecto de estar en aptitud de resolver el expediente en que se actúa; lo anterior, en razón a que la autoridad responsable Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, ha sido omisa en remitir las constancias que se sustentan el acto reclamado, mismas que fueron solicitadas mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós; no obstante estar notificada según se advierte del acuse obrante en autos. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última ocasión a la autoridad responsable Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, para que remita a este juzgado las constancias que sustentan el acto reclamado, dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, toda vez que se estiman necesarias para la debida resolución del presente asunto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá a cada una, multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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