Shakti Lomeli Giottonini

Expediente 737/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
737/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Shakti Lomeli Giottonini
  • Juez Tercero de lo Familiar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obran en el expediente electrónico las constancias de notificación personal a la parte quejosa y tercero interesada, del auto de quince de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, pues nada más obran las notificaciones realizadas por oficio, como se observa a continuación: Se comisiona al actuario judicial que corresponda. Atento a lo anterior, y dado que dichas notificaciones resultan necesarias para que pueda causar firmeza dicha determinación, se comisiona al actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, deberá integrarse de inmediato y debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; 2) En caso de que no se hubiere llevado a cabo la notificación ordenada, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberá practicarse de inmediato e integrarse debidamente al expediente electrónico. Asimismo, se deberá informar lo anterior a la mesa de trámite, a fin de que se dicte el acuerdo que legalmente corresponda. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Ida Vargas Arias, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Mexicali, Baja California, a quince de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Juez Tercero de lo Familiar, en esta ciudad; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo dictado el cuatro de agosto de dos mil veintidós. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, en la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, en el presente caso, la quejosa (1) Shakti Lomelí Giottonini solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Tercero de lo Familiar, con domicilio conocido en Mexicali, Baja California. IV. LA LEY O ACTO QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA: La resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, que dicto el Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad de Mexicali, Baja California, en el expediente 398/2021, de su índice, mediante la cual resolvió el recurso de revocación que el hoy tercero interesado (por conducto de su abogada) interpuso en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, que obra a fojas 404 del juicio de origen, en donde se tuvo a la suscrita hoy quejosa ofreciendo pruebas de su interés. [.]" Ahora, al rendir el informe justificado, la autoridad responsable remitió diversas constancias que integran el juicio de divorcio incausado 398/2021 de su índice, de las que destaca el proveído de veintidós de marzo del presente año, que en su parte considerativa estableció: "Mexicali, Baja California a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Dando cuenta de las constancias procesales que integran los presentes autos, específicamente de la sentencia interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintidós, en la cual se resolvió procedente el recurso de revocación promovido por la LICENCIADA RAMONA GONZÁLEZ DE LA ROSA, en su carácter de abogada patrono de RICKY CONTRERAS, bajo el argumento de que el escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por SHAKTI LOMELI GIOTTONINI, no contaba con firma autógrafa de la promovente.- Sin embargo, ello es contrario a las constancias procesales del juicio, debido a que, si bien es cierto, se aprecia que el referido ocurso, visible a fojas 393 a 403 de autos, no cuenta con firma autógrafa de la promovente; no menos cierto es que del expediente electrónico del presente juicio, el cual de conformidad con los artículos 244 y 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, forma parte del expediente y puede ser consultado mediante internet, se obtiene que la promoción de ofrecimiento de pruebas aludido, fue presentado en catorce fojas, no en once, como consta en la razón de recibido que asentó la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia al reverso de la promoción en análisis; Expediente Electrónico que de conformidad con el artículo 285, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en concordancia con el artículo 407 del citado ordenamiento legal, corresponde a una prueba con pleno valor probatorio al tratarse de actuaciones judiciales, de las que se deduce fehacientemente que la promoción sin contaba con firma autógrafa de la demandada SHAKTI LOMELI GIOTTONINI, e inclusive, contaba con más fojas, por ende, que haber resuelto sin considerar ese instrumento, afecta directamente el derecho humano de defensa de manera desproporcional en su contra; motivo por el cual y en respeto a ese derecho, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los artículos 55, 74, 925, 926, 942 de la Ley Adjetivo Civil, a efecto de normar el procedimiento, se declara nula la referida interlocutoria, para garantizar los derechos fundamentales de igualdad procesal y de defensa, ordenándose reponer la promovían y las fojas faltantes, con el testimonio que se encuentra integrado al Tribunal Electrónico, desde la presentación de la promoción ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia; por lo que ante las citadas condiciones, debe declarase que el recurso de revocación ha quedado sin materia.- Sirve de apoyo , como criterio orientador, la ejecutoria I.4o.C.323 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2399, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. ESTE RECURSO NO EXCLUYE LA FACULTAD DEL JUEZ PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OFICIO (Interpretación del artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). El artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé dos situaciones generales, en las que el Juez se encuentra autorizado para revocar los autos que no son apelables y los decretos: a) por la interposición del recurso de revocación, y b) para regularizar el procedimiento, mediante la subsanación de omisiones o para apegarse al procedimiento legal conducente, en dos modalidades, b.1) de oficio o b.2) a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días. La interpretación gramatical y funcional del enunciado legal, permite establecer que no se trata de dos situaciones excluyentes entre sí, de modo que en el recurso conducente, el Juez no pueda decretar la revocación del auto o decreto impugnado, por motivos distintos a los expuestos en los agravios del recurrente, si esto se requiere para la regularización del procedimiento, y antes bien, se estima que esta actitud constituye un deber del juzgador en su calidad de director del proceso, cuyo incumplimiento puede ser combatido a la postre en el juicio de garantías, o corregido mediante la suplencia de la queja, si se encuentra en alguno de los supuestos legales previstos para ese efecto. NOTIFÍQUESE.- [.]" De lo anterior se advierte que, mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de divorcio incausado 398/2021, el Juez Tercero de lo Familiar, revocó el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado-; es decir, dejó sin efectos el acto impugnado por la parte quejosa, de ahí que ya no le causa agravio. Máxime que, anexo en el oficio que hoy se agrega, la autoridad responsable remitió el proveído dictado el once de agosto de dos mil veintidós; en el que hizo constar que, el proveído dictado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, quedó firme por ministerio de ley, al no haber sido impugnado ni haberse presentado juicio de amparo en su contra; por lo que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante su tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la ociosa tramitación del repetido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con cincuenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obran las constancias de notificación del acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, que declaró el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; practicadas a las partes quejosa (1) ************ Se comisiona al Actuario. Atento a lo anterior, comisiónese al Actuario Judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, lo anterior dentro del término de tres días; o, 2) En caso de que no se hubieren llevado a cabo las notificaciones ordenadas, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberán practicarse la notificación de inmediato e integrarse debidamente el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA Y EL TERCERO INTERESADO NO ATENDIERON EL CITATORIO DE 31 DE ENERO DE 2023 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIL EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obran en el expediente electrónico las constancias de notificación personal a la parte quejosa y tercero interesada, del auto de quince de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, pues nada más obran las notificaciones realizadas por oficio, como se observa a continuación: Se comisiona al actuario judicial que corresponda. Atento a lo anterior, y dado que dichas notificaciones resultan necesarias para que pueda causar firmeza dicha determinación, se comisiona al actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, deberá integrarse de inmediato y debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; 2) En caso de que no se hubiere llevado a cabo la notificación ordenada, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberá practicarse de inmediato e integrarse debidamente al expediente electrónico. Asimismo, se deberá informar lo anterior a la mesa de trámite, a fin de que se dicte el acuerdo que legalmente corresponda. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Ida Vargas Arias, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Mexicali, Baja California, a quince de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Juez Tercero de lo Familiar, en esta ciudad; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo dictado el cuatro de agosto de dos mil veintidós. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, en la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, en el presente caso, la quejosa (1) Shakti Lomelí Giottonini solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Tercero de lo Familiar, con domicilio conocido en Mexicali, Baja California. IV. LA LEY O ACTO QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA: La resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, que dicto el Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad de Mexicali, Baja California, en el expediente 398/2021, de su índice, mediante la cual resolvió el recurso de revocación que el hoy tercero interesado (por conducto de su abogada) interpuso en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, que obra a fojas 404 del juicio de origen, en donde se tuvo a la suscrita hoy quejosa ofreciendo pruebas de su interés. [.]" Ahora, al rendir el informe justificado, la autoridad responsable remitió diversas constancias que integran el juicio de divorcio incausado 398/2021 de su índice, de las que destaca el proveído de veintidós de marzo del presente año, que en su parte considerativa estableció: "Mexicali, Baja California a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Dando cuenta de las constancias procesales que integran los presentes autos, específicamente de la sentencia interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintidós, en la cual se resolvió procedente el recurso de revocación promovido por la LICENCIADA RAMONA GONZÁLEZ DE LA ROSA, en su carácter de abogada patrono de RICKY CONTRERAS, bajo el argumento de que el escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por SHAKTI LOMELI GIOTTONINI, no contaba con firma autógrafa de la promovente.- Sin embargo, ello es contrario a las constancias procesales del juicio, debido a que, si bien es cierto, se aprecia que el referido ocurso, visible a fojas 393 a 403 de autos, no cuenta con firma autógrafa de la promovente; no menos cierto es que del expediente electrónico del presente juicio, el cual de conformidad con los artículos 244 y 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, forma parte del expediente y puede ser consultado mediante internet, se obtiene que la promoción de ofrecimiento de pruebas aludido, fue presentado en catorce fojas, no en once, como consta en la razón de recibido que asentó la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia al reverso de la promoción en análisis; Expediente Electrónico que de conformidad con el artículo 285, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en concordancia con el artículo 407 del citado ordenamiento legal, corresponde a una prueba con pleno valor probatorio al tratarse de actuaciones judiciales, de las que se deduce fehacientemente que la promoción sin contaba con firma autógrafa de la demandada SHAKTI LOMELI GIOTTONINI, e inclusive, contaba con más fojas, por ende, que haber resuelto sin considerar ese instrumento, afecta directamente el derecho humano de defensa de manera desproporcional en su contra; motivo por el cual y en respeto a ese derecho, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los artículos 55, 74, 925, 926, 942 de la Ley Adjetivo Civil, a efecto de normar el procedimiento, se declara nula la referida interlocutoria, para garantizar los derechos fundamentales de igualdad procesal y de defensa, ordenándose reponer la promovían y las fojas faltantes, con el testimonio que se encuentra integrado al Tribunal Electrónico, desde la presentación de la promoción ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia; por lo que ante las citadas condiciones, debe declarase que el recurso de revocación ha quedado sin materia.- Sirve de apoyo , como criterio orientador, la ejecutoria I.4o.C.323 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2399, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. ESTE RECURSO NO EXCLUYE LA FACULTAD DEL JUEZ PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OFICIO (Interpretación del artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). El artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé dos situaciones generales, en las que el Juez se encuentra autorizado para revocar los autos que no son apelables y los decretos: a) por la interposición del recurso de revocación, y b) para regularizar el procedimiento, mediante la subsanación de omisiones o para apegarse al procedimiento legal conducente, en dos modalidades, b.1) de oficio o b.2) a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días. La interpretación gramatical y funcional del enunciado legal, permite establecer que no se trata de dos situaciones excluyentes entre sí, de modo que en el recurso conducente, el Juez no pueda decretar la revocación del auto o decreto impugnado, por motivos distintos a los expuestos en los agravios del recurrente, si esto se requiere para la regularización del procedimiento, y antes bien, se estima que esta actitud constituye un deber del juzgador en su calidad de director del proceso, cuyo incumplimiento puede ser combatido a la postre en el juicio de garantías, o corregido mediante la suplencia de la queja, si se encuentra en alguno de los supuestos legales previstos para ese efecto. NOTIFÍQUESE.- [.]" De lo anterior se advierte que, mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de divorcio incausado 398/2021, el Juez Tercero de lo Familiar, revocó el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado-; es decir, dejó sin efectos el acto impugnado por la parte quejosa, de ahí que ya no le causa agravio. Máxime que, anexo en el oficio que hoy se agrega, la autoridad responsable remitió el proveído dictado el once de agosto de dos mil veintidós; en el que hizo constar que, el proveído dictado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, quedó firme por ministerio de ley, al no haber sido impugnado ni haberse presentado juicio de amparo en su contra; por lo que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante su tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la ociosa tramitación del repetido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con cincuenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Juez Tercero de lo Familiar, en esta ciudad; mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós. Requerimiento. Ahora bien, visto lo informado por la autoridad responsable en el sentido que quedó firme el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de divorcio incausado 398/2021, por el Juez Tercero de lo Familiar, por el cual se revocó el diverso auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado-, sin embargo, únicamente afirma que ello fue así "al no haber sido impugnado por los medios legales ordinarios, ni se ha informado a este juzgador la interposición de diverso juicio de amparo en contra del proveído en mención." En consecuencia, para efectos de mejor proveer, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de constancias que integran el expediente 398/2021, posteriores al auto reclamado de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, inclusive, de las constancias de notificación practicadas a las partes de dicho proveído, así como del acuerdo, constancia o certificación en la que se advierta que el juez responsable dejó firme el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano