Severo Palma Morán

Expediente 762/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
762/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Severo Palma Morán

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DE COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2 agréguese al expediente electrónico y a los autos físicamente, el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida el tres de agosto de dos mil veintitrés, engrosada el once de agosto siguiente, en el recurso de queja ********************, derivado del presente juicio de amparo. Asimismo, se precisa que en la referida ejecutoria se resolvió: "UNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, promovido contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés emitido por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo ********************." ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento) (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, será destruido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Ahora tomando en consideración que obran documentos exhibidos en copia certificada en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 20 del citado Acuerdo General, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas. En el entendido de que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma para ser glosada a los autos. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes al expediente el escrito del quejoso *, a través del cual desahoga la prevención formulada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 114 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la prevención realizada. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del desahogo de la prevención se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés dictada dentro del toca 214/2023 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que confirmó la ejecutoria del incidente no especificado de imposibilidad de ejecución de la sentencia, misma que dio la posibilidad de ejecutar la sentencia librada en el juicio de origen * del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca. Precisado lo anterior, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) IV. (...) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Énfasis propio. De la lectura del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En la inteligencia de que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, señala que es aquélla en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo o, en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio biinstancial y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Ello es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; porque de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo a su favor se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello, que el legislador estableció qué actos dictados en ejecución de la acción deben prosperar si y sólo sí, se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída y vencida, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el presente caso, se reclama la resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés dictada dentro del toca 214/2023 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que confirmó la ejecutoria del incidente no especificado de imposibilidad de ejecución de la sentencia, misma que dio la posibilidad de ejecutar la sentencia librada en el juicio de origen 682/2016 del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca. Por tanto, es factible concluir que, en la especie, aún no se ha dictado la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, en el que el promovente es parte, por lo que el juicio de amparo que insta, sólo será procedente en contra de dicha resolución y no en contra de las determinaciones intermedias que se emiten para hacer cumplir la sentencia emitida en el juicio natural. Al respecto, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia o laudo" y la diversa, "en ejecución de la misma"; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal -por lo que es autónoma-; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, como en el caso particular acontece. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución" en la jurisprudencia por contradicción número P/J 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Tomadas las ideas plasmadas en la jurisprudencia transcrita, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en el presente sumario constitucional, se ha dado en la etapa de ejecución, de lo que se desprende que no es impugnable en el amparo indirecto, en virtud de que el mismo no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución; es decir, es un acto propio del procedimiento de ejecución, por tanto, es claro, que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones que realiza la parte quejosa con relación a la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues precisa que se trata de un acto autónomo que constituye actos de imposible reparación. Para sustentar lo anterior se plasma la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito I.11o.C. J/7 K (11a.), visible en la página 2764 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2022, con número de registro 2024100, que señala: ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Sin embargo, la citada jurisprudencia claramente especifica una condicionante para que se actualice, al establecer que deben ser ajenos a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece, pues se trata de la ejecución de sentencia, y admitir el amparo sería en contra de la finalidad de dicha causal, pues se estaría permitiendo que una persona que ya fue oída y vencida en juicio, obstaculizará la acción de la justicia en favor de quien ha sido reconocida con un derecho. Por otra parte, refiere que el amparo indirecto es procedente contra las resoluciones interlocutorias en etapa de ejecución que decidan sobre la excepción sustancial y perentoria, defensas y actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, señalando la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que cita: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación. Siendo que la jurisprudencia aludida no es aplicable puesto que la misma, cita que por esta vía será procedente se debe trata de una interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes. Por lo anterior, tomando en consideración que el acto que por esta vía se reclama consiste en extracto que se suspenda la ejecución de una sentencia, no se actualizan ninguna de las hipótesis. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, cuando proceda el amparo, en el cual podrá la agraviada impugnar la determinación de mérito, así como todas aquellas violaciones que considere la dejaron sin defensa. En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, en cuanto al acto combatido, por ser notoriamente improcedente. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 1.22 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; si bien en este momento procesal no se puede analizar si hay una aplicación implícita en el acto que se combate que involucre al artículo citado, lo cierto es que no procede contra el acto de aplicación, se impone desechar contra la norma reclamada. Motivo por lo cual, el suscrito considera que se debe hacer extensiva la causal de improcedencia por la que se desechó el acto reclamado señalado con anterioridad. Lo anterior, es así porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, señaló las siguientes reglas para el estudio del juicio de amparo contra leyes cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación: 1. El juzgador debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él se actualiza una causa de improcedencia, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. 2. De resultar procedente el juicio de amparo indirecto en cuanto al primer acto de aplicación de la norma, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente; y, 3. Únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por la norma, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al caso, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página: 235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro: 191311, que es del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso Severo Palma Morán, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otra autoridad. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual informa las determinaciones de quince de los cursantes y uno de julio de dos mil veintidós, de esta última, se advierte que admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, de lo cual se toma conocimiento y se está a la espera de la determinación que resuelva dicho medio de impugnación. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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