Severo Palma Morán
Expediente 1368/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1368/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Severo Palma Morán
Actuaciones
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- Principal
MESA II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta suscrito electrónicamente por el quejoso ********************por medio del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos con su escrito de demanda, los cuales se encuentran detallados en el ocurso que se atiende, asimismo, autoriza para la recepción de los mismos a ****************************************Atento a lo anterior, toda vez que el expediente en que se actúa, se encuentra total y definitivamente concluido, con fundamento en lo previsto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los documentos referidos; se autoriza para recibirlos a ****************************************En el entendido de que, al comparecer a recogerlos, la persona autorizada para ello, deberá exhibir original y copia de su identificación oficial vigente, para ésta última, ser glosada a los autos.****************************************Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio.****************************************Notifíquese.*********************
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta suscrito electrónicamente por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite la ejecutoria emitida en sesión celebrada el trece de octubre del año en curso, en el recurso de queja ******************** en la que se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, a través de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ********************, contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicios de amparo indirecto ********************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Por tanto, acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, destrúyase el legajo de copias certificadas del juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado de Distrito, pues son copia fiel de las constancias glosadas en el expediente y no es necesaria su conservación. Ahora, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, será destruido. Una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, copia del escrito de cuenta, por el que J* autorizado en términos amplios del quejoso ********************interpone recurso de queja contra el proveído de seis de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, y formula agravios. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del numeral 101 de la legislación invocada, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Ahora, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, el ocurso en donde el promovente interpone el recurso de queja y expresa agravios, copias de éstos, así como copia certificada de las actuaciones que integran el presente juicio. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA II DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta suscrito por********************por medio del cual, "bajo protesta de decir verdad", abunda su capítulo de hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto reclamado; manifiesta que la firma que calza a la demanda de amparo, fue estampada de su puño y letra, y exhibe copias de traslado para las partes. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 114 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la prevención de que fue objeto el promovente mediante auto de treinta de agosto del año en curso, y déjese sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Expuesto lo anterior, es menester establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues de existir tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, del escrito de demanda y aclaratorio, se obtiene que el quejoso********************por esta vía constitucional reclama: * El acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio reivindicatorio 682/2016, por medio del cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, lo requiere a efecto de que desocupe y haga entrega del inmueble ubicado en calle Aztecas, actualmente calle Cuauhtémoc número 121, Capultitlán, Toluca, Estado de México, con autorización de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracciones III y IV, segundo párrafo, de la propia legislación, este último aplicado a contrario sensu. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la lectura del segundo párrafo de las fracciones III y IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento. En la inteligencia de que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, se entiende que es aquélla en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la resolución, o en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio biinstancial, y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar todas aquéllas resoluciones que considere le dejaron sin defensa. Ello es así, porque contra los actos surgidos de una contienda, en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente en el procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; porque de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo a su favor se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Por ello, el legislador estableció que contra actos dictados en ejecución de la acción debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución, la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia o laudo que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída y vencida, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia o laudo que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, en el presente caso, se reclama el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio reivindicatorio 682/2016, por medio del cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, requiere al aquí quejoso a efecto de que desocupe y haga entrega del inmueble ubicado en calle Aztecas, actualmente calle Cuauhtémoc número 121, Capultitlán, Toluca, Estado de México, con autorización de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Por tanto, es factible concluir que, en la especie, aún no se ha dictado la última resolución en el procedimiento respectivo, en el que el aquí quejoso es parte, por lo que el juicio de amparo que insta, sólo será procedente en contra de dicha resolución y no en contra de las determinaciones intermedias que se emiten para hacer cumplir la sentencia. Al respecto, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia o laudo", y la diversa, "en ejecución de la misma"; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal -por lo que es autónoma- ; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, como en el caso particular acontece. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución", en la jurisprudencia por contradicción número P/J 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Tomadas las ideas plasmadas en la jurisprudencia transcrita, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en el presente sumario constitucional, se ha dado en la etapa de ejecución de sentencia, de lo que se desprende que no es impugnable en el amparo indirecto, en virtud de que no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, y es hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, cuando proceda el amparo indirecto, en el cual podrá la parte agraviada impugnar las determinaciones de mérito, así como todas aquellas violaciones que considere la dejaron sin defensa. Sin que en el caso aplique la excepción prevista en el ordinal 107 de la Ley de Amparo, pues el acto combatido no deriva de un procedimiento de remate, sino de la ejecución forzosa a la sentencia emitida en el juicio natural el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, con motivo de la renuencia del quejoso a dar cumplimiento voluntario. En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda promovida por********************contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y otra autoridad. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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