Severino Sánchez Jiménez

Expediente 657/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Severino Sánchez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Severiano Sánchez Jiménez, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que se desechó la demanda por lo que se dio por concluido sin decidir en lo principal, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca y otra autoridad, que se hace consistir literalmente en: ******UNICO. La falta y/o ilegal notificación o emplazamiento, en el juicio de que pretende llevarse FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO LEGAL y como consecuencia debe decretarse la nulidad de todo lo actuado dentro de dicho juicio, lo anterior en virtud de que no se me ha llamado debidamente a juicio y este se ha seguido en todas sus etapas procesales, violándome mis derechos fundamentales de audiencia, de ser oído y vencido en dicho juicio, consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 657/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ******** En efecto, a criterio de quien aquí resuelve, se estima actualizada, en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley; y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De la interpretación integral de los artículos transcritos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada; es decir, uno de los requisitos que debe acreditarse para que proceda el juicio de amparo, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía constitucional algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, lo que se traduce en que, con motivo de la aplicación de un acto de autoridad, se produzca una afectación real y actual a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del gobernado. Bajo esta óptica, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminente muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminente o futuro cuando los efectos aún no se inician. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, condicionan su promoción a que el acto reclamado perjudique real y actualmente a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar al juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, registro digital 325178, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." Por lo tanto, a efecto de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, la parte peticionaria de amparo debe probar de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclama afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni la faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. En el caso, la parte quejosa manifiesta en el capítulo del acto reclamado de su escrito de demanda lo siguiente: UNICO. La falta y/o ilegal notificación o emplazamiento, en el juicio de que pretende llevarse FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO LEGAL y como consecuencia debe decretarse la nulidad de todo lo actuado dentro de dicho juicio, lo anterior en virtud de que no se me ha llamado debidamente a juicio y este se ha seguido en todas sus etapas procesales, violándome mis derechos fundamentales de audiencia, de ser oído y vencido en dicho juicio, consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, en su capítulo de antecedentes manifiesta, lo siguiente: "ANTECEDENTES UNICO. El día diez de diciembre del año dos mil veintiuno, tuve conocimiento de que se pretende llevar en mi contra un juicio fuera de todo procedimiento legal, donde resulto ser parte, ya que la persona que se presentó hasta mi domicilio dijo ser actuario del Juzgado Primero Civil del distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, sin embargo al no encontrarme no dejó ni cita de espera ni ningún otro documento y ante tal desconocimiento de que pueda existir alguna notificación o emplazamiento de manera ilegal ya que de manera personal no he recibido alguna, ni mucho menos, como lo he referido no se me ha dejado alguna cita de espera por parte de algún actuario, para atender alguna diligencia de esa naturaleza y como tales actos violentan mis derechos fundamentales, es por este motivo que en forma urgente vengo a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL" De lo anterior, se evidencia que el amparista sustenta su reclamo en la posible afectación de sus intereses, lo que se corrobora con las manifestaciones que realizó en su escrito de demanda, donde se advierte, que bajo protesta de decir verdad dijo que tuvo conocimiento que se "pretende" llevar en su contra un juicio fuera de todo procedimiento, además de que, existe un desconocimiento de que "pueda existir" alguna notificación o emplazamiento de manera ilegal, lo que evidencia que los actos que aquí reclama resultan "futuros", por lo tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. En efecto, este juzgado atiende las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, cuyas expresiones constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, el acto que por esta vía se combate no existe en el orden jurídico real y actual, dado que como el propio quejoso lo refiere, "tuvo conocimiento que se pretende llevar a cabo" un juicio, y que ante el desconocimiento de que "pueda existir" alguna notificación o emplazamiento de manera ilegal, recurre a esta intsncia constitucional, por lo que, de momento no se produce una afectación real a la esfera jurídica de la parte quejosa. Así pues, la parte quejosa no puede afirmar que los actos reclamados le irrogan algún perjuicio a su esfera de derechos, dado que de su propia narrativa de hechos se advierte que lo que se intenta es prevenir un acto futuro de realización incierta, Por tanto, es válido concluir que la hoy parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo de los actos que ahora reclama, lo que en su caso acontecerá hasta en tanto se le emplace al juicio instaurado en su contra; de ahí que, será hasta entonces, cuando en todo caso, la parte quejosa se encuentre en condiciones de acudir a hacer valer la vulneración a sus derechos que ahora alega. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 138, registro digital 209001, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Igualmente resulta aplicable, la jurisprudencia 913 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Quinta Época, página 1031, cuyo registro digital es 1012346, que establece lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Atento a lo expuesto, como se adelantó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional; en consecuencia, con fundamento en las fracciones aludidas en el párrafo precedente, en relación con el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Severiano Sánchez Jiménez. Sin que la determinación que aquí se adopta, se considere denegatoria de justicia, ya que precisamente a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente; además, el desechamiento no entraña per se una violación al principio de tutela judicial efectiva, porque los motivos de improcedencia que lo originan constituyen, por regla general, un límite razonable y proporcional para su ejercicio. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, de rubro y texto siguientes: *********DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Cruz Olivera, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los autorizan a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho. Por otra parte, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Matus, Teresita de Jesús Enríquez Zárate, Luis Rey Hernández Gallardo y Julio Velasco García, en virtud de que no acreditaron con prueba documental alguna su calidad de licenciados en derecho, además no existen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede. Ahora bien, como la parte actora proporciona para oír y recibir notificaciones el correo electrónico j.c.olivera_lex@hotmail.com el cual se encuentra autorizado para la práctica de notificaciones electrónicas, por estar vinculado al usuario "JCOlivera", como se advierte de la certificación secretarial que antecede; por tanto, de conformidad con el numeral 1052 del Código de Comercio, en relación con las fracciones I y II del artículo 102 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39; se autoriza la consulta a dichos usuarios y en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio, dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

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