Severino Manuel Antonio
Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Severino Manuel Antonio
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido vía interconexión signado por la Secretaria de Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del oficio 2861/2020, por el que se remitió la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Asamblea Comunitaria de Santiago Tutla, y otras autoridades; asimismo, comunica que aceptó la competencia planteada. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. Además, no obstante que se trata de un asunto en el que se declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, toda vez que en proveído de veintisiete de enero del presente año, se reservó acordar respecto del contenido del ocurso presentado ante este Juzgado por lo impetrantes del amparo (registro 809), hasta en tanto se tuviera conocimiento a que juzgado correspondió conocer de la demanda de amparo que se remitió a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; por tanto, en virtud de que dicha circunstancia ya aconteció, previa copia certificada que se deje en autos, remítase vía interconexión al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda; así como por la vía ordinaria el original del mismo. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales rinden informe las autoridades responsables 2. Agente Municipal; 3 Alcalde Municipal; 4. Síndico Municipal; 5. Agente Suplente; 6. Alcalde Suplente; 7. Secretario, 8. Agencia Municipal y 9. Comandante de la Policía Municipal, todos de Santiago Tutla, San Juan Mazatlan Mixe, Oaxaca, respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; de conformidad con los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo, téngase rindiendo su informe correspondiente. Por otra parte, se toma conocimiento de las manifestaciones que realiza el Agente Municipal de dicha municipalidad (registro 797), respecto de la autoridad que la parte quejosa señaló como responsable 1. Asamblea Comunitaria de Santiago Tutla, Agencia Muncipal de Santiago Tutla, San Juan Mazatan, Mixe, Oaxaca; lo anterior para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta (registro 809) signado por los quejosos Severino y Gonzalo, ambos de apellidos Manuel Antonio; en su atención, se reserva acodar respecto de su contenido, hasta en tanto el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, informe si acepta o no la competencia declinada mediante proveído de veintidós de los actuales. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, ambos de apellidos ***, contra actos de la Asamblea Comunitaria de Santiago Tutla, en su doble carácter de ordenadora y ejecutora, con residencia en la Agencia Municipal de Santiago Tutla, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca y otras autoridades, que hace consistir literalmente en: IV.- ACTO RECLAMADO: Se le reclama a las autoridades en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, la orden de desposeemos de todas y cada una de nuestras posesiones y propiedades tanto inmueble como muebles, así como también la orden de desterrarnos de nuestra población, emitida por la asamblea comunitaria de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 47/2021-I-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTO DE INCOMPETENCIA Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que se trate de ejecutar el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste en la orden de desposeimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad de los aquí quejosos, así como también la orden de destierro de la Agencia Municipal de Santiago Tutla, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca. De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, dado que es en la comunidad de Santiago Tutla, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción territorial la aludida autoridad jurisdiccional, donde se pretende realizar el desposeimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad de los aquí quejosos, así como el destierro de éstos de la comunidad antes citada. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio. Así como la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es patente que se actualiza la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque la orden de desposesión trata de ejecutarse en la comunidad de Santiago Tutla, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y, solicítese al Juez que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Déjese copia certificada de la demanda de amparo en sustitución de la original. SUSPENSIÓN DE PLANO De conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a los quejosos ***, ambos de apellidos ***, contra el acto consistente en el destierro que refieren, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para el efecto de que CESEN de inmediato. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su debida observancia; asimismo, toda vez que se trata de un acto que constriñen a las autoridades a un "hacer"; por tanto, se les requiere para que dentro del término de veinticuatro horas informen a este Juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la ley de la materia; apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en términos de lo dispuesto en el artículo 238, de la ley de la materia. Se hace de su conocimiento de que la violación a la misma entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse éste, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En la inteligencia de que la seguridad y custodia de los quejosos queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades que señala como responsables, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Para mayor celeridad se ordena al Actuario adscrito a este Juzgado, remitir los respectivos oficios vía fax o correo electrónico, con independencia de que se envíen por mensajería rápida "Estafeta". Por otra parte, sin que se realice pronunciamiento respecto del acto reclamado consistente en la orden de desposeimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad de los aquí quejosos, dado que en la presente determinación este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia para conocer del asunto que se atiende, aunado a que los impetrantes de amparo no acreditan indiciariamente que la ejecución del acto podría causar en su esfera de derecho daños y perjuicios de difícil reparación al no anexar documental alguna de la que se desprenda dicha circunstancia. DOMICILIO Como lo solicitan los promoventes, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos; en el entendido que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Téngase como autorizada para recibir las notificaciones a Antonio Guzmán de la Zeta, Zuleima Janet Martínez Palacios y María Teresa Racilla Manuel, por así haberlo expresado la parte quejosa. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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