Servicios Jurídicos del Centro, S.C.
Expediente 1010/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1010/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Servicios Jurídicos del Centro, S.C.
- Enrique Duran Llamas ( Representante Legal)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la copia autorizada del proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, que remite el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, por el que informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***********, en representación de **********, que le fue remitida por auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por carecer este órgano jurisdiccional de competencia legal, por cuestión de territorio, para resolver este asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Incompetencia legal por razón de territorio. Visto lo de cuenta; del análisis que se efectúa a la totalidad de las constancias procesales que conforman el presente asunto, se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato resuelva este asunto; se explica: La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en el juicio de nulidad ****, con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la persona moral quejosa Servicios Jurídicos del Centro, sociedad civil -por conducto de su representante legal- acude a esta instancia constitucional a reclamar la resolución interlocutoria de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictada por los magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente *****que declaró infundada la queja por repetición del acto anulado en la sentencia del juicio de nulidad subyacente. El oficio materia de la queja lo constituye el identificado como ***de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, signado por el funcionario que suplió al administrador desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, de Guanajuato "2", con residencia en León, Guanajuato, donde se determinó el crédito fiscal que ahí se indica a cargo de la sociedad quejosa; esto, en cumplimiento al fallo de nulidad en cita. De igual forma, de las constancias del sumario se desprende que la persona moral quejosa tiene su domicilio en calle *** en León, Guanajuato; lo que antecede hace patente que este Juzgado carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado en esta instancia implica la determinación de un crédito fiscal, cuyo cumplimiento está íntimamente ligado al domicilio de la quejosa por ser razonablemente el lugar donde se ejecutará la resolución debatida mediante el recurso de queja en el juicio de nulidad de origen; es inconcuso que el domicilio de la solicitante del amparo será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Bajo ese tenor, la resolución que declara infundada la queja por repetición del acto anulado en el juicio de nulidad de origen, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, a saber, el cobro del crédito fiscal impuesto a la solicitante del amparo; por tanto, ejecutables, pues deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por la administración desconcentrada de Auditoría Fiscal, de Guanajuato "2", en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago del crédito fiscal de origen, lo que tiene ejecución directamente en el domicilio de la persona moral quejosa. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. Dicho razonamiento encuentra sustento, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, en la jurisprudencia por contradicción PC.XVI.A JA/23 A (10ª), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." De igual forma, es aplicable por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, tomo XXX, octubre de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en la ciudad de León, Guanajuato es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tiene ejecución en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con sede en León. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en León, en turno, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Atento a lo acordado en parágrafos precedentes, es innecesario celebrar la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el treinta de enero de dos mil diecinueve, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, devolvió el exhorto número 15/2019 del índice de este juzgado debidamente diligenciado, al que adjuntó las constancias del emplazamiento practicado a la tercera interesada ************en la misma data. De lo que antecede, queda evidenciado que para la parte tercera interesada en comento aún no han trascurrido los ocho días para que se imponga de las constancias que obran en autos; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil diecinueve. Es aplicable al caso, por no oponerse a la vigente Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2000, visible en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, Materia Común, de rubro y texto: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el exhorto número 15/2019 del índice de este juzgado, que devuelve debidamente diligenciado la secretaria del juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, al que adjuntó las constancias del emplazamiento realizado a la tercera interesada ********************. En mérito de lo anterior, se ordena dar de baja la comunicación oficial en cita del libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Sergio Santos Juárez565/2021
- Sergio Torres Fuentes347/2020
- Sergio Vega Ramos679/2021
- Sergio Vizcaya Gutiérrez136/2023
- Sergio Vizcaya Gutiérrez954/2023
- Serio Aranda Gómez488/2016
- Severa Arellano Raya878/2016
- Severiana Delgado García212/2016
- Shaker Alfredo Sayeg Pérez469/2019
- Sidonia Acosta González578/2018
- Sidonia Acosta González904/2023
- Sigma Alimentos Lácteos612/2018