Sergio Santos Juárez

Expediente 565/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
565/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Sergio Santos Juárez
  • Ruben Santos Salinas
  • SERGIO SANTOS JUÁREZ y Otros.
  • RUBEN SANTOS SALINAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    El veintiséis de agosto de dos mil veintidós el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, César Antonio Hernández León, da cuenta con el estado que guardan los autos, y certifica: que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que hiciera manifestación en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veintitrés al veinticinco de agosto del presente año, sin que lo haya hecho. Por otra parte, se hace constar que no obran documentos originales. Conste.Celaya, Guanajuato, veintiséis de agosto de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que a la fecha desahogara dicha vista; por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida. En sentencia emitida el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, en contra de actos atribuidos al juez de Ejecución en Materia Penal, con sede en Acámbaro, Guanajuato, concretamente: "Deje insubsistente el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, en la carpeta de ejecución 44/2020 y con plenitud de jurisdicción dicte otra en la que, purgue los vicios formales que afectan la determinación." Dicha resolución causó ejecutoria en proveído de veintisiete de junio pasado, y se dio vista a la parte quejosa con su cumplimiento, el cual fue informado por la autoridad responsable mediante oficio registrado con el número 4833 (reservado a proveer en acuerdo de diecinueve de abril del año en curso), al que adjuntó copia del acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de ejecución de origen, del que se advierte: Que dejó insubsistente la determinación de nueve de junio de dos mil veintiuno; y, Con plenitud de jurisdicción dictó otra en la que purgó los vicios formales que fueron materia de la sentencia de amparo (relacionados con la motivación y fundamentación). En dicho acuerdo en lo que aquí interesa, se determinó: En esas condiciones, si la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, en la carpeta de ejecución 44/2020 y con plenitud de jurisdicción dictó otra en la que, purgó los vicios formales que la afectaban, esto es, fundó y motivó la respuesta a su petición relacionada con el beneficio de libertad anticipada en su favor, se concluye que se le ha restituido en el pleno goce de su derecho violado, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese contexto, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, en cumplimiento a los artículos 18, inciso b) y 21 inciso C) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo; mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión es destruible; debiéndose conservar, la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído que ordena el archivo del juicio en que se actúa como asunto totalmente concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Por lo que respecta a los tomos de pruebas que adjuntó la juez responsable a su informe de ley, toda vez que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución.

  2. Principal

    Visto el correo electrónico enviado por el Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado, sede Acámbaro, Guanajuato, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de junio y once de agosto de presente año, dentro del despacho 396/2022-II, del índice de este juzgado, con el que notifica el cumplimiento de la sentencia; de lo que se toma conocimiento y una vez que transcurra el termino otorgado, se proveerá lo conducente. En consecuencia, dese de baja en la estadística de este juzgado la comunicación de mérito y háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de comunicaciones oficiales enviadas, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cabe destacar que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO."

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, esta juzgadora declaró que la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria; además, dio vista a las partes con el cumplimiento dado a dicha determinación. Ahora, con la finalidad de notificar personalmente ese auto a la parte quejosa, se giró el despacho 396/2022 del índice de este juzgado federal, el cual no obra en autos y tampoco el acuse de recibo correspondiente. En tal virtud, a fin de evitar mayor dilación procesal, mediante oficio que derive del presente asunto, se ordena la reimpresión de la comunicación oficial enviada 396/2022 y su envió por medio del servicio de mensajería acelerada (ESTAFETA).

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2° se declara que ha causado ejecutoria. Se destaca que las autoridades responsables son autoridades jurisdiccionales, puesto que son integrantes del Poder Judicial del estado de Guanajuato y, por tanto, carecen de legitimación para recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 183709, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de 2003, página 23, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por tanto, se levanta la reserva ordenada en proveído de siete de abril de la presente anualidad, en el que se recibió el cumplimiento de la responsable y se provee: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia el oficio registrado con el número de correspondencia 4833, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin perjuicio de que este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien toda vez que el quejoso se encuentra recluido, a saber, en el CEPRESO de Acámbaro, Guanajuato. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, gírese atento despacho electrónico al Juez de Oralidad Penal en Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique la sentencia dictada en el juicio en que se actúa el veintiocho de marzo pasado al quejoso Sergio Santos Juárez. Una vez practicada la diligencia encomendada deberá remitir las constancias que así lo acrediten, lo cual podrá hacerlo por la vía electrónica utilizando la dirección de correo 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.

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