Servicios de Salud de Zacatecas.
Expediente 665/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Zacatecas.
Actuaciones
- Principal
En veintidós de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del quince al veintiuno de mayo del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de siete de mayo del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo número 665/2015. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de mayo de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de siete de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Servicios de Salud de Zacatecas, por conducto de sus apoderados legales José Luis Rodríguez Alvarado y Omar Jacobo Benítez Martínez, contra actos de la Secretaría de la función Pública, con sede en México Distrito Federal; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
EnZACATECAS, ZACATECAS, A SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Como está ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con las copias del escrito de ampliación de la demanda de garantías, acuérdese lo conducente respecto de los nuevos actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil catorce, específicamente su artículo 22, fracción IV; y la expedición y publicación de la resolución miscelánea fiscal para dos mil quince, específicamente por lo que respecta a las reglas 2.8.1.4. y 2.8.1.5., publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil catorce, vigente a partir de uno de enero del propio año; y el anexo 24 publicado el día cinco del mes y año citados. Así pues, una vez analizados los actos reclamados, se concluye que RESULTA PROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, respecto de los efectos y consecuencias de los normativos impugnados, en atención a los argumentos siguientes: En principio, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderando de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrara el interés social que justifique su otorgamiento, y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautela tendrá por efecto modificar, restringir derecho, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Pues bien, el primero de ellos que denota la instancia de parte agraviada principio rector del juicio de amparo, pues nadie mejor que el quejoso puede estimar hasta qué punto le perjudica dicha ejecución, por tanto a él compete el impulso procesal, se colmó plenamente toda vez que en su demanda solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues éstos deben tutelarse si y sólo si no están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador; sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna e en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."". Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3°.A J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan con figurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad."". Así, debe tenerse presente que se trata de nociones estrechamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social', se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, en el caso se considera que al concederse la suspensión de los actos reclamados, no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes, consisten en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más agiles y eficientes, también lo es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación. Esto es, por lo que respecta al buzón tributario, el otorgamiento de la suspensión sólo tiene por efecto deshabilitar la obligación de emplear dicho mecanismo como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, de lo que se sigue que los actos y resoluciones administrativas que ésta emita deberán notificarse a los quejosos a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, en tanto que éstos deberán desahogar los requerimientos que les sean formulados, así como presentar sus promociones, solicitudes y avisos directamente ante la autoridad hacendaria en documento impreso, o bien, a través de otros medios electrónicos en documento digital, de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables. Por cuanto hace el envío de la información contable, el efecto de la suspensión se traduce en desincorporación de la esfera jurídica de los quejosos el deber de remitirla mensualmente a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto se decide el juicio de amparo en lo principal, empero no significa que la autoridad hacendaria este en para solicitárselas a efecto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que ello puede realizarlo a través de cualquiera de los procedimientos de fiscalización distintos de la revisión electrónica previsto en la ley, como lo son, la revisión de gabinete y la vista domiciliaria. Luego, resulta claro que la concesión de la suspensión contra la aplicación de los normativos reclamados, no impide que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación, ya que para ello se pueden emplear otros medios de comunicación y los procedimientos ordinarios de fiscalización, de lo que se sigue que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés que tiene la sociedad en que los gobernados cumplan con el deber constitucional de contribuir al gasto público. No acceder a lo anterior, implica que ante una eventual concesión de amparo no sería posible materializar sus efectos, particularmente por lo que se refiere a la información contable, dado que al integrarse en el sistema de contabilidad electrónico implementado para los efectos antes precisados, la información ya recibida no podría revertirse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a los dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público no afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyente, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria." NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, respecto de los actos reclamados y autoridades precisados en el punto II.2.1. y considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ARNULFO SÁNCHEZ DOVALÍ, quien promovió por conducto de sus apoderados Yolanda Ávila Saucedo y Artemio Robles Bañuelos, contra el acto y autoridad responsable, así como para los efectos precisados en considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
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