Servicio Postal Mexicano

Expediente 628/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
628/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Servicio Postal Mexicano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El Secretario CERTIFICA: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo a la parte quejosa para interponer recurso de revisión, transcurrió del quince al veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno; asimismo: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino; así como que no existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. Que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación que antecede. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de siete del mes y año en curso que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera, se hace la aclaración que se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su devolución o sobre su destino; así como tampoco existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles

  2. Principal

    En diez de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al Secretario encargado del despacho con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que no le fue posible notificar en forma personal al tercero interesado Eduardo Raygoza García, el auto de siete de agosto de la presente anualidad, en razón de que no obra domicilio dentro del presente juicio de amparo para oír notificaciones de su parte; en consecuencia, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación de la referida resolución, así como las posteriores de carácter personal, practíquenseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Alicia

  3. Principal

    En siete de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con un oficio con folio 10608 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 47), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en veinticinco de julio del año en curso remite la copia certificada de la constancia de la notificación realizada al quejoso Servicio postal Mexicano en el juicio laboral 250/2007, en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama toralmente: "a) Le reclamo el omitir dictar acuerdo respecto del escrito presentado por mi representada según sello fechador con fecha 10 de marzo del año 2017, ante esa H. Junta Especial tal y como lo dispone la ley Federal del Trabajo, esto en los autos del juicio laboral número 250/2007 tramitado ante esa H. Junta. b) Le reclamo la notificación a las partes de manera persona pronta y expedita, así como las subsecuentes en el presente juicio". Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su oficio de cuenta recibido en este Juzgado en cuatro del mes y año en curso, en cumplimiento al requerimiento de trece de julio del mismo año remitió la copia certificada de la notificación del auto dictado por esa autoridad el seis de julio de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral 250/2007; documental que cuenta con valor probatorio, al tratarse de un documento público y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (once de junio del año en curso), la autoridad responsable llevó a cabo la notificación del acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, por medio del cual acordó el escrito presentado por la parte quejosa ante esa autoridad responsable el diez de marzo de dos mil diecisiete, en el cual le indicó que después de un estudio minucioso no se ha apersonado Enrique Zermeño Llamas al expediente laboral 0250/2007 y que no obra constancia en la que se le tenga personalidad reconocida a Enrique Zermeño Llamas como apoderado legal de Servicio Postal Mexicano, aunado a que no exhibe documento alguno que lo acredite como tal y tampoco lo solicitó. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la circunstancia de que se había omitido dictar acuerdo respecto del escrito presentado por el quejoso según sello fechador con fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, ante esa H. Junta Especial y la notificación, por lo que al dictarse el auto de seis de julio de dos mil diecisiete, por medio del cual se le acuerda el escrito presentado el diez de marzo y su notificación realizada el tres de agosto de dos mil diecisiete, como consta en autos, debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con la notificación del auto del seis de julio de dos mil diecisiete llevado a cabo al apoderado legal de del Organismo Público Descentralizado Servicio Postal Mexicano aquí quejoso, han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con diez minutos del siete de septiembre de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Alicia

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 7 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO:"Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 47), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en veinticinco de julio del año en curso remite la copia certificada de la constancia de la notificación realizada al quejoso Servicio postal Mexicano en el juicio laboral 250/2007, en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama toralmente: "a) Le reclamo el omitir dictar acuerdo respecto del escrito presentado por mi representada según sello fechador con fecha 10 de marzo del año 2017, ante esa H. Junta Especial tal y como lo dispone la ley Federal del Trabajo, esto en los autos del juicio laboral número 250/2007 tramitado ante esa H. Junta. b) Le reclamo la notificación a las partes de manera persona pronta y expedita, así como las subsecuentes en el presente juicio". Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su oficio de cuenta recibido en este Juzgado en cuatro del mes y año en curso, en cumplimiento al requerimiento de trece de julio del mismo año remitió la copia certificada de la notificación del auto dictado por esa autoridad el seis de julio de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral 250/2007; documental que cuenta con valor probatorio, al tratarse de un documento público y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (once de junio del año en curso), la autoridad responsable llevó a cabo la notificación del acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, por medio del cual acordó el escrito presentado por la parte quejosa ante esa autoridad responsable el diez de marzo de dos mil diecisiete, en el cual le indicó que después de un estudio minucioso no se ha apersonado Enrique Zermeño Llamas al expediente laboral 0250/2007 y que no obra constancia en la que se le tenga personalidad reconocida a Enrique Zermeño Llamas como apoderado legal de Servicio Postal Mexicano, aunado a que no exhibe documento alguno que lo acredite como tal y tampoco lo solicitó. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la circunstancia de que se había omitido dictar acuerdo respecto del escrito presentado por el quejoso según sello fechador con fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, ante esa H. Junta Especial y la notificación, por lo que al dictarse el auto de seis de julio de dos mil diecisiete, por medio del cual se le acuerda el escrito presentado el diez de marzo y su notificación realizada el tres de agosto de dos mil diecisiete, como consta en autos, debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con la notificación del auto del seis de julio de dos mil diecisiete llevado a cabo al apoderado legal de del Organismo Público Descentralizado Servicio Postal Mexicano aquí quejoso, han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con diez minutos del siete de septiembre de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."

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