Servicios de Salud de Oaxaca y Otros.
Expediente 287/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Oaxaca y Otros.
- Servicios de Salud de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental ""....""" Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Requerimiento a la parte quejosa En otro aspecto, se advierte que en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, previo cotejo, se dejó a disposición de la parte quejosa la copia certificada del instrumento notarial número ""....."" Volumen ""....."", de cinco de febrero de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número ""....."" para el Estado de Oaxaca, la cual se encuentra guardada en la Secretaría de este Juzgado, sin que a la fecha la parte quejosa haya comparecido a recoger la misma. Asimismo, la parte quejosa con su demanda de amparo acompañó entre otras, copia con firmas autógrafas de la resolución del recurso de revisión de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral "".....""" . ""...."""" Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este Juzgado, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente para que reciba tales documentales en el plazo indicado o autorice personas para ello; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Para lo anterior, la parte quejosa deberá tomar en cuenta que, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diverso 1/2022, con relación al período de vigencia, el personal de este órgano jurisdiccional labora con personal limitado en horario de nueve horas con quince minutos a quince horas quince minutos. Apercíbasele que de no comparecer en el plazo concedido, sin ulterior acuerdo, las documentales de que se trata serán destruidas junto con el expediente. Notifíquese personalmente
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental ""....""" Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Requerimiento a la parte quejosa En otro aspecto, se advierte que en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, previo cotejo, se dejó a disposición de la parte quejosa la copia certificada del instrumento notarial número ""....."" Volumen ""....."", de cinco de febrero de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número ""....."" para el Estado de Oaxaca, la cual se encuentra guardada en la Secretaría de este Juzgado, sin que a la fecha la parte quejosa haya comparecido a recoger la misma. Asimismo, la parte quejosa con su demanda de amparo acompañó entre otras, copia con firmas autógrafas de la resolución del recurso de revisión de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral "".....""" . ""...."""" Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este Juzgado, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente para que reciba tales documentales en el plazo indicado o autorice personas para ello; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Para lo anterior, la parte quejosa deberá tomar en cuenta que, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diverso 1/2022, con relación al período de vigencia, el personal de este órgano jurisdiccional labora con personal limitado en horario de nueve horas con quince minutos a quince horas quince minutos. Apercíbasele que de no comparecer en el plazo concedido, sin ulterior acuerdo, las documentales de que se trata serán destruidas junto con el expediente. Notifíquese personalmente
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por "....."", quien se ostenta como representante legal de """....."""" en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 287/2022. En ese tenor, toda vez que el promovente, exhibe copia certificada del instrumento notarial número "...."" y dos, Volumen "...."", de cinco de febrero de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público """".....""" para el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta. Asimismo, como lo solicita, en términos de los artículos 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, párrafo segundo, se ordena al secretario de este órgano jurisdiccional practique el cotejo de la copia certificada del citado instrumento notarial, con la copia simple que acompaña y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, segundo párrafo, devuélvase la aludida documental al promovente del amparo; misma que queda a su disposición, para que comparezca a este Juzgado, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente para que reciba tal documental o autorice personas para ello; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Para lo anterior, la parte quejosa deberá tomar en cuenta que, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES """...."" ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diverso 1/2022, con relación al período de vigencia, el personal de este órgano jurisdiccional labora con personal limitado en horario de nueve horas con quince minutos a quince horas quince minutos. Desechamiento de plano Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se destaca que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: Actos reclamados "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Los actos reclamados son los siguientes: A la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora en los numerales 1 y 2 se reclama: (refiriéndose a los Miembros que integran la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Presidente Ejecutor de dicha Junta). ? La Resolución del Recurso de Revisión dictada el 16 dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje dentro del juicio laboral ".....""", mediante el cual se impugnó el auto de ejecución de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca. ? La omisión de entrar al estudio del Primer Agravio, donde se acredito plenamente el cálculo indebido de actualizaciones, favoreciendo de forma indebida al actor por una diferencia errónea por la cantidad de """....."" cantidad que indebidamente calculó la responsable en el auto que se combate, violentando lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, así como violentando los artículos 841 y 842 de la misma, por la carente fundamentación y Motivación al resolver el recurso que por esta vía se recurre. ? La omisión de No referirse en su totalidad al Segundo Agravió, del recurso presentado, sin entrar al estudio del argumento del daño de imposible reparación que se ocasionaría a mi representada al afectar sus recursos públicos para cumplir su objeto, más aun siendo esta afectación proveniente de un acto viciado que resulta ARBITRARIO Y EXCESIVO, implicando que mi representada sea gravemente afectada al imposibilitarla a cumplir su objeto. """.....""" En su carácter de ordenadora, al emitir un auto de ejecución de fecha 11 de junio de 2021, mediante el cual ordena el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca . En su carácter de ordenadora se reclama, la orden escrita consistente en el Acuerdo de fecha 15 de junio de 2021, que emitió el Presidente Ejecutor dentro del juicio laboral número """...."", donde se ordena girar oficios a las instituciones bancarias que se describen en la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada el día 14 de junio del 2021, siendo las siguientes cuentas proporcionadas por el actor y su apoderado legal, donde señalaron ocho cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: """....."" aperturadas en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; """.....""", aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 9868023372 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 Oaxaca; así como, "....."" aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de los Servicios de Salud de Oaxaca. Actos que se originaron y son consecuencia del acuerdo de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, mismo que fuera recurrido oportunamente al ser notificado el día 14 de junio del 2021, presentando el recurso de revisión el día 17 de junio del 2021 siendo notificada la resolución que por esta vía se impugna el 22 de febrero del presente año. Conociendo el presente acto de autoridad el día 28 de febrero del 2021, al consultar el expediente y solicitar copias certificadas de los acuerdos y actos de autoridad derivados del auto de 11 de junio del 2021. En su carácter de ejecutora se reclama, la orden escrita consistente en oficios números: 1898/2021 1899/2021, 1900/2021 y 1900/2021(se duplica, con diferente destinatario), fechados el 15 de junio de 2021, signados por el Presidente Ejecutor de !a Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, dirigidos a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (BANORTE); BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX); HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.; y, BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; a efecto de "Informar a esta autoridad sobre el cumplimiento dado a lo especificado y solicitado por el C. Actuario adscrito a esta junta especial, en su oficio sin número de fecha catorce del mes y año que trascurre" llevar a cabo el embargo y bloqueo de ocho cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: """....""" aperturadas en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; 1128049762, 1128049799 y 1128049780 aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 9868023372 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 """....""" Oaxaca, así como, 406608045-8 y 406608104-3 aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de los Servicios de Salud de Oaxaca. -Al respecto es importante recalcar que con dicho acto la presente autoridad responsable, valido los 4 cuatro oficios IRREGULARES, por el actuario adscrito a esa Junta Especial, ya que los mismos fueron emitidos y presentados en dichas instituciones sin formalidad legal horas después de la diligencia celebrada por él, el día 14 del mismo mes y año, sin que en ellos se aprecie la debida y necesaria FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, para ordenar congelar las cuentas y poner a disposición del actor cheque de caja por la cantidad de """....."""), sin contar estos con la formalidad necesaria como lo es: números de oficios, fundamentación y motivación. -Resultando de igual forma irregular que la Apoderada del actor el día 14 de junio del 2021, siendo las 15:00 horas solicitara al Presidente Ejecutor de la Junta 2 bis , de la Local de Conciliación y Arbitraje, girara los oficios a las instituciones bancarias para expedir cheque de caja y los pusieran a disposición de esa autoridad, cuándo estos ya habían sido emitidos de forma IRREGULAR, por el actuario un día antes del acuerdo a su petición, y más sorprendente resulta que un día después, se regularicen y justifiquen dichos actos viciados y carentes de legalidad. En su carácter de ordenadora se reclama, que, sin seguir las formalidades previstas en la Ley Federal del Trabajo, ordeno el embargo y bloqueo en las cuentas bancarias 1128049762 aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, 406608104-3 aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, recursos destinados al pago de nómina del personal y a otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca, en cada una de ellas por la cantidad de """"...."""""" El exceso en el embargo y bloqueo de los saldos en moneda nacional que se localicen en las cuentas bancarias 1128049762 aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, """"....."""" aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, destinados otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca y al pago de nómina, por requerimientos en cada cuenta que se ejecutó el embargo por la cantidad de """.....""" realizando en exceso embargos por """....""" al haberse trabajado (sic) embargo y bloqueado en cuentas del Organismo quejoso. La omisión de proteger la cuenta bancaria que forman parte de Bienes del Patrimonio del Estado de Oaxaca, destinados otorgar servicios de salud a la población, Ejecutar el embargo de """....."" la """"...."""", aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC . - Sin tornar en consideración que la cuenta referida está debidamente registrada en el SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS (RCB) QUE ADMINISTRA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. - Que dichos recursos provienen de un convenio con la Federación y tienen un fin en específico de acuerdo con el anexo 4 monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del "Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicio de salud, medicamento y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el título tercero BIS de la Ley General de Salud celebrado por el ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca" en su obligación de realizar la aportación solidaria Estatal Liquida, con los cuales se garantizan que las unidades médicas cuenten con los insumos necesarios para proporcionar los servicios de salud a la población abierta en todo el territorio del Estado. La omisión de proteger la cuenta bancaria """...."""" aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, y del Fondo de Aportaciones del Sistema de Salud FASSA, destinada para el pago de nómina del personal médico y de enfermería. Inobservancia al procedimiento de Embargo previsto por los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, así como la excepción prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 5°, párrafos Primero y Segundo. de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y, artículo Quinto y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, de dictar acto de ejecución en contra del Organismo quejoso. A la autoridad señalada como ejecutora en el numeral 3, se le reclaman los siguientes actos: (refiriéndose al actuario de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado) La emisión de la orden escrita en 4 cuatro oficios sin número de fechas 14 de junio del 2021 ordenando el congelamiento de cuentas y exhibición de cheques de caja a favor del actor """....""""", hasta por la cantidad de $ "".....""""" correspondientes a las claves interbancarias de las cuentas de las siguientes instituciones: Cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: """...."""" aperturada en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; """...."""" aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 002610 7017 1549017 1 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 Oaxaca; así como, """....""" aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca. """.....""" Es importante manifestar y recalcar que los actos de autoridad que se describen anteriormente son irregulares e ilícitos, al carecer dichos oficios de la debida FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, y haberse emitido, tramitado y entregado horas después de la diligencia de 14 de junio celebrada por dicho actuario, oficios que no contaban con número de oficio y registro en la junta, ni fundamento legal para su actuar, haciendo notoria aún más la irregularidad, que ese día a las 15:00 horas la apoderada del actor solicito al Presidente de la Junta dos bis, la emisión de los mismos cuando ya habían sido diligenciados en varios sitios de la ciudad por una misma persona. El exceso en la ejecución de embargo y bloqueo de los saldos en moneda nacional que se localicen en las cuentas bancarias ""...."""""" con clave interbancaria """....."""" aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, """.....""" con clave interbancaria """""....""""" aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, recursos destinados al pago de nómina y otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca, por requerimientos en cada cuenta que se ejecutó el bloqueo por la cantidad de """"....""""" realizando en exceso embargos por """.....""" al haberse trabado embargo y bloqueado en cuentas del Organismo quejoso. La omisión de proteger la cuenta bancaria que forman parte de Bienes del Patrimonio del Estado de Oaxaca, destinados otorgar servicios de salud a la población, Ejecutar el embargo de la """....."""""", aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. - Sin tomar en consideración que la cuenta referida está debidamente registrada en el SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS (RCB) QUE ADMINISTRA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. - Que dichos recursos provienen de un convenio con la Federación y tienen un fin en específico de acuerdo con el anexo 4 monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del "Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicio de salud, medicamento y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el título tercero BIS de la Ley General de Salud celebrado por el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca" en su obligación de realizar la aportación solidaria Estatal Liquida, con los cuales se garantizan que las unidades médicas cuenten con los insumos necesarios para proporcionar los servicios de salud a la población abierta en todo el territorio del Estado. La omisión de proteger la cuenta bancaria ""...."""" aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, del Fondo de Aportaciones del Sistema de Salud FASSA, destinada para el pago de nómina del personal médico y de enfermería. Inobservancia al procedimiento de Embargo previsto por los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, así como la """....""" excepción prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 5º, párrafos Primero y Segundo, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y, artículo Quinto y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, de dictar acto de ejecución en contra del Organismo quejoso. A las Autoridades señaladas como Ejecutoras señaladas en los puntos 4,5,6 y 7 se les reclama: (refiriéndose a los bancos BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC., CADA UNO EN DOS DOMICILIOS DIFERENTES, POR SER SUCURSALES DIVERSAS) El bloqueo de los saldos en moneda nacional que se localicen en las cuentas bancarias ""....."" con clave interbancaria """....""" , aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, "".....""" con clave interbancaria """.....""" aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, recursos destinados al pago de nómina y otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca, por requerimientos en cada cuenta que se ejecutó el bloqueo por la cantidad de """.....""", así como la expedición de cheques certificados o de caja a favor del actor """.....""", puestos a disposición del Presidente Ejecutor de la H. Junta Especial número dos bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. A la autoridad señalada en el numeral 8 se reclama: (señalando Como tal al Congreso de la Unión). La discusión, votación y aprobación de la Ley Federal del Trabajo vigente, dentro del marco de sus facultades expeditas para llevar a cabo el proceso legislativo de aprobación de leyes que le otorga nuestra Carta Magna en su artículo 71, 72, 73 y demás numerales similares, toda vez que resultan ser inconstitucionales el contenido de los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, por violar la garantía de seguridad jurídica, al no prever expresamente que el embargo no puede aplicarse sobre cuentas bancarias que se encuentren inscritas en el Sistema de Cuenta Única de la Tesorería y no respetar el mismo nivel jerárquico de leyes Federales emitidas heterónomamente por el constituido en pleno ejercicio de las atribuciones prevista por el artículo 73 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta una violación a una norma de carácter general que le impide expresamente a las autoridades señaladas como responsables, embargar y disponer de los recursos que se encuentran bajo la tutela del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 5°, párrafos Primero y Segundo, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y, artículo Quinto y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, toda vez que las leyes en referencia no distinguen la supremacía o subordinación de una con otra. A la autoridad señalada en el numeral 9 se reclama: (señalando como tal al Presidente de la República.) La promulgación de la Ley Federal del Trabajo vigente, dentro del marco de sus facultades expeditas para llevar a cabo el """...""" proceso legislativo de aprobación de leyes que le otorga nuestra Carta Magna en sus artículos 71, 89, fracción I y demás numerales similares. A la autoridad señalada en el numeral 10 se reclama: (refiriéndose al Secretario de Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México) El refrendo de la Ley Federal del Trabajo vigente, de conformidad a sus atribuciones y ámbito de competencia, con fundamento en la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica de Ia Administración Pública Federal. A la autoridad señalada en el numeral 11 se reclama: (refiriéndose al Titular del Diario Oficial de la Federación) La publicación de la Ley Federal del Trabajo vigente de forma Oficial, el día 30 de noviembre del año 2012. Desechamiento de plano Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que en contra el acto reclamado consistente en la resolución del recurso de revisión dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje dentro del juicio laboral """....""", mediante el cual se impugnó el auto de ejecución de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, en el que se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, este último interpretado en sentido contrario, los cuales respectivamente disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." """".....""" De la interpretación de estos preceptos se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en juicio en ejecución de sentencia, procede siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado emane del procedimiento de ejecución de sentencia y no constituya la última resolución dictada en el mismo. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Al efecto, resulta ilustrativa en aplicación por analogía la jurisprudencia 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que señala: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la 1 Consultable en la página 31, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta """...."" ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual forma, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia con registro digital 2001059, de los Tribunales Colegiados de Circuito2 , que señala: ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aún los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, 2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1515 """....""" página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. Ahora bien, como ya se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la resolución del recurso de revisión dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje dentro del juicio laboral """"...."""", mediante el cual se impugnó el auto de ejecución de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, en el que se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, fue dictada en la etapa de ejecución de laudo. De lo anterior resulta claro que los actos realizados por la Junta del procedimiento, fueron dictados dentro de la fase de ejecución de sentencia en el referido expediente laboral; es decir, se trata de una resolución intermedia dictada en la fase ejecutiva, por tanto, no es una resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución, porque no se trata de la resolución que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, ni ordena el archivo definitivo del expediente, que son en contra de las cuales procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que persigue se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, """....""" Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como conceptos de violación en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la sentencia, o la imposibilidad jurídica y material para ello, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías biinstancial. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia VI. 2o.J/27 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que señala: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada respecto del aludido acto reclamado. Por otra parte, contra los actos reclamados consistentes en el auto de ejecución de fecha 11 de junio de 2021, mediante el cual ordena el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, así como la orden escrita consistente en el acuerdo de fecha 15 de junio de 2021, que emitió el Presidente Ejecutor dentro del juicio laboral número ""...."", donde se ordena girar oficios a las instituciones bancarias que se describen en la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada el día 14 de junio del 2021, siendo las siguientes cuentas proporcionadas por el actor y su apoderado legal, donde señalaron ocho cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: ""...."" aperturadas en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; 1128049762, 1128049799 y 1128049780 aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 9868023372 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 Oaxaca; así como, 406608045-8 y 406608104-3 aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de los Servicios de Salud de Oaxaca. Actos que se originaron y son consecuencia del acuerdo de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena cubrir el pago del laudo más """....""" actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, mismo que fuera recurrido oportunamente al ser notificado el día 14 de junio del 2021, presentando el recurso de revisión el día 17 de junio del 2021 siendo notificada la resolución que por esta vía se impugna el 22 de febrero del presente año, así como contra el embargo realizado el catorce de junio de dos mil veintiuno, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)." En efecto, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; la causa invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Así, para su actualización requiere que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para argumentar lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su numeral 2°, en relación con la jurisprudencia 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007, Novena Época, de rubro: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE; se tiene como hecho notorio, sin necesidad que se certifiquen las constancias relativas del juicio de amparo """......"" del índice de este órgano de control constitucional, promovido por ".....""" en su carácter de representante legal de """.....""", en el que reclamó de los Miembros que integran la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidente Ejecutor de la Junta Especial "...."" Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo siguiente: ?La resolución dictada el nueve de junio de dos mil veintiuno en el recurso de revisión dentro del juicio laboral """.....""" y acumulado ""...."", notificada el once de junio de dos mil veintiuno. ?La emisión del auto de ejecución de once de junio de dos mil veintiuno. ?El auto de ejecución de once de junio de dos mil veintiuno. ?La emisión del acuerdo u oficio que obligue a instituciones bancarias BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. CITIBANAMEX y BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, expedir a favor del tercero interesado un cheque certificado o de caja por la cantidad de tres millones seiscientos cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos, quince centavos, moneda nacional. En tanto que del Actuario adscrito al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, reclama: ?La ejecución material del auto de ejecución de once de junio de dos mil veintiuno. ? La diligencia de requerimiento de pago o embargo practicada a las 12:40 horas del catorce de junio de dos mil veintiuno. ?La expedición y notificación del acuerdo u oficio que obligue a instituciones bancarias BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. CITIBANAMEX y BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, expedir a favor del tercero interesado un cheque certificado o de caja por la cantidad de tres millones seiscientos cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos, quince centavos, moneda nacional. Mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el aludido juicio de amparo """....""" y, en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la misma y se ordenó el archivo del asunto (para lo cual agréguese copia de la demanda, sentencia e interlocutoria del incidente de dicho amparo a este expediente para los fines legales consiguientes). De ese dato, queda de manifiesto que, se actualizaba la hipótesis señalada en el inciso b), -Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución-; toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento desde que presentó la demanda de amparo "".....""", a saber, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia de ello, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, tomando como referencia la presentación de la demanda de amparo """...."""", ya transcurrió. Por tanto, si la presente demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el quince de marzo de dos mil veintidós, indefectiblemente se """.....""" puso de manifiesto que la demanda constitucional se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación resulta ser extemporánea; y por ello se desecha la demanda de que se trata. Con la que precisión de que, aunque en este nuevo juicio de amparo reclama la orden escrita consistente en el acuerdo de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, que emitió el Presidente Ejecutor dentro del juicio laboral número """....."", donde se ordena girar oficios a las instituciones bancarias que se describen en la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada el día catorce de junio del dos mil veintiuno, lo cierto es que, como se aprecia de la lectura del proveído de quince de junio (cuya copia anexa la quejosa), no es más que la ejecución de lo ordenado en el diverso acuerdo de once de junio de ese año, pues el embargo de catorce de ese mes y año, en las cuentas bancarias de la quejosa moral, deriva del mismo acuerdo de once de junio; sin embargo, como en el juicio de amparo ".....""""", ya mencionado, se concedió la suspensión de la ejecución del embargo de la cuentas bancarias, por lo que al haberse sobreseído este último juicio, la junta de conciliación tenía que continuar con la ejecución del embargo que ya había sido reclamado en el aludido juicio de amparo, por ello, no puede considerase como un acto autónomo, sino que depende del acuerdo ya reclamado del amparo anterior. Por tanto, es válido concluir también que al existir identidad se actualiza la causa de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el juicio de amparo indirecto ""....""", promovido por la misma parte quejosa, contra los mismos actos reclamados, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resoluciones que resultan inmodificables, por ser la verdad legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales "".....""" de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata por lo que respecta a los mencionados actos reclamados. En otro aspecto, en cuanto a los actos reclamados consistentes en la discusión, votación, aprobación, promulgación, refrendo y la publicación de la vigente, dentro del marco de sus facultades expeditas para llevar a cabo el proceso legislativo de aprobación de leyes que le otorga nuestra Carta Magna en su artículo 71, 72, 73 y demás numerales similares, toda vez que resultan ser inconstitucionales el contenido de los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, es precisar que los preceptos legales que tilda de inconstitucionales, los reclama como aplicación en la diligencia de requerimiento de pago o embargo practicada el catorce de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral acumulado en comento. Luego, se tiene en cuenta que cuando se impugnan normas de carácter general, por estimar el particular que su sola entrada en vigor le causa perjuicio, es suficiente con que éste se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se estima que una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente observables; en otras palabras, el principio de ejecución se """.....""" realiza por la existencia misma de la ley, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que es necesario observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Por otra parte, tratándose del amparo promovido en contra de disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. De esta manera, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tenerse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento, o dicho acto voluntario, son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En ese orden de ideas, es factible deducir que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se """.....""" genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, pero también puede surgir de los actos de los propios particulares, ya sea que por la exigencia de la ley se coloquen por sí mismos en los supuestos previstos por la norma o, bien, que en su carácter de terceros actúen por mandato de la ley. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo contra normas, con motivo de los que se dice son su primer acto de aplicación, puede tener su origen de tres formas: por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación, por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma y por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia (s) Constitucional, Común, Novena Época, página 5 "....""" En el caso, la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad de la Ley de Ley Federal del Trabajo, específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 951 y 954, a partir de su acto de aplicación que lo hace consistir en el embargo en las cuentas bancarias de la Secretaría de Salud de Oaxaca, que realizó el actuario de la Junta Laboral responsable, el catorce de junio de dos mil veintiuno. En el caso, como se precisó en líneas anterior, la demanda de amparo fue desechada respecto del acto reclamado relativo a la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil veintiuno; por tanto, procede también desechar la demanda respecto de la norma impugnada, pues si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación reclamado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá desechar la demanda en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del tenor: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. "....."" En consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata por lo que respecta a los mencionados actos reclamados. Finalmente, cabe precisar que respecto a los actos que se reclaman de las autoridades responsables ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO; BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; y HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC., cada uno de estos bancos en dos domicilios diferentes, por ser sucursales diversas, corren la misma suerte de desechar la demanda, porque al señalarse como autoridades ejecutoras, se reclaman los actos en vías de ejecución, no por vicios propios. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Diego Miguel Gregorio, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente para imponerse de los autos y para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la ley de la materia, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la ""....."" Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por "....."", quien se ostenta como representante legal de """....."""" en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 287/2022. En ese tenor, toda vez que el promovente, exhibe copia certificada del instrumento notarial número "...."" y dos, Volumen "...."", de cinco de febrero de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público """".....""" para el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta. Asimismo, como lo solicita, en términos de los artículos 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, párrafo segundo, se ordena al secretario de este órgano jurisdiccional practique el cotejo de la copia certificada del citado instrumento notarial, con la copia simple que acompaña y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, segundo párrafo, devuélvase la aludida documental al promovente del amparo; misma que queda a su disposición, para que comparezca a este Juzgado, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente para que reciba tal documental o autorice personas para ello; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Para lo anterior, la parte quejosa deberá tomar en cuenta que, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES """...."" ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diverso 1/2022, con relación al período de vigencia, el personal de este órgano jurisdiccional labora con personal limitado en horario de nueve horas con quince minutos a quince horas quince minutos. Desechamiento de plano Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se destaca que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: Actos reclamados "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Los actos reclamados son los siguientes: A la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora en los numerales 1 y 2 se reclama: (refiriéndose a los Miembros que integran la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Presidente Ejecutor de dicha Junta). ? La Resolución del Recurso de Revisión dictada el 16 dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje dentro del juicio laboral ".....""", mediante el cual se impugnó el auto de ejecución de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca. ? La omisión de entrar al estudio del Primer Agravio, donde se acredito plenamente el cálculo indebido de actualizaciones, favoreciendo de forma indebida al actor por una diferencia errónea por la cantidad de """....."" cantidad que indebidamente calculó la responsable en el auto que se combate, violentando lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, así como violentando los artículos 841 y 842 de la misma, por la carente fundamentación y Motivación al resolver el recurso que por esta vía se recurre. ? La omisión de No referirse en su totalidad al Segundo Agravió, del recurso presentado, sin entrar al estudio del argumento del daño de imposible reparación que se ocasionaría a mi representada al afectar sus recursos públicos para cumplir su objeto, más aun siendo esta afectación proveniente de un acto viciado que resulta ARBITRARIO Y EXCESIVO, implicando que mi representada sea gravemente afectada al imposibilitarla a cumplir su objeto. """.....""" En su carácter de ordenadora, al emitir un auto de ejecución de fecha 11 de junio de 2021, mediante el cual ordena el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca . En su carácter de ordenadora se reclama, la orden escrita consistente en el Acuerdo de fecha 15 de junio de 2021, que emitió el Presidente Ejecutor dentro del juicio laboral número """...."", donde se ordena girar oficios a las instituciones bancarias que se describen en la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada el día 14 de junio del 2021, siendo las siguientes cuentas proporcionadas por el actor y su apoderado legal, donde señalaron ocho cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: """....."" aperturadas en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; """.....""", aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 9868023372 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 Oaxaca; así como, "....."" aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de los Servicios de Salud de Oaxaca. Actos que se originaron y son consecuencia del acuerdo de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, mismo que fuera recurrido oportunamente al ser notificado el día 14 de junio del 2021, presentando el recurso de revisión el día 17 de junio del 2021 siendo notificada la resolución que por esta vía se impugna el 22 de febrero del presente año. Conociendo el presente acto de autoridad el día 28 de febrero del 2021, al consultar el expediente y solicitar copias certificadas de los acuerdos y actos de autoridad derivados del auto de 11 de junio del 2021. En su carácter de ejecutora se reclama, la orden escrita consistente en oficios números: 1898/2021 1899/2021, 1900/2021 y 1900/2021(se duplica, con diferente destinatario), fechados el 15 de junio de 2021, signados por el Presidente Ejecutor de !a Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, dirigidos a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (BANORTE); BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX); HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.; y, BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; a efecto de "Informar a esta autoridad sobre el cumplimiento dado a lo especificado y solicitado por el C. Actuario adscrito a esta junta especial, en su oficio sin número de fecha catorce del mes y año que trascurre" llevar a cabo el embargo y bloqueo de ocho cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: """....""" aperturadas en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; 1128049762, 1128049799 y 1128049780 aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 9868023372 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 """....""" Oaxaca, así como, 406608045-8 y 406608104-3 aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de los Servicios de Salud de Oaxaca. -Al respecto es importante recalcar que con dicho acto la presente autoridad responsable, valido los 4 cuatro oficios IRREGULARES, por el actuario adscrito a esa Junta Especial, ya que los mismos fueron emitidos y presentados en dichas instituciones sin formalidad legal horas después de la diligencia celebrada por él, el día 14 del mismo mes y año, sin que en ellos se aprecie la debida y necesaria FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, para ordenar congelar las cuentas y poner a disposición del actor cheque de caja por la cantidad de """....."""), sin contar estos con la formalidad necesaria como lo es: números de oficios, fundamentación y motivación. -Resultando de igual forma irregular que la Apoderada del actor el día 14 de junio del 2021, siendo las 15:00 horas solicitara al Presidente Ejecutor de la Junta 2 bis , de la Local de Conciliación y Arbitraje, girara los oficios a las instituciones bancarias para expedir cheque de caja y los pusieran a disposición de esa autoridad, cuándo estos ya habían sido emitidos de forma IRREGULAR, por el actuario un día antes del acuerdo a su petición, y más sorprendente resulta que un día después, se regularicen y justifiquen dichos actos viciados y carentes de legalidad. En su carácter de ordenadora se reclama, que, sin seguir las formalidades previstas en la Ley Federal del Trabajo, ordeno el embargo y bloqueo en las cuentas bancarias 1128049762 aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, 406608104-3 aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, recursos destinados al pago de nómina del personal y a otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca, en cada una de ellas por la cantidad de """"...."""""" El exceso en el embargo y bloqueo de los saldos en moneda nacional que se localicen en las cuentas bancarias 1128049762 aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, """"....."""" aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, destinados otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca y al pago de nómina, por requerimientos en cada cuenta que se ejecutó el embargo por la cantidad de """.....""" realizando en exceso embargos por """....""" al haberse trabajado (sic) embargo y bloqueado en cuentas del Organismo quejoso. La omisión de proteger la cuenta bancaria que forman parte de Bienes del Patrimonio del Estado de Oaxaca, destinados otorgar servicios de salud a la población, Ejecutar el embargo de """....."" la """"...."""", aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC . - Sin tornar en consideración que la cuenta referida está debidamente registrada en el SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS (RCB) QUE ADMINISTRA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. - Que dichos recursos provienen de un convenio con la Federación y tienen un fin en específico de acuerdo con el anexo 4 monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del "Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicio de salud, medicamento y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el título tercero BIS de la Ley General de Salud celebrado por el ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca" en su obligación de realizar la aportación solidaria Estatal Liquida, con los cuales se garantizan que las unidades médicas cuenten con los insumos necesarios para proporcionar los servicios de salud a la población abierta en todo el territorio del Estado. La omisión de proteger la cuenta bancaria """...."""" aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, y del Fondo de Aportaciones del Sistema de Salud FASSA, destinada para el pago de nómina del personal médico y de enfermería. Inobservancia al procedimiento de Embargo previsto por los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, así como la excepción prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 5°, párrafos Primero y Segundo. de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y, artículo Quinto y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, de dictar acto de ejecución en contra del Organismo quejoso. A la autoridad señalada como ejecutora en el numeral 3, se le reclaman los siguientes actos: (refiriéndose al actuario de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado) La emisión de la orden escrita en 4 cuatro oficios sin número de fechas 14 de junio del 2021 ordenando el congelamiento de cuentas y exhibición de cheques de caja a favor del actor """....""""", hasta por la cantidad de $ "".....""""" correspondientes a las claves interbancarias de las cuentas de las siguientes instituciones: Cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: """...."""" aperturada en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; """...."""" aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 002610 7017 1549017 1 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 Oaxaca; así como, """....""" aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca. """.....""" Es importante manifestar y recalcar que los actos de autoridad que se describen anteriormente son irregulares e ilícitos, al carecer dichos oficios de la debida FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, y haberse emitido, tramitado y entregado horas después de la diligencia de 14 de junio celebrada por dicho actuario, oficios que no contaban con número de oficio y registro en la junta, ni fundamento legal para su actuar, haciendo notoria aún más la irregularidad, que ese día a las 15:00 horas la apoderada del actor solicito al Presidente de la Junta dos bis, la emisión de los mismos cuando ya habían sido diligenciados en varios sitios de la ciudad por una misma persona. El exceso en la ejecución de embargo y bloqueo de los saldos en moneda nacional que se localicen en las cuentas bancarias ""...."""""" con clave interbancaria """....."""" aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, """.....""" con clave interbancaria """""....""""" aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, recursos destinados al pago de nómina y otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca, por requerimientos en cada cuenta que se ejecutó el bloqueo por la cantidad de """"....""""" realizando en exceso embargos por """.....""" al haberse trabado embargo y bloqueado en cuentas del Organismo quejoso. La omisión de proteger la cuenta bancaria que forman parte de Bienes del Patrimonio del Estado de Oaxaca, destinados otorgar servicios de salud a la población, Ejecutar el embargo de la """....."""""", aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. - Sin tomar en consideración que la cuenta referida está debidamente registrada en el SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS (RCB) QUE ADMINISTRA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. - Que dichos recursos provienen de un convenio con la Federación y tienen un fin en específico de acuerdo con el anexo 4 monto de recursos a transferir y conceptos de gasto del "Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicio de salud, medicamento y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el título tercero BIS de la Ley General de Salud celebrado por el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca" en su obligación de realizar la aportación solidaria Estatal Liquida, con los cuales se garantizan que las unidades médicas cuenten con los insumos necesarios para proporcionar los servicios de salud a la población abierta en todo el territorio del Estado. La omisión de proteger la cuenta bancaria ""...."""" aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, del Fondo de Aportaciones del Sistema de Salud FASSA, destinada para el pago de nómina del personal médico y de enfermería. Inobservancia al procedimiento de Embargo previsto por los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, así como la """....""" excepción prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 5º, párrafos Primero y Segundo, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y, artículo Quinto y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, de dictar acto de ejecución en contra del Organismo quejoso. A las Autoridades señaladas como Ejecutoras señaladas en los puntos 4,5,6 y 7 se les reclama: (refiriéndose a los bancos BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC., CADA UNO EN DOS DOMICILIOS DIFERENTES, POR SER SUCURSALES DIVERSAS) El bloqueo de los saldos en moneda nacional que se localicen en las cuentas bancarias ""....."" con clave interbancaria """....""" , aperturada en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; y, "".....""" con clave interbancaria """.....""" aperturada en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de Servicios de Salud de Oaxaca, recursos destinados al pago de nómina y otorgar servicios de salud a la población en el Estado de Oaxaca, por requerimientos en cada cuenta que se ejecutó el bloqueo por la cantidad de """.....""", así como la expedición de cheques certificados o de caja a favor del actor """.....""", puestos a disposición del Presidente Ejecutor de la H. Junta Especial número dos bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. A la autoridad señalada en el numeral 8 se reclama: (señalando Como tal al Congreso de la Unión). La discusión, votación y aprobación de la Ley Federal del Trabajo vigente, dentro del marco de sus facultades expeditas para llevar a cabo el proceso legislativo de aprobación de leyes que le otorga nuestra Carta Magna en su artículo 71, 72, 73 y demás numerales similares, toda vez que resultan ser inconstitucionales el contenido de los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, por violar la garantía de seguridad jurídica, al no prever expresamente que el embargo no puede aplicarse sobre cuentas bancarias que se encuentren inscritas en el Sistema de Cuenta Única de la Tesorería y no respetar el mismo nivel jerárquico de leyes Federales emitidas heterónomamente por el constituido en pleno ejercicio de las atribuciones prevista por el artículo 73 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta una violación a una norma de carácter general que le impide expresamente a las autoridades señaladas como responsables, embargar y disponer de los recursos que se encuentran bajo la tutela del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 5°, párrafos Primero y Segundo, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y, artículo Quinto y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, toda vez que las leyes en referencia no distinguen la supremacía o subordinación de una con otra. A la autoridad señalada en el numeral 9 se reclama: (señalando como tal al Presidente de la República.) La promulgación de la Ley Federal del Trabajo vigente, dentro del marco de sus facultades expeditas para llevar a cabo el """...""" proceso legislativo de aprobación de leyes que le otorga nuestra Carta Magna en sus artículos 71, 89, fracción I y demás numerales similares. A la autoridad señalada en el numeral 10 se reclama: (refiriéndose al Secretario de Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México) El refrendo de la Ley Federal del Trabajo vigente, de conformidad a sus atribuciones y ámbito de competencia, con fundamento en la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica de Ia Administración Pública Federal. A la autoridad señalada en el numeral 11 se reclama: (refiriéndose al Titular del Diario Oficial de la Federación) La publicación de la Ley Federal del Trabajo vigente de forma Oficial, el día 30 de noviembre del año 2012. Desechamiento de plano Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que en contra el acto reclamado consistente en la resolución del recurso de revisión dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje dentro del juicio laboral """....""", mediante el cual se impugnó el auto de ejecución de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, en el que se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, este último interpretado en sentido contrario, los cuales respectivamente disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." """".....""" De la interpretación de estos preceptos se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en juicio en ejecución de sentencia, procede siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado emane del procedimiento de ejecución de sentencia y no constituya la última resolución dictada en el mismo. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Al efecto, resulta ilustrativa en aplicación por analogía la jurisprudencia 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que señala: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la 1 Consultable en la página 31, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta """...."" ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual forma, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia con registro digital 2001059, de los Tribunales Colegiados de Circuito2 , que señala: ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aún los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, 2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1515 """....""" página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. Ahora bien, como ya se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la resolución del recurso de revisión dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por los Miembros que Integran la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje dentro del juicio laboral """"...."""", mediante el cual se impugnó el auto de ejecución de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, en el que se ordena cubrir el pago del laudo más actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, fue dictada en la etapa de ejecución de laudo. De lo anterior resulta claro que los actos realizados por la Junta del procedimiento, fueron dictados dentro de la fase de ejecución de sentencia en el referido expediente laboral; es decir, se trata de una resolución intermedia dictada en la fase ejecutiva, por tanto, no es una resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución, porque no se trata de la resolución que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, ni ordena el archivo definitivo del expediente, que son en contra de las cuales procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que persigue se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, """....""" Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como conceptos de violación en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la sentencia, o la imposibilidad jurídica y material para ello, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías biinstancial. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia VI. 2o.J/27 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que señala: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada respecto del aludido acto reclamado. Por otra parte, contra los actos reclamados consistentes en el auto de ejecución de fecha 11 de junio de 2021, mediante el cual ordena el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, así como la orden escrita consistente en el acuerdo de fecha 15 de junio de 2021, que emitió el Presidente Ejecutor dentro del juicio laboral número ""...."", donde se ordena girar oficios a las instituciones bancarias que se describen en la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada el día 14 de junio del 2021, siendo las siguientes cuentas proporcionadas por el actor y su apoderado legal, donde señalaron ocho cuentas bancarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, identificadas con los números: ""...."" aperturadas en la institución bancaria "BBVA BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, Sucursal 5685 Oaxaca; 1128049762, 1128049799 y 1128049780 aperturadas en la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal 720 Oaxaca; 9868023372 aperturada en la institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. (CITIBANAMEX), Sucursal 120 Oaxaca; así como, 406608045-8 y 406608104-3 aperturadas en la institución bancaria BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Sucursal 353 Oaxaca, de los Servicios de Salud de Oaxaca. Actos que se originaron y son consecuencia del acuerdo de fecha 11 de junio del año dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena cubrir el pago del laudo más """....""" actualizaciones o en su defecto el embargo de bienes de Servicios de Salud de Oaxaca, mismo que fuera recurrido oportunamente al ser notificado el día 14 de junio del 2021, presentando el recurso de revisión el día 17 de junio del 2021 siendo notificada la resolución que por esta vía se impugna el 22 de febrero del presente año, así como contra el embargo realizado el catorce de junio de dos mil veintiuno, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)." En efecto, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; la causa invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Así, para su actualización requiere que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para argumentar lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su numeral 2°, en relación con la jurisprudencia 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007, Novena Época, de rubro: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE; se tiene como hecho notorio, sin necesidad que se certifiquen las constancias relativas del juicio de amparo """......"" del índice de este órgano de control constitucional, promovido por ".....""" en su carácter de representante legal de """.....""", en el que reclamó de los Miembros que integran la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidente Ejecutor de la Junta Especial "...."" Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo siguiente: ?La resolución dictada el nueve de junio de dos mil veintiuno en el recurso de revisión dentro del juicio laboral """.....""" y acumulado ""...."", notificada el once de junio de dos mil veintiuno. ?La emisión del auto de ejecución de once de junio de dos mil veintiuno. ?El auto de ejecución de once de junio de dos mil veintiuno. ?La emisión del acuerdo u oficio que obligue a instituciones bancarias BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. CITIBANAMEX y BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, expedir a favor del tercero interesado un cheque certificado o de caja por la cantidad de tres millones seiscientos cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos, quince centavos, moneda nacional. En tanto que del Actuario adscrito al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, reclama: ?La ejecución material del auto de ejecución de once de junio de dos mil veintiuno. ? La diligencia de requerimiento de pago o embargo practicada a las 12:40 horas del catorce de junio de dos mil veintiuno. ?La expedición y notificación del acuerdo u oficio que obligue a instituciones bancarias BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. CITIBANAMEX y BANCO HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, expedir a favor del tercero interesado un cheque certificado o de caja por la cantidad de tres millones seiscientos cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos, quince centavos, moneda nacional. Mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el aludido juicio de amparo """....""" y, en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la misma y se ordenó el archivo del asunto (para lo cual agréguese copia de la demanda, sentencia e interlocutoria del incidente de dicho amparo a este expediente para los fines legales consiguientes). De ese dato, queda de manifiesto que, se actualizaba la hipótesis señalada en el inciso b), -Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución-; toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento desde que presentó la demanda de amparo "".....""", a saber, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia de ello, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, tomando como referencia la presentación de la demanda de amparo """...."""", ya transcurrió. Por tanto, si la presente demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el quince de marzo de dos mil veintidós, indefectiblemente se """.....""" puso de manifiesto que la demanda constitucional se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación resulta ser extemporánea; y por ello se desecha la demanda de que se trata. Con la que precisión de que, aunque en este nuevo juicio de amparo reclama la orden escrita consistente en el acuerdo de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, que emitió el Presidente Ejecutor dentro del juicio laboral número """....."", donde se ordena girar oficios a las instituciones bancarias que se describen en la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada el día catorce de junio del dos mil veintiuno, lo cierto es que, como se aprecia de la lectura del proveído de quince de junio (cuya copia anexa la quejosa), no es más que la ejecución de lo ordenado en el diverso acuerdo de once de junio de ese año, pues el embargo de catorce de ese mes y año, en las cuentas bancarias de la quejosa moral, deriva del mismo acuerdo de once de junio; sin embargo, como en el juicio de amparo ".....""""", ya mencionado, se concedió la suspensión de la ejecución del embargo de la cuentas bancarias, por lo que al haberse sobreseído este último juicio, la junta de conciliación tenía que continuar con la ejecución del embargo que ya había sido reclamado en el aludido juicio de amparo, por ello, no puede considerase como un acto autónomo, sino que depende del acuerdo ya reclamado del amparo anterior. Por tanto, es válido concluir también que al existir identidad se actualiza la causa de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el juicio de amparo indirecto ""....""", promovido por la misma parte quejosa, contra los mismos actos reclamados, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resoluciones que resultan inmodificables, por ser la verdad legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales "".....""" de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata por lo que respecta a los mencionados actos reclamados. En otro aspecto, en cuanto a los actos reclamados consistentes en la discusión, votación, aprobación, promulgación, refrendo y la publicación de la vigente, dentro del marco de sus facultades expeditas para llevar a cabo el proceso legislativo de aprobación de leyes que le otorga nuestra Carta Magna en su artículo 71, 72, 73 y demás numerales similares, toda vez que resultan ser inconstitucionales el contenido de los artículos 951 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, es precisar que los preceptos legales que tilda de inconstitucionales, los reclama como aplicación en la diligencia de requerimiento de pago o embargo practicada el catorce de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral acumulado en comento. Luego, se tiene en cuenta que cuando se impugnan normas de carácter general, por estimar el particular que su sola entrada en vigor le causa perjuicio, es suficiente con que éste se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se estima que una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente observables; en otras palabras, el principio de ejecución se """.....""" realiza por la existencia misma de la ley, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que es necesario observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Por otra parte, tratándose del amparo promovido en contra de disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. De esta manera, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tenerse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento, o dicho acto voluntario, son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En ese orden de ideas, es factible deducir que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se """.....""" genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, pero también puede surgir de los actos de los propios particulares, ya sea que por la exigencia de la ley se coloquen por sí mismos en los supuestos previstos por la norma o, bien, que en su carácter de terceros actúen por mandato de la ley. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo contra normas, con motivo de los que se dice son su primer acto de aplicación, puede tener su origen de tres formas: por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación, por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma y por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia (s) Constitucional, Común, Novena Época, página 5 "....""" En el caso, la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad de la Ley de Ley Federal del Trabajo, específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 951 y 954, a partir de su acto de aplicación que lo hace consistir en el embargo en las cuentas bancarias de la Secretaría de Salud de Oaxaca, que realizó el actuario de la Junta Laboral responsable, el catorce de junio de dos mil veintiuno. En el caso, como se precisó en líneas anterior, la demanda de amparo fue desechada respecto del acto reclamado relativo a la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil veintiuno; por tanto, procede también desechar la demanda respecto de la norma impugnada, pues si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación reclamado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá desechar la demanda en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del tenor: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. "....."" En consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata por lo que respecta a los mencionados actos reclamados. Finalmente, cabe precisar que respecto a los actos que se reclaman de las autoridades responsables ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO; BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; y HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC., cada uno de estos bancos en dos domicilios diferentes, por ser sucursales diversas, corren la misma suerte de desechar la demanda, porque al señalarse como autoridades ejecutoras, se reclaman los actos en vías de ejecución, no por vicios propios. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Diego Miguel Gregorio, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente para imponerse de los autos y para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la ley de la materia, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la ""....."" Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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