SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA y Otros.
Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA y Otros.
- Servicios de Salud de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, tomando en consideración que en autos obra copia certificada del instrumento notarial numero "................"", Volumen "..........."", de cinco de febrero de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número ".........."", y diversa documental en copia simple, ambas exhibidas por la parte quejosa en su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 18, párrafo segundo, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que quede debidamente notificada, comparezca a este Juzgado para la entrega de tales constancias, apercibida que de no hacerlo en ese lapso, sin ulterior acuerdo, los mismos, en su oportunidad, serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ".......... , quien se ostenta como apoderado legal de "..............., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 356/2021. En ese tenor, toda vez que el promovente, exhibe copia certificada del instrumento notarial numero"............... y dos, Volumen "......., de cinco de febrero de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número"............. para el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La notificación y emplazamiento practicado a las diez horas del dos y tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el conflicto laboral "........, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Todo el procedimiento seguido en el conflicto laboral "....... El laudo pronunciado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el conflicto laboral "............... Desechamiento de demanda Ahora bien, respecto a los actos reclamados consistentes en la notificación y emplazamiento practicado a las diez horas del dos y tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el conflicto laboral ".........., del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como todo el procedimiento en dicho conflicto laboral "..........., en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En vinculación con lo anterior, es de señalarse que el precepto 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y en términos de su precepto 18 ese plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos: Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y extracto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Con esas directrices, a fin de demostrar que respecto de los citados actos reclamados en este juicio de amparo, operó la causal de improcedencia referida, es menester traer a colación lo siguiente: En este órgano jurisdiccional se encuentra tramitado diverso juicio de amparo número ".............., promovido por ".............., en el que reclamó de los Integrantes de la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral "..........., así como sus consecuencias; que mediante oficio y copia simple de la demanda de amparo se emplazó a juicio con el carácter de tercero interesado a Servicios de Salud de Oaxaca, el veintitrés de octubre de dos mil veinte (como se advierte de la constancia de notificación); atento a lo anterior, dicho expediente se ordena traer a la vista para ser invocado como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XIII.3o.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE." De ese dato, queda de manifiesto que, en la especie se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), -Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución-; toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento el veintitrés de octubre de dos mil veinte; a mayor abundamiento también se le notificó por oficio a Servicios de Salud de Oaxaca, el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, donde se sobreseyó fuera de audiencia en ese juicio de amparo y el diverso de catorce de diciembre último, donde quedó firme el auto de sobreseimiento y se ordenó el archivo del expediente, notificaciones de estos últimos acuerdos que se llevaron a cabo el veinticuatro de noviembre y quince de diciembre de dos mil veinte, respectivamente; en consecuencia de ello, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, tomando como referencia la última notificación que es el quince de diciembre (acuerdo de catorce de diciembre pasado), transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veinte al veintiocho de enero de dos mil veintiuno, excluyéndose de tal término los días sábado y domingo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, así como del periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en el que se suspendieron los plazos y términos de los asuntos, lo cual fue comunicado mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México. En apoyo a lo antes considerado, se invoca la jurisprudencia P./J 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así como la tesis aislada XI.3o.A.T.3 K(10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 3521, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS QUE SU NOTIFICACIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PRODUCE CONOCIMIENTO PLENO DEL ACTO RECLAMADO.El primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo establece la obligación del Tribunal Colegiado de Circuito de dar vista con la resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo al quejoso y, en su caso, al tercero interesado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 115/2010, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.", señaló que si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento pleno del acto reclamado, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable se lo notifica, el cómputo de los quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada (numeral 17 de la vigente), debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de aquél. En ese sentido, cuando el acto reclamado sea una sentencia o laudo dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el quejoso tendrá conocimiento pleno mediante la notificación que realice el Tribunal Colegiado de Circuito para darle la vista referida, en los siguientes casos: I) se notifique personalmente el proveído por el que se ordena dar vista y conste la entrega de copias de la resolución dictada por la autoridad responsable; II) a través de la notificación por lista de acuerdos u oficio del proveído por el que se ordena dar vista y en ésta se plasme el contenido íntegro de la resolución emitida por la responsable; y, III) mediante la notificación por lista de acuerdos u oficio del proveído por el que se ordena dar vista, se señale que quedan a disposición las copias de la resolución de la autoridad responsable y -además- exista constancia de su entrega al interesado; sin que lo anterior implique desconocer la fuerza de la actuación procesal para efectos del trámite del procedimiento de cumplimiento y ejecución establecidos en la Ley de Amparo, sino únicamente califica la eficacia de la notificación para enterar fehacientemente al quejoso del acto reclamado y pueda utilizarse para computar la oportunidad de la demanda promovida contra el laudo o sentencia emitido en acatamiento a una diversa sentencia amparadora. Por tanto, si el escrito de demanda fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cinco de abril de dos mil veintiuno, indefectiblemente pone de manifiesto que la demanda constitucional se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación es extemporánea. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata respecto de los actos reclamados consistentes en la notificación y emplazamiento practicado a las diez horas del dos y tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el conflicto laboral "..........., del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como todo el procedimiento en dicho conflicto laboral. En ese mismo sentido, es de precisar que la misma suerte corre el diverso acto reclamado consistente en el laudo pronunciado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el conflicto laboral "·..........., esto es, que procede desechar la demanda respecto de este acto, toda vez que aun cuando se trata de una resolución definitiva que puso fin a la instancia, del análisis de la demanda de amparo se desprende que ese acto deriva de la impugnación de la ilegalidad del emplazamiento al juicio natural, pues no se formulan conceptos de violación relativos al laudo por vicios propios, sino en vía de consecuencia; por tanto, procede desechar la demanda por lo que hace al acto reclamado aquí precisado. Como sustento de lo anterior, se invoca el criterio establecido en la jurisprudencia P./J.70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, del Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a "............, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente para imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Respecto al número de teléfono y correo electrónico que proporciona, con fundamento en los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígasele al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ".......... , quien se ostenta como apoderado legal de "..............., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 356/2021. En ese tenor, toda vez que el promovente, exhibe copia certificada del instrumento notarial numero"............... y dos, Volumen "......., de cinco de febrero de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número"............. para el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La notificación y emplazamiento practicado a las diez horas del dos y tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el conflicto laboral "........, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Todo el procedimiento seguido en el conflicto laboral "....... El laudo pronunciado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el conflicto laboral "............... Desechamiento de demanda Ahora bien, respecto a los actos reclamados consistentes en la notificación y emplazamiento practicado a las diez horas del dos y tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el conflicto laboral ".........., del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como todo el procedimiento en dicho conflicto laboral "..........., en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En vinculación con lo anterior, es de señalarse que el precepto 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y en términos de su precepto 18 ese plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos: Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y extracto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Con esas directrices, a fin de demostrar que respecto de los citados actos reclamados en este juicio de amparo, operó la causal de improcedencia referida, es menester traer a colación lo siguiente: En este órgano jurisdiccional se encuentra tramitado diverso juicio de amparo número ".............., promovido por ".............., en el que reclamó de los Integrantes de la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral "..........., así como sus consecuencias; que mediante oficio y copia simple de la demanda de amparo se emplazó a juicio con el carácter de tercero interesado a Servicios de Salud de Oaxaca, el veintitrés de octubre de dos mil veinte (como se advierte de la constancia de notificación); atento a lo anterior, dicho expediente se ordena traer a la vista para ser invocado como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XIII.3o.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE." De ese dato, queda de manifiesto que, en la especie se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), -Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución-; toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento el veintitrés de octubre de dos mil veinte; a mayor abundamiento también se le notificó por oficio a Servicios de Salud de Oaxaca, el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, donde se sobreseyó fuera de audiencia en ese juicio de amparo y el diverso de catorce de diciembre último, donde quedó firme el auto de sobreseimiento y se ordenó el archivo del expediente, notificaciones de estos últimos acuerdos que se llevaron a cabo el veinticuatro de noviembre y quince de diciembre de dos mil veinte, respectivamente; en consecuencia de ello, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, tomando como referencia la última notificación que es el quince de diciembre (acuerdo de catorce de diciembre pasado), transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veinte al veintiocho de enero de dos mil veintiuno, excluyéndose de tal término los días sábado y domingo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, así como del periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en el que se suspendieron los plazos y términos de los asuntos, lo cual fue comunicado mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México. En apoyo a lo antes considerado, se invoca la jurisprudencia P./J 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así como la tesis aislada XI.3o.A.T.3 K(10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 3521, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS QUE SU NOTIFICACIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PRODUCE CONOCIMIENTO PLENO DEL ACTO RECLAMADO.El primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo establece la obligación del Tribunal Colegiado de Circuito de dar vista con la resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo al quejoso y, en su caso, al tercero interesado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 115/2010, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.", señaló que si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento pleno del acto reclamado, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable se lo notifica, el cómputo de los quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada (numeral 17 de la vigente), debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de aquél. En ese sentido, cuando el acto reclamado sea una sentencia o laudo dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el quejoso tendrá conocimiento pleno mediante la notificación que realice el Tribunal Colegiado de Circuito para darle la vista referida, en los siguientes casos: I) se notifique personalmente el proveído por el que se ordena dar vista y conste la entrega de copias de la resolución dictada por la autoridad responsable; II) a través de la notificación por lista de acuerdos u oficio del proveído por el que se ordena dar vista y en ésta se plasme el contenido íntegro de la resolución emitida por la responsable; y, III) mediante la notificación por lista de acuerdos u oficio del proveído por el que se ordena dar vista, se señale que quedan a disposición las copias de la resolución de la autoridad responsable y -además- exista constancia de su entrega al interesado; sin que lo anterior implique desconocer la fuerza de la actuación procesal para efectos del trámite del procedimiento de cumplimiento y ejecución establecidos en la Ley de Amparo, sino únicamente califica la eficacia de la notificación para enterar fehacientemente al quejoso del acto reclamado y pueda utilizarse para computar la oportunidad de la demanda promovida contra el laudo o sentencia emitido en acatamiento a una diversa sentencia amparadora. Por tanto, si el escrito de demanda fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cinco de abril de dos mil veintiuno, indefectiblemente pone de manifiesto que la demanda constitucional se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación es extemporánea. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata respecto de los actos reclamados consistentes en la notificación y emplazamiento practicado a las diez horas del dos y tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el conflicto laboral "..........., del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como todo el procedimiento en dicho conflicto laboral. En ese mismo sentido, es de precisar que la misma suerte corre el diverso acto reclamado consistente en el laudo pronunciado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el conflicto laboral "·..........., esto es, que procede desechar la demanda respecto de este acto, toda vez que aun cuando se trata de una resolución definitiva que puso fin a la instancia, del análisis de la demanda de amparo se desprende que ese acto deriva de la impugnación de la ilegalidad del emplazamiento al juicio natural, pues no se formulan conceptos de violación relativos al laudo por vicios propios, sino en vía de consecuencia; por tanto, procede desechar la demanda por lo que hace al acto reclamado aquí precisado. Como sustento de lo anterior, se invoca el criterio establecido en la jurisprudencia P./J.70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, del Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a "............, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente para imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Respecto al número de teléfono y correo electrónico que proporciona, con fundamento en los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígasele al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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