Servicio Dental de la Peninsula. S.C.P.

Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
351/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Servicio Dental de la Peninsula. S.C.P.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de nueve de marzo del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Agustín Somellera Pulido, profesionista designado como perito oficial en materia de geomorfopedología, mediante el cual renuncia al cargo otorgado, debido a las diversas circunstancias que refiere le impiden participar en este asunto, refiriendo que es también con el fin de no obstaculizar el buen desarrollo del procedimiento. Atendiendo a las circunstancias particulares planteadas, téngase por hecha la renuncia del experto como perito oficial en materia de geomorfopedología, por lo que se le rescinde del cargo que le fue conferido y suspéndase toda comunicación con dicho profesionista. Luego, en atención a que no señaló en autos domicilio alguno en esta ciudad para realizarle notificaciones personales, hágase de su conocimiento de lo anterior al citado perito por medio de lista. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Amparo, gírese oficio a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este proveído, en auxilio de las labores del juzgado informe si cuenta con algún experto en la materia de geomorfopedología, que pueda fungir en este juicio como perito oficial, y de ser así, proponga al profesionista que pueda ser designado, o bien, indique el impedimento legal que tuviera para tal efecto. Apercibida la citada autoridad, que de no desahogar el requerimiento formulado, dentro del plazo establecido, se le impondrá multa de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por José Alfonso Lujano Rocha; en representación de la persona moral "******************** Sociedad Civil Particular, personalidad que tiene acreditada con la copia certificada del acta de asamblea extraordinaria de socios, número mil doscientos treinta, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social como autoridad ordenadora y del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, como ejecutora, que, según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTO RECLAMADO Los citatorios del inicio de procedimiento administrativo de ejecución de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, realizado a la empresa "******************** Sociedad Civil Particular. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 351/2023-I-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, los cuales establecen: Que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo. Los que deben entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión.En el caso, el juicio de amparo pretendido es improcedente porque no existe un acto que produzca esa afectación personal y directa a la promovente; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de quien acude a esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° fracción I y 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que si bien la promovente señala como actos reclamados, el citatorio del inicio de procedimiento administrativo de ejecución de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, tendiente al cobro de tres créditos fiscales fincados en contra de la personal moral "********************" Sociedad Civil Particular, lo cierto es que el simple citatorio para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, por sí solo no afecta el interés jurídico del gobernado. Es así, porque los referidos actos en este momento no producen una afectación personal y directa a la promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio en su esfera jurídica de derechos, por lo que no puede ser sujeto al análisis en el juicio de amparo intentado.Pues esta vía constitucional se encuentra reservada a aquéllos actos que produzcan una afectación material a los derechos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que el citatorio únicamente es un acto formal preventivo que no materializa un acto de ejecución, por lo que dicho acto en modo alguno le genere una afectación a su esfera jurídica. Se afirma lo anterior, puesto que los actos que reclama, aún se encuentran en trámite, pues el siete de marzo de dos mil veintitrés, se dejaron los citatorios para el requerimiento de pago y/o embargo, lo que claramente se advierte de las constancias que la promovente adjuntó a su demanda de amparo; de ahí, que no sea dable considerar que se afecta su esfera de derechos, al no haber un impacto personal y directo sobre éstos. Sirve de apoyo por analogía la tesis XV.1º. 12 A del Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, con registro digital 194876, cuyo texto y rubro refieren: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NOTIFICACIÓN INDEBIDA DE UN CITATORIO PARA INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR SÍ SOLO NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL GOBERNADO. La indebida notificación de un citatorio para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, con requerimiento de pago o embargo en su caso, realizada por la oficina para cobros de una delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí sola no afecta el interés jurídico del gobernado, porque lo que en todo caso le causaría agravio sería en sí el requerimiento de pago de un crédito fiscal, y el embargo o afectación real en bienes de su propiedad, pues el citatorio únicamente es un acto formal preventivo que no materializa un acto de ejecución que trascienda a la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que de conformidad con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías en que se reclame la indebida notificación de dicho citatorio." En estas condiciones, se reitera, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional; PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por la persona moral "******************** Sociedad Civil Particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a ********************y en términos restringidos a las demás personas que señala, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, en relación al diverso escrito, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "********************", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento con el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. ORDEN DE FORMAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ENTRADA EN VIGOR DE NUEVO ACUERDO GENERAL DEL CJF Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO A LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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