Sergio Tafolla Sanchez
Expediente 1183/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Tafolla Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1183/2020-VI-B, promovido por SERGIO TAFOLLA SÁNCHEZ, en contra del acto que reclama del Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor del Estado y Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el treinta siguiente día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció SERGIO TAFOLLA SÁNCHEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuye al Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor del Estado y Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió la demanda de que se trata, la cual quedó registrada con el número 1183/2020-VI-B; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el quejoso SERGIO TAFOLLA SÁNCHEZ, fundamentalmente, en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual, solicitó se asignara fecha y hora para la audiencia de conciliación en autos del expediente PCF.YUC.B.3/000661-2020. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor del Estado y Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia, lo que se corrobora de igual manera con las copias certificadas que acompañó al mismo, relativas al expediente administrativo PFC.YUC.B.3/000561-2020, de su índice. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, respecto al referido acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 77, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación. En efecto, en el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se desprende que en auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se radicó la queja interpuesta por el ahora impetrante del amparo, y se fijaron las nueve horas del dos de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la referida audiencia de conciliación; lo cual le notificó mediante correo electrónico el diez de diciembre del año próximo pasado. Por otro lado, de las referidas constancias se advierte, a su vez, que el aquí quejoso señaló como domicilio parta oír y recibir notificaciones en el procedimiento de origen, el ubicado en la calle treinta, número quinientos cuatro, entre calles sesenta y siete, de la Colonia Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán En virtud de lo anterior, el efecto de una posible concesión del amparo sería para que la autoridad responsable notificara al quejoso la determinación de seis de noviembre de dos mil veinte, dictada en autos del procedimiento de origen, en forma personal, en el domicilio que para tal efecto designó, y así lo enterara de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación de mérito. Sin embargo, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se está resolviendo el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, de concederse la protección constitucional solicitada, no se podrían concretar los efectos del fallo protector que en su momento se le concediera, pues habría que esperar a que transcurriera el término de diez días que tienen las partes para recurrir la presente determinación, el cual transcurrirá con posterioridad a la fecha programada para la celebración de la referida audiencia de conciliación, esto es, el dos de marzo del año en curso. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, interpretado en sentido contrario, de la propia Ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, al actualizarse las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197245, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SERGIO TAFOLLA SÁNCHEZ, en contra del acto que atribuyó del Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor del Estado y Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio correspondiente a la autoridad responsable DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó por auto de dos de los corrientes, remite la constancia que le fue solicitada. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la parte quejosa reclamó del Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor del Estado y Municipio de Mérida, el acto que hizo consistir en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, ante la oficialía de partes de dicha dependencia, mediante el cual solicitó se le asignara fecha y hora para llevar a cabo el proceso conciliatorio correspondiente en autos del expediente administrativo PFC.YUC.B.3.561/2020. Ahora bien, del informe justificado remitido por la autoridad responsable, se desprende que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, se radico la queja interpuesta por el aquí quejoso, y se señaló el dos de diciembre de dos mil veinte, a las nueve horas como fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación. Asimismo, del informe de mérito se advierte que el diez de diciembre del año inmediato anterior, se notificó a la parte quejosa el proveído acabado de señalar mediante correo electrónico; sin embargo, del propio auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se desprende que se ordenó notificar al quejoso personalmente, señalando un domicilio para tal efecto, sin que dicha constancia de notificación personal se adjuntara al informe de que se trata para acreditar tal circunstancia. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor del Estado y Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificada de este proveído, remita copia certificada de la aludida constancia de notificación personal realizada al aquí quejoso del proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente administrativo de su índice; o bien, remita copia certificada de las constancias con las que acredite que el aquí quejoso expresamente señaló como medio para oír y recibir notificaciones en el procedimiento de origen el correo electrónico mediante el cual la referida autoridad aduce haberle hecho de su conocimiento el multicitado acuerdo. Asimismo, deberá la autoridad responsable, en el término acabado de señalar, remitir copia certificada del escrito presentado por la parte impetrante del amparo el nueve de noviembre de dos mil veinte, cuya omisión de atender resulta el acto reclamado en el presente juicio constitucional, pues omitió adjuntarlo a su respectivo informe de ley. Finalmente, requiérase a la responsable a fin de que en la temporalidad ya señalada, haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional si efectivamente se llevó a cabo la audiencia de conciliación en el procedimiento de origen en la fecha fijada para ello, o en su caso, lo que se hubiere acordado al respecto; lo que deberá acreditar con las constancias conducentes. Lo anterior, pues las actuaciones acabadas de señalar se consideran necesarias para resolver adecuadamente el presente juicio constitucional. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Sergio Rafael Navarrete Mijangos550/2023
- Sergio Rene Avila Gonzalez1816/2023
- Sergio Ricardo Rodriguez Montejo971/2017
- Sergio Roberto López Guzmán1313/2019
- Sergio Rojas Suárez907/2018
- Sergio Ruben Peraza Sanchez1107/2021
- Sergio Tafolla Sanchez1850/2023
- Servicio de Administración Tributaria595/2023
- Servicio Dental de la Peninsula. S.C.P.351/2023
- Servicios de Salud de Yucatán691/2020
- Severiano Pech Chan764/2018
- Seydi Madelin Gonzalez Chan2838/2022