Sergio Silvestre Mora Hernández
Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Silvestre Mora Hernández
- Juez de Control A Quo Quien Determinó la Vinculación A Proceso Y/O Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región, Sede León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Causa estado proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés. En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Asimismo, se ordena depurar el cuadernillo del incidente de suspensión, en términos del referido ordenamiento legal, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y definitiva, hágase la anotación en carátula y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Toda vez que es innecesario permanecer con las constancias que la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal de la IV Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, envió en apoyo a su informe justificado (dos discos compactos), devuélvanse a su lugar de origen para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
León, Guanajuato; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. I. Se agrega razón actuarial y se ordena notificación por lista. Agréguese a los presente autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés a ********************, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele la notificación de aquél auto, así como las subsecuentes por medio de lista al impetrante del amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple, dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal *********. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de siete de los corrientes, se tuvo por recibido el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado de Oralidad de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que el tres de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia en la que se declaró procedente la suspensión condicional del proceso, a solicitud del defensor público del imputado Sergio Silvestre Mora Hernández, y se ordenó suspender la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Por otra parte, toda vez que del escrito de demanda se aprecia que el aludido quejoso señaló, como primer acto reclamado, el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple, dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, por el Juez de Control del Juzgado Único Penal de Oralidad de la Cuarta Región Sede y Base de León, Guanajuato, dentro de la causa penal ****. Conforme a la jurisprudencia antes transcrita, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, cuando dentro del procedimiento se actualizan los siguientes supuestos: Que exista un motivo "manifiesto" e "indudable" de sobreseimiento, entendiendo por lo primero, lo que se advierte de manera clara y precisa de las constancias de autos que integran el juicio constitucional, y por lo segundo, la evidencia de que la causa de sobreseimiento que se invoque no pueda ponerse en duda y que tampoco pueda desvirtuarse a través de ningún medio de convicción. En consecuencia, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado fue consentido. Con la finalidad de demostrar la actualización de dicha causal de improcedencia, resulta oportuno transcribir dicho precepto de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. (.). Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."********************Para justificar tal aserto, debe de mencionarse que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, ha sostenido el criterio de que cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales.********************Para concluir en ese sentido, dicha Sala consideró, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, que el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva.********************Y añadió la Superioridad que esa circunstancia debe ser ponderada por el juez constitucional cuando se reclama en un juicio de amparo el auto de vinculación a proceso relativo, pues de lo contrario, esa inobservancia no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que desnaturalizaría tal sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible.********************Ese criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), visible en la página cuatrocientos sesenta y uno, consultable en el libro 43, junio de dos mil diecisiete, tomo uno, materias común y penal, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2014495, que dice:********************"CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional."********************Establecido lo anterior, como ya se precisó, el juez de control en audiencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, declaró procedente la solicitud de suspensión condicional del proceso hecha por el defensor público del aquí quejoso, lo anterior atendiendo a que se dictó auto de vinculación a proceso de veinte de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado en el presente sumario), por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple, ilícito previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los ordinales 473 y 479, todos de la Ley General de Salud, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato (14:27 a 14:30).********************En virtud de lo anterior, se ordenó suspender la medida cautelar impuesta en el auto de vinculación a proceso, consistente en la privación preventiva justificada.********************Bajo este contexto, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, pues el quejoso reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal ******************** pero después de la emisión del fallo reclamado pidió ante el juez responsable, a través de su defensor, la suspensión condicional del proceso; por tanto en audiencia de tres de marzo del presente año, el juez responsable decretó tal salida alterna e impuso al aquí quejoso las condiciones contemplada en las fracciones I y III del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Por lo tanto, esa petición entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso reclamado, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia invocada, porque la voluntad del imputado de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales; de lo contrario, se llegaría al extremo de permitir que aquél, por una parte, cuestione la legalidad de dicho auto a través del juicio de amparo y, por otra, le confiera validez al solicitar una solución alterna en el proceso penal, lo que jurídicamente deviene inadmisible, como ya se dijo, al ser incompatibles entre sí.********************II. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ahora bien, visto lo precisado en los párrafos que anteceden, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE".********************Por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al impetrante en la causa penal de origen, de la audiencia de tres de marzo de dos mil veintitrés se advierte que, derivado de la concesión de la medida de suspensión condicional del proceso, con fundamento en el artículo 179 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez responsable suspendió la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, dejando en inmediata libertad al impetrante del amparo; con lo cual se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo(14:30 a 14:31).********************En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado.********************Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso al quejoso en audiencia de veinte de enero de dos mil veintitrés; pues, mediante audiencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, la responsable concedió al imputado la suspensión condicional del proceso y como consecuencia se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al imputado, ordenado su inmediata libertad. Se afirma lo anterior, pues si bien al diez de febrero de dos mil veintitrés, -fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional- existía el acto reclamado, cierto es que dejó de existir el tres de marzo del presente año, dado que el juez responsable ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso. En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIII y XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA SERGIO SILVESTRE MORA HERNÁNDEZ, EL PROVEÍDO DE FECHA TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO AL DIVERSO DE VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DICTADOS DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 119/2023-IV DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple, dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal *********. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de siete de los corrientes, se tuvo por recibido el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado de Oralidad de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que el tres de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia en la que se declaró procedente la suspensión condicional del proceso, a solicitud del defensor público del imputado Sergio Silvestre Mora Hernández, y se ordenó suspender la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Por otra parte, toda vez que del escrito de demanda se aprecia que el aludido quejoso señaló, como primer acto reclamado, el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple, dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, por el Juez de Control del Juzgado Único Penal de Oralidad de la Cuarta Región Sede y Base de León, Guanajuato, dentro de la causa penal ****. Conforme a la jurisprudencia antes transcrita, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, cuando dentro del procedimiento se actualizan los siguientes supuestos: Que exista un motivo "manifiesto" e "indudable" de sobreseimiento, entendiendo por lo primero, lo que se advierte de manera clara y precisa de las constancias de autos que integran el juicio constitucional, y por lo segundo, la evidencia de que la causa de sobreseimiento que se invoque no pueda ponerse en duda y que tampoco pueda desvirtuarse a través de ningún medio de convicción. En consecuencia, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado fue consentido. Con la finalidad de demostrar la actualización de dicha causal de improcedencia, resulta oportuno transcribir dicho precepto de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. (.). Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."********************Para justificar tal aserto, debe de mencionarse que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, ha sostenido el criterio de que cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales.********************Para concluir en ese sentido, dicha Sala consideró, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, que el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva.********************Y añadió la Superioridad que esa circunstancia debe ser ponderada por el juez constitucional cuando se reclama en un juicio de amparo el auto de vinculación a proceso relativo, pues de lo contrario, esa inobservancia no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que desnaturalizaría tal sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible.********************Ese criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), visible en la página cuatrocientos sesenta y uno, consultable en el libro 43, junio de dos mil diecisiete, tomo uno, materias común y penal, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2014495, que dice:********************"CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional."********************Establecido lo anterior, como ya se precisó, el juez de control en audiencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, declaró procedente la solicitud de suspensión condicional del proceso hecha por el defensor público del aquí quejoso, lo anterior atendiendo a que se dictó auto de vinculación a proceso de veinte de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado en el presente sumario), por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple, ilícito previsto y sancionado por los artículos 477, en relación con los ordinales 473 y 479, todos de la Ley General de Salud, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato (14:27 a 14:30).********************En virtud de lo anterior, se ordenó suspender la medida cautelar impuesta en el auto de vinculación a proceso, consistente en la privación preventiva justificada.********************Bajo este contexto, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, pues el quejoso reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal ******************** pero después de la emisión del fallo reclamado pidió ante el juez responsable, a través de su defensor, la suspensión condicional del proceso; por tanto en audiencia de tres de marzo del presente año, el juez responsable decretó tal salida alterna e impuso al aquí quejoso las condiciones contemplada en las fracciones I y III del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Por lo tanto, esa petición entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso reclamado, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia invocada, porque la voluntad del imputado de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales; de lo contrario, se llegaría al extremo de permitir que aquél, por una parte, cuestione la legalidad de dicho auto a través del juicio de amparo y, por otra, le confiera validez al solicitar una solución alterna en el proceso penal, lo que jurídicamente deviene inadmisible, como ya se dijo, al ser incompatibles entre sí.********************II. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ahora bien, visto lo precisado en los párrafos que anteceden, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE".********************Por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al impetrante en la causa penal de origen, de la audiencia de tres de marzo de dos mil veintitrés se advierte que, derivado de la concesión de la medida de suspensión condicional del proceso, con fundamento en el artículo 179 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez responsable suspendió la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, dejando en inmediata libertad al impetrante del amparo; con lo cual se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo(14:30 a 14:31).********************En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado.********************Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso al quejoso en audiencia de veinte de enero de dos mil veintitrés; pues, mediante audiencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, la responsable concedió al imputado la suspensión condicional del proceso y como consecuencia se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al imputado, ordenado su inmediata libertad. Se afirma lo anterior, pues si bien al diez de febrero de dos mil veintitrés, -fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional- existía el acto reclamado, cierto es que dejó de existir el tres de marzo del presente año, dado que el juez responsable ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso. En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIII y XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
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