Sergio Roberto Guerrero Urbina

Expediente 1306/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1306/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Sergio Roberto Guerrero Urbina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que acuda ante este Juzgado a recoger los documentos originales que haya exhibido en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Finalmente, toda vez que es innecesario permanecer con el legajo de prueba documental que remitió el juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, en la que reclamó del juez Séptimo Civil de Partido y de la registradora Pública suplente de la Propiedad, ambos de esta ciudad, la orden de inmovilización decretada en el expediente ****************, de su índice, respecto del bien inmueble registrado bajo el folio real ***********, así como su inscripción. Por su parte, el juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado hizo del conocimiento de este Juzgado que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora desistiéndose del procedimiento intentado en contra de los demandados y se levantó la medida de mantención de hechos decretada, ordenándose girar oficio al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, para que procediera a cancelar la inmovilización del bien inmueble identificado con el folio real ********************. Por su parte, la registradora Pública Suplente de la Propiedad de León, remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que se encuentra la solicitud inscrita con el número de folio ********************, de la que se advierte que se llevó a cabo la cancelación de la inmovilización inscrita bajo el número de solicitud ********************, atinente al folio real ********************, de lo que se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que los actos reclamados consistentes en la orden de inmovilización decretada en el expediente ********************, respecto del bien inmueble registrado bajo el folio real ********************, así como su inscripción, han cesado; ello, toda vez que el juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, informó que dentro del contradictorio de origen se tuvo a la parte actora desistiéndose del procedimiento intentado en contra de los demandados, derivado de lo cual se levantó la medida de mantención de hechos decretada, ordenándose girar oficio al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, el cual a su vez, allegó copia certificada de la cancelación de la inmovilización inscrita bajo el número de solicitud ********************, atinente al folio real ********************, materia de reclamo. En ese contexto, es incuestionable que al haberse dejado sin efectos la orden de inmovilización decretada en el expediente ********************, respecto del bien inmueble registrado bajo el folio real ********************, así como cancelado su inscripción ante la autoridad registral señalada como responsable, han cesado los efectos de los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que los actos impugnados ya no agravian a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistentes los actos, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. En ese orden de ideas, al cesar los efectos de los actos aquí impugnados, la improcedencia de mérito está justificada, por lo que resulta innecesario examinar la constitucionalidad de los mismos, al ya no estar surtiendo sus efectos en modo alguno en la esfera jurídica del quejoso, por lo que, con fundamento en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia en cuestión, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las catorce horas con once minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Autoridad cumple requerimiento y remite constancias. Agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por la registradora Pública Suplente de la Propiedad de León, a través de los cuales, en atención al requerimiento formulado en autos, allega copia certificada de diversas constancias atinentes a la cancelación de la inscripción de la inmovilización decretada en el juicio 424/2022, respecto del bien inmueble identificado con el folio real R20*172476, de lo que se toma el debido conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar lugar a que las partes se impongan del contenido de las constancias que se reciben, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar se señalan las catorce horas con once minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    Autoridad informa. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el juez Séptimo Civil de Partido, de esta ciudad, a través de los cuales, en atención al requerimiento formulado en autos, allega copia certificada de la boleta de ingreso con número de solicitud 4126251, de diecinueve de enero pasado, atinente a la cancelación de la inscripción de las medidas decretadas sobre el bien inmueble identificado con el folio real ******, de lo que se toma el debido conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Requerimiento. En virtud de lo anterior, requiérase al Registro Público de la Propiedad, de esta ciudad, para que dentro del término legal de tres días, contado a partir del momento en que reciba el oficio con el que se le comunica el presente proveído, remita en copia certificada constancia de lo actuado en relación a dicha solicitud. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa consistente en cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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