Sergio Samir Tress García
Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sergio Samir Tress García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el proveído de trece de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el citado numeral, por lo que no es de relevancia histórica o documental. Además, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Finalmente, toda vez que de la certificación secretarial de esta fecha se advierte que obran en autos documentos exhibidos por la parte promovente, por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezcan ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNCA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENTENCIA DE SIETE DE JUNIO LA CUAL DICE:SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador -aun de oficio- antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. No obstante lo anterior, se considera pertinente precisar que si bien la resolución reclamada es impugnable en sede ordinaria a través de la reclamación prevista en el último párrafo del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en el caso opera una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en la medida de que se encuentra involucrado un menor de edad y la interposición del referido medio de impugnación no admitiría la suspensión del acto. Se explica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia por contradicción 1a../J. 77/2013, visible en la página 990, del Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". En primer término, debe decirse que la jurisprudencia en cita resulta aplicable al caso, pues si bien en ella se hace referencia al artículo 73, fracción XIII, de la anterior Ley de Amparo, que regulaba el principio de definitividad, la conclusión adoptada en tal criterio obligatorio esencialmente deriva del contenido del actual artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, es claro que no se opone a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, por lo que resulta aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de tal ley. Hecha la anterior precisión, basta la lectura de la jurisprudencia de mérito para advertir que la excepción al principio de definitividad establecida en la misma se actualiza cuando: a) El recurso ordinario que deba agotarse contra el acto reclamado, de acuerdo a la legislación ordinaria, no admita suspensión; y, b) Se encuentren involucrados los derechos de menores de edad y cualquiera de las partes alegue un riesgo para éstos en caso de ejecutarse la resolución impugnada. En el caso, se surten ambos requisitos pues la resolución que se reclama decide el otorgamiento del depósito judicial del menor identificado con las iniciales E.R.M., en favor del depositario judicial Francisco Javier Rodríguez Cansino, por lo que en su contra procede el medio de impugnación previsto en el último párrafo del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Sin embargo, el diseño normativo de dicho medio de impugnación no prevé la posibilidad de suspender los efectos del auto que decreta el depósito judicial de personas, con lo que se surte el requisito previsto en el inciso a). Por su parte, el requisito indicado en el inciso b), se colma con el hecho de que el presente juicio de amparo fue instado por el propio menor identificado con las iniciales E.R.M., por conducto de su representante especial, Luis Alberto Zarate Lobato, y de la lectura integral de la demanda claramente se advierte que se alega la afectación a la esfera jurídica de dicho infante. Por tanto, se concluye que, en el caso concreto, al surtirse la referida excepción al principio de definitividad, no existía obligación de la parte quejosa de agotar el recurso de reclamación de mérito. Luego, al no existir diversa causa de improcedencia que invoquen las partes o que se deba examinar de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Suplida la queja deficiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo,10 por ser menor de edad el impetrante, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado se basó en una diligencia en la que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. 10 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; (.)" Por las razones que contiene, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Ahora, para justificar la postura anterior, en principio, es pertinente citar el contenido de artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". De la anterior transcripción se desprende la garantía de que ningún gobernado puede ser privado de sus derechos sustantivos, sino mediante un juicio que le sea seguido ante tribunales previamente establecidos, en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que esto se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. Así es, las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, constituyen derechos típicamente procesales en los que se supedita el acto de molestia al cumplimiento, entre otros requisitos, de determinadas formalidades previstas por leyes previamente establecidas a éste, de ahí que si el acto de molestia no cumple con dichos requisitos, estaría violando en perjuicio del gobernado su garantía de seguridad jurídica. En lo conducente, sirve de apoyo la tesis I.4o.C.48 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 2123, del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros." Sentado lo anterior, es pertinente transcribir el contenido del artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 160. La solicitud de depósito puede ser escrita o verbal y en ella se señalarán las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El Juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo." De la lectura de dicho precepto claramente se desprende que para cerciorarse de la necesidad de la medida, el Juez, acompañado del secretario, deberá acudir de inmediato al lugar de los hechos, esto es, aquél donde se desarrolla la vida familiar de las personas objeto del depósito; disposición que obedece sin duda al principio de inmediación procesal, que desde el punto de vista formal se refiere a la aspiración de que el Juez se relacione lo más directamente posible con los elementos objetivos y subjetivos del proceso, recibiendo personalmente todas las pruebas, básicamente la testimonial, la confesión y practicar personalmente los reconocimientos judiciales; ya que de ese modo puede tener un adecuado conocimiento del asunto, a fin de que determine si es o no procedente el depósito. Lo que resulta lógico, dada la trascendencia de la diligencia de depósito en que el juzgador debe ponderar situaciones que ocurren al interior -por lo general-, de un núcleo familiar, para decidir si existe riesgo a la integridad -física, psicológica o moral- de la persona o personas cuyo depósito se solicita, ya que la medida debe estar fundada en situaciones objetivas, sobre todo cuando se trata de menores de edad, pues para determinarlo no basta la mera aseveración de uno de los padres o personas allegadas a ellos, sino que es menester que el Juez compruebe de manera directa la existencia de pruebas objetivas que justifiquen el depósito de la persona, a fin de evitar que con motivo de las desavenencias o animadversión existentes entre sus progenitores, sean separados injustificadamente de uno de ellos y desarraigados del entorno familiar, escolar y material en que se desenvuelven. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.2o.C.9 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 2465, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEPÓSITO JUDICIAL O GUARDA DE MENORES COMO ACTO PREJUDICIAL O MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. PARA SU PROCEDENCIA EL JUZGADOR DEBE CERCIORARSE DE LA NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN, POR LO QUE TIENE QUE VERIFICAR Y CORROBORAR, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, LO APREMIANTE DE LA URGENCIA Y QUE HAYA RELACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO CONTROVERTIDO, PONDERÁNDOSE ÉSTE, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 16, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 8, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que es un derecho humano del niño mantener sus relaciones familiares y desarrollarse en el núcleo familiar al que pertenece, el que sólo podrá afectarse en caso de excepción y previa resolución judicial a fin de proteger su interés superior. Por tanto, para que proceda el depósito judicial, ya sea como acto prejudicial o como medida cautelar, el juzgador deberá, en cada caso, acorde con los artículos 158, 159, 160 y 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse de que el menor necesita protección, para lo que habrá de verificar y corroborar, en el lugar de los hechos, lo apremiante de la urgencia en la medida. Además, tratándose del depósito o guarda de menores como medida cautelar, habrá de cerciorarse que tenga relación directa con el derecho controvertido en el juicio debiendo ponderarse éste, en función del interés superior del niño, pues no encontraría justificación alguna afectar tal derecho humano del menor, cuando se solicita la medida en un juicio de alimentos, sin acreditarse que existe un riesgo a su interés superior." También resulta aplicable, en lo conducente, la tesis VII.2o.C.119 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 2658, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. PARA QUE SE DECRETE ES NECESARIO ACREDITAR TANTO LA URGENCIA COMO EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LA MEDIDA, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN OBJETIVA DE LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE SEÑALE SU SOLICITANTE Y EL CERCIORAMIENTO DEL JUEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito o la guarda de una persona como acto prejudicial es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga para quien la solicita de señalar, las causas en que sustente su petición; y la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona como acto prejudicial. Por lo que, acorde con los artículos señalados, corresponde al juzgador, bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse que la persona objeto de la medida que se solicita necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona. Por tanto, es una diligencia espontánea en la que se plasmará lo que en ese momento el juzgador capte con sus sentidos, lo que deberá concatenar con lo que motivó a la práctica de dicha diligencia, esto es, las razones por las cuales se solicitó la medida, consistente en corroborar la urgencia y el peligro en que pueden encontrarse las personas a depositar, vinculando los elementos objetivos que tenga en ese momento." En el caso, de las constancias que integran el expediente 722/2020-V, las que, como se ha indicado, cuentan con valor probatorio, se advierte -en lo que trasciende- que mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, Francisco Javier Rodríguez Cansino promovió el depósito judicial de su menor hijo identificado con las iniciales E.R.M. Es pertinente indicar que del análisis de dicho ocurso se desprende que el promovente manifestó lo siguiente: Que el menor identificado con las iniciales E.R.M. "habitaba" con su progenitora en el domicilio ubicado en Calle Hidalgo Número dieciocho (18), Colonia Santa Leticia, del municipio de Fortín, Veracruz; y, Que Francisco Javier Rodríguez Cansino se "propuso" como depositario judicial del menor, y señaló como domicilio para tal efecto el ubicado en Calle diez (10), número doscientos seis (206), entre Avenidas 2 y 2-A, Colonia Centro, de Córdoba, Veracruz. En consecuencia, por auto de dos de septiembre de dos mil veinte, el Juez del conocimiento admitió a trámite el acto prejudicial promovido; y, entre otras cosas, ordenó llevar a cabo el cercioramiento de la necesidad de la medida solicitada. En cumplimiento a dicho proveído, se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, según consta en el acta respectiva; y, con vista en dicha diligencia, el Juez responsable, mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, decretó el depósito solicitado en relación con el menor identificado con las iniciales E.R.M., y designó como depositario judicial a su progenitor, Francisco Javier Rodríguez Cansino. Sin embargo, del análisis que se realiza de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se advierte que el Juez responsable pasó por alto que la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida llevada a cabo el nueve de septiembre de dos mil veinte, violó en perjuicio del menor involucrado la formalidad esencial contenida en el artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, relativa a que aquélla debe practicarse en el lugar de los hechos. Para justificar dicha aseveración, es pertinente remitirnos a la diligencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, en la que -en lo que trasciende-, se asentó lo siguiente:11 "(.) DILIGENCIA DE CERCIORAMIENTO DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA. En la Heroica Ciudad de Córdoba, Veracruz, siendo las siete horas con veintisiete minutos del día NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, la suscrita.. Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Cuarto Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial, asistida de. Secretaria de Acuerdos habilitada de este Juzgado, con quien actúa y da fe, nos constituimos en el domicilio 11 Fojas 19 a 22 del tomo de pruebas. ubicado en Calle 10, número 206 entre avenidas 2 y 2- A, Colonia Centro, de esta ciudad de Córdoba, Veracruz, observando las formalidades de ley, a fin de dar cumplimiento a la necesidad de la medida que para el caso requiere el artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles y que fuera ordenada mediante auto de fecha dos de septiembre de dos mil veinte; y previamente cercioradas conforme a derecho de que nos encontramos en el domicilio correcto y que es señalado en autos por el promovente de la presente diligencia, por así indicárnoslo la nomenclatura y por así corroborarlo el señor Francisco Javier Rodríguez Cansino, quien dijo que este es el correcto (.). Acto seguido y una vez permitido el acceso, nos constituimos en el interior haciéndose constar que se encuentran presentes tanto el depositario (.) así como un menor de edad de sexo masculino quien a dicho de la parte promovente cuenta con nueve años de edad, menor al que el promovente bajo protesta de decir verdad, identifica plenamente como su menor hijo sobre el que pide su depósito en este domicilio al cuidado del promovente. Seguidamente se procede a llevar a cabo el cercioramiento de la necesidad de la medida que para el caso establece nuestra legislación local (.). Acto seguido, la Secretaria de Acuerdos Habilitada, da fe de que el inmueble en el cual estamos constituidos tiene las siguientes características (.) Acto seguido, la ciudadana Encargada de Despacho por Ministerio de Ley acuerda: Toda vez que el promovente, ha expuesto los motivos sobre la necesidad de la medida solicitada, así como la urgencia del depósito que viene instando, en atención a los argumentos vertidos en la presente acta y que motivan la solicitud de depósito que nos ocupa, respecto de su menor hijo mencionado en este asunto pues ha expresado que el menor E.M.R. se encuentra a lado de su progenitor tranquilo, esto dijo, seguidamente no habiendo otra cosa más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, para resolver lo que en derecho corresponda, firmado e imprimiendo sus huellas dactilares los que aquí intervinieron. DOY FE." De lo anterior se deprende que la formalidad relativa a que el personal del juzgado debía trasladarse al lugar de los hechos, esto es, aquél donde se desarrolla la vida familiar de las personas objeto del depósito, no se cumplió, toda vez que la diligencia en cuestión fue llevada a cabo en el domicilio del depositario judicial Francisco Javier Rodríguez Cansino, esto es, en Calle diez (10), número doscientos seis (206), entre Avenidas 2 y 2-A, Colonia Centro, de Córdoba, Veracruz, y no en el que tenía su domicilio el menor involucrado, donde supuestamente se suscitaron los hechos que originaron la solicitud de depósito, que es donde -se dijo- vive con su progenitora, y que es distinto al del depositario (progenitor), el cual quedó detallado en líneas precedentes. Por tanto, se estima que el acto reclamado es contrario a derecho, en razón de que el Juez responsable, al resolver lo relativo al depósito de personas solicitado, no consideró que al no haberse trasladado al lugar de los hechos para cerciorarse personalmente de la necesidad de la medida, ello hizo ilegal la diligencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, violación procesal destacada a lo largo de esta sentencia y, por ende, la resolución de dieciocho de septiembre siguiente. De ahí lo fundado del concepto de violación en análisis. En ese entendido, resulta innecesario emprender el análisis de los restantes conceptos de violación formulados, ya que por el momento no se advierte que el estudio de alguno de ellos reporte un mayor beneficio que el alcanzado con la ponderación del motivo de disenso que resulta fundado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 8, Informe 1982, Parte II, Séptima Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." En consecuencia, al encontrase demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz: - Deje insubsistente la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 722/2020-V, de su índice, en la que decretó el depósito del menor identificado con las iniciales E.R.M., a favor de Francisco Javier Rodríguez Cansino. En el entendido de que las partes tienen expeditos sus derechos para que si así lo estiman, de seguir existiendo el posible riesgo y la urgencia de la necesidad de la medida, puedan solicitar nuevamente el depósito del menor de que se trata. Sustenta lo anterior, la tesis VII.2o.C.188 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 2560, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL O MEDIDA CAUTELAR. LA CONSECUENCIA DE QUE LA DILIGENCIA DE SU CERCIORAMIENTO NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ES QUE SE ANULE Y NO QUE SE PRACTIQUE NUEVAMENTE. Del referido precepto se advierte que el legislador previó la obligación a cargo del juzgador de: 1) trasladarse de inmediato al lugar de los hechos, a fin de constatar personalmente la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen la urgencia de la medida; 2) bajo su más estricta responsabilidad, debe trasladarse acompañado del secretario del juzgado, al lugar de los hechos, esto es, aquel donde se desarrolla la vida familiar de la persona objeto del depósito y no en el domicilio en donde ya se encuentra incorporada; 3) cerciorarse de que necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona; y, 4) decretar o no en ese momento el depósito con la urgencia que lo amerita. Por tanto, si la diligencia no cumple con esos requisitos, viola derechos humanos en perjuicio del o de los menores de edad, lo cual amerita conceder el amparo; sin embargo, no es factible ordenar que se lleve a cabo de nueva cuenta dicha diligencia, al ser material y jurídicamente imposible, que cumpliéndose con las formalidades del procedimiento, el juzgador se retrotraiga en el tiempo y se cerciore de la urgencia de la medida, con base en hechos que ocurrieron desde el momento en que fue solicitado el depósito, objeto del acto reclamado en amparo, pues si se ordenara llevar a cabo nuevamente la diligencia resulta evidente que el cercioramiento sería sobre hechos que acontezcan en ese momento y no cuando se solicitó el depósito. Por ende, la consecuencia es la de anular ese acto reclamado y no practicarse nuevamente, en la inteligencia de que las partes tienen expeditos sus derechos para que si así lo estiman, de seguir existiendo el posible riesgo y la urgencia de la necesidad de la medida, puedan solicitar nuevamente el depósito de los menores." NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que, en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA al menor de edad identificado con las iniciales E.R.M, contra el acto reclamado del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a los terceros interesados, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor proveído el telegrama remitido por el Policía Ministerial encargado de la Jefatura de Detectives de Paso del Macho, Veracruz, en el que informa que procedió a dar cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, toda vez que en la misma por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Cúmplase.
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