Sergio Rosas De la Luz
Expediente 1052/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sergio Rosas De la Luz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso oficio 4988/2021, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el veintidós de febrero de dos mil veintiuno.
- Principal
cuenta a la Jueza con el estado procesal que guardan los presentes autos, y con la certificación que antecede. Conste. Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a. en los siguientes términos. El quince de diciembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 267, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte la emisión del laudo dictado el doce de enero de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral. de su índice administrativo, así como las notificaciones a las partes de dicha resolución. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues dictó el laudo correspondiente en los autos del juicio laboral de origen y lo notificó a la parte quejosa, es evidente que se ha restituido al inconforme el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso oficio 6084/2020, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el veintiocho de octubre de dos mil veinte. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la razón actuarial de cuenta, se advierte que no se realizó la publicación de la resolución dictada el veintiocho de octubre del año en curso, en el presente expediente, mediante el cual se hace del conocimiento de las partes la determinación dictada en esa data; en consecuencia, realícese la publicación en los términos ordenados. Cúmplase. LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE RESOLVIO: .En Córdoba, Veracruz, a las DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1052/2019, promovido por. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, quien actúa con el Licenciado. Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo signada por. informe justificado rendido por la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; y las constancias que remitió en apoyo a su informe, con las que en proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte, se ordenó formar un tomo de pruebas. Asimismo, el Secretario hace constar que los terceros interesados, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Orizaba, Veracruz; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, fueron debidamente emplazados a juicio, el cuatro de febrero, nueve y diecisiete de marzo de presente año, respectivamente. Abierto el periodo probatorio. El secretario hace constar que la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias relativas al expediente laboral número. de su índice, en apoyo a su informe justificado. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 la Ley de Amparo, se tienen por desahogas las pruebas detalladas, dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el periodo de alegatos. El Secretario hace constar que mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo al representante social adscrito este órgano jurisdiccional formulando diversas manifestaciones a título de alegatos, no así a las demás partes. A lo anterior la Jueza acuerda. Se tienen por relacionados los alegatos formulados por la parte en cita, para los fines legales procedentes, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, al no haber más alegatos que relacionar, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y a continuación se procede al dictado de la siguiente. Vistos, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 1052/2019, promovido por. contra un acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, que hizo consistir en. La omisión de dictar laudo dentro de los autos del juicio laboral número. del índice de la citada Junta. La parte quejosa señaló los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda y su trámite. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a los terceros interesados y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de los terceros interesados. El cuatro de febrero, nueve y diecisiete de marzo de dos mil veinte, fueron debidamente emplazados a juicio los terceros interesados, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Orizaba, Veracruz; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y Afore Banamex, sociedad anónima de capital variable, respectivamente. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. de la Ley de Amparo. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se reclama un acto que no requiere ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en. La omisión de dictar laudo dentro de los autos del juicio laboral. del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente. de su índice, que remitió la citada responsable en apoyo a su informe con justificación; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el precepto 2, de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado lo alegado por el quejoso respecto a que la omisión de la Junta responsable de dictar el laudo correspondiente, en el término que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, transgrede en su perjuicio el derecho de que la justicia debe ser pronta, principio consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que la omisión de la autoridad responsable viola el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no cumplir con el término que establece la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo respectivo. A fin de demostrar la tesis anterior, resulta imperativo mencionar que el artículo 17 Constitucional, en lo conducente, establece lo siguiente. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El citado precepto consagra el derecho de acceso a la impartición de justicia, la cual contiene como uno de sus principios la justicia pronta. Este principio consiste en que las autoridades deben tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezca las leyes aplicables. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia. publicada en la página número 209, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro. ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. ha establecido lo siguiente, en relación con el artículo 17 constitucional, relevante para el presente asunto: 1) La justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. La justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario. La justicia debe garantizar al gobernado, la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Por su parte, los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, el día veintidós del mes de noviembre del año de mil novecientos sesenta y nueve, establecen en lo conducente lo siguiente. Artículo 8 Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 25. Protección Judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados partes se comprometen. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por otro lado, los artículos 884 a 890, de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso disponen lo siguiente. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos. Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes. Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma. El señalamiento de los hechos controvertidos. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y .Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Los invocados preceptos establecen los plazos y términos en que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. En las mencionadas disposiciones es posible obtener el término con que cuenta una Junta para emitir el laudo que resuelva en definitiva el juicio laboral, una vez declarado el cierre de la instrucción en el controvertido de que se trate. Así es, tales artículos establecen que una vez declarada cerrada la instrucción. Dentro del término de diez días siguientes deberá formularse, por escrito, el proyecto de resolución en forma de laudo, con los requisitos que indica el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo. Elaborado el proyecto respectivo, deberá entregarse una copia a cada uno de los miembros de la Junta, quienes dentro del término de cinco días hábiles, de su recepción, podrán solicitar la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes o que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; en este último caso, la Junta, con citación de las partes, fijará día y hora para el desahogo de la diligencia que corresponda dentro del término de ocho días artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo. Transcurrido el término a que se refiere el artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo cinco días hábiles a partir de la recepción del proyecto de laudo o bien, desahogadas las diligencias que en ese término se hubieren solicitado desahogadas dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de los cinco días hábiles el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes contados a partir de cualquiera de los dos supuestos antes mencionados artículo 887 del a Ley Federal del Trabajo. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el resultado artículo 888, de la Ley Federal del Trabajo. Si el proyecto fuere aprobado sin modificación alguna, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si se hicieren modificaciones al proyecto, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado artículo 889, de la Ley Federal del Trabajo. Engrosado el laudo, el secretario recogerá las firmas de los miembros de la Junta, y una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Como se ve, en suma, como término máximo para emitir laudo en un asunto en el que se ha declarado cerrada la instrucción, la Junta laboral correspondiente cuenta con treinta y tres días hábiles contados a partir de que decretó dicho cierre instructivo. Luego, la junta laboral que en contravención a los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, omita dictar el laudo respectivo en el citado lapso contado a partir de la emisión del auto de cierre de instrucción, infringe el derecho de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. En el caso, se aprecia que la omisión atribuida a la Junta responsable, ha vulnerado los anteriores preceptos, pues de las constancias que integran el juicio laboral número. se desprende, en lo que trasciende, lo siguiente. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecisiete, ante la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Orizaba, Veracruz; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Afore Banamex, sociedad anónima de capital variable, el pago de diversas prestaciones. En auto de diez de abril de dos mil diecisiete, la Junta responsable, admitió a trámite la demanda laboral de que se trata, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Seguida la secuela procesal en sus etapas, el ocho de abril de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción en el juicio laboral. y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo. De lo anterior se obtiene que la Junta responsable ha soslayado el principio de acceso efectivo a una justicia pronta, completa e imparcial, debido a que su omisión en dictar el laudo que dirima la controversia entre la partes, infringe el contenido del artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en los numerales 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo. Es así, pues de las constancias anteriormente relatadas se desprende, que el ocho de abril de dos mil diecinueve, turnó los autos a efecto de elaborar la resolución correspondiente en el juicio laboral. sin que a la fecha en que se emite esta sentencia exista en autos constancia alguna que demuestre que la citada autoridad emitió el laudo que resuelve en definitiva el indicado controvertido laboral, por lo cual, resulta evidente que al día de hoy han transcurrido más de treinta y tres días hábiles. término máximo con que cuenta la Junta para dictar el laudo. sin que la autoridad responsable hubiera dictado tal resolución. Luego, resulta inconcuso que la Junta responsable no respetó los términos legales que prevén los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, en los que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. Términos que en total, suman un lapso de treinta y tres días hábiles contados a partir de que se haya decretado el cierre de instrucción, en el que la Junta responsable debe emitir el laudo respectivo. Por tanto, la omisión de la autoridad responsable violó el artículo 17 Constitucional, al retardar indebidamente la solución de la controversia planteada en el juicio laboral, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contra actos negativos u omisiones, es obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y cumplir a lo que el mismo exija. En ese contexto, para cumplir con la presente sentencia, una vez que ésta cause ejecutoria, la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, de inmediato deberá emitir el laudo que resuelva la controversia planteada en el juicio laboral. de su índice. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada. emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, del Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA.). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Criterio a partir del cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en la página 528, del tomo XXV, correspondiente al mes de abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro. SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a. contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
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- Sergio Rodríguez León1082/2021
- Sergio Rodríguez León822/2022
- Sergio Rosas Cruz477/2019
- Sergio Rosas de la Luz574/2019
- Sergio Samir Tress García453/2022
- Sergio Samir Tress García883/2023
- Sergio Sánchez Gómez138/2022
- Sergio Sánchez González986/2021
- Sergio Sánchez Moreno1026/2019
- Sergio Sebastian Nieto Valente117/2021