Sergio Rodriguez Saavedra

Expediente 322/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
322/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Juez de Control del Poder Judicial Judicial En Tijuana, B.C.
  • Sergio Rodriguez Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Encargado de Despacho informa vacaciones de Juez. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio NSJP/UC/06713/2019 remitido por el Subjefe de la Unidad Judicial con Funciones de Encargado del Despacho de la Administración Judicial del Centro de Justicia Penal Oral de Tijuana, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento lo siguiente: a) Informa la imposibilidad que tiene por el momento para dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, en atención a que la Juez que emitió el acto reclamado y por el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentra gozando de su periodo vacacional, incorporándose a sus labores el tres de enero de dos mil veinte. b) Solicita se le informe si existe algún impedimento para que diverso Juez de Control dé cumplimiento al fallo protector. A lo anterior, se le informa que de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, estima procedente esperar a que la Jueza de Control que emitió el acto reclamado, se reincorpore a sus labores, lo cual acontecerá el tres de enero del próximo año, para que dé cumplimiento al fallo; por tanto, para dar margen a que dicha funcionaria judicial se reincorpore a sus actividades, se concede una prórroga de diez días a fin de que la juzgadora responsable dé cumplimiento al fallo protector. Robustece lo anterior, la tesis II.3o.P.32 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Materia Común, Penal, Página 1674, Registro 2006220, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS QUE CONCEDEN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL. FACTORES PARA DETERMINAR LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA CUMPLIMENTARLAS, PARA CONCEDER RAZONABLEMENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE UNA PRÓRROGA DEL PLAZO RESPECTIVO, CONFORME AL ARTÍCULO 192, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo confiere una facultad discrecional a los órganos de control constitucional, para ampliar el plazo que tienen las autoridades responsables para dar cumplimiento a las ejecutorias donde se conceda la protección constitucional, para lo cual deben atender a la complejidad o dificultad del asunto, con la única restricción de que el plazo que fijen sea razonable y se determine estrictamente. En ese sentido, para establecer objetivamente en qué radica la complejidad o dificultad de una ejecutoria de amparo en materia penal que deba cumplimentarse, es necesario realizar un análisis integral de la serie de factores que se presentan en el particular, como son: el número de tomos que conforman el procedimiento; la naturaleza del delito o delitos de que se trate; el estadio procesal del asunto; el material probatorio con que se cuente; los efectos de la concesión del amparo, ya sea procesal o sustantiva; el conocimiento previo del titular que va a cumplir; y, el número de inculpados; ello con independencia de alguna otra circunstancia que pudiera constituir un factor adicional de estudio para emitir la resolución correspondiente; todo esto, con el fin de evitar la imposición de plazos injustificados que demeriten la naturaleza sumaria del juicio constitucional y, sobre todo, vulneren el derecho de los gobernados a que se les imparta justicia de manera pronta y expedita, conforme lo prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, la prórroga que se conceda debe partir siempre de una ponderación razonada de los aspectos que influyan para emitir la resolución correspondiente y no ser producto de una decisión meramente subjetiva". Lo anterior, tomando en consideración el principio de inmediación contenido en el sistema de justicia penal vigente, el cual presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2019 (10a.), emitida por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, Página 184, Registro 2020268, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. Del proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Así como la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y dos, del Tomo I, julio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, 2017367, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación." Por tanto, requiérase a la responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que una vez reincorporada a sus labores de manera inmediata dé cumplimiento al fallo protector en los términos establecidos en la sentencia de veintiuno de noviembre pasado (fojas 166 a 177); asimismo, remita la totalidad de constancias que acredite el acatamiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no cumplir lo antes mandado, se le impondrá una multa de cien unidades, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Cambio de titular. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Feneció término legal. Vistas las certificaciones que anteceden se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de noviembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada por este órgano de amparo, fue para los efectos siguientes: 1. Celebre una nueva audiencia donde se cerciore que Jesús Roberto Flores Alarcón y Oscar Rodríguez García, abogados particulares del imputado, son profesionistas del derecho, para lo cual, deberá hacer constar en la videograbación de la audiencia de mérito que sus cédulas profesionales fueron cotejadas por el auxiliar de sala o que en todo caso se les otorgó un número en el centro de registro correspondiente. En caso de acreditarse lo anterior, deberá dejar subsistente la audiencia correspondiente, incluyendo la resolución del plazo constitucional; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso; empero, de no acreditarse la calidad de los defensores, la citada autoridad deberá dejar insubsistente la referida audiencia; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, en la cual deberán observarse los derechos fundamentales del imputado, incluido el de adecuada defensa. Para lo cual, deberá de requerir al imputado a fin de que designen defensor y, en caso de no hacerlo, la Jueza realice la designación, y deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 2. Hecho lo anterior, prosiga con el trámite respectivo. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término remita la totalidad de constancias que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no acatar lo antes mandado, se le impondrá una multa de cien unidades, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En el presente asunto, no ha lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable ordenadora, en virtud de que no tiene superior para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." En consecuencia, una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad precisada, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente al quejoso y al tercero interesado.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil diecinueve. Cumplimiento a requerimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad da contestación al requerimiento efectuado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, y al efecto informa que al realizar una búsqueda en sus archivos no fue posible localizar domicilio a nombre del tercero interesado Ricardo Benítez García. Emplazamiento a tercero interesado. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituyan en el domicilio proporcionado por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja California "2" en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el ocho de octubre pasado, que es el ubicado en Novena Sur, número 125, Ciudad Industrial, código postal 22444, en esta ciudad, y con copia de la demanda de amparo, auto admisorio de cinco de marzo del año en curso y con el informe rendido por la autoridad responsable, lo emplace a juicio dentro del plazo legal y le haga saber que se señalaron las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la legal notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia. En esas circunstancias, a fin de dar tiempo a que suceda lo señalado en el párrafo primero de este proveído, procede diferir anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encuentra fijada para las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de octubre del presente año; y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.5o.C.1 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo II, página 1322, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil diecinueve.****************************************Cumplimiento a requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja California "2" en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el cuatro de octubre del año en curso, y se le tiene informando que al realizar una búsqueda en sus archivos, localizó como domicilios del tercero interesado ********************los ubicados en ********************y en ****************************************Por tanto, en relación al domicilio mencionado en segundo término, el mismo ya fue agotado por el actuario judicial adscrito y respecto al señalado en primer término, una vez que la diversa autoridad informe lo solicitado, se acordará lo que en derecho corresponda. ****************************************Notifíquese en términos de ley.

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