Sergio Roberto Esquivel Algandar

Expediente 834/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
834/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Sergio Roberto Esquivel Algandar

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Se agregan documentales. Se tiene por recibido el oficio remitido por la delegada de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual desahoga el requerimiento de diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Asimismo, se tiene por hechas las manifestaciones que realiza la delegada de las autoridades responsables, en el sentido de que las manifestaciones que hace la representante y madre del menor quejoso son falsas, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra impedido parea realizar cobros o condicionar los servicios médicos a los derechohabientes. Además, respecto a la reactivación del trámite de pensión que refiere la quejosa se han negado a darle la constancia, la delegada de las responsables informa que desde el cuatro de julio de dos mil veintitrés, han intentado comunicarse al número telefónico de la madre del menor que tienen registrado; sin embargo, no han obtenido respuesta positiva, esto es, para informarle que deberá acudir a las oficinas que ocupa la Jefatura de Pensiones de la Subdelegación de esa institución, en día y hora hábil a fin de que se le pueda notificar la resolución de modificación de pensión correspondiente. Por otra parte, se le tiene remitiendo las notas médicas obtenidas del sistema institucional denominado Expediente Clínico Electrónico de las que se advierte la atención brindada al menor quejoso. Prueba documental. Por lo que, con fundamento en los arábigos 119 y 208 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano planteado el ocho de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuenta. El trece de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta con la constancia actuarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, trece de julio de dos mil veintitrés. Imposibilidad de notificación. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a la tercero interesada Yolanda Angélica Santana Pérez, la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, por los motivos que en la misma se exponen. Notificar por lista. Por tanto, toda vez que en el presente juicio de amparo no se advierte domicilio donde la tercera interesada pueda ser notificada; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de este juzgado notificarle por lista que se fije en los estrados de este juzgado, la referida sentencia y el presente auto, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese; y por lista a la tercera interesada Yolanda Angélica Santana Pérez.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO SE HACE CONSTAR QUE EL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA GUSTAVO ALVAREZ BARROZO, NO ACUDIÓ A DARSE POR NOTIFICADA DEL ACUERDO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; Y TODA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE FIJÓ EL AVISO CORRESPONDIENTE; POR LO QUE SE HACE LA NOTIFICACIÓN A LA CITADA PARTE DE DICHO AUTO, POR MEDIO DE LISTA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, trece de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 834/2023-IV. Análisis de la demanda de amparo. Este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este impone la obligación de su examen, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, en el entendido de que la misma debe analizarse como un todo en cuanto a cada uno de sus apartados. Para mayor claridad es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, como se dijo, revisada como un todo, se obtiene que el quejoso reclama de las autoridades que señala como responsables el traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana a diverso Centro de Reinserción. Quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser estudiado de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior pues en el caso a estudio, se estima que la demanda de amparo promovida por Sergio Roberto Esquivel Algandar, es improcedente, al actualizarse respecto a los actos reclamados citados con antelación, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad respecto del mismo. Como preámbulo se señala que el precepto y fracción citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[...]XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que preve´ esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensio´n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligacio´n de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentacio´n, cuando so´lo se aleguen violaciones directas a la Constitucio´n o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable sen~ala la fundamentacio´n y motivacio´n del acto reclamado, operara´ la excepcio´n al principio de definitividad contenida en el pa´rrafo anterior; [...]". Precisado lo anterior, es imperante dejar claro que el juicio de amparo es medio extraordinario de defensa; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretenden los agraviados pueden obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, de ahí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo; es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado o modificado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen la violación de derechos humanos como último recurso. De lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así, los elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: 1. El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; 3. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. 4. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Elementos todos los anteriores que se actualizan en la especie y se sostiene así por las razones que a continuación se expondrán: El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." Asimismo, es necesario establecer que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio, pues así lo establece el artículo 9 de la citada ley. Además, según el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en esa ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional. Además, del proceso legislativo se desprende la finalidad de que las personas privadas de la libertad hagan valer los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Bajo esas premisas, por lo que ve al acto reclamado que se hace consistir en el traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana a diverso Centro de Reinserción, es necesario señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), estableció como criterio jurídico que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento. Para justificar lo anterior, la Sala del alto tribunal aseveró que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa puede ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, razona la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación procede el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución; mientras que, si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Por tanto concluye la sala, que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. De ahí que, si el quejoso tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial, es inconcuso que existen medios ordinarios que deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Consecuentemente, si la petición del promovente radica, en esencia, en el traslado del Centro de Reinserción Social en esta ciudad a uno diverso por órdenes de la autoridad jurisdiccional o las autoridades administrativas que precisa en su ocurso; entonces, se advierte que no se trata de un acto fuera de procedimiento y que, en caso de que suceda, existe la posibilidad que un Juez de Control Especializado no califique de legal el traslado o, en el supuesto de que sí lo haga, en contra de éste se puede acudir al recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, se reitera, el quejoso acudió a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de la orden de traslado del quejoso del centro de reinserción social en esta ciudad a otro diverso; empero, no existe prueba alguna en autos que justifique que el impetrante del amparo siguió el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a agotar las instancias ahí contempladas, y con las cuales es posible lograr que la autoridad penitenciaria o judicial, en su caso, se pronuncien respecto de los actos que aquí reclama. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana a diverso centro de reinserción; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sergio Roberto Esquivel Algandar. Notificaciones al quejoso. Dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "La Mesa", con sede en Tijuana, Baja California, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que todas las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo, con la copia correspondiente, se realicen personalmente al impetrante de amparo en dicho centro penitenciario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.11o.C.27 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizado. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Gustavo Álvarez Barrozo, dado que cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la constancia glosada en autos. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y a su autorizado.

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