Sergio Ramos Banderas

Expediente 94/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
94/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Sergio Ramos Banderas

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de abril de dos mil diecinueve. 1. LLEGADA DE AUTOS. Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al cual adjunta el juicio en que se actúa; del que se advierte que causó estado el auto por el cual se desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el auto dictado por este Juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas, agréguese el oficio de mérito y el legajo de generalidades formado con motivo del recurso de queja; asimismo, acúsese recibo a la Superioridad. 2. Por otra parte, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. 3. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 , el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese.

  2. Principal

    En uno de abril de dos mil diecinueve, el secretario da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el número 5132, dentro del juicio de amparo 94/2019. Conste. INFORMA DESECHA QUEJA

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Sergio Ramos Banderas contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán; fórmese el cuaderno de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 94/2019. IMPROCEDENCIA Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1° fracción I y 5° fracción II, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Previo a exponer las razones por las cuales este órgano jurisdiccional tiene por actualizada la causa de improcedencia en mención, es menester destacar cuáles son los tipos fundamentales de relaciones que existen en la vida de cualquier estado o sociedad, y que en el caso, interesan. Para ello es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y .... De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de ... son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por ello -sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Bajo esa línea de argumentación, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, concluyó que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia ... 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En efecto, los artículos 61 fracción XXIII, 1° fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De una interpretación armónica de los preceptos en comento, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. De lo establecido en los ordenamientos jurídicos citados, interpretados en sentido contrario, deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de una autoridad. En la especie, la parte quejosa reclama suspensión del servicio de energía eléctrica en su domicilio localizado en Colegio México, número trece, de la colonia Infonavit J.F. Noyola de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cobro de la cantidad de $16,934.00 (dieciséis mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100), relativa a una irregularidad en el cableado subterráneo y la verificación o inspección con número de folio 10608 practicada en dicho domicilio. En ese sentido, resulta evidente que los actos reclamados en esta instancia constitucional no fueron emitidos en una relación de supra a subordinación entre una autoridad y el gobernado, sino en una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad de carácter contractual de suministro de energía eléctrica entre un particular y la Comisión Federal de Electricidad. De ahí que, a dicha paraestatal no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues la suspensión del servicio de energía eléctrica en su domicilio localizado en Colegio México, número trece, de la colonia Infonavit J.F. Noyola de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cobro de la cantidad de $16,934.00 (dieciséis mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100), relativa a una irregularidad en el cableado subterráneo y la verificación o inspección con número de folio 10608 practicada en dicho domicilio, obedecen a la celebración del contrato que el quejoso tiene con dicha paraestatal, lo que de ninguna manera genera una relación de supra a subordinación, sino más bien de coordinación entre particulares. Ello, porque no puede desvincularse la actuación de la aludida paraestatal frente a ese usuario, que no es otra que la de suministrar el servicio de energía eléctrica, lo que desde luego no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, al ser la Comisión Federal de Electricidad, un organismo público que cumple con la función del Estado, como prestador de un servicio -en el caso de energía eléctrica- por lo que contra la suspensión del servicio de energía eléctrica, el cobro de la cantidad de $16,934.00 (dieciséis mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100), relativa a una irregularidad en el cableado subterráneo y la verificación o inspección con número de folio 10608 es inconcuso que no procede el juicio constitucional, pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, dado que la relación que existe entre el usuario y la dependencia suministradora de luz (Comisión Federal de Electricidad), es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir de igualdad, razón por la que como se ha venido señalando, el juicio ... resulte improcedente. De tal forma, que al derivar los actos reclamados de una relación de coordinación entre la empresa suministradora de luz y el quejoso como usuario del servicio es inconcuso que aquélla (Comisión Federal de Electricidad) no actúa como autoridad sino en un plano de igualdad, esto es, una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde las partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, ello derivado del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad al particular, con motivo de un contrato. Entonces, es evidente que los actos reclamados son originados en una relación de coordinación entre particulares, la cual debe dirimirse en los procedimientos ordinarios necesarios que se encuentran regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1° fracción I y 5° fracción II, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia ...43/2014 ... de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 888, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, pues: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a éste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Así, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Asimismo, la tesis de jurisprudencia ...112/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, de título y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales." Y la tesis de jurisprudencia ..., sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 368, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS RECIBOS O FACTURAS QUE EXPIDE POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO SON ACTOS DE AUTORIDAD. La citada comisión funge como auxiliar de la administración pública al aplicar las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero sin imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que los recibos o facturas por consumo de energía eléctrica que emite no constituyen actos de autoridad y, en su caso, tampoco lo constituye el corte de suministro de energía por falta de pago; y si bien es cierto que los referidos recibos o facturas constituyen un acto de aplicación del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que habilita al gobernado para reclamar la inconstitucionalidad de la norma a través del juicio de amparo, éste es improcedente contra los recibos o facturas por no constituir actos de autoridad." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En ese sentido, como lo solicita (foja 8), téngase a la parte quejosa señalando los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo previsto por el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso, tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la ciudad de Lázaro, Cárdenas, en virtud de que el mismo, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, y de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, debe designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se le hagan las notificaciones que deban ser personales. Por otra parte, téngasele autorizando para oír y recibir notificaciones a Tristán Dávila ..., con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que exhibió copia certificada de la cédula de la licenciatura en derecho de dicha persona. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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