Sergio Murillo Estrella
Expediente 313/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Murillo Estrella
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En veinte de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el amparo en el presente juicio, transcurrió del cinco al dieciocho de julio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada el tres de julio pasado, sin que lo hubiere hecho; y Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 20 primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyanse el cuaderno principal e incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de junio de dos mil veintitrés. SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo ********************/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el once de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común en la misma fecha, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir esencialmente en la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención y/o localización y/o presentación, librada en su contra; y su ejecución. Derechos fundamentales trasgredidos. La parte quejosa expuso que los actos reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el día once de mayo de dos mil veintitrés; y, en auto de doce mayo del mismo año, se ordenó registrarla con el expediente ********************/2023; y se procedió a la admisión a trámite de la acción de amparo; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Fiscal de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, toda vez que la parte quejosa, reclama actos con posible ejecución en Uruapan, Michoacán, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. INEXISTENCIA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. En proveído de dieciocho de mayo del presente año, se dio vista a la parte quejosa con la razón levantada por la actuaria de la adscripción de la que se desprendía la imposibilidad de emplazar a juicio a la autoridad responsable Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Toda vez que, al constituirse la actuaria adscrita, en las instalaciones de la Fiscalía Regional en esta ciudad, el Ingeniero Daniel Pulido Virrueta, encargado de Enlace de Tecnología de la Información Planeación y Estadística, le informó que en esa institución no existe la autoridad buscada. En esas condiciones, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de la referida autoridad, apercibida que de no hacerlo en el plazo concedido, se tendría como inexistente y se ordenaría suspender toda comunicación con la misma. En proveído de uno de junio pasado, se tuvo como omisa a la parte quejosa, en pronunciarse al respecto, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tuvo a la precitada autoridad como inexistente y se ordenó suspender toda comunicación con ella. En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a la referida autoridad responsable, ya que su inexistencia fue determinada previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ella. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." TERCERO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo; Dirección Regional de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo. La orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención y/o localización y/o presentación, librada en su contra. Del Fiscal General en el Estado, Morelia, Michoacán de Ocampo; y, Agente de la Policía de Investigación Encargado del Área de Aprehensiones, Uruapan, Michoacán de Ocampo. La ejecución de la citada orden. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. La parte quejosa reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, Dirección Regional de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención y/o localización y/o presentación, girada en su contra. Mientras que del Fiscal General en el Estado, Morelia, Michoacán de Ocampo, y Agente de la Policía de Investigación Encargado del Área de Aprehensiones, Uruapan, Michoacán de Ocampo, su ejecución. En su escrito de demanda, expuso que el día once de mayo del año en curso, se enteró de manera extrajudicial que se había girado en su contra orden de aprehensión y/o comparecencia, y/o orden detención y/o localización y/o presentación, ya que a las siete horas del día referido, elementos al parecer de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que andaban en una camioneta blanca sin placas de circulación, portando chalecos antibalas, así como una arma de fuego larga y una corta, se presentaron en su domicilio y le preguntaron a su esposa por el ahora quejoso, manifestando que traían una orden para que fuera a declarar porque lo acusaban de un delito, sin especificar de qué tipo de orden se trataba, sin enseñar documento alguno, y sin identificarse con documento oficial. Al respecto, las autoridades responsables señaladas como ordenadoras y ejecutoras, al rendir sus informes con justificación, negaron categóricamente los actos que de ellas reclama la parte quejosa. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades, al rendir sus informes con justificación negaron su existencia, correspondía a la quejosa acreditarlo, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención y/o localización y/o presentación en contra del impetrante de amparo, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si las autoridades responsables ordenadoras, negaron el acto que se les atribuye, argumentando que no es cierto el acto reclamado por la quejosa, entonces la carga de la prueba recae sobre la solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero y por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
En doce de junio de dos mil veintitrés, la secretaria certifica: Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del informe con justificación rendido por la autoridad responsable Agente de Policía de Investigación Encargado del Área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan. Doy fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del informe con justificación rendido por la autoridad responsable Agente de Policía de Investigación Encargado del Área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En nueve de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 7414. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de junio de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo su INFORME JUSTIFICADO: Agente de Policía de Investigación Encargado del Área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan. Con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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