Sergio Omar Rivera Zarate
Expediente 1344/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2022
Partes del expediente
- Sergio Omar Rivera Zarate
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de diciembre de dos mil veintidós. I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio ..., proveniente del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual solicita se informe si el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen el presente asunto; atento a ello, se provee: II. Se informa. Vista la comunicación de cuenta, mediante oficio que derive de este auto, infórmese a la superioridad que, mediante auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio... proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, mediante el cual se informó que dicho órgano jurisdiccional declinada a su favor para conocer de la demanda de amparo promovida por..., quien se identifica como ..., así como que se avocó a su conocimiento. Notifíquese; por oficio al Tribunal Unitario en mención.1
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en relación al oficio..., signado en representación de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, Querétaro, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa el monto por concepto de impuesto predial conforme a la concesión otorgada, para lo cual deberá acudir a las instalaciones de la responsable a recoger la referencia bancaria, a fin de retirar el numerario que refiere. Se recibe oficio. Agréguese el oficio ..., signado en representación de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, Querétaro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, en tanto que remite el desglose de los conceptos, con los que avala el monto a devolver, con el que considera dar cumplimiento al fallo protector, atento a ello, se provee: III. Se hace conocimiento de la parte quejosa. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que deberá acudir a la brevedad a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en ..., con la finalidad de que le sea entregada la referencia bancaria correspondiente. Se hace la precisión que la autoridad de mérito refiere que la entrega de la mencionada referencia se realizará únicamente en el horario de nueve a doce horas, de los días martes y jueves hábiles, para lo cual deberá acompañar identificación oficial y copia de la misma. IV. Requerimiento. No obstante, la autoridad oficiante omitió pronunciarse cabalmente respecto del primer punto señalado dentro del apartado de "Efectos de la concesión de amparo" de la sentencia dictada en autos, que a la letra dice: "I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas tendentes a lograr que no se vuelva a recibir ningún pago por causa de las contribuciones que tengan sustento en los artículos que han sido declarados inconstitucionales, y únicamente por lo que ve a las contribuciones aquí reclamadas, a saber: Artículo 24 de la Ley del Impuesto Predial, publicada el trece de noviembre de dos mil dos; Artículos 33 y 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, publicada el dos de diciembre de dos mil ocho; Artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2007; Artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2008; Artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2009; Artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2010; Artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2012; Artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2013 (sólo en su aplicación al quinto bimestre de 2013); Artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro, publicada el diecisiete de octubre de dos mil trece; y Artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2022. 150. O bien, que no se realice de manera coactiva su cobro, e informe a este juzgado el resultado de tal gestión, pues con independencia de que dichas contribuciones sean de aquellas cuyo entero ocurre de manera voluntaria por el gobernado en forma de autoliquidación y no esté totalmente en manos de la autoridad evitar su pago, es posible que pueda llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que cuente, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la exención que ahora gozará la parte quejosa con motivo de la presente concesión, pudiendo advertir incluso al gobernado sobre el pago de lo indebido, y en esa medida se observe la jurisprudencia P./J. 112/99, Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA"." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad de mérito, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos. V. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán efectivas las medidas de apremio decretadas en autos. VI. Se reserva dar vista. En mérito de lo anterior, se reserva dar vista a la parte quejosa con el oficio que se provee y su anexo, hasta en tanto se cumpla con el requerimiento efectuado en el presente proveído. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad exactora.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de noviembre de dos mil veintidós. I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio ...., suscrito por el Jefe de Seguridad y Custodia, en representación del Titular del Centro Penitenciario CP1 Varonil de Querétaro, mediante el que rinde informe sobre la suspensión de plano, decretada por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito; atento a ello, se provee: II. Se remite oficio a juzgado competente. Según se advierte del estado que guardan los presentes autos, en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se órgano jurisdiccional declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda promovida por ....., quien se identifica como ......, por lo que se ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia Penal, en turno; atento a ello, mediante oficio que derive de este auto, remítase la comunicación de cuenta al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, por ser el órgano jurisdiccional al que se remitió dicha demanda, por ser el órgano de guardia de los Juzgados competentes en amparo en materia penal. Notifíquese; y, por oficio al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro.1
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Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de noviembre de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibido el oficio 994/2022, suscrito por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, adjunto al cual remite la demanda de amparo promovida por ..., quien se identifica como ..., contra actos del Responsable del Área de Salud del Centro Penitenciario CP1 Varonil, así como el cuerpo de enfermeras de dicho centro. Acúsese recibo. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1344/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Precisión de actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que el promovente del amparo reclama lo siguiente: 1) Malos tratos. 2) Discriminación. 3) Intimidación. 4) Vejación. 5) Tortura. 6) Daños por omisión al no proporcionar desde el pasado doce de noviembre del año en curso, el tratamiento hormonal a la quejosa, lo cual le causa malestar y ansiedad. IV. Sobre la suspensión de plano. Según se advierte del oficio de cuenta, el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, ya se pronunció respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados, lo que hace innecesario que este órgano jurisdiccional se ocupe de tal punto. V. Se declara incompetencia. Por otra parte, vista la demanda de cuenta se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer del asunto por cuestión de materia, en razón a que el acto reclamado versa sobre cuestiones referentes al internamiento de la parte quejosa en el Centro Penitenciario en que se encuentra, de lo cual corresponde conocer Juez de Distrito en Materia Penal, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación. En primer término, es pertinente atender lo dispuesto por el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." "Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; [.]." "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." Además, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Del marco normativo antes expuesto, se advierte que, a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional conoce de la materia de amparo civil, administrativo y de trabajo, así como de juicios federales. En el caso, como ya se precisó, se señala como autoridades responsables al Responsable del Área de Salud del Centro Penitenciario CP1 Varonil, así como el cuerpo de enfermeras de dicho centro, de quienes se reclaman malos tratos, discriminación, intimidación, vejación, tortura y falta de atención médica, sufridos por ....., quien se identifica como ..... Luego, es cierto que las autoridades a las que se atribuye dicho acto tienen un carácter esencialmente administrativo, sin embargo, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), derivado de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal (publicada en el Diario oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil once), se generó un cambio sustancial en el sentido de que, corresponde a las autoridades judiciales, especialmente a los juez de ejecución en materia penal -tanto en el ámbito federal como local-asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse durante el internamiento del sentenciado, lo cual significa que, el conocimiento y solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal. La jurisprudencia indicada es consultable en el Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Materias Común y Penal, Décima Época, de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 17, registro 2001982, cuyo rubro y texto se transcriben: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada." Así mismo, la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia, al resolver el conflicto competencial 36/2017, en lo que interesa, determinó: "[.] 31. En el caso concreto, el acto reclamado en amparo indirecto consiste en la alegada falta de atención médica y medicinas hacia un interno en un Centro Federal de Readaptación Social. 32. Ahora bien, la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal P./J. 18/2012, es clara al señalar que la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales y, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Por ello, la propia jurisprudencia en cita estableció que el conocimiento de toda controversia al respecto en que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, implicando una transformación fundamental de la vía para pasar de la vía administrativa a la penal. 33. Posteriormente, esta Primera Sala, siguiendo el criterio del Pleno de este Alto Tribunal, emitió la jurisprudencia 1a./J. 113/2012, de rubro "COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. SI EL ACTO RECLAMADO MOTIVO DEL CONFLICTO INCIDE EN LOS MECANISMOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS SENTENCIADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL", que materialmente resuelve el conflicto competencial aquí planteado. 34. En ese sentido, dicha jurisprudencia 1a./J. 113/2012 establece que, a partir de la interpretación del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reforma constitucional de dos mil ocho, "(.) cuando el acto reclamado motivo de un conflicto competencial incida en los mecanismos para lograr la reinserción social de los sentenciados con motivo de la ejecución de la pena, la competencia para conocer de los asuntos relativos a dicho conflicto se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia penal". 35. Ahora bien, el Tribunal Pleno en la tesis P./J. 31/2013 (10a.) al interpretar el concepto de reinserción social, estableció que el propio artículo 18 constitucional prevé una serie de actividades y programas diseñados para permitir a las personas condenadas a una pena privativa de libertad, su regreso a la sociedad, lo cual no es posible "(.) sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte". De ello se sigue que el propio Tribunal Pleno considera la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. 36. Por tanto, si la jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 113/2012 establece la competencia de un Tribunal Colegiado en Materia Penal cuando el acto reclamado "incida en los mecanismos para lograr la reinserción social" (premisa mayor) y la diversa jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 31/2013 enmarca la atención de la salud como parte de la reinserción social (premisa menor), es claro que la única conclusión posible es considerar que la competencia para conocer del recurso de revisión en contienda referente al derecho a la salud de una persona interna en un Centro Federal es de un Tribunal Colegiado en Materia Penal y no uno Administrativo. 37. No obsta a lo anterior el hecho de que la autoridad emisora del acto reclamado tenga una naturaleza formalmente administrativa porque, como se ha dicho con anterioridad, al derivar los actos de un procedimiento penal éste es en consecuencia el criterio determinante para adscribirlo a esa materia como han sostenido las jurisprudencias a que se ha hecho referencia. 38. En consecuencia, la competencia para resolver el recurso de revisión interpuesto contra el sobreseimiento del juicio de amparo ........ del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Chiapas corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito. [.]. " Conflicto competencial del cual derivó la tesis 1a. XI/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, página 433, Materia(s): Común, Penal, Décima Época, registro digital 2016130, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS REFERENTES A LA SALUD DE UNA PERSONA INTERNA EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. Según dejó establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, por lo cual, toda controversia al respecto en que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal. En seguimiento de ese criterio, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país estableció en la jurisprudencia 1a./J. 113/2012 (10a.), que si el acto reclamado incide en los mecanismos para lograr la reinserción social de los sentenciados con motivo de la ejecución de la pena, la competencia se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. Consecuentemente, la competencia por razón de materia para conocer del recurso de revisión en un juicio de amparo donde se reclaman actos relativos a la atención de la salud de una persona interna en un Centro Federal de Readaptación Social, es de un Tribunal Colegiado en Materia Penal y no uno en Materia Administrativa, sin que obste para lo anterior que la autoridad emisora del acto reclamado tenga naturaleza formalmente administrativa, ya que al derivar los actos de un procedimiento penal, éste es el criterio determinante para adscribirlo a esa materia como se sostiene en las jurisprudencias referidas." De lo antes reproducido se obtiene que, existe criterio por parte del Máximo Tribunal de Justicia en el sentido que, con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal (publicada en el Diario oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil once), corresponde a las autoridades judiciales supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad -entre los que se incluyen los servicios de salud-, de modo que, todo juicio de amparo en que se reclame un acto vinculado a alguno de esos medios de reinserción, será competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, sin que sea óbice que la autoridad emisora del acto reclamado tenga una naturaleza formalmente administrativa, ya que, al derivar los actos de un procedimiento penal, éste es en consecuencia el criterio determinante para adscribirlo a esa materia. Por tanto, es claro que el acto reclamado se subsume en la hipótesis antes señalada, pues como ya se indicó, en el caso, se reclaman malos tratos, discriminación, intimidación, vejación, tortura y falta de atención médica, sufridos por una persona que se encuentra interna en un centro de reclusión, con motivo de un procedimiento penal seguido en su contra, lo que implica que, al con independencia de la carácter formal de las autoridades a quienes se atribuye, tal acto es de naturaleza esencialmente penal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como informar la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la ley de la materia, debido a la notoria incompetencia decretada con antelación, no es el caso ordenar la apertura del cuaderno incidental, por tanto, remítase de plano la demanda y copias de la misma, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno. Sin que lo antes determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." VI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Domicilio. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal1 , aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°2 , se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. VIII. Se solicita boleta de turno. Con fundamento en los artículos 39 y 44 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales3 , mediante oficio 1 "Artículo 305.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial." 2 "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." 3 "Artículo 37. Una vez registrado el asunto, se obtendrá del sistema la impresión por triplicado de la boleta de turno. Un ejemplar de dicha boleta se entregará al interesado, otro al órgano jurisdiccional al que se turne y, el último, lo conservará la Oficina de Correspondencia Común como soporte documental en el cual se asentará el nombre y firma del servidor público que recibió el asunto, lo anterior, para efectos de consulta, inspección y archivo." "Artículo 39. La boleta de turno contendrá, según el caso, los datos siguientes: [.] I. Fecha y hora de presentación o depósito en el buzón judicial; II. Fecha y hora de turno; III. Número de registro consecutivo que corresponda; IV. Número de folio del comprobante o contraseña que se otorga en el supuesto del artículo 40 de este Acuerdo; V. Nombre del inculpado, actor, quejoso, recurrente o promovente; VI. Nombre del defensor, persona de confianza, autorizado o representante; VII. Nombre del demandado y tercero interesado; VIII. Tipo de juicio, recurso que se interpone o procedimiento que se promueve; IX. Acto reclamado, tratándose de amparos; que derive del presente proveído, remítase a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, copia de la demanda de amparo que nos ocupa, a efecto de que remita la boleta de turno respectiva, pues la demanda que nos ocupa fue directamente remitida a este órgano jurisdiccional por el Tribunal Unitario de este circuito. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Materia; XI. Número de expediente que sirva como antecedente; XII. En amparo, las autoridades responsables; XIII. El delito por el que se ejerce acción penal y el número de la averiguación previa de la que deriva; XIV. Órgano jurisdiccional al que se turna el asunto; XV. Número de copias y anexos que se reciben; y el señalamiento si cuenta con firma; XVI. El asunto o asuntos con el cual el sistema de turno relaciona, en los casos previstos en este Capítulo; y XVII. Nombre y firma del servidor público que recibió el asunto y del que lo entregue al órgano jurisdiccional. "Artículo 44. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de la siguiente manera: I.Forma aleatoria: Tratándose de amparos directos e indirectos, juicios federales, sus recursos, conflictos competenciales, así como la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se turnarán en forma aleatoria mediante el sistema computarizado, de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales. Como regla general para el turno, no se tomará en cuenta el conocimiento anterior por determinado órgano jurisdiccional; una vez turnado de manera aleatoria un asunto no podrá ser motivo de consulta ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Los procedimientos penales y sus recursos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria, de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales federales. También se turnarán de manera aleatoria aquellos asuntos en los que esté señalado como autoridad responsable algún tribunal Unitario de Circuito o juzgado de Distrito a los que proporciona servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate; y II. Forma relacionada: El sistema computarizado de las oficinas de correspondencia común facilitará la relación de expedientes en aquellos casos excepcionales en los que por disposición legal se establece el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional. (.)" X. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XI. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa en su lugar de reclusión; y, por oficio al Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, así como a las autoridades responsables.4
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