Sergio Mendez Valencia
Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/07/2023
Partes del expediente
- Sergio Mendez Valencia
- Legislatura del Estado de Queretaro
- Camila Fernanda Barba Piña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el denunciante no interpuso recurso de inconformidad contra el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por el que desechó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20 fracción IV del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de junio de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por ****, por actos atribuidos a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 70/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, los que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. No ha lugar a dar trámite a la denuncia. A fin de otorgar mayor claridad a la presente determinación, resulta necesario puntualizar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 4/2019, previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, el cuatro de febrero de dos mil veinte, determinó que la denuncia de violación a una declaratoria general de inconstitucionalidad constituye un procedimiento que ejerce una persona al considerarse afectada por la aplicación de una norma que fue materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, precisó que, de acuerdo con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Amparo, la persona que se considere agraviada en su esfera jurídica con la aplicación de una norma inválida materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, deberá acudir ante el juez de distrito a realizar la denuncia respectiva. Así, estableció que una vez hecha la denuncia, se iniciará el procedimiento en términos del artículo 210 de la Ley de Amparo, por lo que se dará vista de tres días a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga, y dictará resolución en un plazo similar, dicha determinación será materia de impugnación mediante el recurso de inconformidad. Al respecto, este Juzgado de Distrito estima no dar trámite a la presente denuncia, en razón de las siguientes consideraciones: En ese sentido, el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio a la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 71.- Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera independencia de la suerte del iniciado con anterioridad. La ampliación a que se refiere el párrafo anterior sólo puede presentarse una vez, hasta antes de la audiencia final de la primera instancia, y se observarán las disposiciones aplicables como si se tratara de un nuevo juicio." El precepto legal en estudio dispone, en lo que interesa, que después de que se haya admitido, por un tribunal, una demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso. En relación con lo anterior, es un hecho notorio para esta juzgadora la denuncia 52/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la tesis de jurisprudencia 3a./J. 2/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 63, marzo de 1993, página 13, Octava Época, con registro 206740, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. La emisión de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para los Ministros que lo integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa. Por tanto el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando así sea advertido por los integrantes de una Sala del propio Tribunal, puede introducirse como elemento de prueba en un juicio diverso, de oficio, sin necesidad de que se ofrezca como tal, o lo aleguen las partes, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo." De ese expediente se advierte que, la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 52/2023, fue presentada por *****, contra el acto de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por considerar que incumplió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; con la emisión del oficio ***, de ***s; la cual, a la fecha, se encuentra en trámite pendiente de resolución. Los hechos de la denuncia de ese asunto son idénticos a los del escrito en estudio. En ese sentido, la nueva denuncia intentada resulta inatendible en razón de que se pretende el inicio de una nueva instancia, promovida por el mismo denunciante, reclamando el mismo acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional por el Alto Tribunal del País, en contra de la misma autoridad denunciada que en el diverso asunto 52/2023, e invocando la misma causa de pedir. Por tanto, si el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, prohíbe expresamente la instancia de un nuevo proceso en el que se demanden de la misma persona o personas las mismas prestaciones y por la misma causa de pedir, si previamente existe uno igual, que no haya sido resuelto de manera irrevocable; entonces, con fundamento en las consideraciones anteriores, no ha lugar a dar trámite a la denuncia intentada. Sin que lo anterior implique un análisis de la naturaleza de la denuncia de violación a la declaratoria general de inconstitucionalidad, en tanto que, la acreditación de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, es una cuestión susceptible de prueba durante la substanciación del procedimiento, contemplado en el artículo 210 de la Ley de Amparo, que atañe al fondo del asunto. Dicho procedimiento se encuentra colmando con la denuncia 52/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, dado que el denunciante ofreció los medios probatorios que consideró pertinentes para acreditar la aplicación de las normas que aduce violadas y se dio vistas a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, cuya resolución se encuentra pendiente de emitirse. Así, resulta patente que el denunciante ejerció sus prerrogativas con la denuncia 52/2023 interpuesta con anterioridad, cuyo objeto, resulta idéntico al ocurso que se atiende, en tanto que deriva del mismo acto, en el caso, el oficio 233301EL350306, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, de ahí que resulte ocioso e inocuo el procedimiento que ahora pretende, puesto que los extremos que pretende se encuentran atendidos en la denuncia señalada en primer término. Ahora, este órgano jurisdiccional considera que, tal figura jurídica puede ser analizada incluso de oficio, al tener sustento en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, ya que pretende garantizar la seguridad y certeza jurídicas de todo justiciable, así como evitar el echar a andar la maquinaria judicial innecesariamente con el desgaste y costos naturales que ello genera. Considerar lo contrario implicaría dejar al arbitrio del justiciable la interposición de procedimientos como considere necesarios, aun cuando el objetivo de éstos ya se encuentre colmado o constituyan estudio de un asunto que a la par se encuentre en trámite. Del mismo modo, su análisis oficioso cuenta con el propio respaldo constitucional contenido en los preceptos 1 y 133 de la Carta Magna, a fin de promover, proteger, tutelar y garantizar dicha seguridad y certeza jurídicas y mantener la supremacía constitucional con base en sostener el orden público evitando el pronunciamiento de sentencias contradictorias, como antes se expuso. Para justificar lo anterior, es válido apoyarse, por identidad jurídica, en lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse sobre el estudio oficioso de la cosa juzgada, en el sentido de que su análisis de tal modo debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que estimó no se viola la equidad procesal entre las partes. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 52/2011 de la Novena Época, localizable en la página 37, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 161662, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." Así, atendiendo a lo antes considerado y fundado, lo procedente en el caso, como se ha mencionado, es no ha lugar a dar trámite a la denuncia presentada. V. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial y con fundamento del último párrafo de artículo 12 de la Ley de Amparo, como autorizado en términos amplios a ****, en razón a que se encuentra inscrito en el registro correspondiente; además, téngase como autorizados en términos restringidos a las demás personas por si solicitarlo expresamente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de abril de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el oficio signado por la autoridad exactora, mediante el cual informa que realizó la entrega del excedente materia de la concernió de amparo a la parte quejosa; lo anterior en virtud que por auto tres de abril del año en curso se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de abril de dos mil veintitrés. I. Calificación de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con las constancias remitidas en atención a la sentencia de amparo, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, por lo que, resulta procedente que este juzgado realice la calificación del cumplimiento al fallo protector. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa
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