Sergio Moreno Pasalagua
Expediente 533/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/11/2019
Partes del expediente
- Sergio Moreno Pasalagua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifiquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia de veintisiete de mayo pasado (fojas 31 a 35), en el cual se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que la misma ha causado estado. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III), pues se sobreseyó en el presente asunto. 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VIII) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 533/2016-VIII, promovido por Sergio Moreno Pasalagua, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda Mediante escrito recibido el veinte de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Sergio Moreno Pasalagua promovió juicio de amparo contra las autoridades y acto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. - PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) - SUBPROCURADOR GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. - COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. -AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TERCER TURNO DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: "LA ORDEN DE PRESENTACIÓN, DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN, DICTADA EN CONTRA DEL QUEJOSO, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de veintidós de abril pasado (fojas 05 a 08), se admitió a trámite la demanda de amparo, se formó por duplicado el presente incidente de suspensión de los actos reclamados, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Diferimiento de la audiencia constitucional. Mediante proveído de nueve de los actuales (foja 24) se difirió por última ocasión la audiencia constitucional y se fino nueva fecha. QUINTO. Autoridad inexistente. Por auto de diez de mayo anterior (foja 28) se dejó de tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el presente juicio de amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el quejoso señaló que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la orden de presentación, detención y/o aprehensión, dictada en contra del quejoso, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables: 1. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. SUBPROCURADOR GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 3 COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 4. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TERCER TURNO DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. Negaron la existencia del acto reclamado (fojas 13,14,15, 21 y 22 respectivamente) y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese orden, procede sobreseer, en virtud de que el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita correspondía a la impetrante del amparo. En efecto, pues la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables al rendir sus informes justificados para explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio, y sobre todo de acompañar, (en caso de que el acto reclamado sea cierto), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo tiene lugar cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, porque en tal supuesto, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba necesarios para demostrar la certeza del acto de que se trata, lo que en el caso concreto no aconteció. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Moreno Pasalagua, por el acto, autoridades, motivos y razones descritas en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario quien da fe, Víctor Manuel Rendón Sosa.
- Incidental
VIII) V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 533/2016-VIII, promovido por Sergio Moreno Pasalagua, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y, otras autoridades, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada a este órgano jurisdiccional, Sergio Moreno Pasalagua, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades responsables siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) CON COPIA DE DEMANDA. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) CON COPIA DE DEMANDA. SUBPROCURADOR GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) CON COPIA DE DEMANDA. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) CON COPIA DE DEMANDA. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TERCER TURNO DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE, CON COPIA DE DEMANDA) ANT. CARPETA DE INVESTIGACIÓN 120130550022816. ACTO RECLAMADO: - LA ORDEN DE PRESENTACIÓN, DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN, DICTADA EN CONTRA DEL QUEJOSO, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN." SEGUNDO. En auto de veintidós de abril de este año (fojas 04 a 09) se formó por duplicado el incidente de suspensión y se solicitó a las autoridades responsables su informe previo. TERCERO. Mediante interlocutoria de veintinueve de abril pasado (fojas 19 a 21) se resolvió respecto de unas autoridades responsables y se fijó nueva fecha para la celebración de esta incidencia. CUARTO. Por auto de diez de los actuales se dejó de tener como autoridad responsable en este cuaderno incidental al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (foja 35). En tal virtud, la audiencia incidental concluye con la resolución siguiente: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados de las autoridades responsables se hacen consistir en la orden de presentación, detención y/o aprehensión, dictada en contra del quejoso, así como su ejecución. SEGUNDO. Al rendir su informe previo el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Santiago Tianguistenco, México (fojas 25 y 26), negó la emisión del acto reclamado, dicha negativa correspondía desvirtuarla a la parte agraviada, en razón de que es principio general del derecho de que quien afirma está obligado a probar, por lo que en este caso se arroja a la quejosa la carga de la prueba, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. En tal virtud, como el promovente del amparo no aportó prueba en contrario procede negar la suspensión definitiva respecto de dicha autoridad por no existir materia sobre que aplicarla. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 286, que se aprecia en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Sergio Moreno Pasalagua, por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario quien da fe, Víctor Manuel Rendón Sosa.
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