Sergio Miranda Navarro

Expediente 1049/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1049/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
23/11/2016

Partes del expediente

  • Sergio Miranda Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por el Oficial Mayor de la Sala familiar de Toluca, México, a través del cual acusa recibo del oficio 46613/2016, por el cual se le devolvió un cuaderno de liquidación sobre pago de pensión, expediente 1224/2003, Toca de Apelación 270/2016, un cuaderno de pensión alimenticia, un cuaderno de liquidación sobre pago de pensión y dos sobres con diversos documentos, que adjuntó como complemento a su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se agrega el oficio de cuenta para que surta los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 106 a 116), donde por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En ese orden, a las autoridades responsables, devuélvanse las constancias que adjuntaron a sus informes justificados, de la siguiente manera: Al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, cuatro legajos de copias certificadas. A la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca, un cuaderno de liquidación sobre pago de pensión, en ochenta y cinco fojas, expediente 1224/2003 en doscientas treinta y nueve fojas, Toca de Apelación 270/2016 en ciento tres fojas, un cuaderno de pensión alimenticia en ocho fojas, un cuaderno de liquidación sobre pago de pensión en trescientas cincuenta y un fojas, un sobre amarillo que contiene: escritura 5,194, constancias original del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dos talonarios con siete comprobantes simplificados, cada uno, diez recibos de dinero y un sobre amarillo con: tres legajos de copias certificadas en ciento siete, ciento doce y ciento diecinueve fojas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en el entendido que deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, pues por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la totalidad de los acuses de notificación, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Abierta la audiencia por el Juez, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, cuyo rubro es: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. PERIODO PROBATORIO. Enseguida, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el período probatorio y el Secretario hace constar: que el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México remitió las constancias consistentes en: Copia certificada del expediente 1224/2003. Asimismo, la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, remitió: 1. Toca de apelación 270/2016; 2. Expediente 1224/2003; 3. Cuaderno de liquidación sobre pago de pensión; 4. Cuaderno de pensión alimenticia; 5. Cuaderno de liquidación sobre pago de pensión; 6. Sobre amarillo que contiene: Escritura número cinco mil ciento noventa y cuatro (5,194). Constancia de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis; Dos talonarios que contienen siete comprobantes simplificados en copia al carbón con sello original; Diez recibos de dinero; 7. Sobre amarillo que contiene: Tres legajos de copias certificadas de la carpeta de investigación ********************; De igual forma, el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justica para las Mujeres, sede Toluca, remitió copias certificadas de la carpeta de investigación ********************. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados los medios de convicción relatados, sin necesidad de diligencia previa dada su propia y especial naturaleza, debiendo tomarse en consideración al momento de resolver el presente asunto, según el valor probatorio que merezcan. Sin más que actuar, se cierra el período probatorio en que se actúa. PERIODO DE ALEGATOS. Se da apertura al periodo de alegatos, y el Secretario hace constar: Que las partes ni la representación social los hicieron valer. Sin más que actuar, se cierra el período de alegatos en que se actúa. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No habiendo escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta audiencia y el Juez procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. ********************, por propio derecho, mediante escrito presentado el siete de julio dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, promovió demanda de amparo indirecto en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que a continuación se mencionan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. COMO ORDENADORA: A) La Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, emisora de la sentencia de 15 de junio de 2016. B) El C. Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en cumplimiento y ejecución a la sentencia de 15 de junio de 2016, ordenada por el Tribunal de Alzada. 2. COMO EJECUTORA: C) El C. Notificador adscrito y que corresponda al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en cumplimiento y ejecución a la sentencia de 15 de junio de 2016 por el Tribunal de Alzada. 3. COMO AUTORIDAD RESPONSABLE OMISA: LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, SEDE TOLUCA, LIC. KARLA Y. MARTÍNEZ PATONI, por la omisión en la remisión a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación 5545520580095613 y por no determinar la suspensión de la investigación. IV. ACTO RECLAMADO: A) EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN de la sentencia de fecha 15 de junio de 2016, pronunciada por los Magistrados que integran la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 4, 7, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Recibida que fue la demanda de amparo, al día siguiente de su presentación en este órgano de control constitucional, se registró bajo el expediente ******************** y se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete a la representación social de la federación de la adscripción; se realizó el emplazamiento de los terceros interesados; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, : C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. El acto reclamado lo constituye la sentencia de quince de junio de dos mil dieciséis, la cual se notificó el dieciséis de junio siguiente, lo que se acredita con la constancia de notificación realizada mediante lista por la notificadora adscrita a la responsable. Por tanto, dicha notificación surtió efectos ese mismo día y empezó a computarse a partir del día siguiente hábil, es decir, del diecisiete de junio al siete de julio del año en curso, en términos del artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México debiendo descontarse del término el dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de junio y dos y tres de julio de dicha anualidad; por haber sido inhábiles, conforme a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el plazo para promover el juicio de garantías previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es de quince días. De ahí que, la demanda de amparo es oportuna, en virtud de que se presentó el seis de julio de dos mil dieciséis. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: a) Del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, en Toluca, Estado de México la omisión de remitir a la Primera Sala Familiar de Toluca las actuaciones de la carpeta administrativa ********************, denunciada por ********************por el delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias en contra de ********************. b) De la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la sentencia de quince de junio de dos mil dieciséis, en la que se modificó la diversa interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, respecto del recurso de apelación interpuesto en los autos del expediente 1223/2003, dentro del incidente de liquidación de pago de pensión alimenticia, y su ejecución. CUARTO. ANTECEDENTES A fin de tener una mejor comprensión del asunto y de la revisión efectuada a las constancias de autos del expediente ********************destacan los siguientes antecedentes: 1. El catorce de noviembre de dos mil trece, ********************demandó a ********************la disolución del vínculo matrimonial, el pago de una pensión alimenticia, entre otras prestaciones; la cual se radicó y admitió en el veinte de octubre siguiente bajo el expediente ********************del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado México. 2. Mediante sentencia de catorce de mayo de dos mil cuatro, se dictó sentencia en los siguientes términos: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía controversia del orden familiar, en la que la señora ********************, probó la acción de divorcio necesario, en base a las causales previstas en las fracciones XI y XII, del artículo 4.90 del Código Civil, y el demandado señor ********************, no justificó las excepciones opuestas; en consecuencia SEGUNDO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a la señora ********************y al señor ********************, con el efecto de que recobran su entera capacidad legal para contraer nuevas nupcias, con excepción del segundo, por ser cónyuge culpable sólo podrá hacerlo después de que transcurran dos años, contados a partir del momento en que cause ejecutoria el presente fallo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4.100 del Código Civil. En su oportunidad cúmplase con lo dispuesto por los artículos 3.33 y 4.110 del Código Civil, remitiendo copia certificada de la resolución al Tercero Oficial del Registro Civil de la Ciudad de Toluca, para que a costa de los interesados realice los asientos correspondientes. TERCERO. Se condena al señor ********************, al pago y aseguramiento de la cantidad equivalente a TRES Y MEDIO SALARIOS mínimos diarios vigentes en esta zona económica, computables al mes, por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la señora ********************y de sus menores hijos ********************y ********************de apellidos ********************. Con la carga procesal de depositarla en el local de este Juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes, para que sea entregada a la primera de los acreedores, previa identificación y firma que por su recibo obre en autos. El aseguramiento deberá hacerlo en cualquiera de las formas autorizados por el artículo 4.143 del Código Civil, que podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente que a juicio del Juez sea bastante para cubrir los alimentos. En la inteligencia de que los alimentos tendrán un incremento mínimo equivalente al aumento automático porcentual del salario mínimo diario vigente en la zona de que se trate, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, en incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. (.)". Determinación que adquirió firmeza procesal el seis de agosto de dos mil cuatro. 3. Mediante escrito de tres de noviembre de dos mil nueve, la tercero interesada ********************promovió ante el juez natural incidente de liquidación de pensión alimenticia por el periodo comprendido del seis de agosto de dos mil cuatro al treinta y uno de octubre de dos mil nueve; incidencia que se encuentra pendiente por emitir resolución interlocutoria en virtud de la objeción de documentos opuesta por ésta. 4. Mediante escrito de veintiocho de julio de dos mil quince, la tercero interesado ********************interpuso incidente de liquidación de pensión alimenticia contra ********************, por el periodo comprendido del uno de noviembre de dos mil nueve al veintisiete de julio de dos mil quince; incidente que se radicó y admitió el veintinueve de julio siguiente por el juez natural. 5. Seguido en sus etapas procesales, por interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, el juez de origen emitió el fallo bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Ha sido parcialmente procedente el incidente de liquidación de pensión alimenticia, promovido por ********************, en contra de ********************, en consecuencia; SEGUNDO. ********************deberá hacer el pago a ********************de $395,913.53 (trescientos noventa y cinco mil novecientos trece pesos 53/100 m.n) por concepto de pensiones alimenticias del periodo del uno de noviembre de dos mil nueve al veintisiete de julio de dos mil quince, lo cual deberá efectuar dentro del término de OCHO DÍAS siguientes a que cause ejecutoria el presente fallo, y en caso de no hacerlo, embárguese bienes de su propiedad suficientes a garantizarla y con su producto el pago a la incidentista. (..)". 4. Inconforme con tal determinación, el justiciable el diecisiete de marzo de la presente anualidad, interpuso recurso de apelación y mediante sentencia de quince de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable estableció lo siguiente: "PRIMERO. Se declaran parcialmente fundados los agravios que hizo valer ********************por conducto de su apoderado legal LICENCIADO ********************en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Jueza Primera Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente número ********************relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL (divorcio necesario), promovido por ********************en contra de ********************, respecto del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES promovido por ********************por su propio derecho y en su carácter de mandataria de sus hijos ********************y ********************de apellidos ********************en contra de ********************. SEGUNDO. Se modifica el resolutivo segundo del fallo apelado y al que se ha hecho referencia en el resolutivo inmediato anterior, para quedar: 'SEGUNDO. ********************deberá hacer el pago a ********************de $345,913.53 (trescientos cuarenta y cinco mil novecientos trece pesos 53/100 M.N.) por concepto de pensiones alimenticias del periodo del uno de noviembre de dos mil nueve al veintisiete de julio de dos mil quince, lo cual deberá efectuar dentro del término de OCHO DÍAS siguientes a que cause ejecutoria del presente fallo, y en caso de no hacerlo, embárguese bienes de su propiedad suficientes a garantizarla y con su producto el pago a la incidentista'". Acto reclamado que en esta vía constitucional se combate. QUINTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE REMITIR COPIAS DE LA CARPETA ADMINISTRATIVA ********************. La Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de México al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que por esta vía constitucional se le reclama señalado en el considerando segundo inciso a), sin que el quejoso aportara prueba en contrario para desvirtuar tales negativas. Razón por la cual, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO INCISO A), con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Lo anterior se determina así en virtud de que, de los autos se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Toluca, Estado de México remitió a la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México copias certificadas de la carpeta de investigación ******************** con la finalidad de que ésta proveyera lo conducente respecto de las manifestaciones vertidas por el quejoso en el toca 270/2016, en el que ofreció medios de prueba supervenientes, lo cual aconteció por autos de treinta y uno de mayo y uno de junio del año en curso, donde la Sala responsable tuvo por recibidas las constancias remitidas por la representación social, donde determinó lo conducente respecto de su valor probatorio. Lo que permite concluir, que la omisión reclamada a la institución ministerial es inexistente en virtud de que al rendir su informe con justificación manifestó haber remitido dichas copias certificadas, lo cual se advierte de las constancias que obran en autos en el toca de apelación. SEXTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez y el Ejecutor del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió al rendir dicho informe, consistentes en el expediente Toca de apelación 270/2016; expediente 1224/2003; cuaderno de liquidación sobre pago de pensión; cuaderno de pensión alimenticia; cuaderno de liquidación sobre pago de pensión y dos sobres amarillos; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, toda vez que las partes no los hicieron valer, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. OCTAVO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y FIJACIÓN DE LA LITIS. La parte quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación: a) La autoridad responsable vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que la determinación reclamada se encuentra fuera de la legalidad, ya que los juicios del orden civil deben encontrarse debidamente fundados y motivados. b) Asimismo, no aplica lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.137, 1.194 y 2.161 del Código de Procedimientos Civiles, así como los diversos 7.30, 7.32, 7.33 y 7.34, del Código Civil ambos para el Estado de México, en virtud de que no otorgar valor probatorio a las actuaciones remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, respecto de las copias simples de los cheques exhibidos en el toca 270/2016 de su índice. c) La Sala responsable no le dio la oportunidad de acreditar el cumplimiento al pago ordenado por el juez de origen a través del convenio celebrado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, ante el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, en la carpeta administrativa ********************. Conforme a lo anterior, se precisa que la litis se constriñe a determinar, si la autoridad debió considerar las constancias que remitió la representación social, para determinar lo relativo al cumplimiento del quejoso en torno a las pensiones vencidas. NOVENO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA SENTENCIA DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Precisado lo anterior, se procederá a examinar la constitucionalidad del acto reclamado cuya existencia se encuentra acreditada en autos. Ahora, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Amparo, se examinan los conceptos de violación en su conjunto, los cuales resultan infundados e ineficaces, sin que exista materia para suplirlos en su deficiencia, en atención a las consideraciones siguientes. Pues bien, previo al estudio del fondo del asunto, debe constatarse si el acto reclamado cumple con la debida fundamentación y motivación exigida a todo acto de autoridad para generar una válida afectación en la esfera jurídica del gobernado y ulteriormente se podrán estudiar las cuestiones de fondo. Es aplicable, a este respecto, la jurisprudencia 207, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad, porque no se puede impedir que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo". No asiste razón a la accionante del juicio constitucional para dolerse de falta de fundamentación y motivación en el acto de autoridad que arguye le irroga perjuicio; con el objeto de sustentar tal aserto, es pertinente puntualizar lo siguiente: La garantía de legalidad consagrada en nuestra Constitución Política Federal, establece como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados esté fundado y motivado. Cuando se dice que un acto es legal, es porque el mismo respeta la norma fijada por el legislador, se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un Estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico de Estado, es la suprema garantía, y la efectividad de esta garantía constituye la normalidad de un régimen jurídico. La garantía de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en dicha garantía. La exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar los preceptos legales si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, con lo cual se tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Ciertamente, no existen excepciones al cumplimiento de dicho deber, ya que toda autoridad debe, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, para con ello, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, ésta es una de las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto los actos administrativos, como los jurisdiccionales. En síntesis, para que una autoridad cumpla con los extremos del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución General de la República, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Tiene aplicación, la jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." También, sirve de apoyo la Jurisprudencia número 338, visible en la página 27 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y texto siguiente: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 Constitucional, consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula a la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal." Ahora, contrario a lo aseverado por el impetrante de amparo, el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, pues basta su lectura para advertir que la responsable citó los fundamentos en los que basó su actuar, como lo son los artículos 4.138 del Código Civil del Estado de México y 1.213, 1.194, 1.137, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Además, expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que lo llevaron a determinar modificar la resolución de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, respecto del incidente de liquidación de pensiones alimenticias, por lo que sus motivos de disensos marcados con los inciso a) y b), resultan infundados. Lo anterior toda vez que la autoridad responsable sí motivó las circunstancias que la llevaron emitir el fallo en ese sentido, la cual se apegó a los principios de congruencia y exhaustividad. Deviene infundado el motivo de disenso en el que argumenta que la autoridad responsable no otorgó valor probatorio a las documentales privadas consistentes en las copias simples de los cheques exhibidos en el toca 270/20146, sin darle una valoración respecto de la carpeta de investigación ******************** por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias a favor de ********************y sus hijos ********************y ********************de apellidos ********************. Lo anterior, dado que sí se pronunció respecto de dicho medio probatorio, toda vez que por auto de treinta y uno de mayo y uno de junio del año en curso, la Sala responsable determinó que tocante a las documentales privadas consistentes en los cuatro cheques exhibidos en el toca de apelación, los mismos no podían ser admitidos como medios de convicción en virtud de que la legislación de la materia no preveía el derecho de las partes de aportar pruebas en segunda instancia; empero sí se allegó de las copias certificadas de la carpeta de investigación aludida las cuales tuvo por admitidas, desahogadas dada su propia y especial naturaleza; sin que el quejoso haya controvertido o ataque tales consideraciones. Máxime que tales constancias no resulta aptas para demostrar o acreditar el pago de las pensiones a que fue condenado el quejos, por lo que a ningún fin práctico llevaría que la Sala las analizara, si su resolución se dictaría en el mismo sentido. Así resulta ineficaz el concepto de violación en el que aduce que la responsable no le dio la oportunidad de acreditar el cumplimiento al pago ordenado por el juez natural a través del convenio celebrado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, ante el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres en Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación ******************** por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias a favor de ********************y sus hijos ********************y ********************de apellidos ********************. Lo anterior, ya que la Sala responsable en la determinación reclamada modificó la diversa de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de que el quejoso en el recurso de apelación hecho valer, adujo que el juez de origen no tomó en consideración que la parte actora -hoy tercero interesada- manifestó en audiencia de dieciocho de febrero anterior, haber recibido ante la representación social la cantidad de cincuenta mil pesos por concepto de pensión alimenticia. Lo cual tuvo por acreditado con las copias certificadas de la carpeta de investigación aludida, en el acta de audiencia mínima de doce de febrero del año en curso, que conllevó a la responsable a modificar la interlocutoria de veinticinco de febrero siguiente, al existir confesión por la parte actora en el juicio ordinario civil (divorcio necesario) de haber recibido dicha cantidad por el justiciable. Empero, respecto del convenio celebrado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en la carpeta de investigación ******************** por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias a favor de ********************y sus hijos ********************y ********************de apellidos ********************, en la misma se aprecia: "PRIMERO. Que siendo las diecisiete horas del día cuatro de mayo de dos mil dieciséis esta representación HACE CONSTAR que se encuentran presentes la agraviada ********************, asimismo el representante legal del imputado C. ********************, asistido de defensor privado Iván Pérez Romero con cédula profesional número 6965306 a efecto de llevar a cabo la diligencia de MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN) para llevarse a cabo; acto seguido estando presentes ambas y en los términos siguientes: estando presentes ambas partes ante la vista y conocimiento de esta representación social se llevaron a cabo pláticas de carácter conciliatorio entre ambas partes, en donde en uso de la palabra el imputado a través del representante legal ********************, hace entrega de los cheques que se describen a continuación: Primer cheque la cantidad de $50,000.00 con fecha de cobro del día cuatro de mayo del año 2016, con número 25013370 Segundo cheque la cantidad de $50,000.00 con fecha de cobro del día cuatro de julio del año 2016, con número 25013365. Tercer cheque la cantidad de $50,000.00 con fecha de cobro del día cuatro de septiembre del año 2016, con número 25013360. Cuarto cheque la cantidad de $50,000.00 con fecha de cobro del día cuatro de noviembre del año 2016, con número 25013355; y Quinto cheque la cantidad de $50,000.00 con fecha de cobro del día cuatro de enero del año 2017, con número 25013350. En donde en uso de la palabra la C. ********************manifiesta estar de acuerdo en recibir los cinco cheques antes descritos por concepto de pensiones alimentarias adeudas a favor de la ofendida y de sus hijos de nombre ********************y ********************de apellidos ********************, hasta el 04 de abril del año 2015, fecha en que se describe el dictamen en materia de contabilidad expedido por el Instituto de Servicios Periciales; asimismo la C. ********************, bajo su más amplia voluntad y bajo su más estricta responsabilidad sin que medie presión, amenaza o coacción alguna que obligara a tomar esta decisión, también del periodo del 6 de abril de dos mil quince hasta el 31 de diciembre del año 2015; con los cheques antes descritos salvo el buen cobro de los cheques y hasta que se cobre el total de los cheques, la C. ********************se compromete a otorgar el perdón en los siguientes días después del cuatro de enero de 2017, respecto a la presente denuncia de la carpeta de investigación en el que se actúa, quedando debidamente notificada ambas partes de las presentes actuaciones ministeriales.". De la anterior transcripción puede observarse que el accionante constitucional otorgó cinco cheques por la cantidad de cincuenta mil pesos cada uno, los cuales se cobrarán en diversas fechas - cuatro de mayo, cuatro de julio, cuatro de septiembre, cuatro de noviembre todos de dos mil dieciséis y cuatro de enero de dos mil diecisiete-, sin embargo, hasta el momento procesal en el que se emitió la determinación reclamada, no hay constancia de que hayan sido cobrados por la tercero interesada ********************. Tal circunstancia permite concluir que, ningún fin práctico llevaría que la responsable los tomará en consideración al determinar sobre la interlocutoria de veinticinco de febrero del año en curso, pues no demuestran la existencia de un pago a cuenta de la condena, en cambio, se tuvo por acreditado que la actora en el juicio natural recibió por concepto de pensión alimenticia la cantidad de cincuenta mil pesos el doce de febrero ante la representación social; por ende, resulta ineficaz el argumento en el que sostiene que no se le dio la oportunidad de acreditar el pago del convenio de cuatro de mayo pasado. De lo anterior se obtiene que la autoridad responsable sí fundó y motivó su actuación, pues citó los preceptos legales que le sirvieron de apoyo; y, además expresó los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sirve de apoyo la tesis de Jurisprudencia I.1o.T. J/40, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 1051, del tenor literal siguiente: "MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Cuando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan los numerales legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá conducir a la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación, lo que no acontece cuando la autoridad responsable señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para absolver de lo reclamado." En consecuencia, al resultar infundadas e ineficaces las argumentaciones vertidas por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, negativa que se hace extensiva a los actos de las autoridades ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 79, 123, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por ********************, contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando quinto, por los motivos ahí asentados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos tercero, inciso b) y sexto, por los motivos asentados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, de la cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día de hoy a las once horas con treinta minutos del día de hoy; tal y como se ordenó en proveído de dos de septiembre de la presente anualidad (foja 88); sin embargo, en auto de veinte de septiembre del año en curso (foja 101), se dio vista a las partes con los informes justificados del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, sede Toluca y del Notificador del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, ambos del Estado de México; en consecuencia, resulta evidente que no media el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2008, Novena época, con número de registro 170291, que establece: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." En consecuencia para no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo 117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano