Sergio Márquez Espinosa

Expediente 1730/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1730/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Sergio Márquez Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse al Juez Sexto Especializado en Material Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, las constancias que adjuntó a su oficio ***, consistentes en la copia certificada del juicio oral mercantil *** de su índice; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el escrito aclaratorio de ..., se tiene a la parte quejosa desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgado mediante proveído de nueve de septiembre del año en curso, y al efecto precisa que el acto que reclama s la interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, así como su notificación. Sentado lo anterior, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . En el caso en concretó como se adelantó la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en el juicio oral mercantil ... del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se tuvo a la parte demandada -aquí quejoso-, por enterado de los autos dictados el veintiséis de abril y seis de junio de dos mil diecinueve en el juicio de origen. Una vez precisado lo anterior, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce , esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Una vez precisado lo anterior, y partiendo de la premisa que el acto reclamado se trata de una interlocutoria emitida en un incidente -incidente de liquidación de sentencia-, ello no resulta óbice para que se actualice la improcedencia en el presente juicio de amparo, ya que las disposiciones normativas entre el procedimiento del juicio y el de un incidente, en su generalidad son similares, por lo que el momento para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, esto es, en el instante en que se controvierte la resolución definitiva que pone fin al proceso o al incidente. De manera que de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III y IV del artículo 107 de la Ley de Amparo , es válido concluir que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados dentro de juicio, que emanen a su vez dentro de un procedimiento incidental, el amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución que decida dicho incidente, si es que es susceptible de combatirse por esa vía biinstancial, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento y que hubiere dejado sin defensas al quejoso. Para poder llegar a lo anterior, es conviene traer a colación lo expuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 10/2000, en sesión del veintisiete de febrero de dos mil uno, que en la parte que interesa dice: .De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente resulta ser similar al procedimiento de un proceso. El proceso que con frecuencia es confundido con los vocablos juicio, litigio o procedimiento, es el conjunto de actos jurídicos realizados por las partes, los terceros, los auxiliares de justicia y el juzgador, con motivo del ejercicio de la acción, cuyo fin es la sentencia. Por su parte, con la palabra incidente, se designa a los procedimientos que se siguen dentro de un proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, a través de una resolución que generalmente se le denomina interlocutoria. De ahí que las instituciones juicio e incidente, coinciden en que previo a un procedimiento deben decidir una cuestión planteada, por tanto, generalmente sus respectivos procedimientos igualmente coinciden con los siguientes aspectos: 1. Se inician con un escrito (demanda y demanda incidental, respectivamente). 2. Se otorga el derecho de formular contestación de la contraparte. 3. Se admite la etapa probatoria y de alegatos. 4. Culmina con una resolución (sentencia e interlocutoria, según sea el caso). 5. Admite la procedencia de recursos ordinarios. 6. Existen plazos para hacer valer derechos procesales. Luego, si el procedimiento de un proceso como el de un incidente, en su generalidad son similares, sobre todo, respecto de la etapa probatoria, entonces, si para el proceso se considera como una violación procesal el desechamiento de pruebas porque es susceptible de repararse en la sentencia definitiva, igual razón rige para el desechamiento de pruebas decretado en el procedimiento de un incidente, porque con esa violación únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales, sólo que dentro del incidente mismo, en atención a que de igual forma es susceptible de ser subsanada si la interlocutoria que resuelve la cuestión incidental le resulta favorable a los intereses del oferente de la prueba. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que el desechamiento de pruebas decretado dentro de un incidente, no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales por las razones apuntadas. En el mismo campo de la similitud existente entre el procedimiento del juicio y el procedimiento de un incidente, el momento para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y otro, debe ser el mismo, es decir, en el momento en que se combate la resolución respectiva que pone fin al proceso o al incidente (sentencia definitiva o resolución interlocutoria) a través del juicio de amparo. Sólo que la diferencia se encuentra en la vía en que deba promoverse el juicio de garantías para uno y otro caso, porque si se trata de una sentencia definitiva, en el caso del proceso, el desechamiento de pruebas debe invocarse como violación al procedimiento en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia de mérito, por así establecerlo textualmente la Ley de Amparo en sus artículos 158, 159 y 161, según quedo precisado en párrafos anteriores. Ahora, en el caso concreto, se reitera que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en el juicio oral mercantil ... del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se tuvo a la parte demandada -aquí quejoso-, por enterado de los autos dictados el veintiséis de abril y seis de junio de dos mil diecinueve en el juicio de origen; la cual constituye un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. No pasa inadvertido que en su escrito inicial de demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado, entre otras cosas, la omisión de notificársele personalmente la actualización de la planilla de liquidación; no obstante, en su escrito aclaratorio, precisó que reclama la interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en el juicio oral mercantil ... del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se tuvo a la parte demandada -aquí quejoso-, por enterado de los autos dictados el veintiséis de abril y seis de junio de dos mil diecinueve en el juicio de origen, así como su notificación, lo cual fue materia de estudio en el presente asunto, por lo que es dable concluir que no se duele de la omisión de notificarle tal determinación. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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