Sergio Juárez Juárez

Expediente 319/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
319/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Sergio Juárez Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Agréguese a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional mediante el cual formula pedimento ministerial, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento dado que en proveído del veintiocho de febrero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia. Cúmplase. ...

  2. Principal

     Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio y anexo de los Magistrados Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Delegados. De igual forma, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta.  Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento del demandado, el plazo para dar contestación y en el momento procesal oportuno, el señalar la audiencia de ley, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: ... En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. ... Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado, el plazo para dar contestación y en el momento procesal oportuno, el señalar la audiencia de ley, respecto de la demanda presentada ante la responsable el veinte de noviembre de dos mil dieciocho. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -ocho de febrero de dos mil diecinueve-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto del escrito presentado el veinte de noviembre dos mil dieciocho, ante la Oficialía de partes de dicho tribunal, por el que el quejoso Sergio Juárez Juárez promovió demanda laboral, siendo que mediante acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto del mencionado escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, donde el Tribunal responsable, determinó requerir al quejoso (actor en el expediente laboral) para que aclare su escrito inicial de demanda y precise las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral, en razón de la naturaleza del juicio laboral burocrático. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por el quejoso; asimismo, se realizó un requerimiento a efecto de que aclare su escrito inicial de demanda y precise las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, con motivo de la formulación de su demanda laboral. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado, el plazo para dar y en el momento procesal oportuno, el señalar la audiencia de ley respecto de la demanda presentada ante la responsable el veinte de noviembre de dos mil dieciocho. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de veinticinco de febrero del año en curso, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de que precise las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho por el que el quejoso promovió demanda laboral, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento a efecto de que precise las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "54. Por otra parte, respecto de la omisión de desahogar oportunamente las pruebas señaladas para su practica el quince y veintiuno, ambas de enero de dos mil diecinueve, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la junta responsable tome las medidas necesarias en el juicio natural y ordene el pronto desahogo de esos medios probatorios, para lo cual deberá tomar en consideración lo previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo y demás artículos que estime aplicables; en la inteligencia de que la concesión decretara sólo es respecto de aquellas pruebas que al momento de requerir el cumplimiento relativo no se hayan desahogado y, en su caso, deberá considerar no diferir las fechas si éstas se encuentran dentro del plazo establecido en la ley de la materia al dar cumplimiento a este fallo. 55. En el entendido de que al desahogar en su totalidad las pruebas ofertadas por las partes, la junta responsable en términos del artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, deberá concederle a las partes la oportunidad de presentar sus alegatos.". Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. De los anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio registrado con el número de folio 1240, se desprende que en audiencias de once de diciembre de dos mil dieciocho, quince y veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se desahogó la inspección ofrecida por la parte actora bajo el numeral seis de su escrito de pruebas, se desahogó el cotejo ofrecido por la parte trabajadora en relación con la documental marcada con el número nueve y la parte demandada se desistió de la prueba confesional que ofreció por así convenir a sus intereses, respectivamente, tal como se advierte a continuación. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, realizara las gestiones necesarias para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral ... de su índice, lo cual se llevó a cabo en audiencias de once de diciembre de dos mil dieciocho, quince y veintiuno de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, máxime que las partes renunciaron a su derecho a formular alegatos y se turnaron los autos para el dictado del laudo correspondiente. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes.

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