Sergio Manuel Vega Andrade
Expediente 532/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Manuel Vega Andrade
- Agente del Ministerio Público Adscrito A Este Tribunal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, por el que se negó el amparo en el presente expediente, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Atento a lo anterior, se ordena la devolución de un tomo de prueba, enviado por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cual envió como complemento a su informe justificado. Por otra parte, no es inadvertido para la suscrita, que el hecho de que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, no ocasiona ningún perjuicio a la autoridad tercera interesada Telebachillerato Michoacán, ya que se negó el amparo a la parte quejosa, por lo cual a pesar de que no ha sido posible la entrega del oficio 15295, no se violentan los derechos de la autoridad tercera con interés. Finalmente, en caso de que la autoridad tercera interesada continúe en huelga, tal como se advierte del proveído de siete de agosto del año en curso, se ordena se reserva la entrega del oficio hasta en tanto reanude labores, razón por la cual quedará en resguardo del actuario de la adscripción. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3177/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 532/2018; promovido por Sergio Manuel Vega Andrade, por su propio derecho y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, ante el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sergio Manuel Vega Andrade, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (en la vía directa), contra actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución; razón por la cual, mediante oficio de cuatro de junio de la anualidad que transcurre, la sala responsable remitió los autos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Segundo. Mediante proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, el citado Tribunal, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, al considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio; de ahí que ordenó la remisión de la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad. Tercero. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde en proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, la admitió; se ordenó dar vista a las partes con el informe rendido por las autoridades responsables; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se convalidó el emplazamiento de la tercera interesada; y finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa fue emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Sergio Manuel Vega Andrade, por su propio derecho, reclama: Del Magistrado de la Octava Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: La resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación I-120/2018, mediante la cual confirmó la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro del incidente de liquidación de sentencia interpuesto por Sergio Manuel Vega Andrade, en el juicio sumario civil 440/2017, sobre rescisión de contratos escritos de arrendamiento, promovido por el quejoso frente a la persona moral denominada "Telebachillerato Michoacán". Tercero. Certeza de los actos. El Magistrado de la Octava Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que acompañaron la primera de las autoridades a su informe, consistentes en el testimonio de apelación I-120/2018, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, cabe precisar que en la resolución reclamada, el Tribunal de Alzada determinó que resultaban inoperantes los agravios expresados en la apelación, ello porque no combatían los argumentos que sirvieron de sustento al resolutor primigenio para declarar la improcedencia de la prestación que reclamó. Pero además, porque para que se condenara al demandado al pago de los daños ocasionados al inmueble por el término que duró el arrendatario en el uso y goce de éste, debieron ser reclamados al momento de la presentación del escrito inicial de demanda; ello, para que el juez del conocimiento estuviese en condiciones de establecer en la sentencia definitiva las bases de su cuantificación para el período de ejecución de la sentencia. Que en el asunto de que se trata, el actor no reclamó el pago de daños ocasionados al inmueble durante el tiempo en que duró la ocupación del arrendatario en la localidad arrendada; pues en la prestación "F", el accionante no demandó (ni siquiera en forma genérica) el pago de daños que en su caso se hubieren ocasionado, sino que se limitó a indicar, como debía realizarse la entrega del inmueble de acuerdo a lo pactado en la cláusula quinta y a transcribir éste última; que por tanto el pago de daños que en su caso se hubiesen ocasionado a la localidad arrendada, durante el tiempo en el que el demandado usó y disfrutó del mismo a virtud del contrato de arrendamiento base de la acción, no formó parte de la litis de primera instancia; y por ello no podía formar parte de condena en la sentencia definitiva que resolvió el juicio, como así aconteció porque, como se advertía de la sentencia definitiva materia del incidente de liquidación no se realizó condena al pago de daños ocasionados al inmueble; por ello tampoco podían ser materia del incidente de liquidación de sentencia; dado que al no haber sido reclamados en el escrito de demanda principal, el juez del conocimiento no estuvo en condiciones de establecer, en la sentencia definitiva, las bases de cuantificación de los mismos para el periodo de ejecución de sentencia. Que no pasaba desapercibido por el ad quem, que desde el escrito de contestación de demanda presentada a la oficialía de partes del tribunal, y remitido al juzgado de procedencia el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la parte demandada, por conducto de su mandatario jurídico, realizó la consignación de la llave del inmueble arrendado, por lo que en la sentencia definitiva se consideró, como entrega real y material del inmueble, así como en la sentencia que resolvió el incidente de liquidación de que se ocupaba, (determinación que no fue impugnada, por lo que debía surtir sus efectos jurídicos); por ende desde esa fecha el accionante, estuvo en condiciones de hacer valer sus derechos, para que el juez verificara el estado en que se entregó el inmueble y en su caso, verificar los daños que se hubieren causado al mismo, a efecto de que, se condenara en la sentencia definitiva al pago de los mismos, y se establecieran las bases para su cuantificación en la etapa de ejecución de la sentencia. Por tanto, reiteró, la inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, dado que si en la sentencia definitiva materia de la liquidación, no se condenó al demandado al pago de los daños ocasionados al inmueble, no pueden ser materia de cuantificación en la etapa de ejecución der la sentencia. Que si bien el veintiocho de noviembre del año próximo pasado, solicitó diligencia judicial, para que la autoridad verificara las condiciones del inmueble; también era cierto, que dicha solicitud se realizó cuando ya se había dictado sentencia definitiva dentro del principal, por lo que en su caso, los daños que hubiere tenido el inmueble, no podían ser materia de condena en la sentencia definitiva, no de cuantificación en la liquidación de sentencia; puesto que la sentencia definitiva que resolvió el fondo de la controversia, se emitió el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Solicitud a la que le recayó el auto de treinta de noviembre del año en cita, en la que se dijo al accionante que no había lugar a señalar día y hora hábil de despacho para los fines que indica, en virtud que en base al resolutivo tercero, de la sentencia definitiva de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, dictada en la controversia, únicamente fue declarada la rescisión de los contratos escritos de arrendamiento. Es decir, que no se condenó al demandado a la entrega real y material del bien arrendado). Determinación que no constaba que fuera impugnada por el recurrente, a través de los recursos que para ello establecía la ley, por lo que se estimaba consentida y surtir sus efectos legales, en términos de los artículos 92 y 95 segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. La parte quejosa, tendente a combatir las anteriores consideraciones señaló medularmente, que la sentencia reclamada vulnera su esfera de derechos porque ajusta y acomoda a su criterio las razones expuestas en la resolución de primera instancia, pues no obstante que era su obligación revisar exhaustivamente los motivos de disenso, por el contrario subsanó la sentencia interlocutoria apelada. Añade, que la demandada debe liquidar el pago que reclama atento a lo dispuesto por los artículos 440, 441, 538, 541 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán y atento a las tesis que invoca de los rubros: "DAÑOS Y PERJUICIOS. CASO EN QUE SU DEMOSTRACIÓN NO REQUIERE." Que la sala remite al contenido del artículo 576 del Código de Procedimientos Civiles y señala que el pago de daños y perjuicios debió reclamarse en el escrito inicial de demanda, lo que dice sí realizó; que con la exhibición de la factura correspondiente sí se acreditó el gasto que realizó; que no podía retirar las mejoras y adiciones que hiciere al inmueble de conformidad con lo pactado en el contrato base de la acción. Continúa mencionando, que el reclamo no se hizo en forma genérica, pues así se estableció en el inciso "F" del escrito inicial de demanda invocando la cláusula quinta del contrato de marras, y que con motivo de que no transcribió la cláusula no se condenó en la sentencia. También aduce el impetrante del amparo, que se inobservó el contenido de los artículos 434, 440 y 441 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, pues la responsable debió conceder valor a la factura que aportó y al acta notarial destacada fuera de protocolo, dado que la demandada no objetó dichos documentos y además dice que la resolución reclamada no está fundada ni motivada. Conceptos de violación que son inoperantes. Se dice de este modo, porque no basta que en forma genérica el peticionario del amparo esgrima, que la responsable vulnera su esfera de derechos; que sí reclamo el pago de daños y perjuicios en el inciso "F" del escrito inicial de demanda; que con los documentos que aportó acreditó los gastos que realizó y que la resolución reclamada no está fundada ni motivada. Sino que, debió atacar las consideraciones torales de esa parte de la resolución reclamada, por las que la sala determinó que eran inoperantes los agravios expuestos en el recurso de apelación, en atención a que: No combatían los argumentos que sirvieron de sustento al resolutor primigenio para declarar improcedente la prestación. El pago de daños no lo reclamó en el escrito inicial de demanda, por lo que ello no fue materia de la sentencia definitiva y que por ende no podían ser materia de cuantificación. Esto es, debió de expresarse y revelarse, a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que estimase que con los agravios que expresó en apelación sí atacaban la resolución de primera instancia; y si fue erróneo lo estimado por el ad quem en el sentido de que el pago de daños no fue materia de la sentencia definitiva y que por ende no podían formar parte de la cuantificación en la etapa de ejecución. Asimismo, la quejosa omitió destacar, en su causa de pedir, las razones por las que estimó que el acto tildado de inconstitucional, no se encuentra fundado y por qué no se justificaron los gastos y costas; de tal manera que al no hacerlo de tal forma, las expresiones hechas devienen inoperantes. En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de este fallo, la justicia de la unión no ampara ni protege a Sergio Manuel Vega Andrade, por su propio derecho, contra los actos reclamados al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuente precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en los archivos de esa sala no se encontró que se haya promovido diverso juicio de amparo relacionado con los actos que se reclaman en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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