Sergio Juárez Gutierrez
Expediente 615/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Juárez Gutierrez
- Evangelina León Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, con residencia en esta Zacapu, Michoacán, las constancias que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado, mismas que obran en cinco tomos de pruebas, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del diverso donde se le notificó la sentencia dictada en el juicio en que se actúa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de treinta de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 615/2019, promovido por Sergio Juárez Gutiérrez, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 20-21), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Sergio Juárez Gutiérrez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 615/2019 y la admitió en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (foja 32), se reconoció el carácter de tercera interesada a Evangelina León Téllez por lo que se ordenó su emplazamiento (foja 32). Finalmente, el diecisiete de septiembre de la anualidad que transcurre, se celebró la audiencia constitucional; motivo por el cual procede resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo,51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán, consisten en: El auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario familiar 549/2015, que sobre divorcio necesario, pago de alimentos, pago de indemnización y otras prestaciones, promovido por la actora reconvenida Evangelina León Téllez, en contra del quejoso al que se acumuló el juicio ordinario familiar 645/2015, sobre divorcio necesario promovido por el actor reconvenido Sergio Juárez Gutiérrez, frente a Evangelina León Téllez, en el cual se negó la solicitud del quejoso en el sentido de que se decretara la disolución del vínculo matrimonial. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 31). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó, consistente en copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario familiar 549/2015 y su acumulado 645/2015 (cinco Tomos de pruebas). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de l4egalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al estudio de los motivos de inconformidad, cabe precisar que de los antecedentes de donde deriva el acto reclamado, se obtiene -en lo que interesa- que: Que el trece de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en los autos del juicio ordinario familiar 549/2015, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Evangelina León Téllez, por su propio derecho frente a Sergio Juárez Gutiérrez; así como el diverso acumulado 645/2015, que sobre divorcio necesario promovió Sergio Juárez Gutiérrez, frente a Evangelina León Téllez, por el que se declaró disuelto el vínculo matrimonial, se determinó que ambos padres ejercerían la patria potestad, se fijaron alimentos, se ordenó la práctica de terapias psicológicas y se estimó que tanto la actora como sus hijos habitaran el domicilio conyugal, hasta en tanto el demandado cumpliera con lo expuesto en el considerando correspondiente (foja 929 Tomo II de pruebas). Inconforme con la anterior resolución, ambas partes interpusieron recurso de apelación, los que fueron resueltos en sentencia dictada el veinte de junio de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación I-145/2018, dejando sin efectos la resolución de primera instancia y ordenando la reposición del procedimiento, para recabar de manera pronta y oficiosa los medios de prueba. Lo anterior, para estar en condiciones de resolver lo relativo a diversos temas, como la cuestión de alimentos, así como la condición de los hijos, que debe ser definitiva al resolverse el divorcio, en todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, su custodia y cuidado (foja 1083 del II del Tomo de pruebas). En escrito presentado el tres de mayo del presenta año, el quejoso solicitó al juez natural, decretara por cuerda separada la disolución del vínculo matrimonial, atento a su voluntad y a salvaguardar su libre desarrollo de la personalidad, (foja 1214 del tomo II de pruebas). En atención al ocurso anterior, el ocho de mayo siguiente, el juez responsable dio respuesta a la solicitud antes citada, en los términos siguientes: "Téngase a Sergio Juárez Gutiérrez, demandado reconventor del juicio principal y actor reconvenido del juicio acumulado, haciendo las manifestaciones que refiere. Sin embargo, dígase que no obstante el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad a que hace mérito, en el procedimiento no puede resolverse por separado cada una de las acciones y prestaciones traídas a juicio, aunado a que el derecho al libre desarrollo de la personalidad que exige, no puede sobreponerse al interés superior de los acreedores alimentarios. Por tanto, para que el juicio concluya con la expeditez que exige el ocursante, se le requiere para que dentro del término de tres días, acuda a las instalaciones del Sistema DIF de Coeneo, Michoacán, para que agente fecha con la psicóloga y trabajadora social adscritas a aquella dependencia, para que le realicen el estudio psicológico y se le recabe el estudio socioeconómico de campo, que se necesitan para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinte de junio de dos mil dieciocho, por el magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-145/32018; asimismo, se requiere que proporcione la documentación e información necesaria para que coadyuve a dirimir la propiedad de los semovientes a que hace referencias en aquel fallo. Así y con fundamento en los artículos 11, 745, 747, 769 y 770 del Código Familiar, y 109 del Supletorio Código de Procedimientos Civiles. La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado. En ese orden, el quejoso señala esencialmente en los conceptos de violación, que el acto reclamado vulnera su esfera de derechos, toda vez que la responsable omitió fundar y motivar, además de salvaguardar su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, es decir decretar disuelto el vínculo matrimonial que le une con Evangelina León Téllez, ya que no es su voluntad continuar en matrimonio con ella. Añade, que la responsable ni siquiera entró al fondo del estudio de la petición que realizó en escrito de tres de mayo de la anualidad que transcurre, pues únicamente se pronunció en el sentido de que: "por haciendo las manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta" y señaló que no podía resolver porque "no puede sobreponerse al interés superior de los acreedores alimentarios", con lo que insiste, se vulnera el derecho humano a su libre desarrollo de la personalidad, el cual constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona" de acuerdo con la cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida. Además añade en el punto identificado como diez del capítulo denominado hechos, que el decretar el divorcio no se sobrepone al interés superior de los acreedores alimentarios, ya que no existe ningún otro requisito más que la voluntad del cónyuge que lo solicite y sin tener que acreditar la figura de cónyuge culpable, además de que no incide en las instituciones del derecho familiar como son alimentos, guarda y custodia, compensación etc., ya que pueden y deben resolverse de acuerdo a su propia naturaleza y características, de manera independiente. Argumentos que devienen infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra más. Para determinar lo anterior, resulta necesario traer a glosa el contenido del artículo 268 del Código Familiar del Estado aplicable al asunto de que se trata, que señala lo siguiente: "Artículo 268. Al resolver sobre la acción de divorcio, el Juez de Primera Instancia, en forma oficiosa, fijará en definitiva la situación de los hijos habidos en matrimonio, para lo cuál, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos. Para ello, la autoridad judicial deberá atender primordialmente al interés superior del menor. De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se allegará de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos progenitores y a los menores, para evitar conductas de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad de la medida considerando el interés superior de éstos últimos. Durante la tramitación del juicio, designará tutor especial a los menores. En todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con los progenitores, salvo que exista peligro para el menor. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuáles podrán ser suspendidas o modificadas en los términos que disponga el Libro Segundo de este Código. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los ex cónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección. De lo anterior deriva -en lo que interesa- que el juez al momento de resolver sobre la acción de divorcio, fijará en forma definitiva la situación de los hijos, para lo cual deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos. En consecuencia, si en el asunto de que se trata se ordenó reponer el procedimiento a efecto de que el a quo recabara diversos medios de prueba de manera pronta y oficiosa que se consideraren pertinentes para resolver lo atinente al derecho de los menores a recibir alimentos y a la patria potestad, su pérdida o suspensión, custodia y cuidado (ambas partes hicieron referencia a hechos de violencia) los cuales se encuentran pendientes de desahogar -pues incluso en el propio proveído reclamado se le requirió al quejoso para que en el término de tres días acudiera a realizara un estudio psicológico y a que se le practicara el estudio socio-económico, así como para que proporcionara la documentación e información necesaria que coadyuvara a dirimir la propiedad de semoviente. Debe decirse que el juez responsable estuvo en lo correcto en negar la solicitud del peticionario de amparo en el sentido de que se decretara por cuerda separada la disolución del vínculo matrimonial que lo une con su cónyuge, puesto que no se puede decidir sobre la acción de divorcio, sin fijar la situación de los hijos en sus derechos y obligaciones. Esto es, si el precepto 268 del Código Familiar antes transcrito, dispone de manera expresa, que será precisamente al resolver sobre la acción de divorcio, en donde se dilucidará todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, la custodia y al cuidado de los hijos; y en la especie aún se encuentran pendientes de recabar y desahogar diversos medios de convicción, es que no se puede resolver por cuerda separada la disolución del vínculo matrimonial. Sin que impida estimar la anterior consideración el argumento vertido por el impetrante en el sentido de que se debió tomar en consideración su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad; en razón de que lo determinado por la responsable se establece en el artículo 268 del Código Familiar que se aplicó -pues es en éste dispositivo en donde se determina el momento en donde se deben fijar en forma definitiva la situación de los hijos-. Sin embargo para que este órgano de control constitucional lleve a cabo el estudio de tales argumentos, era necesario que el quejoso reclamara la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo, o bien algún señalamiento de la porción normativa que vulnera ese derecho, que generaran la obligación del suscrito de darle vista para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del mismo. Se cita como sustento de lo anterior tesis aislada P. LXX/2011 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Página 557, Novena Época, Registro 160480, que dice: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad." Además el amparista a través de sus conceptos de violación no alegó que la autoridad incumplió en su obligación de llevar a cabo el control difuso de las normas que rigen el procedimiento familiar. Por otro lado, debe decirse que aun y cuando asiste razón a la parte quejosa en cuanto esencialmente aduce, que el a quo omitió precisar el fundamento del acto reclamado, declararse inoperantes para los efectos pretendidos de conformidad con las consideraciones siguientes. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1936/95, sostuvo, que la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. Así, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Por tanto, como se anticipó, si bien es cierto que en el caso que nos ocupa la autoridad responsable omitió señalar el precepto que establece el motivo por el que no se podía determinar la disolución del vínculo matrimonial por cuerda separada; también lo es que su negativa es jurídicamente correcta, de conformidad con lo preceptuado con el artículo 268 del Código Familiar del Estado de Michoacán, aplicable al asunto de que se trata, que establece que el juez al resolver sobre la acción de divorcio, fijará en forma definitiva la situación de los hijos, para lo cual deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, y en especial la custodia y cuidado de los hijos. Máxime que su negativa la motivó precisamente en el hecho de que en el procedimiento no puede resolverse por cuerda separada cada una de las acciones y prestaciones traídas a juicio. En consecuencia, aun cuando no fue explícitamente citado, debe estimarse que sí fue cabalmente respetado y, en consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada. En apoyo a lo anterior es de invocar la Tesis: P. CXVI/2000, visible en la página: 143, del Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Constitucional, Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Registro: 191358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." En concordancia con lo anterior se obtiene, que aun y cuando deviene fundado el concepto que se analiza atento a que el juez natural omitió precisar el numeral por el que determinó negar la solicitud de decretar la disolución del vínculo matrimonial, el mismo deviene inoperante para los efectos pretendidos, atento a que dicha necesidad es correcta, y a nada práctico conduciría conceder el amparo para que se citara el aludido precepto legal, puesto que reparado ello, la responsable tendría que resolver el asunto en los mismos términos en que lo hizo. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia I. 3º. C. J/32, visible en la página 1396, del Tomo XX, Julio de 2004, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." Por tanto, ante lo infundado y fundado pero inoperantes los conceptos de violación planteados, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Juárez Gutiérrez, por su propio derecho contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en materia Civil, con residencia en Zacapu, Michoacán. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy treinta de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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