Sergio López Bautista
Expediente 231/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sergio López Bautista
- Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por medio del cual esencialmente acusa recibo del diverso por medio del cual le fue devuelto un tomo de pruebas y dos discos ópticos en formato DVD de su índice. Cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; no obstante estar debidamente notificadas para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar.********************Ahora bien, tomando en consideración que NO existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido.********************Con apoyo en el numeral 17, fracción III, inciso a) del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que se negó el amparo de la Justicia Federal; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita.********************Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, procédase a su transferencia para la CONSERVACIÓN del presente expediente de amparo, en términos del primer párrafo del referido precepto 17 del Acuerdo General antes citado. ********************Asimismo, devuélvase el tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable, así como dos DVD, al Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, ya que no existe trámite pendiente por acordar y por ende, carece de objeto su permanencia en este juzgado. Sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad en la cual se deberá plasmar la entrega del mismo.********************Se autoriza a la persona secretaria y/o actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo.********************Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 231/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el nueve de marzo de dos mil veintitrés (fojas 2 a 40), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, Sergio López Bautista, a través de su defensor particular Benito Martínez Marín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estableció los antecedentes del acto reclamado; y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 9). TERCERO. Admisión de la demanda, Trámite y celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés (fojas 44 a 48), éste órgano jurisdiccional ordenó radicar la demanda con el número 231/2023; la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 96), quien no vertió manifestaciones; tuvo como terceros interesados a Matilde Cruz Martínez, en su carácter de víctima, y al agente del Ministerio Público adscrito a la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que actuó en el toca penal JOTPAI/24/2022, quienes fueron emplazados (fojas 61 a 63 y 89). Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en atención a que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado al Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en: - La resolución de ocho de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca penal JOTPAI/24/2022, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, contra el aquí quejoso por los hechos con apariencia del delito de violencia familiar, en perjuicio de Matilde Cruz Martínez, dentro de la causa penal 550/2022. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (foja 67) al rendir su informe justificado afirmó la existencia de la resolución reclamada. Lo que se corrobora con las documentales que remitió la autoridad judicial responsable, en apoyo a su informe justificado, consistente en el original del toca penal JOTPAI/24/2022, así como copia certificada del disco óptico que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial y complementaria celebradas dentro de la causa penal 550/2022, así como la versión escrita del auto de vinculación apelado; probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso específico, no fueron invocadas causas de improcedencia, y este juzgado de Distrito considera que no se actualiza alguna de oficio; por lo que, se abordará el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Transcripción innecesaria. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se trascriben al no ser necesario, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni diversa disposición constitucional o legal, siendo que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es suficiente que se dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEXTO. Estudio de los motivos de inconformidad planteados en la demanda de amparo. En principio, resulta necesario establecer que los conceptos de violación serán analizados de conformidad con la fracción III, inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el quejoso tiene la calidad de imputado dentro de un procedimiento penal, por tanto, opera la suplencia de la queja deficiente. Previo a realizar el estudio de los conceptos de violación, se estima pertinente conocer los antecedentes más destacados del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos y son los siguientes: I) El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso contra Sergio López Bautista, por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de Matilde Cruz Martínez. II) Contra la anterior determinación, el imputado interpuso recurso de apelación, que se radicó bajo el número JOTPAI/24/2022 ante la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la que por sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, determinó declarar infundados los agravios formulados por Sergio López Bautista y, en consecuencia, confirmó el auto de vinculación a proceso apelado. Este es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Así las cosas, la litis constitucional consiste en determinar si es o no constitucional la resolución de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal JOTPAI/24/2022, en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el aquí quejoso, por hechos con apariencia del delito de violencia familiar. Contra dicha determinación, el quejoso señaló los conceptos de violación siguientes: No se encuentra comprobado ni acreditado el cuerpo del delito de violencia familiar, mucho menos la probable responsabilidad del procesado, en el delito de violencia familiar en la hipótesis de violencia física y violencia psicoemocional, previsto y sancionado por los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, 405 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; por lo que la resolución reclamada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 316 del código Nacional de Procedimientos Penales. La Sala responsable, al emitir el acto reclamado realizó una indebida e ilegal valoración de las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y así como de todos los datos de pruebas en que se sustentó el dictado del auto de vinculación a proceso. Además, dicha Sala omitió realizar un estudio de fondo de los agravios presentados a favor del procesado Sergio López Bautista; pues declaró infundado el agravio relativo a que la jueza de control al emitir el auto de vinculación en su contra, solo se avocó a mencionar los datos de prueba aportados por el fiscal, y señalar que les daba estimación probatoria, pero no dio los fundamentos y motivos legales de cómo llegó a esa conclusión; solo se basó en los hechos manifestados por la propia víctima, lo que estimó se encontraba corroborado con el informe policial homologado de los policías que procedieron a la detención; pese a que existen contradicciones entre el dicho de la víctima (declaración) y el informe policial homologado (policías). Cuestiona lo expuesto por el Magistrado responsable, en cuanto a que solo basta que se acredite que el activo tuvo (pasado) una relación de concubinato; pues si bien en el pasado tuvo una relación de concubinato con la víctima, lo cierto es que hace tres años ya no hacen una vida en común, tienen domicilios diferentes es decir la víctima vive en la ciudad de Tlacolula y el imputado vive en San Pedro Quiatoni, por lo tanto tienen domicilios diferentes. Asimismo, transcribe los agravios hechos valer ante la Sala responsable en el recurso de apelación materia de este asunto (fojas 20 a 38, del juicio de amparo; y, fojas 10 a 22, del anexo de prueba que obra por cuerda separada). Luego, analizados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, se considera que resultan ineficaces para los fines que fueron planteados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para dar respuesta a los motivos de inconformidad es pertinente conocer lo establecido en el artículo 461 del Código Nacional del Procedimientos Penales, relativo a las disposiciones comunes de los recursos de revocación y apelación, el cual establece: Artículo 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente. Como se puede apreciar, tratándose de los recursos de revocación y apelación previstos en el mencionado ordenamiento penal, por regla general impera el principio de litis cerrada, esto es, el tribunal de alzada debe circunscribirse estrictamente a los agravios que hayan sido expresados por el recurrente, sin extender su decisión a cuestiones no planteadas en el recurso o más allá de los límites de éste, empero, de advertir actos violatorios de derechos fundamentales del imputado, deberá repararlos oficiosamente; pero, en caso de ser inexistentes no tendrá que fundar y motivar esa ausencia. En la especie, se estima que el acto reclamado es acorde a lo establecido en el artículo 14 constitucional, dado que la Sala responsable observó las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los artículos 471, 475, 476 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la admisión, trámite y emisión de la sentencia del recurso de apelación. En otro aspecto, la determinación que se revisa satisface las exigencias del artículo 16 constitucional, ya que fue dictada por autoridad competente y de forma escrita; por su parte, en el escrito de apelación interpuesto por el imputado, no se advierte que realizara agravio o inconformidad en relación con las formalidades procesales que circunscriben el dictado del auto de vinculación a proceso. Sin embargo, la Sala responsable realizó oficiosamente un análisis del cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 19 Constitucional y el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinando que era correcta la decisión de la Jueza de Control de dictar auto de vinculación a proceso contra el imputado Sergio López Bautista, al encontrarse colmados los requisitos que exigen dichos dispositivos jurídicos. En efecto, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley... De lo anterior, se obtiene que para que una persona pueda ser privada de la libertad personal, solo se puede efectuar en los casos y de acuerdo a los procedimientos previstos en la Constitución o en la Ley, es decir, procede a partir del estricto cumplimiento de determinados requisitos y garantías, caso contrario, se estaría ante una privación ilegal de esa libertad. Para el caso, ese derecho constitucional solo puede verse afectado mediante un auto de vinculación a proceso, el cual consiste en resolver la situación jurídica de todo indiciado, señalándolo como probable responsable de haber cometido o participado en la comisión de un hecho que la ley establece como delito, lo que deberá realizarse dentro del plazo de setenta y dos horas o, en su caso, ampliado, computados una vez que el individuo sea puesto a disposición de la autoridad judicial. En dicha resolución deberá expresarse el delito que se impute al sujeto; tiempo, lugar y circunstancias de ejecución, como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La anterior disposición Constitucional está reglamentada en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Cabe señalar que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se requiere un cúmulo de pruebas formalizadas, basta que el Fiscal realice una referencia al o los contenidos de determinados medios de convicción, que sean idóneos y pertinentes para sustentar su ejercicio de la acción penal, es decir, establezcan razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Además, la consecuencia de esa resolución es que el imputado se sujete a una investigación complementaria (fase judicializada), por un plazo perentorio determinado por el juez de control, a fin de que las partes recaben los medios de convicción que permitan determinar, en una etapa posterior, sobre la acreditación del delito y de la responsabilidad que se le atribuye en su comisión. En efecto, la finalidad del auto de vinculación a proceso, es sujetar al imputado a una investigación formalizada y no propiamente sujetarlo a un juicio, lo cual es consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación. Así, en el análisis de la resolución emitida, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos del artículo 19 Constitucional, no es necesario demostrar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión. Para ello, el juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad y la ponderación. Para lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. De los preceptos normativos reproducidos, se obtiene que, para dictar un auto de vinculación a proceso, se deben satisfacer los requisitos siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el inculpado haya tenido la oportunidad de declarar; c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el fiscal se desprendan datos de prueba que establezcan: 1. Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; y, 2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Se entenderá que obran datos que establecen lo anterior cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo; d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito. Asimismo, esa determinación judicial deberá contener los datos personales del imputado, los fundamentos y los motivos por los cuales consideran satisfechos los requisitos mencionados, así como el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Precisado lo anterior, en relación con el primero de los requisitos, la Sala Penal responsable en su resolución de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la toca penal JOTPAI/24/2022, precisó que en la audiencia inicial de quince de agosto de dos mil veintidós, relativa a la causa penal 550/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede en Tanivet, Oaxaca; el Ministerio Público formuló imputación a Sergio López Bautista, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Matilde Cruz Martínez; por ende, se cumple con el requisito establecido por el artículo 316, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, en la resolución reclamada, tocante a que el inculpado haya tenido la oportunidad de declarar, precisó que la Jueza de Control reiteró a Sergio López Bautista su derecho a rendir declaración, a lo que manifestó que no era su deseo declarar; de ahí que se cumple con el requisito establecido por la fracción II, del numeral adjetivo penal referido. Asimismo, la Sala Penal tuvo por satisfecho el requisito de que el Ministerio Público expusiera datos de prueba, pues hizo referencia al contenido de los datos de pruebas aportados por el Ministerio Público en audiencia, por lo que está satisfecho el requisito de la fracción III del multicitado numeral adjetivo penal, siendo los siguientes: 1. Informe Policial Homologado de fecha trece de enero de dos mil veintidós, rendido par los ciudadanos Luis Alberto Juárez Laureano, Viviana ltzel Maya López, Manuel Gaspar Leiva y Gilberto Hernández Méndez, quienes son elementos de la Policía Municipal de Tlacolula de Matamoros (minutos 12:50 a 14:57 del video telmex_0). 2. Acta de entrevista realizada a la víctima Matilde Cruz Martínez, por el Agente Estatal de Investigaciones Roberto Aquino Hernández, de trece de enero de dos mil veintidós (minutos 15:07 a 16:20 ibídem). 3. Denuncia por comparecencia que realiza la misma víctima Matilde Cruz Martínez ante el Agente del Ministerio Público, el día nueve de febrero de dos mil veintidós (minutos 16:21 a 21:37 ídem). 4. Certificado médico expedido a favor de la víctima Matilde Cruz Martínez, por el perito médico legista dependiente de la Institución Ministerial, doctor Luciano Rolando Barrita Martínez, con cedula profesional ASEM22617, contenido en el oficio sin número, de diez de febrero de dos mil veintidós (minutos 21:45 a 23:08 ídem). 5. Dictamen psicológico de diez de febrero del dos mil veintidós, rendido por la licenciada Alma Luisa Salazar Guzmán, perito oficial dependiente del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, con cedula profesional 6255779 (minutos 23:13 a 26:16 ídem). 7. Atestados del Registro Civil relativos a las actas de nacimiento a nombre de Luis Ángel López Cruz y Olga Vianey López Cruz, expedidos de manera electrónica el siete de enero del año dos mil veintiuno, por el Director del Registro Civil (minutos 26:18 a 28:18 del ídem). 8. Diligencia de inspección ocular en el lugar del hecho, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Roberto Aquino Hernández, con número de identificación 1102, el cuatro de agosto del dos mil veintidós, y realizada en la calle veintinueve de agosto, lote diecisiete, Colonia Yagay, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; así como la proyección de ocho placas fotográficas (minutos 28:19 ídem, 00:01 a 02:56 del video telmex_1). 9. Comparecencia de la víctima Matilde Cruz Martínez, el trece de enero del dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público (minutos 26:20 a 27:07 ibídem) Hecho lo anterior, como se hizo constar en el acto reclamado, la Jueza de Control refirió al imputado el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en la audiencia o dentro del plazo de setenta y dos horas o, en su caso, ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas; por ello, manifestó que se acogía a la duplicidad del término constitucional. Hasta lo aquí expuesto, fue jurídica la determinación de la Sala responsable, al considerar que se encontraron reunidos los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, para motivar esa determinación hizo una relación de las etapas en que se desarrolló la audiencia inicial y su continuación, precisando lo ahí acontecido, esto, después de realizar un estudio al disco versátil digital que contiene el audio y video en que se sustentó el auto de vinculación a proceso. Seguidamente, indicó que los datos de prueba que fueron expuesto ante la a quo, resultaban aptos y suficientes para considerar que se cometió hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar y la posible participación del aquí quejoso en el referido ilícito. Es así, pues acertadamente señaló que en primer lugar, se advertía que el imputado y la víctima se unieron en concubinato en el año dos mil trece, estableciendo su domicilio en la calle veintinueve de agosto, lote diecisiete, Colonia Yagay, Tlacolula, Oaxaca; y que de dicha relación procrearon tres hijos. Sin embargo, se separaron en el año dos mil diecinueve, pues Sergio López Bautista se fue a vivir a la población de San Pedro Quiatoni con otra persona. Que el trece de enero del dos mil veintidós, aproximadamente a las cero horas de la noche, al interior del citado domicilio, acudió el imputado, agresivo y en estado de ebriedad, pateando la puerta, y agredió verbal y físicamente a la víctima, hasta que llegaron sus vecinas y la retiraron del lugar; no obstante ello, en esa data, pero a las siete horas con treinta minutos, la víctima nuevamente fue agredida físicamente y con amenazas de muerte, por lo que siendo aproximadamente las siete horas con cincuenta y cinco minutos llegó la policía municipal de Tlacolula de Matamoros, quienes procedieron a la detención de Sergio López Bautista. Con lo que la Sala responsable de forma correcta señaló que por los hechos ocurridos, la víctima presentó alteraciones tanto físicas como emocionales, pues expresó que los medios probatorios existentes eran suficientes para establecer las circunstancias de tiempo y ejecución del hecho considerado ilícito, y al valorar los datos de prueba existentes, estimó que eran suficientes, pertinentes e idóneos para tener por demostrado, conforme a un grado de razonabilidad que se llevó a cabo el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar. Asimismo, conforme a derecho expresó que probablemente el imputado cometió el hecho ilícito, pues de los datos de prueba que obran, existe el señalamiento directo, categórico que le efectúa la víctima de ser la persona que en la fecha, hora y lugar de los hechos fue agredida tanto de manera física como verbal, lo que se corrobora con el informe policial homologado, rendido por los policías de la población de Tlacolula de Matamoros, quienes debido al auxilio solicitado, se constituyeron en el lugar de los hechos y ante el señalamiento de la víctima procedieron a la detención de la persona imputada. Que la probable participación del imputado fue a título de dolo, en calidad de probable autor material, puesto que quedó demostrado que únicamente fue él quien realizó esos actos, sin requerir la ayuda de otra persona; acción que de habérselo propuesto, bien pudo abstenerse de realizarla, optando por ejecutarla a pesar de saber y conocer que ese comportamiento está prohibido por la norma penal. Además, que en el caso, no se actualizó alguna una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Al respecto, es importante destacar que, en el sistema penal acusatorio y oral el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no requiere de un cúmulo probatorio amplio o formalizado, es decir, que el Ministerio Público tenga que acreditar un hecho y la responsabilidad del imputado; si no que, como lo establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ese dictado, únicamente deberá hacerse referencia del contenido al dato de prueba, que sea idóneo y pertinente, para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión. Por su parte, el numeral 316, fracción III, del código en mención, relativo a los requisitos para dictar el auto referido, se establece que los datos de prueba deben advertir que existen indicios razonables -fuera de toda duda- de que se ha cometido un hecho que la ley ha señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. En el caso, como correctamente lo señaló la Sala responsable, con los datos de prueba aportados por el agente del ministerio público en audiencia, son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer los hechos considerados como delictuosos por la ley, previstos e identificados por la jueza de control como violencia familiar, así como que el aquí quejoso probablemente participó en ese hecho. Por ello, contrario a lo considerado por el quejoso, sí existen datos suficientes dentro de la causa penal que evidencia su probable responsabilidad en la participación del hecho que la ley señala como delito. En tal contexto, es que devienen infundados de los conceptos de violación analizados en este apartado, identificados con los incisos a) y b). Por otra parte, se aprecia que el examen realizado por la Sala responsable además atendió los agravios del recurrente, sin extenderse a cuestiones no planteadas en el recurso, con lo cual se respetaron las garantías de legalidad y certeza jurídica previstas por el artículo 16 constitucional. En este punto es pertinente resaltar el numeral 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde expresamente refiere que en segunda instancia el tribunal revisor solo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por el recurrente, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales de las partes. En efecto, del acto reclamado se desprende que la responsable puntualizó las razones por las que consideró infundados los agravios esgrimidos por el recurrente, existiendo adecuación entre los argumentos y los hechos facticos resaltados por la autoridad. Ello se considera así, pues los agravios formulados en el recurso de apelación que interpuso el imputado se encontraban esencialmente encaminados a: En ningún momento se acredita el modo, tiempo y lugar del hecho, es decir, no hay suficientes datos de pruebas ni señalamientos que su defendido haya cometido el delito que se le imputó. La jueza se avocó solo a mencionar los datos de prueba señalados por el fiscal, y a considéralos con estimación probatoria. No se acredita el elemento normativo "dentro o fuera del domicilio familiar", ya que los sujetos activo y pasivo, tiene diversos domicilios familiares, y que tal alegato no fue tomado en consideración por la a quo. Al momento de realizar las conductas antisociales, su defendido y la víctima, ya no eran concubinos, pues ya estaban separados y vivían en domicilios distintos. Existen contradicciones entre los datos de prueba relativos al informe policial homologado, la declaración de la víctima, el acta de entrevista para el ingreso al domicilio. No se configura el delito de violencia familiar dado que en el dictamen de lesiones, se concluyó que la víctima no presenta ninguna huella de lesión visible reciente. El resultado y conclusiones de la perito en psicología respecto problema psicosocial con un trastorno adaptativo con ansiedad que se dice sufre la víctima, no se acreditó o justificó de acuerdo a la experiencia de la perito, fueran consecuencia directa de los hechos materia de ese asunto, pues pudieran derivarse de otros factores distintos. A la inspección ocular debe restársele valor probatorio, pues no se estableció la manera en la que el agente Estatal de Investigaciones se trasladó al lugar en el cual se llevó a cabo, y cómo lo ubicó, además, que nunca refieren con otros datos que ese sea su domicilio. Que las actas de nacimiento de los menores de edad, no son suficientes para acreditar la unidad familiar, es decir, que cohabita con la víctima. Argumentos que fueron atendidos de forma puntual por la sala responsable. El ejercicio de ponderación realizado por la sala respecto a los agravios del recurrente, se aprecian dotados de razonabilidad y apegados a los principios rectores de la segunda instancia; pues al dar respuesta a los agravios esencialmente sostuvo: Que el primer agravio era infundado, ya que contrario lo expuesto, sí se encontraba acreditado el modo, tiempo y lugar del hecho delictuoso, dado que la jueza correctamente consideró que los hechos tuvieron verificativo a las cero horas y a las siete horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en calle veintinueve de agosto, número diecisiete, colonia Yagay, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y que en dicho lugar se llevó a cabo la agresión reprochada. Además, indicó que los datos de prueba consistentes en la denuncia de la víctima, el informe policial homologado y el dictamen psicológico, se encuentran corroborados entre sí, lo que denota la violencia física, psicológica y económica, sufrida por la víctima. Que contrario a lo expuesto, la resolutora de Primera Instancia respecto a la calificación jurídica de violencia familiar, describió los elementos de dicho delito, así también, indicó que para la existencia de ese delito se requiere que se cometa dentro o fuera del domicilio familiar, lo cual encontró satisfecho ya que el imputado como la víctima compartieron un domicilio familiar, aunado a que existió entre ellos una relación de concubinato. Declaró infundado el siguiente agravio, puesto que si bien era cierto el imputado y la víctima tenían diversos domicilios; sin embargo, acertadamente señaló que la existencia del elemento del delito consistente en que el hecho delictivo ocurra "dentro o fuera del domicilio familiar" se encontraba satisfecho, dado que el imputado y la víctima compartieron un domicilio familiar, un techo, proyecto de vida, tan era así que procrearon tres hijos producto de la relación de concubinato que sostuvieron por varios años, es decir, existe un territorio en el cual se cumplió la finalidad del concepto de familiar, y que en el lugar donde ocurrieron los hechos, fue su último domicilio familiar. Además, sostuvo que el tipo penal de violencia familiar no exige la circunstancia que tengan que vivir en el mismo domicilio para la configuración de tal ilícito; sino que por el contrario, solo basta que se acredite que en el pasado existió una relación de concubinato, como acertadamente lo señaló la a quo. Además, se pronunció en el sentido que la resolutora sí dio contestación a lo alegado, pues si bien expresó que compartía el criterio adoptado por la defensa en el sentido de qué se debe entender como "familia"; sin embargo, se debe comprender que aún y cuando la víctima y ofendido ya no estén juntos, sí compartieron un domicilio familiar, para los fines exigidos por la norma penal; aunado a que el supuesto normativo contempla el hecho que las partes hayan tenido una relación de parentesco, sin importar que cohabiten o no en un mismo domicilio. Asimismo, sostuvo que aun cuando en el parte informativo, los policías aprehensores hayan omitido la colonia y la Ciudad, ello es insuficiente para arribar a la conclusión que cambiaron los hechos o que no estuvieran facultados para acudir a ese lugar a brindar auxilio, ya que como correctamente lo consideró la Juez, analizando el contexto del parte informativo advirtió que eran elementos de la Policías Municipales de Tlacolula de Matamoros Oaxaca, quienes pudieron conocer el lugar donde ocurrieron los hechos, además, el que no se asiente colonia o ciudad es insuficiente para demeritar el valor probatorio de ese dato de prueba. Además, indicó que de acuerdo al contexto, tanto de la declaración de la víctima como de los demás datos de prueba existentes, se advierte que los hechos ocurrieron el doce de enero de dos mil veintidós a las cero horas, aunado que existió otra agresión en esa data, pero a las siete horas con treinta minutos, y por eso se estableció como la fecha y hora del evento delictuoso, contrario a lo expuesto por el recurrente. También, indicó que no se advertía la contradicción que hacía, mucho menos que la víctima haya sido aleccionada o que haya inventado sucesos que no sucedieron, puesto que la circunstancia aludida no era propiamente una contradicción sino diferentes apreciaciones que de ninguna manera demeritan la esencia de la declaración de la víctima en cuanto a la forma en que sucedieron los hechos. Declaró fundado el agravio en el cual el recurrente señaló que del contenido del dictamen de lesiones, se concluyó que la víctima no presenta ninguna huella de lesión visible reciente, toda vez que efectivamente no se advierte el tiempo de evolución de la lesión encontrada en la humanidad de la víctima, para poder establecer si corresponde a los hechos ocurridos el trece de enero de dos mil veintidós; sin embargo, señaló que tal argumento era inoperante puesto que pese a que carece de alcance probatorio, el delito en estudio sí se tenía acreditado, dado que debía darse credibilidad al dicho de la víctima, en el sentido que fue agredida física y verbalmente, y si bien es cierto que después de casi un mes en que tuvieron verificativo los hechos que denunció, era creíble que ya no presentara lesiones activas y recientes, pero ello no demeritaba su dicho, tomando en consideración que también fue agredida verbalmente. También declaró infundado el agravio relativo a que no se justificó que el resultado y conclusiones de la perito en psicología respecto problema psicosocial que se dice sufre la víctima fueran consecuencia directa de los hechos materia de ese asunto, pues pudieran derivarse de otros factores distintos; al señalar que el defensor realiza conclusiones sin tener la preparación idónea para opinar al respecto, esto es, sin tener las bases y los conocimientos ni alguna otra opinión profesional para comprobar su dicho. Abundó que si bien era cierto que la víctima durante la entrevista realizada por la perito psicóloga, refirió otros hechos y circunstancias emocionales que ha vivido con el imputado, ello se dio en el contexto de confianza, para así llegar a una conclusión lo más exacta a la realidad posible, por lo tanto, era lógico que la víctima entrara en catarsis con la profesionista en psicología, sin que ello demerite su opinión, ni mucho menos se aparte del tema como lo hacía notar la defensa. Y señaló que la recomendación realizada por cuanto hace a las terapias que necesita la víctima, son solo sugerencias que como especialista realiza, sin que incidan en la conclusión de su estado emocional, es decir, es una circunstancia accesoria a la opinión que hace respecto al estado emocional, motivo por el cual tiene alcance probatorio. En cuanto al agravio consistente en que debe restarse valor probatorio a la inspección ocular al no haberse establecido la manera en la que el agente Estatal de Investigaciones se trasladó al lugar en el cual se llevó a cabo, y cómo lo ubicó, además, que nunca refieren con otros datos que ese sea su domicilio; lo declaró infundado en atención a que indicó que con esa diligencia se corrobora la existencia del domicilio donde sucedieron los hechos y en donde se encontraba la víctima cuando llegó el imputado a agredirla verbal y físicamente; además, que el Agente Estatal de Investigaciones estuvo acompañado de la propia víctima quien lo dirigió a los lugares donde ocurrieron los hechos, donde se tomaron fotografías, lo que era suficiente para corroborar la existencia del inmueble en donde ocurrido el hecho que se investiga. Y por cuando hace a las actas de nacimiento de los hijos de víctima, señaló que de forma correcta la a quo, tuvo comprobada la existencia anterior del concubinato; e indicó que no asistía la razón del recurrente en cuanto a que para la acreditación del delito de violencia era necesario que la víctima y el imputado cohabitaran el mismo domicilio, pues insistió que la calificación jurídica de ese tópico ya había sido explicada en los párrafo que antecedían. Bajo ese contexto, se aprecia que el examen realizado por la Sala responsable versó sobre los agravios del recurrente, sin extenderse a cuestiones no planteadas en el recurso, con lo cual se respetaron las garantías de legalidad y certeza jurídica previstas por el artículo 16 constitucional. Como puede establecerse de lo anterior, la Sala responsable dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el alcance del recurso de apelación; toda vez que se pronunció de manera integral sobre los agravios expresados por el recurrente, como así se verifica en párrafos precedentes, no se advierte que haya extendido el examen de estos a cuestiones no planteadas o que fuera más allá de los límites del recurso. Aunado a ello, no se advierte que la autoridad responsable pasara por alto alguna violación procesal al confirmar el recurso de apelación interpuesto por Sergio López Bautista, contra el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 550/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; máxime que, aunque no fue motivo de agravio por el recurrente, de manera oficiosa estimó satisfechos los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de esa resolución de término constitucional. Por tanto, contrario a lo argumentado por el quejoso en su concepto de violación, la resolución reclamada sí cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que dispone el artículo Es así, toda vez que, la Sala Penal responsable al dar contestación a los agravios formulados por el recurrente, hizo referencia a los preceptos legales en que apoyó su determinación (fundar), y dio las razones del por qué dichos preceptos eran aplicables al caso (motivar). En ese sentido, si bien existe argumentación por parte del quejoso respecto a contradicciones de la declaración de la víctima, con el informe policial homologado y el alcance de los dictámenes de lesiones en psicología, debe establecerse que ello debe ser materia de prueba en juicio, y no de datos de prueba en esta etapa, donde su exigencia y alcance son notablemente diversos. En esta etapa (término constitucional) únicamente se debe atender a que las referencias obtenidas de los datos de prueba sean aptas, idóneas y suficientes para encuadrar los hechos en determinados tipos penales; sin que sea exigible para dicha estadía, que queden comprobados, lo que así ocurría en el anterior sistema procesal penal, denominado "inquisitivo o mixto", donde no cabía la posibilidad de la supervivencia de dos teorías del caso o versiones, pues con las pruebas aportadas se debía demostrar plenamente cuál debía prevalecer, lo que en este sistema acusatorio adversarial, no acontece, dado que el legislador buscó que esa demostración o descubrimiento probatorio sea ante su potestad y no ante el Ministerio Público, como sucedía en el mencionado sistema. En el sistema acusatorio adversarial mientras la versión de cargo sea plausible, físicamente posible y, principalmente se encuentre apoyada en datos de prueba que permitan suponer que así ocurrió el hecho; sin que hubiere sido aportado algún dato de prueba que demostrara plenamente que no ocurrió aquel, procede vincular a proceso. Es decir, si la versión defensiva también es plausible, pero sin sustento probatorio suficiente, no es apta para que sea procedente dictar un auto de no vinculación a proceso, pues es necesario que los hechos en los que descansa su postura estén plenamente probados, para evidenciar que uno de los fines del proceso relativo al esclarecimiento de los hechos de acuerdo con el artículo 2° del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedó satisfecho desde la etapa inicial del proceso, lo cual en este caso no ocurrió, pues, en todo caso hay aspectos que ameritan ser investigados. Esto es, no se inadvierte que en la medida en que es probable la versión de cargo, también podría ser en la misma medida probable que los hechos ocurrieron conforme a la perspectiva de la defensa, pero como probabilidad que es, no excluye la diversa probabilidad (versión de cargo) sostenida por la fiscal y ello es suficiente para vincular a proceso; y en todo caso, será materia de prueba en el juicio. Esto en razón a que el concepto que refiere se encuentra relacionado con la prueba tasada inherente al anterior sistema penal (mixto o inquisitivo), más no al sistema acusatorio adversarial, en el que deberá realizarse de manera libre y lógica, acorde a lo establecido en el artículo 20, aparatado "A", fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, las directrices se encuentran enfocadas a aplicar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Apoya lo anterior, por sus consideraciones esenciales, la tesis de rubro: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Por otra parte, resulta jurídicamente ineficaz lo aducido en el concepto de violación sintetizado en el inciso c), en el que cuestiona lo expuesto por el Magistrado responsable, en cuanto a que solo basta que se acredite que el activo tuvo (pasado) una relación de concubinato; pues si bien en el pasado tuvo una relación de concubinato con la víctima, lo cierto es que hace tres años ya no hacen una vida en común, además que, tienen domicilios diferentes, ya que la víctima vive en la ciudad de Tlacolula y el imputado vive en San Pedro Quiatoni, por lo tanto tienen domicilios diferentes. La ineficacia del planteamiento radica en que fue acertado el razonamiento expuesto por la Sala responsable en el sentido que efectivamente tanto la pasivo como el activo, ya no sostenían una relación en el momento de los hechos, ya que viven en domicilios diferentes. Lo anterior, porque como lo sostuvo la responsable, el elemento del delito consistente en que el hecho delictivo ocurra "dentro o fuera del domicilio familiar" se encuentra satisfecho, dado que el imputado y la víctima compartieron un domicilio familiar, es decir, existe un espacio en el cual se cumplió la finalidad del concepto de familia, en donde ocurrieron los hechos. Además, que el tipo penal de violencia familiar no exige la circunstancia que tengan que vivir en el mismo domicilio, es decir que cohabiten en ese lugar. Al respecto es importante puntualizar que atendiendo al bien jurídico protegido por el tipo penal que el concepto familia, se concibe como el núcleo humano dentro del cual se desarrollan funciones esenciales, tales como la asistencia mutua, cooperación económica, socialización, reproducción, etcétera, interrelación de convivencia que propicia desarrollar afectos, comprensión recíproca y seguridad, condiciones que permiten concebir a la familia como la célula básica de una sociedad. Por tanto, en el caso, el elemento normativo "dentro o fuera del domicilio familiar", exige para su demostración, primero, que se haya instaurado un domicilio familiar, es decir, un lugar destinado para residir en él, en forma conjunta o separada, los sujetos activo y pasivo, con el propósito de establecer un núcleo familiar, conformado entre cualquiera de las personas señaladas en el tipo penal, que tengan o hayan tenido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Así, conforme a la configuración del tipo penal, al referir "hayan tenido" o "hayan mantenido" alguna de las relaciones familiares ahí descritas, evidencia que el legislador quiso incluir en ese tipo a las relaciones pasadas, en las que evidentemente ya no se desarrollan en un mismo domicilio. Por tanto, de forma acertada como lo estableció la responsable, contrario a lo expuesto por el quejoso, sí existe un domicilio familiar, en el cual posiblemente se llevó a cabo el hecho que la ley señala como delito, y por el cual se le vinculó a proceso, de lo ahí lo infundado de su argumento. En tal contexto, es que deviene lo ineficaz del concepto de violación analizado en este apartado y señalado con el inciso c). Finalmente, respecto a la transcripción de los agravios hechos valer ante la Sala responsable en el recurso de apelación materia de este asunto (fojas 23 a 38, del juicio de amparo; y, fojas 10 a 22, del anexo de prueba que obra por cuerda separada), se estiman ineficaces. Ello, dado que el quejoso no controvierte los argumentos de la Sala al momento de confirmar la determinación del juez de primer grado y que fueron precisados en párrafos que anteceden; es decir, tales argumentos son solo una reproducción de los argumentos expuestos ante la responsable para combatir en esa instancia el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso contra los actos reclamados a la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro de la toca penal JOTPAI/24/2022 de su índice; procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que se hubiere advertido queja que suplir. En otro orden, se autoriza al Secretario Judicial adscrito para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A Sergio López Bautista, respecto de la autoridad y por el acto reclamado precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto del que se advierte que por auto de trece de marzo de esta anualidad, en lo que interesa, se requirió a la tercera interesada Matilde Cruz Martínez, para que dentro del plazo de tres días, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, o en su caso, en San Bartolo Coyotepec; así como que dicho acuerdo le fue notificado el nueve de mayo actual. Ahora, dado que el término de tres días concedido a dicha persona transcurrió del once al quince de mayo de este año; sin que hubiere señalado domicilio en la zona metropolitana de Oaxaca, para oír y recibir notificaciones. Por tanto, con fundamento en el artículos 26, fracción III, 27, fracción II, primer párrafo y 29, de la Ley de Amparo, así como del diverso numeral 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de marzo del año en curso y, en consecuencia, practíquenseles las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista de acuerdos, que se publica en los estrados que se ubican en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Sin que obste a lo anterior, el hecho que en la diligencia de notificación de nueve de mayo del año en curso, dicha parte haya manifestado que las notificaciones podían realizarse en donde la estaban practicando en ese momento; lo anterior, puesto que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional y de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por lo que deberá estarse a lo acordado en el párrafo precedente. En relación con el número telefónico que proporcionó en la mencionada diligencia, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éste para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Dese vista a la citada tercera interesada, con las constancias que obran en este juicio, para los efectos legales conducentes. Finalmente, dado el sentido del presente acuerdo y el estado de autos, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con veintitrés minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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