Sergio Guadalupe Martínez Reyes

Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 25 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
480/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Sergio Guadalupe Martínez Reyes
  • Sergio Guadalupe Martínez Reyes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese un sobre cerrado devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 7548, dirigido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, con la leyenda "Rehusado especifique a que M.P. va dirigido", mediante el cual se remitió la sentencia dictada en este juicio de amparo. Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio, reexpídase el oficio 7548, y diríjase a "Ingrid Arlene Onofre Mijangos" Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, mismo que deberá enviarse vía telegráfica y/o correo electrónico y/o fax, incluso por cualquier medio que agilice su envío y recepción de inmediato, una vez hecho lo anterior haga entrega a la mesa de trámite de la misma, debiendo integrar la constancia de envió al expediente electrónico en la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese, y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, tomo VII, junio de 1998, novena época, del apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195993, emitida por Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son destruibles, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, respectivamente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Atento a lo anterior, agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a los secretarios y/o actuarios adscritos a este juzgado para la firma del oficio que recaiga al presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, Sergio Guadalupe Martínez Reyes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de autoridad responsable ordenadora señalo: a).- Al Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León Oaxaca, llevador de la causa penal 48/2021 [.]. En su carácter de autoridad responsable ejecutora señalo: a).- Al comandante de la Agencia Estatal de Investigación [.]. c).- En su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora señalo al: Agente del Ministerio Publico llevador de la carpeta de investigación de número 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020 dependiente de la Vice Fiscalía Regional de la Mixteca, dependiente de la Fiscalía General del Estado [.]. IV.- ACTO RECLAMADO: a).- De la autoridad señalada como responsable ordenadora Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León Oaxaca reclamo: I.- La integración arbitraria, infundada de la causa penal 48/2021. II.- La orden de aprehensión, u orden de detención, u orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, dictada por escrito y librada en mi contra dentro de la causa penal 48/2021. b).- De las autoridad señalada como responsable ejecutora, comandante de la Agencia Estatal de Investigación, reclamo: el cumplimiento y ejecución que pretenden dar a la orden de aprehensión, u orden de detención, u orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, dictada por escrito y librada en mi contra dentro de la causa penal 48/2021, librada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León Oaxaca. c).- De la autoridad ordenadora y ejecutora, Agente del Ministerio Publico llevador de la carpeta de investigación de número 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020, reclamo: I.- La integración arbitraria, infundada e inmotivada de la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020. II.- La constancia de notificación de fecha seis de noviembre de dos mil veinte, que contiene medidas de protección a favor de la supuesta víctima, ELVIRA FRANCISCA SANDOVAL AGUILAR, dictada dentro de la carpeta de investigación de número 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020. III.- La negativa a acordar y notificarme el escrito de petición recibido con fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, por dicha agencia del Ministerio Publico, dentro de la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. Los contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de demanda. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional radicó la demanda con el número de amparo 480/2021, y previno a la parte quejosa para aclarar su demanda (fojas 15 a 18). Luego, por auto de treinta y uno de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitaron los informes justificados correspondientes; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reservó proveer respecto del reconocimiento y llamamiento de la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Terceros interesados. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a Elvira Francisca Sandoval Aguilar y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, a quienes se ordenó notificar (fojas 48 a 51). QUINTO. Recurso de queja. Por auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno (fojas 64 y 65), se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto de dieciséis de julio de ese mismo año, por lo cual, el cuatro de octubre siguiente, se suspendió la tramitación del presente juicio (foja 123). De dicho recurso, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, quien lo radicó con el número 222/2021, y por ejecutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, lo declaró infundado (fojas 137 a 156); por ello, el cuatro de marzo del año que transcurre se reanudó el procedimiento, por lo cual, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. SÉPTIMO. adscripción de la titular de este juzgado de distrito. En atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno, que dice: "Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio". En relación con el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, porque el acto reclamado podría tener ejecución dentro del territorio en el que este órgano jurisdiccional tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integral de la demanda de amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en los términos siguientes. Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca (nombre correcto), reclama: 1. La orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia por medio de la fuerza pública, dictada contra el quejoso en la causa penal 48/2021 -así fue aclarado en el escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno-. De la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, reclama: 2. La negativa de acordar y notificarle la respuesta del escrito de petición presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que solicitó acceso a los registros de la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020; en consecuencia, la falta de acceso a éstos. 3. La notificación de seis de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se notificó la determinación de cinco de noviembre del propio año, que decretó medidas de protección a favor de la víctima Elvira Francisca Sandoval Aguilar, dictadas en la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020. 4. Determinación de cinco de noviembre de dos mil veinte, que decreta medidas de protección a favor de la víctima Elvira Francisca Sandoval Aguilar, dictadas en la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020. Del Comandante Local de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, reclama: 5. La ejecución de la orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia por medio de la fuerza pública dictada contra el quejoso en la causa penal 48/2021; sin que la quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo cual, dichos actos resultan inexistentes. No es óbice a lo anterior, que la autoridad responsable Comandante Local de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, haya sido omisa en rendir su informe justificado, pues al haber negado la existencia del acto reclamado la autoridad ordenadora, se considera inexistente el acto de ejecución que se le reclama a esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/177, registro digital 220372, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación. tomo IX, febrero de 1992, página 73, octava época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se les atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que no pudieron ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." De igual forma, resulta inexistente el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en la negativa de acordar y notificarle la respuesta del escrito de petición presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el cual solicitó acceso a los registros de la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020; y en consecuencia, la falta de acceso a éstos. Lo anterior, porque a la fecha de presentación de la demanda -siete de mayo de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable había dado contestación favorable a su escrito, el cual fue notificado por estrados. En efecto, al rendir su informe justificado (foja 82), la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, remitió entre otras constancias, el escrito de petición presentado por el quejoso el cinco de abril de dos mil veintiuno (foja 111); el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno (foja 112); así como la constancia de notificación por estrados de seis de abril de dos mil veintiuno (foja 113); documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 93, fracción II, 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º. De dichas documentales, se advierte que el seis de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por el quejoso el cinco del propio mes y año, en el siguiente sentido: "ÚNICO.- De conformidad con lo previsto en los ordinales 21 de la Constitución Política Federal; y toda vez que nos encontramos en la hipótesis establecida por el artículo 219 de Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en toda la república mexicana, en el cual manifiesta que "UNA VEZ CONVOCADOS A LA AUDIENCIA INICIAL EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A CONSULTAR LOS REGISTROS DE INVESTIGACION Y A OBTENER COPIAS CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA PARA PREPARAR LA DEFENSA," expídasele copias al ciudadano SERGIO GUADALUPE MARTINEZ REYES, o en su caso al ciudadano NOE ANTONIO TORRES HERNANDEZ, persona que autorizo el imputado en la presente causa penal para recoger dichas copias, ahora bien en atención a que en el escrito recibido con esa propia fecha no obra número de teléfono, o domicilio para ser notificado el presente acuerdo se determina que en los estrados de la fiscalía local de Huajuapan de León Oaxaca, se notificará al ciudadano SERGIO GUADALUPE MARTÍNEZ REYES, el presente acuerdo [.]" Como se advierte, la parte quejosa no señaló domicilio ni algún medio para recibir notificaciones, por ello, se ordenó que la notificación del acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno se realizara por estrados, lo cual sucedió en esa misma fecha, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 113 del juicio de amparo. Por lo tanto, si a la fecha de presentación de la demanda, el escrito de petición presentado ante la autoridad responsable el cinco de abril de dos mil veintiuno ya había sido acordado y notificado a la parte quejosa, es inconcuso que los actos reclamados de referencia, eran inexistentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, registro digital 196072, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 5, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Como consecuencia de lo anterior, deviene inexistente el acto reclamado que se hizo consistir en la falta de acceso a los registros de la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020; pues como se ha visto, la Agente del Ministerio Público responsable al contestar la solicitud realizada por el quejoso, autorizó la entrega de copias de ésta, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual denota que la parte quejosa sí cuenta con acceso a la misma, situación que hace patente la inexistencia del acto reclamado analizado. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados identificados con los numerales 1 y 2 del considerando segundo, y ante la ausencia de pruebas de la parte quejosa para desvirtuar las referidas inexistencias; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo por los referidos actos reclamados. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en la notificación de seis de noviembre de dos mil veinte, y la determinación que decreta la medida de protección a favor de la víctima Elvira Francisca Sandoval Aguilar, dictadas en la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020, pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia (foja 82). Lo que se corrobora con con las copias certificadas deducidas de la carpeta de investigación de origen que obra en autos, que remitió como justificación a su informe, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la notificación de seis de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se hizo del conocimiento la determinación de cinco de noviembre del propio año, que decretó medidas de protección a favor de la víctima Elvira Francisca Sandoval Aguilar, dictadas en la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020; numeral que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo cual, antes de promover juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea el último medio de defensa que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), registro digital 2017117, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Conforme a esos parámetros, a juicio de este órgano de control constitucional, la notificación de seis de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se hizo del conocimiento la determinación de cinco de noviembre del propio año, que decretó medidas de protección a favor de la víctima Elvira Francisca Sandoval Aguilar, dictadas en la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020, no tiene el carácter de definitivo. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, ya que contra la actuación en cuestión el peticionario de amparo pudo haber promovido el incidente de nulidad, por el que era susceptible de invalidarla en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Del análisis del citado artículo, se aprecia que cuando una notificación no se realice en la forma prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y cause indefensión, se declarara´ su nulidad. Por su parte, los diversos 97, 98, 101 y 102 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo." "Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición. "Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado." "Artículo 102. Sujetos legitimados Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo." De la lectura de los citados artículos, se advierte que los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en el código podrán ser declarados nulos, para lo cual se solicitara´ a la autoridad judicial mediante escrito la declaración de nulidad dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Así, una notificación podrá ser nula cuando cause indefensión a alguna de las partes y no se cumplan las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, para el caso de que el órgano jurisdiccional considere fundada la solicitud, decretara´ la nulidad y dispondrá su reposición; solitud que podrá ser formulada por el interviniente perjudicado. En ese sentido, antes de acudir a la instancia constitucional, se insiste, la parte quejosa debió promover el incidente de nulidad, pues es incuestionable que se encontraba obligado a respetar uno de los principios fundamentales que rige el juicio de amparo indirecto, a saber, el de definitividad, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional debía, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, por lo que al no haberlo hecho, es claro que se actualiza la causa de improcedencia citada. Cabe señalar que en la especie no se está en el supuesto de alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, habida cuenta que es parte en el procedimiento de origen, por lo que no tiene el carácter de persona extraña; aunado al hecho de que, no se encuentra privado de la libertad, por lo que es evidente que la determinación combatida no afecta su libertad; consecuentemente, estaba obligado a promover el incidente de nulidad mencionado, puesto que la procedencia del juicio de amparo esta´ sujeta a que previamente se agoten los recursos ordinarios que al efecto prevé la legislación de la materia. En consecuencia, la acción constitucional ejercida respecto de los actos reclamados deviene notoriamente improcedente, pues previo a la tramitación del juicio de amparo, la parte quejosa debió solicitar la declaración de nulidad aludida, la cual, de resultar fundada, tendría el efecto de nulificar la notificación que alega se hizo en contravención a las disposiciones legales, así como sus consecuencias. Por su parte, al no haber agotado la parte quejosa el principio de definitividad contra la notificación de seis de noviembre de dos mil veinte, en la que se hizo del conocimiento de la parte quejosa el proveído de cinco de noviembre del propio año, en el que se decretó una medida de protección a favor de la víctima Elvira Francisca Sandoval Aguilar, dictada en la carpeta de investigación 34195/FMIX/HUAJUAPAN/2020, entonces, dicha notificación se considera firme, para efectos de la procedencia del presente juicio de amparo. En ese sentido, resulta extemporánea la demanda de amparo contra el acto reclamado previamente destacado, como enseguida se demostrará. En principio, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte, el numeral 18 transcrito, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo; a saber: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; o, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo que reclame. Al respecto, cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, analizó el numeral 21 de la abrogada Ley de Amparo, el cual es de similar redacción al artículo 18 de la vigente ley, por lo que ese criterio continúa en vigor, en términos de lo dispuesto en el artículo SEXTO transitorio de la vigente Ley de Amparo. En la ejecutoria indicada, el Alto Tribunal en lo relacionado al tema que aquí se analiza determinó: Que la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, implica que los supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Que la esencia del artículo analizado, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación. Que si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable le notificó, el cómputo de los quince días, debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento de aquél. Que si el particular tiene conocimiento, previamente a la notificación que ordena la ley que rige el acto reclamado, a través de cualquier otro medio, como puede ser el momento en que hubiese recibido copias del mismo, es válido que a partir de ese momento inicie el cómputo del plazo para la presentación del juicio de amparo, siempre y cuando se acredite plenamente que el quejoso conoció de manera completa el acto reclamado. Que el inicio del plazo para la presentación del juicio de garantías contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. Esa ejecutoria dio origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010, registro digital 163172, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, novena época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En el caso a estudio, por la naturaleza de los actos reclamados, el término para interponer el juicio de amparo es de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el seis de noviembre de dos mil veinte (fojas 93 vuelta y 94), el quejoso fue notificado de manera personal de las medidas de protección decretadas a favor de la víctima Elvira Francisca Sandoval Aguilar, dictadas en la carpeta de investigación 34194/FMIX/HUAJUAPAN/2020 (sic), como se advierte de la constancia de notificación suscrita por el quejoso, en la que se contienen la leyenda "Recibí notificación--Sergio Gpe Mtz R" y se aprecia una firma ilegible (foja 94 vuelta). Constancia que como se ha dicho, se encuentra firme para los efectos de la procedencia del presente juicio, por no haber sido impugnada por la parte quejosa mediante el incidente de nulidad de notificaciones que tenía a su alcance. En ese sentido, si la parte quejosa conoció los actos reclamados a partir del seis de noviembre de dos mil veinte; es inconcuso que esa fecha es la que se debe tomar en consideración para realizar el cómputo de la oportunidad de la presentación de la demanda. En ese sentido, el numeral 82, fracción I, inciso d) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 82. Formas de notificación. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: [.] d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; [.] Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Por lo tanto, la notificación de las medidas de protección decretadas en la carpeta de investigación a favor de la víctima, surtió efectos al día siguiente en que se realizó; esto es el sábado siete de noviembre de dos mil veinte, por lo cual, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del lunes nueve de noviembre al martes uno de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días intermedios catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre, por corresponder a sábados y domingos, así como el viernes veinte de noviembre; por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de igual manera, el lunes dieciséis de noviembre, por no haber sido laborable, en términos del artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que, si el escrito de demanda de amparo se presentó el siete de mayo de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, es claro que fue presentado en forma extemporánea. No es óbice a lo anterior, que el quejoso manifestara en su demanda de amparo, que el tres de mayo de dos mil veintiuno la víctima le entregó un citatorio y la cedula de notificación sin firma ni sello de las medidas de protección; porque esas manifestaciones se encuentran desvirtuadas con la firma de recibido atribuida a la parte quejosa, asentada en autos, que se encuentra estampada en la constancia de notificación de seis de noviembre de dos mil veinte, la cual como se vio, no fue impugnada a través del medio de defensa, por ende, quedó firme para efectos de este juicio de amparo. Sin soslayar el hecho de que, desde el seis de abril de dos mil veintiuno, se le dio acceso a los registros de la carpeta de investigación, autorizándole incluso, las copias correspondientes como lo solicitó en el escrito de cinco de abril del citado año, esto es, de las constancias que integran la carpeta de investigación. Por ende, dada la actualización de las causas de improcedencia invocadas, procede sobreseer en el presente juicio amparo, de conformidad con los artículos 61, fracciones XIV y XVIII; en relación con los numerales 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación; de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Guadalupe Martínez Reyes, respecto de los actos reclamados precisados en el considerado segundo, y por los motivos expuestos en el tercer y último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CUATRO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja 222/2021 interpuesta por la parte quejosa en contra del proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se desecharon las pruebas ofrecidas por el impetrante, medio de impugnación en lo que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese de recibo al Tribunal de Alzada. En ese sentido, dado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno se suspendió el procedimiento, y se dejó sin efecto la hora y fecha para la audiencia constitucional; en consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento en este juicio de amparo y se reanuda, por lo que se señalan las ONCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo, en el entendido que la misma se celebrara sin presencia de las partes. Empero, de forma excepcional, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, ello únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios, a saber, Windows 7 o superior 32/64 bits o Mac OS X 10.13 o superior. Los requisitos mínimos de sistema Windows CPU de doble núcleo a 2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores. Mientras que los requisitos mínimos de sistema Mac OS X son, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8. En ambos casos, utilizar Chrome como navegador, Cámara y micrófono, y Conexión a internet con velocidad mínima de subida de 300 kbps. O en su caso, a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta), en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings", lo cual podrá realizar a través de la PlayStore para Androit o AppStore para Apple, utilizar utilizar equipos con pantalla de resolución media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de las partes. Así también, hágase saber a las partes, que podrán formular alegatos, siempre que se exhiban de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, o físicamente en el juzgado. Sin embargo, debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que opten por la tramitación electrónica. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano