Sergio Ivan Sanchez del Olmo

Expediente 173/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
173/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
25/07/2016

Partes del expediente

  • Sergio Ivan Sanchez del Olmo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Queda firme el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia. Archívese este expediente.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos la razón de cuenta, por medio de la cual la actuaria judicial adscrita hace constar su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Sergio Iván Sánchez del Olmo, el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, por las razones expuestas en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista que se publique en este órgano jurisdiccional el auto de dieciocho de abril del año en curso. SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se cuenta con domicilio en el que pueda ser notificada personalmente la tercera interesada Luisa Carla Hermenegildo Cedeño, de la tramitación del presente juicio de amparo, a fin de que de considerarlo necesario se apersone al mismo, ofrezca pruebas y realice manifestaciones en vía de alegatos. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales; con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, a efecto de que proporcione domicilio completo y correcto, en el que pueda ser localizada la tercera interesada supracitada, a fin de estar en posibilidad de notificarle la instauración del presente juicio de amparo. Con el apercibimiento, de que en caso de ser omiso, le será impuesta una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo establecido en el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia, sin perjuicio de ordenar se ordene la primer notificación por edictos a su costa. Por otra parte, SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE REMITA ANEXOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, Se le apercibe que en caso de ser omisa, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá la multa con la que fue conminada en el auto admisorio. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de garantías o causar un menoscabo en los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual remite copias certificadas del acta de audiencia inicial verificada el veintidós de abril de dos mil dieciséis, en la que al revisar las medidas provisionales dictadas, decretó la guarda y custodia provisional de los menores Sara Edith y Cristhian de apellidos Sánchez Hermenegildo, a favor del aquí quejoso. En ese orden de ideas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, se advierte que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (por revocación), se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto (por sustitución), se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho constitucional violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en: ".El auto en que se le otorga la guarda y custodia de mis dos menores hijos, la reincorporación al hogar de la hoy tercero interesada y a mi se me ordena salirme de mi domicilio..." En este caso, el acto reclamado en estudio ha cesado sus efectos por sustitución. En efecto, la autoridad responsable Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante oficio 1394 presentado en la oficialía de partes de este Juzgado, comunicó que en audiencia inicial de veintidós de abril de dos mil dieciséis, al revisar las medidas provisionales dictadas, decretó la guarda y custodia provisional de los menores Sara Edith y Cristhian de apellidos Sánchez Hermenegildo, a favor del aquí quejoso, de igual manera, determinó que seguiría viviendo en su domicilio ubicado en calle Juan Francisco Patrón Márquez, interior treinta y uno A (31-A), fraccionamiento 23 de Octubre, barrio de San Miguel, municipio de Zinacantepec, Estado de México y la tercero interesada Luisa Carla Hermenegildo Cedeño, vivirá en el diverso ubicado en calle Chabacano, número ciento veintinueve (129), en el poblado de Santa María Atarasquillo, municipio de Lerma, Estado de México, como se aprecia de la copia certificada de la videograbación que adjuntó (01:13:12). Lo que evidencia, que al día de la fecha el acto reclamado por la parte quejosa, en autos del expediente 59/2016 y su acumulado 73/2016, ha dejado de surtir efectos. En ese orden de ideas, es válido sostener que el acto tildado de inconstitucional ha cesado sus efectos ante la orden de modificar las medidas provisionales y otorgarle la guarda y custodia de sus menores hijos, así como la desincorporación de su hogar de la tercero interesada y permitirle continuar viviendo en su domicilio, pues el auto que dispuso lo contrario perdió sus efectos jurídicos, es decir, tal decisión judicial destruyó en forma total el acto reclamado, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa; en consecuencia, de ser necesario, el nuevo acto que emita la autoridad competente será susceptible de conocerse en un nuevo juicio de amparo. Así, lo transcrito patentiza, sin lugar a dudas que esa determinación no es jurídicamente dable que se analice en este juicio de amparo, como tampoco que influya en la cesación del acto reclamado. Sobre el particular se invoca, la tesis publicada en la página 845 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y al encontrarse plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio constitucional con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya dado vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia aludida, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, pues dicha obligación sólo impera para los Tribunales revisores; es decir, cuando se agoten los recursos que procedan contra las determinaciones emitidas en esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, cuyo rubro es del contenido siguiente. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional, a saber las diez horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento inserto en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, envía copias certificadas del expediente 59/2016. Atento a ello, se tiene conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes, y se ordena el glose de las constancias adjuntas, a partir de la foja ciento cincuenta y seis.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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