Sergio Ivan Galicia Camacho
Expediente 156/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2017
Partes del expediente
- Sergio Ivan Galicia Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y registró la misma con el número de juicio de amparo 607/2017 y su acumulado; en esas condiciones, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previa las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por este Juzgado.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, NOTIFICÓ POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEICSIETE, A LA PARTE QUEJOSA DE INICIALES S.I.G.C. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis del mes y año en curso, este juzgado se reservó a proveer el trámite del juicio que nos ocupa, hasta en tanto se emitiera el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se decidiera que órgano sería el encargado del despacho de los expedientes en los cuales se reclama, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención. En ese sentido, toda vez que el veintiuno de febrero de la anualidad que transcurre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual determinó que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, se encargarían del trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo cuyo acto reclamado estuviera comprendido dentro de las hipótesis referidas en el párrafo que precede, como en la especie acontece. Por otra parte, el hecho de que el presente asunto se encuentre en prevención, no pugna con el punto segundo del referido Acuerdo General, el cual establece que los asuntos referidos en el primer punto, que se encuentran admitidos, deberán remitirse para la continuación de la sustanciación y resolución a los juzgados de Distrito del citado Centro Auxiliar. Lo anterior, porque dicha disposición no refiere expresamente, que únicamente se remitieran aquéllos asuntos en los que ya se encuentra la demanda admitida. Por el contrario, al adminicular el punto primero y segundo, se concluye que también se permite enviar los juicios en los que exista pendiente pronunciarse sobre el desahogo de la prevención. Además, en caso de que por cierta razón, alguno de estos asuntos no sea procedente, los juzgados de Distrito que los hayan recepcionado, no tendrían competencia para desecharlos, precisamente porque el citado Acuerdo General otorga competencia a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para el trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicio de amparo en los que se señale como actos reclamados los ahí precisados. Considerar lo contrario, contravendría la garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." [énfasis añadido] Por tanto, en términos del punto primero del Acuerdo General en comento, este juzgado declina el conocimiento del asunto al Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, por lo que por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, remítasele el presente expediente y sus anexos, para que se pronuncie al respecto; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis del mes y año en curso, este juzgado se reservó a proveer el trámite del juicio que nos ocupa, hasta en tanto se emitiera el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se decidiera que órgano sería el encargado del despacho de los expedientes en los cuales se reclama, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención. En ese sentido, toda vez que el veintiuno de febrero de la anualidad que transcurre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual determinó que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, se encargarían del trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo cuyo acto reclamado estuviera comprendido dentro de las hipótesis referidas en el párrafo que precede, como en la especie acontece. Por otra parte, el hecho de que el presente asunto se encuentre en prevención, no pugna con el punto segundo del referido Acuerdo General, el cual establece que los asuntos referidos en el primer punto, que se encuentran admitidos, deberán remitirse para la continuación de la sustanciación y resolución a los juzgados de Distrito del citado Centro Auxiliar. Lo anterior, porque dicha disposición no refiere expresamente, que únicamente se remitieran aquéllos asuntos en los que ya se encuentra la demanda admitida. Por el contrario, al adminicular el punto primero y segundo, se concluye que también se permite enviar los juicios en los que exista pendiente pronunciarse sobre el desahogo de la prevención. Además, en caso de que por cierta razón, alguno de estos asuntos no sea procedente, los juzgados de Distrito que los hayan recepcionado, no tendrían competencia para desecharlos, precisamente porque el citado Acuerdo General otorga competencia a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para el trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicio de amparo en los que se señale como actos reclamados los ahí precisados. Considerar lo contrario, contravendría la garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." [énfasis añadido] Por tanto, en términos del punto primero del Acuerdo General en comento, este juzgado declina el conocimiento del asunto al Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, por lo que por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, remítasele el presente expediente y sus anexos, para que se pronuncie al respecto; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito y anexos, signado por el quejoso, mediante el cual en atención al proveído de dos de febrero del año en curso, desahoga la prevención decretada en dicho acuerdo; además, señaló como autoridad responsable a la Comisión Federal de Competencia Económica; atento a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento con que fuera conminado. En atención al aviso de siete de los cursantes, emitido por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que las demandas en que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; la Ley de Hidrocarburos; el acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina y el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel; sean enviadas a los órganos jurisdiccionales designados para su conocimiento, se reserva acordar lo conducente; hasta en tanto, se publique el Acuerdo General relativo. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.
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