Sergio Humberto Hernández Rico
Expediente 494/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Humberto Hernández Rico
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto, lo de cuenta y toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Finalmente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Pcp Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Nubia Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ARIEL ORTEGA LIMÓN endosatario en procuración de SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ RICO; contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 494/2019-IV. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, este juzgado advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que impone DESECHARLA DE PLANO, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia Ley. En relación al concepto actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión; y con base en esta disposición legal, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llagará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán, en el incidente de justas causas, promovido por ARIEL ORTEGA LIMÓN endosatario en procuración de SERGIO HUMBERTO HERNÁNDEZ RICO, dentro del juicio ejecutivo mercantil 204/2019, de esa estadística, el cual conforme al criterio anterior, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, pues, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y, en caso de ser así, es decir, entonces podrá a través de los agravios respetivos, combatirlo en el amparo directo, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. La citada tesis de jurisprudencia está publicada con el número ciento ochenta y nueve, en la página ciento cincuenta y cuatro, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, cuyo texto es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Se afirma lo anterior, en razón a que la resolución interlocutoria reclamada, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que le Estado Mexicano sea parte, pues a través de éste no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el quejoso obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo cual quedarían reparadas la violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución que ahora se impugna. Al caso es aplicable la tesis IV.3o.111 K, publicada en la página 489, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a JORGE LUIS AMEZCUA GONZÁLEZ, JAIME CAMPOS BENAVIDES y FERNANDO DEL TORO RAMIREZ en virtud de que su cédula profesional se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Pcp Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Nubia Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Pcp
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