Sergio Cardona Espinosa
Expediente 415/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Cardona Espinosa
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. 1. INFORMAN DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario Técnico del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló en proveído de trece de octubre del presente año, designa al licenciado Jorge Rojas Cortés, Defensor Público del Estado de Michoacán, para que brinde asesoría y representación jurídica al quejoso Sergio Cardona Espinoza en el presente juicio. Sin que se considere necesario notificar personalmente dicha designación, ni que ratifique la aceptación de cargo, pues del oficio de cuenta se advierte que la autoridad oficiante lo hizo del conocimiento al referido defensor, quien en caso de oponerse a la misma, así deberá manifestarlo y justificarlo fundada y motivadamente. En otro sentido, dese vista al defensor público del quejoso con todo lo actuado dentro del presente juicio. En esa virtud, por conducto del mencionado secretario técnico, notifíquese a dicho profesionista el presente auto. 2. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Por otra parte, visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 3. SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3.2. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismo términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio Cardona Espinosa, por su propio derecho, contra el Director o Titular del Centro Federal de readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN, con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 415/2020. 1.2. Improcedencia y desechamiento de plano. En acato a lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. De la demanda de amparo se aprecia que, el peticionario de amparo pretende defender a través de esta instancia constitucional, lo siguiente: "IV.- ACTO RELAMADO: PIDO QUE SE ME TRASLADE AL C.R.S. PARA SENTENCIADOS DEL FUERO COMÚN O AL CENTRO METROPOLITANO DE MÁXIMA SEGURIDAD, PARA EL FUERO COMÚN; AMBOS CON SEDE EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE JALISCO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. ESTO POR TRASLADO VOLUNTARIO, ASERCAMIENTO FAMILIAR Y POR PERTENECER YO AL FUERO COMÚN" SE DESECHA DEMANDA ERNESTO ADAME RUIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.fe 24/09/22 13:48:34 Ahora, este Juzgado de Distrito advierte oficiosamente que contra el acto reclamado se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, por cuanto que el juicio para la protección de derechos fundamentales, sólo procede contra actos de autoridad;En el caso, conforme a lo expuesto, se advierte con claridad que el quejoso, de ningún modo combate un acto de autoridad, sino que en realidad, lo que realiza es una solicitud de traslado del Centro de reclusión en el que se encuentra actualmente privado de la libertad, a uno diverso. Por ende, dicha cuestión no puede ser analizada a través del juicio de amparo, puesto que dicha petición, debe ser elevada al juez de la causa, o al Juez de Ejecución, según sea el caso, para que sea éste quien valore la posibilidad de que el peticionario de amparo, lleve su proceso o compurgue la pena impuesta, en el Centro de reclusión que resulte más benéfico a su circunstancia particular. Tal postura es así, pues el peticionario de amparo, no se aqueja en realidad de un acto de autoridad que haya repercutido en su esfera jurídica, es decir, no se ha generado una actuación, omisión, determinación o similar, que lleven a este órgano de control constitucional a verificar si la actuación de alguna autoridad se encuentra o no apegada a derecho y que ésta repercute en los derechos sustantivos del impetrante. De ahí que de acuerdo a la situación jurídica actual del quejoso, éste debe solicitar al juez ante quien se encuentre a disposición, el traslado a diverso Centro de internamiento ya sea a través del incidente correspondiente previsto en legislación procesal de la materia (en caso de que su situación sea la de procesado), o bien, actuar conforme a lo establecido en el artículo 18 Constitucional y 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (en caso de tener la calidad de sentenciado), a efecto de que el juez de la causa o el Juez de Ejecución, determinen la procedencia de su solicitud.
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