Sergio González Garza

Expediente 1589/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1589/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Sergio González Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la sentencia de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio, haya sido recurrida por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara la sentencia constitucional que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.****************************************Por tanto, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.****************************************En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído.****************************************Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo.****************************************Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.****************************************Finalmente, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Relación de constancias Enseguida, el Secretario encargado del despacho declara abierta la audiencia constitucional y el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda promovido por ********************, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y documentales que remitió en apoyo a su informe con justificación, y la intervención ministerial 311/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, tómese en consideración el referido informe al resolver el asunto, y en cuanto a las documentales y alegados de referencia, relaciónense en los periodos correspondientes de la presente audiencia. Periodo probatorio Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta con las documentales relacionadas en el párrafo que antecede. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Periodo de alegatos Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el que se da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en la intervención ministerial 311/2023. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por formulados los alegatos de referencia, mismos que serán tomados en consideración al resolver el presente asunto; y sin más alegatos que tener por reproducidos, ni promoción pendiente de acuerdo, se cierra este periodo y se da por concluida la presente audiencia, ordenando se dicte la siguiente sentencia: VISTO para resolver el juicio de amparo 1589/2023-IV, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, el quejoso ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de quien reclamó el acto transcrito en la fojas 2 y 3 del presente sumario, respecto del cual sostuvo que conculcaba las garantías contenidas en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído de doce de junio de dos mil veintitrés; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas en el territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo; esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de radicar la demanda; y La omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral de origen. TERCERO. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al rendir su informe justificado aceptó parcialmente los actos reclamados; sin embargo de sus propias manifestaciones se advierte la existencia de los mismos; por lo que, se tienen como legalmente ciertos. CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna tanto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, como en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, con relación al acto reclamado consistente en la omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada dentro del juico laboral de origen, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe, a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda (ocho de junio de dos mil veintitrés), no existía la omisión que se reclama (emplazamiento), puesto que el Tribunal responsable el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictó el respectivo acuerdo de radicación de la demanda presentada por el aquí quejoso ********************, misma que quedó registrada con el número ********************. Consecuentemente, debe dejarse en claro que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de junio de dos mil veintitrés), no existía dicha omisión, pues como ya se señaló en el párrafo que antecede, fue hasta el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, que el Tribunal responsable emitió el acuerdo relativo a la radicación de la demanda promovida por el aquí quejoso. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, 79, Julio de 1994 página: 15., que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". De igual forma, es ilustrativa sobre el particular, la tesis XX.54 K, novena época, materia común, publicada en la página 871, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANÁLISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional.". Razonablemente, evidenciada la inexistencia del acto reclamado previamente destacado, procede SOBRESEER en el presente juicio respecto del emplazamiento de trato, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. En otro contexto, con relación al diverso acto reclamado la omisión de radicar la demanda, lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, dado que el suscrito advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción en comento, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. Sentado lo anterior, de los autos se colige que la parte quejosa se duele básicamente de la omisión por parte de la responsable de radicar la demanda dentro del juicio laboral de origen. Dentro de ese contexto, tenemos que de las constancias que el Tribunal responsable, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dicha responsable radicó dicha demanda laboral interpuesta por el aquí quejoso ********************, la cual quedó registrada con el número ********************, de su índice, y mediante el cual previno a la parte actora para que aclarara su demanda inicial; esto con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de junio de dos mil veintitrés). De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda (ocho de junio de dos mil veintitrés) ha desaparecido, ya que como se dijo, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable radicó la demanda laboral interpuesta por el aquí quejoso (acto reclamado); por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituido en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Por ende, lo procedente es SOBRESEER en el juicio al haber cesado los efectos de los mencionados actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la Causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 1589/2023-IV, promovido por ********************, respecto de los actos reclamados expuestos el considerando segundo, contra la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos legales plasmados en la cuarta y quinta consideración. Notifíquese. Así lo resolvió y firma José Luis González Arredondo, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Luis Roberto Pérez Franco, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas documentales las constancias que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende la imposibilidad de llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que la autoridad responsable foránea, Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no ha rendido su informe justificado, así como tampoco obra en autos constancia que acredite la notificación del oficio a través del cual se le solicitó, lo que constituye un obstáculo para la celebración de la audiencia. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe.

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