Sergio Esteban Pérez López
Expediente 664/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Sergio Esteban Pérez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en Tamaulipas, con sede en Reynosa, que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que previo escrito aclaratorio, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la admitió a trámite; pidió su informe justificado a la autoridad responsable; por auto de tres de abril de dos mil veintitrés, tuvo por ampliada la demanda de amparo; tuvo con el carácter de tercero interesado a Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; Olinda Elizabeth Aranda Benítez; dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, su ampliación, y la totalidad de la información del presente expediente, se obtiene que los actos reclamados son: El auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de divorcio voluntario 331/2019, promovido por Olinda Elizabeth Aranda Benítez y Sergio Esteban Pérez López, en el cual se ordenó el embargo de las cuentas del demandado hasta por la cantidad de $141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos), con el fin de que sea entregada a la parte actora por concepto de alimentos, tomando en cuenta que el demandado no dio cumplimiento al convenio elevado a categoría de cosa juzgada mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve; y su ejecución, consistente en el oficio 712 de diez de marzo de dos mil veintitrés, que ordena la entrega de dicha cantidad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en Tamaulipas, con sede en Reynosa, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, y de las constancias que adjuntó a su informe justificado, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se corrobora su existencia; por tanto, se tienen como legalmente ciertos. CUARTO. Causales de Improcedencia. Este juzgador constata de oficio que respecto al acto en análisis se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, antes de acudir al presente juicio constitucional. Conforme a la porción normativa invocada, el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, a través del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De ahí que, si la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de divorcio voluntario 331/2019, promovido por Olinda Elizabeth Aranda Benítez y Sergio Esteban Pérez López, en el que se ordenó el embargo de las cuentas del demandado hasta por la cantidad de $141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos), con el fin de que sea entregada a la parte actora por concepto de alimentos, considerando que no dio cumplimiento al convenio elevado a categoría de cosa juzgada mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, previo a la promoción del presente juicio, debió controvertir el aludido acuerdo, a través del medio de impugnación contemplado en la legislación procesal civil, a saber, mediante el recurso de revocación, por los motivos que a continuación se expondrán. Con relación a los recursos para la impugnación de las resoluciones en el procedimiento civil, los artículos 914 y 928 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, disponen: "Artículo 914. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo." "Artículo 928. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; y, II Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este Código.". De acuerdo a dichos preceptos, se entiende que el acuerdo reclamado en esta instancia, no es apelable puesto que no se trata de una sentencia, no resuelve un incidente y menos aún el Código de Procedimientos Civiles dispone que sea apelable. Entonces, el auto reclamado es revocable conforme a lo dispuesto en el diverso 914 del citado código, que establece que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio, recurso que incluso procede en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo. De modo que si la quejosa se duele solamente del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de divorcio voluntario 331/2019, promovido por Olinda Elizabeth Aranda Benítez y Sergio Esteban Pérez López, en el que se ordenó el embargo de las cuentas del demandado hasta por la cantidad de $141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos), con el fin de que sea entregada a la parte actora por concepto de alimentos; y dicho proveído no constituye una sentencia, ni tampoco una resolución incidental, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, no establece que dicho auto sea recurrible en apelación, debe ser considerado un acto que puede ser revocable en términos del citado artículo 914 del Código de Procedimientos mencionado. En efecto, si bien es cierto, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del juicio de amparo indirecto pueden reclamarse actos dentro de juicio que sean de imposible reparación; ello no implica que quienes han sido parte dentro del procedimiento se encuentren relevados de la carga impuesta en el diverso numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; máxime que en el caso no se reclaman ninguna de las hipótesis de excepción previstas en tal ordenamiento, a saber: a) No se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) No consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) No acude al amparo una persona extraña al procedimiento. De ahí, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben ser observados para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que si en el caso se reclama un acto dentro de juicio de imposible reparación, ello no implica, que por ser de tal naturaleza, las partes se encuentren exentas de observar la regla de definitividad. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Registro 2005039, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Así como la diversa jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro digital 2017117, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, el suscrito está impedido legalmente para analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en relación con el fondo del asunto, pues de hacerlo tal proceder sería incongruente en virtud que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia número mil veintiocho, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 708, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Asimismo, en apoyo de lo anterior, por las razones que la informan se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 244, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, es dable agregar que aun y cuando no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que se dice agraviada por los actos de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución consistente en el oficio 712 de diez de marzo de dos mil veintitrés, que ordena la entrega de la cantidad embargada, dado que es solamente una consecuencia del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de divorcio voluntario 331/2019, promovido por Olinda Elizabeth Aranda Benítez y Sergio Esteban Pérez López, en el que se ordenó el embargo de las cuentas del demandado hasta por la cantidad de $141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos), y su entrega a la parte actora, por concepto de alimentos. Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 61, 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 664/2023-IV, promovido por Sergio Esteban Pérez López, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, con el secretario de juzgado Jaime Izaguirre Revilla, que autoriza y da fe.
- Principal
Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda, escrito aclaratorio y escrito de ampliación de demanda, firmados por Sergio Esteban Pérez López, con el informe justificado rendido por el Banco Santander de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, así como el informe con justificación del Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, y documentales que acompañó a su informe (tres tomos de pruebas), y con la constancia de emplazamiento de la tercero interesada. Acto seguido, se da cuenta al Juez con el escrito firmado por la tercera interesada por el cual comparece al presente juicio de amparo, señalado domicilio convencional, designa autorizados, ofrece pruebas y formula alegatos de su intención, el cual quedó registrado con el folio 13256. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, debiéndose tomar en consideración las constancias allegadas por las autoridades responsables; en lo atinente al escrito allegado en al presente audiencia, téngase como autorizados de la tercera interesada a los profesionistas que señala en su escrito, asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica por conducto de los usuarios "Francisco.Castro y Andres.Guerrero" registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable, así como las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y tercera interesada. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de mérito, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración al resolverse este asunto. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria da cuenta con los formulados por la tercera interesada en su escrito recibido en esta propia fecha. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, los cuales se ordena tomar en consideración al momento de resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo; se cierra el periodo de alegatos, y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el suscrito Juez se dicte la sentencia correspondiente, cuando las labores del juzgado lo permitan. DOY FE.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en el presente juicio de amparo no se ha logrado el emplazamiento de la tercera interesada Olinda Elizabeth Aranda Benítez, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, como complemento de su informe justificado, se desprende de la tercero interesada Olinda Elizabeth Aranda Benítez., tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Aguascalientes, número 1015, entre calles profesor Aníbal Pérez y Saltillo, de la Colonia Rodríguez, código postal 88630, de esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que lleve a cabo el emplazamiento a juicio de Olinda Elizabeth Aranda Benítez, en el domicilio antes señalado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, escrito de ampliación, y copia autorizada del acuerdo de admisión. En la inteligencia que el fedatario judicial adscrito, deberá requerirle a dicha tercera interesada por conducto de quien la represente, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y en una página electrónica, de conformidad con el diverso numeral 27, fracción I, inciso b), de la misma ley. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese, y personalmente a la tercero interesada. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que no se encuentra debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa; lo que constituye un obstáculo para su celebración. Sobre ese contexto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa, para que señalara domicilio de la tercera interesada, sin que a la fecha se advierta tal circunstancia,. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio cierto y actual de la tercera interesada, a fin de lograr su emplazamiento a juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se continuará con el procedimiento establecido en la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 538, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.". Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Julio César Cruz García, quien autoriza y da fe.
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