Sergio González Canchola
Expediente 900/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Sergio González Canchola
- Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, siete de agosto de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos y de la certificación que antecede se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas", alude tanto a las resoluciones pronunciadas por los órganos de control constitucional en el trámite de los juicios de amparo, como a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional integrante del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones ya que les da lineamientos, en cuyo caso la responsable no tiene libertad de decisión. Así, esta causa de improcedencia encuentra justificación en que no sería jurídicamente conveniente que contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas procediera otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. En este contexto del análisis de la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ". violación al procedimiento de ejecución, al no permitir la continuación y avance para que quede firme la adjudicación del remate celebrado a favor de los trabajadores y ordenar que se les ponga en posesión física y jurídica del bien rematado a favor de los actores trabajadores en el juicio laboral *** (acumulado), tramitado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora". Luego, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa, se desprende que la autoridad responsable a sido omisa en continuar con el procedimiento de ejecución, esto es, declarar firme la adjudicación que se hizo en la diligencia de remate celebrado a favor de los trabajadores dentro del juicio laboral ***; así como, poner en posesión física y jurídica del bien rematado a la parte actora. Ahora, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se invoca como hecho notorio las constancias que integran el diverso juicio de amparo ***, promovido por el apoderado legal de la moral ****, ?contraparte de la quejosa en el juicio natural?, contra actos de la referida Junta laboral, por el que reclamó el auto de diecisiete de junio de dos mil quince, que ordena la escrituración y adjudicación libre de gravámenes a favor de la parte trabajadora del bien inmueble ubicado ***. En el cual, mediante resolución constitucional de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: ". Dejar insubsistente la determinación de veintiséis de mayo de dos mil quince; Emitir una nueva determinación, en la que deberá dejar sin efecto todo lo actuado a partir del auto de trece de abril de dos mil quince; Deberá citar al acreedor registral al procedimiento de ejecución a fin de que se deduzca su derecho de intervenir en el avalúo, hecho lo cual, continúe con el procedimiento de ejecución purgando los vicios delatados." Sin embargo, inconforme con dicha determinación la tercera interesada -aquí quejosa-, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio que se tiene a la vista. Luego, mediante auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el testimonio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, en el cual modificó los efectos de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, únicamente para que se cite al acreedor registral a la audiencia de remate a fin de no dejarlo en estado de indefensión y comparezca como postora a la subasta debidamente preparada, cumpliendo con los requisitos previstos por los numerales 968, apartado B, fracción III, en relación con el ordinal 735, ambos de la Ley Federal del Trabajo; por lo que se requirió a la Junta responsable por el cumplimiento a dicha ejecutoria. Atento a lo anterior, es inconcuso que el acto reclamado en el presente asunto está íntimamente relacionado con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de derechos *** del propio índice, pues la omisión de declarar firme la adjudicación del remate celebrado a favor de los trabajadores; así como, poner a la parte actora del juicio laboral ***, en posesión del bien ahí rematado, es en cumplimiento a la citada ejecutoria de emparo. En resumen, la omisión o negativa de la Junta responsable de declarar firma la adjudicación del remate en cuestión y poner a la parte acota en posesión del bien rematado, son actos que indefectiblemente debe realizar la autoridad responsable una vez que cite al acreedor registral del bien rematado, por ordenamiento a una resolución constitucional de amparo que se declaró firme, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 2a.J/ 107/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el número 2009870, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Asimismo, se tiene apoyo en la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el número 2014019, de título y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Por tanto, en las relatadas condiciones, al ser el acto reclamado dictado en cumplimiento a la ejecutoria emitida en diverso juicio *** de este índice jurisdiccional, por lo que resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el testimonio de ejecutoria dictado por el tribunal de alzada, el cual determinó que se concede el amparo únicamente para que se cite al acreedor registral a la audiencia de remate a fin de no dejarlo en estado de indefensión y comparezca como postora a la subasta debidamente preparada, por lo que la responsable no tiene libertad de decisión y se encuentra imposibilitada de continuar con el procedimiento de ejecución, a saber, el declarar firme la adjudicación del remate celebrado a favor de los trabajadores y ordenar que se les ponga en posesión física y jurídica, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61 fracción IX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la data señalada para audiencia constitucional, a saber, las once horas con diecinueve minutos del día de hoy. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado presentado por el del presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Finalmente dese vista a las partes con su contenido. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de julio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). De la certificación que antecede se advierte que a la autoridad señalada como responsable, no le ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con diecinueve minutos del siete de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
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