Sergio Francisco Pacheco Ochoa
Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Sergio Francisco Pacheco Ochoa
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de marzo de dos mil veintidós. Integración de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por Sergio Francisco Pacheco Ochoa ?quejoso?, mediante el cual formula ampliación de su escrito inicial de demanda. Ahora bien, del estado de autos se advierte, que mediante proveído de once de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional declinó la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Nogales, toda vez que estimó carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto. Posteriormente, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de febrero siguiente, la actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, informó que mediante proveído diecisiete de febrero de la presente anualidad, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgador, el cual radicó bajo el juicio de amparo 34/2022-VI de su estadística. En virtud de lo anterior, remítase el original del escrito de cuenta, con número de registro 2938, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, previa copia que se deje en el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese; mediante oficio al juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales y mediante lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, mediante el cual informa que por auto de diecisiete de febrero del año en curso, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia por razón de territorio declinada por este juzgador en el juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, el cual radicó en aquél órgano con el número ********************. Archivo y valoración del expediente. Con independencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se ordena al archivo definitivo este asunto y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo. Incompetencia por razón de territorio. Vista la demanda de amparo promovida por Sergio Francisco Pacheco Ochoa, contra los actos que reclama al Congreso de la Unión de la República Mexicana, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal por territorio para conocer del asunto. Es así, toda vez que el solicitante del amparo, hace consistir el acto que reclama en esta vía constitucional en lo siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS.- a).- De las autoridades señaladas como responsables, se les reclama las constantes amenazas de desalojo y/o desposesión de finca urbana ubicada en Calle Juventino Rosas, Sin Número, Colonia Oriente, Puerto Peñasco, Sonora." Ahora, de la trascripción literal del acto reclamado, se advierte que el inmueble que describe en la demanda que se atiende, se encuentra ubicado en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Para para arribar a la anunciada determinación de incompetencia, es menester citar los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo vigente, mismos que regulan las reglas de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, en relación con los actos que tienen implícita una ejecución, los cuales señalan literalmente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo constitucional transcrito prevé que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En tanto que de la interpretación del segundo de los artículos invocados, se desprenden tres reglas fundamentales para determinar la competencia de los jueces de distrito, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro u otros, será competente el juez ante quien se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso concreto, el quejoso señaló como acto reclamado las amenazas de desalojo y/o desposesión de finca urbana ubicada en calle Juventino Rosas, sin número, colonia Oriente, del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora ?que conforme a las documentales que acompaña, se presume lo ostenta en calidad de arrendatario?; asimismo, de entre las autoridades señaladas como responsables, se encuentra señalada la "Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común del Estado de Sonora, con sede en Puerto Peñasco, Sonora por conducto de su titular". En ese sentido, es indudable que el acto reclamado tiene efectos positivos, pues la ejecución del acto reclamado debe acontecer fuera de la jurisdicción de este operador jurídico, esto es, en Puerto Peñasco, Sonora. Por otra parte, es indudable que dicho mandato de desalojo y/o desposesión del inmueble que refiere el quejoso está relacionado directamente con la autoridad con residencia en Puerto Peñasco, Sonora, por tanto, el competente para conocer del juicio de amparo respectivo es el Juez de Distrito con jurisdicción sobre dicha autoridad responsable, en el caso, el juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Nogales Sonora. Apoya lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo Sexto Transitorio, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". De igual forma, resulta aplicable por las consideraciones que la contienen, la jurisprudencia I.2o.P.21 P, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE BIENES INMUEBLES POR DELITOS FEDERALES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE SE MATERIALICE LA ORDEN RESPECTIVA O SE LLEVE A CABO SU PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama el aseguramiento ministerial de bienes inmuebles, el cual deriva de la indagatoria seguida por la probable comisión de delitos federales, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza con la anotación marginal que hace la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el citado mandato de restricción constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos sustantivos y adjetivos federales penales, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Ante esas consideraciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado declina la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Nogales, por lo que previa copia certificada de las constancias respectivas que se deje en autos, remítase el original de la demanda y anexos, con las copias que la acompañan, al citado órgano jurisdiccional para su tramitación, y una vez que se pronuncie sobre la competencia planteada, se sirva acusar recibo de estilo. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Autorizados. En cuanto a los asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Mientras que, se autorizan a los oficiales administrativos que refiere en el libelo que se atiende, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Al efecto, se toma en consideración que el impetrante del amparo, proporciona los correos electrónicos que refiere, los cuales servirán para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa, los usuarios "Roman84" y "Socrates02", para tener acceso al expediente electrónico mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para efectos de consulta, ser notificado electrónicamente, y presentar promociones y recursos, por así haberlo solicitado. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En este apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento que realiza la parte promovente, en el sentido de proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el usuario de referencia, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como lo solicita el quejoso, suprímase en la versión pública que se realice la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en atención al derecho que hacen valer los quejosos al respecto. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico.
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