sergio erick hernandezz sanchez

Expediente 741/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
741/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • sergio erick hernandezz sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 741/2023.. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la jueza con la certificación que antecede y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron el acuerdo donde se resolvió el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento en el juicio y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Sin devolución de anexos. Se hace constar que no existen constancias pendientes por devolver. Carátula del expediente. Como lo dispone el segundo párrafo del artículo 35, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de firmeza procesal. Aunado a que si las demás responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por último, se deja establecido que no se formó el incidente de suspensión en este juicio, porque fue otorgada la suspensión de plano en el acuerdo inicial. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 741/2023 Puebla, Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Se agrega al expediente el oficio signado por el Coordinador General de Asunto Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde; y en apoyo adjunta diversas constancias. Sin que sea necesario dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo con el informe y constancias recibidas, pues en este proveído habrá de decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, desde este momento se tienen como delegados de la autoridad citada, a las personas que indica en el referido informe. Se tienen como medios para establecer contacto, en caso de que las circunstancias lo requieran, el número de teléfono y correo electrónico que proporciona. Estado procesal de los autos. El acto por el cual se admitió la demanda de amparo consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, donde se solicita al Fiscal General de Estado la cancelación de los antecedentes penales del quejoso relativo al proceso 231/1999 del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Sobreseimiento fuera de audiencia por cesación de efectos. Respecto del referido acto reclamado atribuido al Fiscal General del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia invocada se surte cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total. Esta observación se justifica, si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, se requiere lo siguiente: a)Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b)Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el acto que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado; d)Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Precisado lo anterior, es necesario reiterar que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dirigido al Fiscal General de Estado, donde se le solicitó la cancelación de antecedentes penales del quejoso relativo al proceso +++++ del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Pero de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por oficio +++++ de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Fiscal General del Estado, fue remitido el escrito del quejoso al Coordinador General de Servicios a la Comunidad, a fin de que realizara las gestiones dentro de sus facultades. Luego, por oficios +++++ de treinta de diciembre de dos mil veintidós y FGE/CGSC/1376/2023 de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, signados por el Coordinador General de Servicios a la Comunidad, dirigido al quejoso, se advierte que en relación a la petición de cancelación de antecedentes penales que se encuentra a su nombre, se pidió al quejoso que allegara a esa coordinación copias cotejadas de las causas penales +++++++, ambas del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como el auto que declare que la sentencia fue compurgada, pues constituye un requisito documental indispensable para solicitar al Director General del Instituto de Ciencias Forenses, realice la anotación correspondiente en relación al antecedente penal, de otra forma, la unidad administrativa no tendría motivos o razón jurídica para solicitar la anotación de su antecedente penal. Lo anterior, fue notificado al quejoso por mensaje a la cuenta de correo electrónico jurisman@hotmail.com. De esta manera, una vez que el quejoso cumpla lo solicitado por la referida autoridad administrativa, se procederá en su caso, la anotación de antecedentes penales que solicita. Es importante destacar que, por las características de la petición efectuada por el quejoso, no es posible exigir de la autoridad una respuesta necesariamente satisfactoria a sus pretensiones, porque conforme el principio de legalidad la autoridad sólo puede realizar aquello que la ley le permite; de ahí que, la respuesta que se le dio es congruente con lo pedido, ya que la autoridad administrativa no puede, motu proprio, invalidar los registros que constituyen los antecedentes de una persona si antes no se colmaron los requisitos previstos en la propia norma que regula el acto reclamado. En tal virtud, es evidente la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia, pues durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido al quejoso el goce de sus derechos, esto es, en cuanto le fue acordado su escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y notificada la determinación recaída al mismo. Las circunstancias anteriores se equiparan a haber obtenido una sentencia favorable en el presente juicio, respecto del acto reclamado en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo1 , pues durante el trámite de este juicio de amparo, le fue acordado su escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y notificado el acuerdo recaído al mismo. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relatada (cesación de efectos), se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sin efectos audiencia constitucional. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las diez horas con un minuto del diez de agosto de dos mil veintitrés. Anotaciones internas. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; en forma personal al quejoso; por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a la autoridad responsable; y cúmplase. Así lo pro

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 741/2023 Puebla, Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Se agrega al expediente el oficio signado por el Coordinador General de Asunto Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde; y en apoyo adjunta diversas constancias. Sin que sea necesario dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo con el informe y constancias recibidas, pues en este proveído habrá de decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, desde este momento se tienen como delegados de la autoridad citada, a las personas que indica en el referido informe. Se tienen como medios para establecer contacto, en caso de que las circunstancias lo requieran, el número de teléfono y correo electrónico que proporciona. Estado procesal de los autos. El acto por el cual se admitió la demanda de amparo consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, donde se solicita al Fiscal General de Estado la cancelación de los antecedentes penales del quejoso relativo al proceso 231/1999 del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Sobreseimiento fuera de audiencia por cesación de efectos. Respecto del referido acto reclamado atribuido al Fiscal General del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia invocada se surte cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total. Esta observación se justifica, si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, se requiere lo siguiente: a)Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b)Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el acto que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado; d)Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Precisado lo anterior, es necesario reiterar que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dirigido al Fiscal General de Estado, donde se le solicitó la cancelación de antecedentes penales del quejoso relativo al proceso +++++ del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Pero de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por oficio +++++ de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Fiscal General del Estado, fue remitido el escrito del quejoso al Coordinador General de Servicios a la Comunidad, a fin de que realizara las gestiones dentro de sus facultades. Luego, por oficios +++++ de treinta de diciembre de dos mil veintidós y FGE/CGSC/1376/2023 de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, signados por el Coordinador General de Servicios a la Comunidad, dirigido al quejoso, se advierte que en relación a la petición de cancelación de antecedentes penales que se encuentra a su nombre, se pidió al quejoso que allegara a esa coordinación copias cotejadas de las causas penales +++++++, ambas del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como el auto que declare que la sentencia fue compurgada, pues constituye un requisito documental indispensable para solicitar al Director General del Instituto de Ciencias Forenses, realice la anotación correspondiente en relación al antecedente penal, de otra forma, la unidad administrativa no tendría motivos o razón jurídica para solicitar la anotación de su antecedente penal. Lo anterior, fue notificado al quejoso por mensaje a la cuenta de correo electrónico jurisman@hotmail.com. De esta manera, una vez que el quejoso cumpla lo solicitado por la referida autoridad administrativa, se procederá en su caso, la anotación de antecedentes penales que solicita. Es importante destacar que, por las características de la petición efectuada por el quejoso, no es posible exigir de la autoridad una respuesta necesariamente satisfactoria a sus pretensiones, porque conforme el principio de legalidad la autoridad sólo puede realizar aquello que la ley le permite; de ahí que, la respuesta que se le dio es congruente con lo pedido, ya que la autoridad administrativa no puede, motu proprio, invalidar los registros que constituyen los antecedentes de una persona si antes no se colmaron los requisitos previstos en la propia norma que regula el acto reclamado. En tal virtud, es evidente la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia, pues durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido al quejoso el goce de sus derechos, esto es, en cuanto le fue acordado su escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y notificada la determinación recaída al mismo. Las circunstancias anteriores se equiparan a haber obtenido una sentencia favorable en el presente juicio, respecto del acto reclamado en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo1 , pues durante el trámite de este juicio de amparo, le fue acordado su escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y notificado el acuerdo recaído al mismo. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relatada (cesación de efectos), se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sin efectos audiencia constitucional. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las diez horas con un minuto del diez de agosto de dos mil veintitrés. Anotaciones internas. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; en forma personal al quejoso; por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a la autoridad responsable; y cúmplase. Así lo pro

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 741/2023. Puebla, Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por+++, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla -única autoridad responsable-. Luego, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Demanda digitalizada. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Admisión. La demanda presentada por el apoderado del quejoso, se ajusta a los requisitos legales establecidos, motivo por el cual se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Sin incidente. La lectura efectuada a la demanda llevó a esclarecer que la parte quejosa no pidió la suspensión; y el acto reclamado tampoco orienta a la hipótesis jurídica de tramitación oficiosa. Por consiguiente, este juicio de amparo habrá de tramitarse sin cuaderno incidental. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1 . En ese informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legible de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, se hace notar al juez responsable que si a la fecha ya hubiera emitido la contestación al escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, bastará que remita copias certificadas de ese proveído y su notificación al quejoso. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. 1 En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se requiere a la autoridad responsable informe en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y 2. Proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberá remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio procesal, autorizados, expediente electrónico y medios de contacto. Se tiene como domicilio del apoderado del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó en su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, queda autorizado en términos amplios Mauricio Arenas Hernández, porque así lo solicitó el quejoso y además tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, las otras personas nombradas en la demanda, sólo quedan autorizadas en términos restringidos, esto es, para recibir notificaciones y consultar las actuaciones porque así se solicitó en forma expresa. Asimismo, se toma nota de la dirección de correo electrónico ofrecida en la demanda, como medio de contacto no procesal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese y cúmplase.

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