Sergio Ceron Ibañez
Expediente 124/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sergio Ceron Ibañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo por no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO, Y AL NO ACUDIR A NOTFICARSE LA PARTE QUEJOSA SE LISTA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Puebla, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió del quince al veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de siete de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Por último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en el inmueble que señaló como su domicilio procesal); y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió del quince al veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de siete de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Por último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en el inmueble que señaló como su domicilio procesal); y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, siete de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso XXXXXXX, contra actos del ".agente del Ministerio Público Investigador Rogelio Amador Quezada adscrito a la UNIDAD DE FLAGRANCIA DEL ESTADO DE PUEBLA (sic).", y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que continúe la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables y los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque la imprecisión en las autoridades y en el reclamo planteado, impide esclarecer la procedencia de la acción de tutela constitucional, en detrimento de la justicia expedita que se debe asegurar -si la demanda fuera admitida-. Para demostrar lo primero, debe indicarse que el quejoso atribuyó el carácter de responsables a las autoridades siguientes: ".agente del Ministerio Público Investigador Rogelio Amador Quezada adscrito a la UNIDAD DE FLAGRANCIA DEL ESTADO DE PUEBLA (sic). TITULAR DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA (sic). FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA.". Pero el capítulo de los actos reclamados, únicamente involucra al mencionado agente del Ministerio Público; y si bien el quejoso pretendió involucrar en el resto de su demanda, a las demás autoridades transcritas, lo cierto es que fue por tener el carácter de superiores de aquél. 1 La lectura integral encuentra fundamento en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En otras palabras, la demanda de amparo no tiene datos para identificar el acto concreto que pretende reclamarse al titular y fiscal señalados como autoridades responsables ordenadoras. Luego, es necesario que el quejoso precise el acto que combate a esas autoridades, o bien, retire el señalamiento que les hizo dado que ninguna participa en forma directa, en la carpeta de investigación de la que emanan los actos combatidos. Por otra parte, se hace notar que el capítulo de actos reclamados comprende lo siguiente: Falta de acuerdo (sic) a una petición para obtener la liberación de un vehículo; Negativa (sic) a la mencionada petición; y Omisión de integrar la carpeta de investigación. Sin embargo, resulta incongruente el reclamo inherente a la petición de obtener la liberación de un vehículo, porque la falta de acuerdo (sic) implicaría que el agente responsable no ha emitido la respuesta a esa solicitud, mientras la negativa (sic) determinaría que éste ya atendió la petición de marras en un acuerdo u oficio, con una postura en la cual se negó a devolver el vehículo. De ahí la irregularidad en los actos reclamados, incluso porque el quejoso fue ambiguo en la forma de esa solicitud, pues no especificó en forma clara si la expresó de manera verbal o a través de un escrito, y tampoco indicó con exactitud la fecha cuando hubiera sido presentado. Aunado a que pretende reclamar la omisión de integrar debidamente la carpeta (sic), a pesar de que el trámite de una investigación ministerial no puede combatirse en la vía de amparo indirecto, porque atañe al deber que tiene el Ministerio Público, desde el artículo 21 de la constitución federal. Así, es necesario que el quejoso aclare su reclamo conforme a lo que exista en la carpeta de investigación, sobre todo porque ha intervenido en esta según lo manifestó en los antecedentes. Empero, la aclaración deberá realizarla aquél sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si el quejoso introdujera antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al presentar la demanda de protección o bien, por introducir hechos que pudieran implicar manifestaciones falsas. Sólo resta indicar que la naturaleza de los actos, que entrañan omisiones y una negativa, hacen incongruente la petición que hizo el quejoso para que las cosas regresen al estado en que guardan (sic). Máxime que la suspensión resulta improcedente, por regla general, para omisiones y negativas, conforme a la técnica del incidente de suspensión. Así, es necesario que el quejoso manifieste si retira su petición de suspensión, o bien que delimite el propósito de su solicitud. Pero la aclaración debe realizarla aquél porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar las autoridades responsables y actos combatidos, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste el acto específico que desea combatir al titular y fiscal señalados como responsables (en los incisos B y C), o bien exprese si los retira del capítulo de autoridades porque no intervienen en forma directa, en la carpeta de investigación de la que emanan los actos combatidos; 2. Indique si la solicitud para que le fuera devuelto el vehículo citado en la demanda, fue expresada en forma verbal o si la hizo a través de un escrito; 3. Informe la fecha cuando solicitó le fuera devuelto el vehículo de marras; 4. Manifieste si esa solicitud todavía no la acuerda o responde el agente del Ministerio Público señalado como responsable; 5. En caso de que su petición hubiera sido respondida con la negativa (sic) a devolver su vehículo, deberá indicar la fecha exacta del acuerdo donde conste esa postura (la negativa), así como la fecha cuando le hubiera sido notificada; y 6. Manifieste si retira de su demanda la petición de suspensión debido a la naturaleza de los actos, o bien delimite el propósito de su solicitud. Copias del escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si obtiene su firma electrónica y presenta con esta su escrito aclaratorio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, autorizados y medios de contacto. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó en su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, la profesionista de nombre XXXXXXXXX, porque tiene registrada su cédula en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y así la designó el quejoso. En cambio, se tiene como autorizada en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, la restante persona nombrada por aquél en la demanda de protección, dado que carece de registro de su cédula profesional. Además, se tienen como medios de contacto no procesales, las direcciones de correo electrónico que ofreció el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. A pesar de lo anterior, se deja establecido que de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal); y cúmplase.
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