Sergio Dennis Galvez Osuna
Expediente 88/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sergio Dennis Galvez Osuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad, mediante el cual dicha autoridad remite copia certificada del proveído de tres de mayo del año en curso; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el pasado veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo por estar definitivamente concluido.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra de la resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual el presente juicio de amparo sobreseyó; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, firmado por la Actuario Adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual anexa el oficio número 1571, suscrito por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad, por el cual dicha autoridad remite copia certificada del proveído de veinticinco de marzo del año en curso; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el pasado treinta de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente juicio de amparo.
- Principal
Vistos los oficios de cuenta suscritos por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante los cuales remite copia certificada del oficio de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que remite Silvia Verónica Reyes Villela, Directora del Centro de Estudios Tecnológicas del Mar número 13, así como del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, y la notificación que de fecha cinco de marzo del presente año, que le hizo a la parte quejosa, asimismo, remite los escritos presentados por la parte actora aquí quejosas en los cuales presentados nueve y diecisiete de marzo del presente año, en el cual hace manifestaciones; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, del oficio suscrito por el apoderado legal del Secretario de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se advierte que solicita a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación en el Estado de Sinaloa, para que requiera a la parte quejosa, para que en un término no mayor a treinta días se constituya al Centro de Estudio Tecnológico de Mar Clave 25DCM0002E Topolobampo, a fin de que su representado proceda a reinstalarla, apercibiéndola que en caso de negarse de nueva cuenta a ser reinstalada y firmar el nombramiento en comento, su representada podrá dar por terminada la relación de trabajo. Por tanto, dese vista a la parte quejosa con el presente oficio para que manifieste lo que su interés convenga. Asimismo, se da cuenta con los escritos suscritos por la quejosa Rosa Lilia Millán Luna, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto a que las autoridades responsables no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y solicita se requiera a las mismas para el cumplimiento; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, precisado los efectos de la concesión de amparo, no se advierte que la parte quejosa haya sido dada de alta ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el acceso a servicios médicos, ni que ha sido incluida en vía nómina en la institución educativa en la que presta sus servicios, de auto no existe constancia que así lo acredite; no obstante que la autoridad vinculada Jefe del Departamento de Conciliación de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en su escrito de fecha cinco de marzo de dos mil veinte expresó: ".Al respecto me permito mencionar que mi representada a fin de dar cumplimiento a lo requerido, exhibió constancias de nombramiento, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, a fin de que la junta se pronuncie y señale hora y fecha para que la actora en el juicio natural acuda al centro de trabajo a fin de que firme la constancia, se reinstale y una vez realizado esto se continúe con los trámites administrativos para darla de alta en el ISSSTE e incluirla en la nómina del plantel."; reinstalación que en fecha dieciocho de marzo del año en curso, llevó a cabo la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la reinstalación de labores de la quejosa Rosa Lilia Millán Luna, en CETMAR NÚMERO 13/DGECYTM/SEMS/SEP, con domicilio en kilómetro 23 autopista Los Mochis-Topolobampo, sin que a la fecha hayan comunicado la continuación de los trámites administrativos de alta en el ISSSTE e incluirla en la nómina del plantel, lo que refleja el incumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de nueva cuenta requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, igualmente a las autoridades vinculadas Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, y Silvia Verónica Reyes Villela, Directora de CETMAR TOPOLOBAMPO, CETMAR NÚMERO 13/DGECYTM/SEMS/SEP, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO DEL MAR CLAVE 25DCM0002E TOPOLOBAMPO, SINALOA; a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; para lo cual se les apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fijó el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Ahora bien, dígasele a la parte quejosa que se esté a lo acordado en líneas precedentes.
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